En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró el mapa público de hallazgos de fosas clandestinas, dejando al país sin un registro oficial actualizado.
En ese contexto, la actualización de la Plataforma Ciudadana de Fosas, impulsada desde 2020 por organizaciones civiles y académicas, no solo provee un panorama sobre las fosas clandestinas, ahora también integra nuevos datos obtenidos vía transparencia, prensa y colaboración con colectivos y un diagnóstico sobre cuerpos bajo resguardo del Estado que confirma la crisis forense del país.
Por: Farah Medina / @_dtfarahm
Fotografía de portada Dalia Souza / @DaliaSouzal
En 2024, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró de su página oficial el mapa público de hallazgos de fosas y restos humanos que se alimentaba con datos de la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales. Desde entonces, el país se encuentra sin un registro oficial público y actualizado.
Aunque, el registro ha desaparecido, colectivos e instituciones han denunciado que anteriormente el registro ya era impreciso y desactualizado, en este marco nació la Plataforma Ciudadana de Fosas, un ejercicio impulsado desde 2020 por Artículo 19, Data Cívica, el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana junto a colectivos búsqueda.
“La actualización que lanzamos hace poco, digamos, se inserta en la coyuntura en la que en el 2024 la Comisión Nacional de Búsqueda retiró de su página el mapa de hallazgos de fosas clandestinas”, explica Mónica Meltis Vejar, directora ejecutiva de Data Cívica.
Ahora, con nuevos datos recopilados por solicitudes de información, la cooperación de colectivos de familias y notas de prensa nacional e internacional, está iniciativa expone una vez más la ausencia de una plataforma pública que contenga un registro nacional (que por ley debería existir) y la opacidad que permanece de parte del Estado para el acceso a los datos que ayudarían a actualizar el registro y la identificación de restos:
“Sabemos que sigue existiendo una carencia de un registro público oficial del gobierno de fosas clandestinas y en este contexto consideramos que el esfuerzo de la plataforma ciudadana de fosas era necesario”. Explica Mónica “Nos encontramos con discrepancias importantes”, también señala.
Según los datos obtenidos, entre fiscalías estatales y la FGR como entre lo reportado oficialmente y lo publicado en medios, existen inconsistencias y omisión de datos.
Algunas fiscalías reportaron no haber encontrado fosas en 2024, mientras que, la prensa documentó hallazgos en esos mismos lugares. “Encontramos discrepancias en los registros oficiales: las fiscalías estatales reportaron un total de 5,532 fosas clandestinas entre 2006 y 2024, mientras que la Fiscalía General de la República (FGR) informó de sólo 630 fosas en el mismo periodo” . Se lee en el informe presentado por la iniciativa.
Otras negaron información o se declararon incompetentes para dar los datos necesarios. Mónica también señala, que estás acciones, son resultado de la falta de un organismo que obligue a las instituciones a dar datos que deberían formar parte de sus registros públicos.
Para Mónica, esto refleja “una falta de interoperabilidad y coordinación entre las instituciones a nivel federal y a nivel estatal”, algo que expresa, debería abordarse con comunicación y registros homologados entre instituciones.
El caso de Jalisco
Según el informe presentado a la par de la actualización, tres estados concentraron “el 36% de cuerpos exhumados a nivel nacional: Jalisco, 1,120 cuerpos; Sonora, 894 cuerpos y Guanajuato, 506 cuerpos.”
La actualización coloca a Jalisco como parte de la “fragmentación” institucional. El Estado, además de enfrentar crisis en desaparición, también enfrenta un problema con los datos que recopila y presenta.
La revisión de dichas cifras con lo reportado por la prensa revela que existen hallazgos en múltiples municipios. Según datos de la Plataforma, para 2024, la Fiscalía Federal reportó cero casos de fosas clandestinas, la fiscalía estatal reportó 50 fosas, la prensa reportó 55, siendo los municipios donde más se encontraron Tlajomulco de Zúñiga, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, el Salto y Guadalajara.
“Vemos un nivel de discrepancia muy importante… pareciera que es como si se estuvieran dividiendo los casos y no hay nunca una interacción en la información que tienen las fiscalías”, advierte Mónica ante estos resultados, ya que, si las instituciones no comparten información ni cuentan con registros, la identificación de cuerpos y la búsqueda de personas se fragmenta.
Está nueva actualización a la página, no solo agrega datos de años más recientes sobre fosas clandestinas, también se agrega un diagnóstico sobre cuerpos de personas bajo resguardo del Estado en servicios médicos forenses, fosas comunes y panteones ministeriales.
Lo que reafirma que el país enfrenta una crisis forense. Crisis que ha llevado al estado a tener bajo su resguardo 70 mil cuerpos de personas sin identificar. “Existe un abandono forense en México muy fuerte”, afirma Mónica.
La investigación, también recoge experiencias de colectivos en distintos estados, entre ellos Jalisco, y presenta cómo la falta de infraestructura, recursos y coordinación recae en la pérdida de información, duplicidades y cuerpos de personas cuyo paradero interno se desconoce aun cuando ya han sido identificadas en papel, así mismo la falta de personal especializado.
Según los datos, las fosas se han usado para depósito de cadáveres sin identificar, en Jalisco, “La Fiscalía de Jalisco incineró 1,381 cuerpos entre 2006 y 2015 y en 2018 un tráiler con 322 cuerpos almacenados en condiciones inhumanas recorrió las calles de Guadalajara porque no había espacio en el SEMEFO” afirman.
La actualización también integra la experiencia del colectivo Regresando a Casa Morelos y las tarjetas de identificación elaboradas durante exhumaciones en Tetelcingo y Jojutla, “En un contexto en el que el Estado es negligente(…) las familias desafortunadamente se han tenido que convertir en expertas forenses”. Algo que ha fortalecido la investigación y la recolección de datos.
La Plataforma, aunque es un ejercicio en correspondencia a la falta del estado, no reemplaza la obligación institucional de buscar, identificar y garantizar justicia, tampoco resuelve la crisis; pero ha permitido contrastar cifras, visibilizar vacíos y ofrecer una base pública en un momento en que el registro oficial ha sido retirado. “sí ayuda a seguir insistiendo en la importancia y en la obligación de tener esta información… y que esté encaminada a identificar a las personas”, afirma Mónica.
