A poco más de tres meses del arranque del Copa Mundial de la FIFA 2026, la Ciudad de México enfrenta un nuevo ciclo de transformación urbana marcado por el alza abrupta de rentas, desalojos y conflictos por el uso del suelo y el agua. Lo que el discurso oficial presenta como dinamismo económico es en realidad un proceso que ha acelerado la gentrificación y la turistificacion y, con ello: los desplazamientos y el despojo.
Texto y fotos por Sofia Pontiroli / @sofia.pontiroli (IG) / @SofiaPontiroli (X)
La Ciudad de México ha sufrido históricamente una afluencia de turistas muy alta. Hoy en día, atraviesa un nuevo ciclo de transformación urbana acelerada: en los últimos meses, se han verificado incrementos abruptos en rentas, desplazamiento de habitantes, cierre de comercios locales y conflictos por el uso del suelo y el agua. Todo esto para remodelar diferentes espacios de la ciudad por el evento masivo del Mundial de la FIFA 2026.
El despojo y la especulación inmobiliaria no son fenómenos nuevos: colectivos y habitantes señalan que este proceso se intensificó a partir del 2020, con la llegada de los “nómadas digitales” durante la pandemia de COVID-19, que provocó la expansión de plataformas de renta temporal como Airbnb, y la desaparición de mexicanos en barrios como la Condesa, la Roma o Coyoacán. Hoy en día, el desalojo es una realidad diaria que viven los habitantes de la metrópoli, y los proyectos a largo plazo del gobierno de Claudia Shienbaum no parecen estar encaminados para la resolución del problema.
De la pandemia al boom inmobiliario.
En 2020, mientras todo México enfrentaba confinamientos y crisis sanitaria, la Ciudad se volvió un destino amado por muchos turistas extranjeros que, trabajando en remoto, decidieron mudarse a países en donde habrían podido encontrar un estilo de vida diferente, y más barato. Así comenzó a crecer exponencialmente la oferta de viviendas destinadas al mercado de renta temporal.
Según datos que presentó Airbnb en 2017, al cierre de 2016 habían 62,000 opciones de alojamiento en todo el país. Reportes periodísticos basados en Inside Airbnb muestran que entre 2019 y 2024, la oferta de alojamientos (solamente en la CDMX) pasó de aproximadamente 19,000 anuncios a más de 26,000.
Actualmente, reportes del gobierno capitalino estiman que los alojamientos activos de Airbnb están concentrados principalmente en colonias como Roma, Condesa, Juárez, Centro Histórico y Coyoacán.
Recientemente, el boom de turistificación no ha afectado solamente a residentes de colonias centrales y famosas entre los extranjeros: a causa de la Copa Mundial de la FIFA 2026, colonias cercanas a la sede confirmada para el evento han sufrido afectaciones. Hablando de precios, departamentos que en 2021 se rentaban en 8 mil pesos mensuales hoy alcanzan cuotas de 17 mil a 25 mil pesos mensuales, según denunciaron habitantes de Santa Úrsula Coapa. Los colectivos han documentado desalojos por la presión inmobiliaria, uso de suelo irregular y edificios completos convertidos en hospedaje temporal.
La narrativa gubernamental presenta estas transformaciones como “crecimientos y dinamización económica”; sin embargo, para quienes habitan los territorios, el resultado ha sido solamente precarización. Este 27 de febrero de 2026, colectivos y manifestantes organizaron una manifestación, reuniéndose en metro Chilpancingo, para después marchar a través de la colonia Condesa, y llegar a la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México (SECTUR). La marcha fue llevada a cabo de manera pacífica, sin embargo se registró una presencia masiva de fuerza policiaca.
“Hemos sufrido las consecuencias del mercado inmobiliario y la mercantilización de nuestras colonias, barrios y pueblos, además de la privatización de nuestra ya poca agua y el atropello a nuestro ya de por sí maltratado y olvidado medioambiente”, comenta una manifestante durante un pronunciamiento en frente de la SECTUR.
“Con la excusa de ser una medida que fortalecería la competitividad y el desarrollo, el gobierno mexicano regaló beneficios fiscales y administrativos consistentes en liberar cargas tributarias y administrativas a las personas físicas y morales que participen en la desarrollo y realización de actividades vinculadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026”.
El Mundial como acelerador.
El pronunciamiento leído por la Asamblea Antimundialista señala que desde 2018 México firmó un convenio con la FIFA que incluye condonaciones fiscales y facilidades administrativas para actividades vinculadas al Mundial, vigentes hasta 2028.
“La Ciudad de México y el país en general no se encuentra en posición de organizar y albergar un evento deportivo masivo como lo es el Mundial del Fútbol. La turistificación que conlleva está acabando con quienes constituimos esta ciudad. La fiesta es solo para quienes se regodean de imaginar las ganancias millonarias que el Mundial les dejará, pero para la gente de barrio, el despojo y la precarización se quedan”, denuncian los manifestantes de la marcha.
En Santa Úrsula Coapa, zona cercana al Estadio Azteca, en donde se llevará a cabo el evento FIFA 2026, los habitantes denuncian diferentes injusticias. Entre ellas:
- Construcciones que se promocionan en redes sociales como una oportunidad de inversión para el mundial, operando con sellos de clausura y sin ningún permiso de construcción.
- El cierre de comercios locales por la cantidad de polvo y excavaciones.
- Un registro para nuevos comercios que pueden vender durante el mundial pagando una licencia: esto implica una desventaja para los comercios locales que se surten de productos básicos, ya que no pueden adquirir la licencia por los costos elevados, y para sus clientes, que no podrán adquirir productos de su canasta básica ahí durante el periodo del mundial.
- El desplazamiento de los habitantes originarios.
- Construcciones sin permisos de conexión de agua a la red pública, lo cual impacta en la escasez de agua de la zona.
“Nos corrieron del sur porque las viviendas se convirtieron en Airbnb… luchamos para que eso se vea, pero sí es un problema que ha estado desde antes y ha venido aumentando mucho con el mundial”, afirman.
“La solución es detener la extracción por parte de las inmobiliarias y represas. Para nosotros estas son las consecuencias directas del proceso de turistificación que se lleva a cabo a raíz del mundial, pues utiliza nuestro espacio y habitabilidad para la especulación inmobiliaria y comercial”.
Calzada de Tlalpan: defensa territorial del trabajo sexual.
A la marcha del 27 de febrero se unió el colectivo Trabajadoras Sexuales Unidas e Independientes (TRASUIX), que reúne a diferentes trabajadoras de la Calzada de Tlalpan. En los últimos meses, la calzada se ha convertido en uno de los focos más sensibles de remodelación, donde se denuncian que las obras vinculadas al “embellecimiento” previo al Mundial afectan directamente al sustento y salud de las trabajadoras.
Denuncian que las obras se realizaron sin consulta previa, generando polvo constante y problemas respiratorios. Además, la instalación de la nueva ciclovía, el megaproyecto impulsado por Clara Brugada Molina, y el cierre de estaciones de metro han reducido la afluencia de clientes en la zona, afectando sus ingresos.
Representantes del colectivo declararon:
“El mundial no puede convertirse en un pretexto de desplazamiento… Las compañeras no pueden moverse de este territorio, porque es su territorio. Si ahorita no nos dejan trabajar, ahora imagínate cuando lleguen todos los turistas, ¿dónde vamos a quedar?”
También alertaron sobre el incremento en tarifas hoteleras y la precarización: “Nos preocupa que el aumento de precios en hoteles y renta se imponga desde ahora bajo el argumento del evento internacional y después se normalice.”
El colectivo presentó cinco solicitudes concretas:
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- Instalación inmediata de una mesa de trabajo con participación directa de trabajadoras sexuales organizadas.
- Medidas para evitar tarifas hoteleras abusivas vinculadas al Mundial.
- Protocolos públicos de seguridad en hoteles donde laboran trabajadoras sexuales.
- Mecanismos eficaces contra extorsión y abusos policiales.
- Garantías de protección de datos y no criminalización en censos o credencializaciones.
- Instalación inmediata de una mesa de trabajo con participación directa de trabajadoras sexuales organizadas.
Hacia un turismo responsable.
El turismo es un recurso que ha sido utilizado por parte de gobiernos para el crecimiento económico de su país. Los afectados no buscan eliminarlo, sino transformarlo: exigen un modelo de turismo que respete los derechos de la población, apoye a los negocios locales y garantice una vida digna para los habitantes de la ciudad desde generaciones. La movilización de este 27 de febrero muestra que la ciudadanía quiere que los megaeventos y turistificación sean sinónimo de oportunidades para un desarrollo sostenible y equitativo, no de despojos y precarización.
“Sí, de hecho el turismo no es malo. Lo que pasa es que un turismo bueno sería que apoyaran a los negocios locales, a empresas locales. O sea, tenemos aquí tiendas de abarrotes, tenemos incluso hoteles de dueños mexicanos, que los han tenido desde hace muchísimos años. Tenemos puestos de quesadillas, tortas, lo mexicano, lo que realmente es mexicano. ¿Y qué es lo que está pasando? Quitan a los negocios locales, los hoteles se vuelven dueños de cártel inmobiliario, crean edificios donde había gente que vivía ahí. Eso es lo que no debería de pasar”, afirma una manifestante.
La pregunta que atraviesa este tipo de movilizaciones contra la gentrificación y turistificación es clara: ¿Quién gana y quién pierde cuando la ciudad se convierte en mercancía?
El gobierno de la Ciudad de México se encuentra en un punto crítico: hay que elegir si priorizar los intereses económicos de inversionistas nacionales e internacionales, o proteger la vida de sus ciudadanos, los que habitan la ciudad, los que la mantienen viva.
