La llamada Ley Monzón, busca suspender y retirar la patria potestad a padres vinculados a proceso por feminicidio o violencia familiar y podría aprobarse antes de que concluya el actual periodo de sesiones en el mes de abril, así lo dio a conocer en rueda de prensa la diputada federal Nora Escamilla, quien impulsa la iniciativa.
Mientras que, Pamela Pineda, abogada que acompaña el proceso de justicia por el feminicidio de Ángela Birkenbach, advierte riesgos para las hijas e hijos menores de edad.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
“Esta iniciativa nació en Puebla en un congreso local cuando yo era diputada local, derivado del feminicidio de Cecilia Monzón. Como ustedes saben, Cecilia Monzón es asesinada, y de manera inmediata, porque así lo preveía el Código Civil, a falta de la madre, la patria potestad se la dan a la guardia custodia; al padre. Es el padre el que tiene este ejercicio como un derecho fundamental por ser el padre, sin embargo, empiezan las investigaciones y empiezan muchísimas cosas raras alrededor de esto. El padre utiliza al niño como una moneda de cambio con la familia política: Le dice a la familia, ¿sabes qué? Si ustedes me ayudan a limpiar mi nombre y a que no haya sospechas, yo les dejo el niño”, señaló la diputada, Nora Escamilla en rueda de prensa, compartiendo los principios de la propuesta.
Escamilla detalló que la reforma, presentada en octubre de 2025 y acompañada por Helena Monzón, hermana de Cecilia Monzón, actualmente se encuentra en revisión en las comisiones de Justicia, Gobernación e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, y se prevé que pueda votarse antes del 30 de abril.
“Cuando un padre es vinculado a proceso por feminicidio, tentativa de feminicidio o incluso por violencia familiar, que es el preámbulo a la violencia vicaria, es necesario que se aplique la Ley Monzón”, subrayó.
Adicionalmente, Didier García Torres, integrante del equipo legislativo de la diputada Nora Escamilla, explicó que la ley contempla distintas etapas procesales. En una primera fase, tras la vinculación a proceso, se establece la suspensión de derechos como medida cautelar: “No podemos prejuzgar porque eso también sería violentar un derecho humano y la presunción de inocencia. Pero podemos adaptar una medida cautelar que proteja los derechos humanos de los menores”, indicó.
La propuesta se divide en dos etapas: en la pérdida temporal tras el proceso por presunción y la pérdida definitiva de la patria potestad, que ocurriría únicamente cuando exista una sentencia firme por feminicidio o violencia familiar. Además, se busca que, una vez aprobada a nivel federal, la reforma sea replicada y homologada en los congresos locales para garantizar su aplicación uniforme en todo el país: “Yo espero que mañana esta sea una realidad en todo el país y que todos los legisladores de los congresos locales apoyen este tipo de iniciativas lo antes posible para que te podamos tener una protección directa hacia las víctimas”, expresó García Torres.
Durante la reunión también se retomó el caso de Ángela Birkenbach, asesinada en octubre de 2023. En el penal de Tepic permanecen privados de la libertad el autor material confeso y el presunto autor intelectual, quien además es padre de los menores.
La abogada de la familia, Pamela Pinedo, denunció que actualmente los hijos menores de Ángela se encuentran bajo el cuidado de familiares del imputado y que incluso se ha autorizado un régimen de visitas al penal: “Se está sentando un precedente gravísimo, porque está permitiendo ya un régimen de visitas y convivencias de las víctimas indirectas al penal, con todos los riesgos que implica trasladar a los niños de Jalisco a Nayarit. Tengo que decir que están bajo los cuidados de la hermana del imputado”, advirtió.
Asimismo, señaló que recientemente un juez determinó que ni la madre ni el hijo mayor de Ángela tienen personalidad jurídica para continuar en el juicio de amparo relacionado con el régimen de convivencias. Pinedo subrayó que, a nivel nacional, existe una alta tasa de feminicidios y un número considerable de niñas y niños que quedan en situación de orfandad, por lo que consideró urgente cerrar los vacíos legales: “Me parece que las autoridades no han podido aterrizar muchos de los vacíos de la ley, y creo que esta ley nos va a permitir llenar esos huecos”, afirmó.
Finalmente, como declaró la diputada Escamilla, la iniciativa parte del reconocimiento de niñas y niños como víctimas directas del feminicidio de sus madres: “Entendemos a los niños y a las niñas como víctimas directas, porque no hay nada peor para un hijo o una hija que le arrebaten a su madre”, expresó.
“No podemos pensar que el hijo de Cecilia Monzón pueda gozar de más derechos que los hijos de Ángela. Todas las niñas y todos los niños del país merecen el ejercicio de sus derechos de la misma manera”, mencionó la diputada a manera de conclusión.
La eventual aprobación de la Ley Monzón representaría, para las familias acompañantes, un paso hacia la protección integral de las infancias en contextos de feminicidio y violencia vicaria, así como un precedente para evitar que los agresores conserven derechos sobre hijas e hijos mientras enfrentan procesos penales.
“Cada decisión irregular de los jueces y lo que está sucediendo en Jalisco, les está ayudando a los familiares de quien presuntamente mató a Ángela a lograr los objetivos que se plantearon al decidir arrebatarle la vida: a quedarse con la fortuna de mi hija”, finalizó Virginia Birkenbach, madre de Ángela, destacando la importancia de concretar la ley Monzón a nivel federal y de eliminar la corrupción que aqueja los procesos judiciales en México.
