La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió la Recomendación 11/2026 dirigida a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) por vulneraciones a derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”, ubicado en Teuchitlán. El organismo documentó omisiones en el procesamiento técnico de evidencias, deficiencias en la preservación del lugar de los hechos y fallas en la cadena de custodia, lo que derivó en violaciones a los derechos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.
Por su parte, la Fiscalía General de la República tras meses de silencio informó que tiene un avance del 64.4% en el procesamiento de evidencias localizadas en el rancho, pero insiste en su idea de que sólo fue un centro de entrenamiento, no un sitio de exterminio.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dirigió la Recomendación 11/2026 a la Fiscalía del Estado de Jalisco y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses por vulnerar derechos humanos en la investigación realizada en el inmueble conocido como “Rancho Izaguirre”.
El 18 de marzo de 2025, este organismo nacional atrajo la investigación por presuntas violaciones a derechos humanos. En seguimiento, personal de la CNDH acudió al lugar los días 19 y 20 de marzo de 2025 para realizar diligencias de observación y reconocimiento. El sitio se encontraba asegurado por la Fiscalía estatal, instancia que tuvo a su cargo el levantamiento y aseguramiento de indicios, evidencias, objetos, instrumentos y productos que podrían estar vinculados con hechos delictivos.
A partir del análisis de las evidencias contenidas en el expediente de queja, la CNDH acreditó violaciones a los derechos humanos a la legalidad y seguridad jurídica, así como al acceso a la justicia, atribuibles a personas servidoras públicas de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses.
La Comisión señaló que la investigación se originó a partir de los hechos ocurridos el 18 de septiembre de 2024, cuando la Guardia Nacional puso a disposición de la Fiscalía local a 10 personas detenidas, acordonó el inmueble y solicitó su aseguramiento. En el sitio se reportó la presencia de siete vehículos automotores, armas de fuego, diversos objetos de interés criminalístico, indicios de naturaleza balística y un elemento óseo.
Posteriormente, el 3 de octubre de 2024 se instruyó a personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar una búsqueda y exploración exhaustiva del inmueble para localizar posibles sitios de inhumación vinculados con personas desaparecidas. Como resultado, se localizó un lote óseo y diversos objetos que no fueron asegurados, clasificados, inventariados ni registrados en el dictamen correspondiente. Asimismo, algunas evidencias localizadas dentro del inmueble no fueron mencionadas ni sometidas a procesamiento pericial.
La CNDH determinó que el personal de la Fiscalía estatal y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses no llevó a cabo de manera integral el procesamiento técnico de todos los indicios localizados, particularmente en su identificación, documentación, levantamiento, embalaje, sellado, etiquetado y traslado, lo que afectó la preservación del lugar de los hechos y la eficacia de la investigación.
El organismo también señaló que, pese a existir un documento de Mando y Conducción fechado el 18 de septiembre de 2024 en el que se instruía realizar registros de inspección, aseguramiento y cadena de custodia en caso de encontrar indicios, en el expediente no se localizaron constancias que acreditaran el aseguramiento de varias prendas ni la elaboración de los registros correspondientes.
Respecto al hallazgo de los siete vehículos automotores en el inmueble, tampoco se localizaron dictámenes periciales que acreditaran que éstos hubieran sido sometidos a un procesamiento técnico integral. Además, tres de ellos fueron sustraídos el 25 de noviembre de 2024, lo que, de acuerdo con la CNDH, evidencia que la Fiscalía de Jalisco incumplió su obligación de asegurar el inmueble, el cual estaba relacionado con los hechos delictivos investigados.
El 4 de febrero de 2025, una persona servidora pública de la Fiscalía estatal recibió informes de personal de la Policía Investigadora que, al acudir nuevamente al sitio conocido como “Rancho Izaguirre”, observó que el inmueble se encontraba indebidamente asegurado y que, al ingresar, se detectaron posibles evidencias e indicios sin que se advirtiera la continuidad de actos de investigación para esclarecer los hallazgos.
La CNDH informó que también documentó que el 19 de marzo de 2025 se emitió el dictamen de genética sobre muestras biológicas encontradas en el inmueble. Sin embargo, dichas muestras habían sido recabadas y entregadas para su estudio desde el 20 de septiembre de 2024, por lo que su comparación con el banco de datos de familiares de personas desaparecidas y su resguardo para futuras confrontas se realizó hasta marzo de 2025, lo que el organismo consideró un retraso injustificado.
Asimismo, el 20 de marzo de 2025 se permitió el ingreso de personas al inmueble pese a que el lugar se encontraba en proceso de intervención pericial. Aunque el acceso se pretendió realizar de forma controlada, el número de participantes provocó la pérdida de control del área y la alteración del sitio y de los indicios que potencialmente podían encontrarse ahí.
La Comisión también advirtió que los elementos probatorios recabados en el lugar se encuentran publicados en la página oficial del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses mediante un archivo electrónico que clasifica y describe 1,842 indicios con su registro fotográfico. Sin embargo, respecto de estas evidencias tampoco se aseguró debidamente la cadena de custodia.
Ante estos hechos, la CNDH concluyó que las omisiones detectadas evidencian deficiencias sistemáticas que vulneraron los derechos humanos a la legalidad, seguridad jurídica y acceso a la justicia.
Por ello, el organismo solicitó a las personas titulares de la Fiscalía del Estado de Jalisco y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses realizar, en un plazo de seis meses, un acto público de reconocimiento de responsabilidad y disculpa pública por las violaciones a los derechos humanos.
También recomendó elaborar o actualizar protocolos de actuación para la correcta preservación y aseguramiento de los lugares de intervención y sus hallazgos, así como para el procesamiento técnico-científico de indicios, el manejo de la cadena de custodia y la generación de dictámenes periciales confiables.
Además, la Fiscalía de Jalisco deberá colaborar en el procedimiento administrativo que la CNDH inicie ante su Contraloría Interna contra las personas servidoras públicas señaladas en la recomendación e implementar un ciclo de formación especializado en derechos humanos y conducción de investigaciones.
Por su parte, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses tendrá que colaborar en el seguimiento de las carpetas de investigación en trámite, participar en el procedimiento administrativo correspondiente e implementar capacitación especializada en procesamiento técnico de indicios, manejo de la cadena de custodia y elaboración de productos periciales confiables.
En la recomendación, pese a que la Fiscalía General de la República atrajo el caso desde marzo de 2025 y, a la fecha, no ha ofrecido información puntual sobre los trabajos periciales y de investigación que ha realizado, la CNDH no hace ningún señalamiento ni un descarte de responsabilidades, esto a pesar de que familias buscadoras, en el marco del proyecto periodístico Las Prendas Hablan, han denunciado que esta dependencia federal les ha negado el acceso a la identificación de las prendas.
Por su parte, el Colectivo Guerreros Buscadores reaccionó a esta recomendación señalando que ésta confirma lo que habían denunciado desde que ingresaron al Rancho Izaguirre en marzo de 2025:
“Esta recomendación confirma algo que las familias hemos denunciado desde el inicio: existieron graves omisiones por parte de las autoridades encargadas de la investigación, particularmente en el resguardo del lugar, en el procesamiento de los indicios y en la preservación de la evidencia. Estas fallas vulneraron el derecho de las víctimas y de sus familias a la verdad y a la justicia”.
Al tiempo que exigieron a las autoridades no ocultar la verdad sobre lo que pasó:
“Lo ocurrido en el Rancho Izaguirre no fue únicamente una serie de irregularidades administrativas en una investigación. Fue un lugar donde hubo muerte, donde hubo asesinatos y donde se encontraron restos humanos calcinados. Esa realidad debe ser reconocida con toda claridad. Las familias no buscamos confrontación, buscamos verdad. Y la verdad completa implica reconocer la gravedad de lo ocurrido, esclarecer los hechos y garantizar que haya responsabilidades reales para quienes permitieron que estas omisiones sucedieran”.
FGR reporta un avance del 64.4% en el procesamiento de evidencias localizadas
La Fiscalía General de la República (FGR) informó, en un comunicado de prensa, una seria de avances en la investigación y en las acciones de búsqueda relacionadas con los hechos ocurridos en el predio conocido como Rancho Izaguirre. De acuerdo con la institución, las indagatorias han determinado que el lugar era utilizado como un sitio de adiestramiento donde se realizaban prácticas de tiro, acondicionamiento físico y simulaciones tácticas, además de que presuntamente se reclutaba de forma forzada a personas, a quienes se les despojaba de sus pertenencias, entre ellas prendas de vestir, para obligarlas a portar otro tipo de vestimenta.
Con esta acotación no sólo descartó las denuncias de familias buscadoras que habían denunciado de que el lugar fue también un sitio de exterminio, sino también obvio dar información sobre las prendas mismas y el posible paradero de las personas que hasta ese lugar fueron llevadas.
La FGR además precisó que se ha realizado un trabajo que permitió localizar diversos indicios, entre ellos dos fragmentos de restos óseos, elementos balísticos y prendas de vestir.
Estos indicios se encuentran en análisis en los laboratorios del Centro Federal Pericial Forense, especializado en análisis científico y aplicación de protocolos periciales, así como en el sector regional con sede en la Fiscalía Federal de Jalisco. De acuerdo con la institución, el procesamiento integral del lugar presenta un avance del 64.44 por ciento.
Respecto a los fragmentos de restos óseos localizados, la Fiscalía informó que se obtuvo un perfil genético correspondiente a una persona de sexo masculino. Sin embargo, al realizar la confronta con perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas no se ha obtenido hasta ahora un resultado concluyente que permita su identificación, por lo que las confrontas continúan conforme se integran nuevos perfiles.
La FGR subrayó que las acciones de búsqueda e investigación no están supeditadas a los resultados de los análisis forenses, pues de forma paralela, desarrollan diligencias ministeriales, análisis y procesamiento de información, seguimiento a líneas de investigación y ejecución de actos orientados al esclarecimiento de los hechos como parte de una estrategia integral.
Como resultado de estas acciones, la Fiscalía reportó la detención de 47 personas y señaló que existen órdenes de aprehensión vigentes que continúan siendo cumplimentadas conforme a los procedimientos judiciales establecidos.
Las diligencias, añadió la institución, continúan desarrollándose a través de la Agencia de Investigación Criminal en acompañamiento del agente del Ministerio Público de la Federación.
La Fiscalía indicó que el trabajo de investigación en campo, el análisis pericial forense y el procesamiento de información se realizan de manera coordinada con los tres niveles de gobierno.
Asimismo, informó que se han establecido canales de comunicación activos con víctimas, representantes legales, colectivos de búsqueda y organizaciones de la sociedad civil para informar de manera periódica los avances en el procesamiento del lugar; sin embargo, en la última reunión con familiares de personas desaparecidas, realizada el 13 de febrero, el Colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco denunciaron que “los avances” no son tales, pues les mostraron lo mismo que les habían comunicado a finales de marzo de 2025.
Conoce el proyecto colaborativo #LasPrendasHablan:
