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El testimonio de Susi (pseudónimo para proteger su identidad) revela la estructura de encubrimiento que rodea a aquellos integrantes de la iglesia católica que han cometido violencia sexual en contra de infancias y adolescencias en Jalisco, así como la impunidad, el silencio y la frustración a la que se enfrentan sus víctimas y familiares. Estos eventos se vuelven un secreto a voces dentro de las comunidades que habitan, sin embargo, hay quienes decidieron no callar más.
Entre 2014 y 2024, la Fiscalía del Estado de Jalisco registró 30 mil 411 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil y 5 mil 162 carpetas clasificadas por violación a personas menores de edad. Mientras que, la Fiscalía Regional y la Vicefiscalía en Investigación Especializada en Atención a mujeres, niñas, niños y adolescentes contabiliza en esta misma temporalidad 45 carpetas donde se presume la participación de sacerdotes o personas pertenecientes a cultos religiosos.
La Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) advierte que las estadísticas que documentan la comisión de estos delitos suelen ser “no oficiales”, mientras que, prevalece un subregistro de casos no denunciados. No obstante, lo que más les preocupa y alerta es que existe una “cultura de ocultar” que rodea a las infancias y adolescencias que han sido víctimas de estos delitos.
Por Karen García / @karen_gdlt
“Me dijo, “Tengo una pena muy grande.”
– “¿Qué tienes?”
-Dijo, “Es que no sé si me crea.”
– “Es que ya te creo.”
Ingrid estaba por contarle a Susi que el sacerdote a cargo de su iglesia acosaba a su hija Daniela de 13 años. Era una situación complicada, reciente e incierta, su temor principal era que no le creyeran, aunque ella estaba segura, incluso, de que no se trataba del único caso en la parroquia.
La revelación desconcertó a Susi, quien conoce a madre e hija desde mucho tiempo atrás. Así que, impulsada por la empatía, la cercanía, pero también el enojo y el dolor que le provocaba saber que las habían lastimado de esa manera, ha hecho que ella les acompañe en su proceso de denuncia y búsqueda de justicia.
Adelantándose a los hechos, a Susi le preocupaba que el silencio de las personas involucradas y las estrategias de manipulación que ejercía el sacerdote en contra sus víctimas -así como lo vivió Daniela-, permitiera que más niñas, niños y adolescentes que acudían a esta iglesia corrieran el mismo riesgo.
Susi (S): “Pues yo te creo y vamos a hacer algo.” ¿Cuánto hace de esto?”
Ingrid (I): “Uh, ya hace tiempo.”
S: “¿Y por qué nadie ha hecho nada? ¿Nadie sabe?”
I: “Sí.”
S:”¿Saben más personas?”
I: “Sí.”
S:”¿Y por qué no han hecho nada?”
I:“Pues es que él les dice que es muy poderoso, que tiene mucho dinero, que tiene muchos amigos, que tiene mucho poder.”
S: “¿Sabes qué? A mí no me importa su poder, ni su dinero, ni sus amigos.
El Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal (CNPJE) revela que 4 de cada 10 delitos de violencia sexual son cometido en contra de infancias y adolescencias; 53% de estos están relacionados con el abuso sexual infantil y el 33% al delito de violación. Estas estadísticas reconocen a Jalisco como la entidad con más registros: 2 mil 481 casos documentados en el año 2023, le sigue la Ciudad de México y Nuevo León en las siguientes dos posiciones.
Sus agresores están cerca. El CNPJE detalla que son familiares o personas conocidas que rodean sus entornos, en el 26.8% de los casos cuando se trata de niños y en el 19.2% cuando las víctimas son niñas. Entre estos se pueden encontrar parientes, amistades, vecinos o personas que rodean sus entornos de confianza, como las iglesias dentro de espacios comunitarios.
Aunado a ello, Jesús Villalobos, quien forma parte del consejo directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), reconoce que en estos casos no sólo prevalece una cultura de la normalización de la violencia -frente a la reiteración de los casos-, sino, además, hay una tendencia a ocultarla “que nos lleva a que cada vez haya menos denuncias en este país, a nivel histórico”, puntualiza. Y es que, si bien advierte que hay registros, esta realidad hace que sean “muy pequeños comparados con la problemática real.”.
El grado de secrecía y ocultamiento incrementa cuando quienes cometen estos delitos son integrantes de la iglesia católica, asegura Jesús Villalobos: “el 91% de los abusos no son denunciados a nivel general. Si hablamos entonces, ahora todavía con esta carga que implica la jerarquía católica, estamos hablando de aún más”.
Las agresiones no se limitaron a lo físico, sino que, después de esto, comenzaron los mensajes de texto que el párroco agresor enviaba a Daniela a su celular muy temprano por la mañana. A decir de Susi, estos escritos eran intrusivos a la privacidad de la adolescente y totalmente descontextualizados:
“El depredador a las 6:00 y fracción de la mañana le manda mensaje diciéndole, “¿Cómo estás, mi amor?” ¿Cómo te sientes? O sea, un adulto de 65 años haciendo eso con una niña.”, relató Susi.
Ingrid y Daniela, ahora junto a Susi y una colectiva feminista que trabaja en el municipio donde sucedieron los eventos, decidieron no callar. Denunciaron el caso hacia el interior de la iglesia y también ante la Fiscalía de Jalisco.
Al alzar la voz en su parroquia, otro de los sacerdotes encargados reconoció que era consciente de lo que sucedía y que “a su manera” intentaba “cuidar” que ningún niño, niña o adolescente se acercaran al párroco presuntamente agresor: “cuando los niños bajaban del coro, él se paraba ahí en la escalera para que el señor cura no los tocara, no los abrazara, no nada, o sea, retirándolos. Y cuidando de que las niñas tampoco se acercaran a él, porque hubo tocamientos a niños y niñas.”, narró Susi.
Este sacerdote les ayudó a redactar un expediente que explicaba lo sucedido, incluía testimonios y nombraba las afectaciones que estaba generando en las víctimas, quienes se mantuvieron en anonimato debido al miedo que provocaba la reacción tanto de la comunidad como del párroco.
Esta denuncia fue llevada al Vicario General de la Arquidiócesis, el cual, según la fecha de la denuncia, se trata del Presbítero Jesús García Zamora, quien tras la insistencia, aceptó.
Capítulo 1: “Dentro de tus llagas, escóndeme”: El manto del encubrimiento
“Batallamos para que nos recibieran porque pues no estaba o estaba ocupado. Nos recibió, sí, amable, pero él creyó que lo estábamos grabando con el celular y se portó bien amable.”, “Nos dijo que no iba a ser tan fácil, porque había momentos en los que a veces eran inventos o que era lo que nosotros veíamos como una violación. Porque no todo es una violación para ellos.”, explicó Susi.
Esta declaración molestó a Susi, pues cuestionaba que se minimizaran las agresiones que había sufrido Daniela y las otras víctimas, haciendo distinciones entre una violación o “sólo un intento”. Así, en lo que consideran fue una charla persuasiva y condescendiente para hacerlas desistir de la denuncia, el vicario les pidió que “se pusieran a pensar en el trato que recibiría Daniela si el caso llegaba a la justicia civil”.
“Le van a decir, “A ver, ¿te la metió o no te la metió?“, a lo que con coraje Susi sólo pudo reclamarle que “ese no era el término correcto”.
Mientras Susi y la familia de Daniela urgían respuestas al vicario, este solo les dijo que: “el Obispo sentía mucho lo sucedido”. ¿Cómo pudo haberse disculpado si no estaba formalmente enterado del caso? Se cuestionaba Susi. Sin embargo, la red de encubrimiento quedó revelada unas horas después.
“Más tardamos ella y yo en regresar, cuando la bestia (el párroco agresor) ya sabía que habíamos ido. Todo sabía… el depredador, porque para mí no hay otro nombre. Se la pasó acechándolas donde estaban.”, expresó Susi, pues en vez de ser de ayuda, el Vicario las puso en peligro.
Lo que fue una denuncia a una autoridad eclesiástica, se convirtió en el “chisme” de la comunidad, quienes en vez de exponer al agresor, comenzaron a señalar a Daniela y a su familia como culpables del hecho. Agregando aún más estrés y frustración en su proceso de denuncia y en su cotidianidad.
“El cura tuvo la capacidad de decir, en una reunión con el consejo de la parroquia, que a él le habían levantado un falso. Y que esa mujer que le había levantado el falso, Dios la había castigado.”, cuenta Susi. Pero nada las hizo titubear para seguir con la denuncia.
La denuncia fue interpuesta ante las autoridades de justicia, y vía solicitudes de transparencia, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco reportó que esta denuncia cuenta con un proceso activo.
“Solo se cuenta con un proceso activo y siendo del año 2024, donde el sexo de la víctima es Mujer y tiene 14 años; el imputado es hombre y tiene 66 años; no hay ninguna sanción o medida reparatoria; la víctima es adolescente. Si bien, en la respuesta se menciona el municipio donde sucedieron los hechos, para resguardar la seguridad de la adolescente y su integridad, el dato será omitido en este reportaje.
Durante el proceso de denuncia, se le ofreció acompañamiento psicológico a Daniela, otorgado por la Arquidiócesis, en la que se dictaminó que la agresión sí fue un abuso. “Tengo una hoja donde el cura acepta que está dañando y acepta que va a ir a recuperarse. Pero nunca lo hizo, nunca fue.”, aseguró Susi.
En esta carta, el sacerdote admitió que “se sometería a las autoridades del Sr. Arzobispo Jorge Alberto Cavazos Arizpe”, para atenderse de manera “espiritual y psicológica” en instancias profesionales. Y que de igual forma, “se retiraría de la parroquia para evitar escándalos y no seguir dañando a la comunidad”.
Ingrid y su hija Daniela no solo asistían a la parroquia, sino que realizaban algunas actividades que les significaban una retribución económica. Situación que el cura agresor vio como una ventaja para intentar coaccionarlas y hacerlas desistir del proceso legal que estaba en curso. El hombre, cuenta Susi, dio la orden de que no se les pagara más por los trabajos que madre e hija llevaban a cabo en la iglesia. Algunas personas que trabajan junto con ellas se negaron a aceptar tal petición, pero fueron amenazadas por el sacerdote cuando manifestaron su rechazo a estos ordenamientos.
Ingrid también comenzó a recibir llamadas telefónicas a su casa en las que, personas sin identificarse, le preguntaban si “no tenían miedo” y “qué haría si algo le llegaba a suceder a su familia”. Esto comenzó a afectar emocionalmente a Daniela, robándole el sueño, las ganas de ir a la escuela, de estar con su familia y amistades, incluso, arrebatándole las ganas de seguir con su vida.
Desafortunadamente, el silencio social y el encubrimiento, que deja las sanciones en contra de estos agresores en un plano de “castigo filosófico” o “justicia divina”, explica Jesús Villalobos, impide que la víctima pueda sentirse arropada, protegida o sin miedo de que el agresor vuelva a causar daño dentro de su propia comunidad.
“El encubrimiento” menciona el experto en infancias, ha sido generacional en estos casos y muestra de ello es la impunidad en la que han quedado, incluso, los casos más mediáticos relacionados con la organización Legionarios de Cristo y el propio Marcial Maciel: “Sobre sus filas pasaron cientos de niños, y Marcial Marciel se fue de la iglesia sin ningún problema, se murió sin ningún problema.”, explica
La Red ¡No te calles, Cuéntalo llegó a México en 2023 desde España, como “parte del esfuerzo de la iglesia católica para disminuir los casos de abuso”, así lo reconoció en su lanzamiento oficial el padre Eduardo Aguilar, integrante de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM). Integrada en su mayoría por instituciones religiosas como la editorial Edelvives México, el Instituto Mexicano para la Doctrina Social Cristiana (IMDOSOC), World Vision México, el propio CEM, para buscar prevenir y atender los casos de violencia sexual, el acoso escolar o bullying y el ciberacoso.
En palabras del sacerdote Eduardo Aguilar, “se ha logrado la cero tolerancia y disminuido de manera importante las denuncias por abusos de sacerdotes”, aunque, afirmó a los medios de comunicación presentes en el lanzamiento que “se carece de cifras exactas de los sacerdotes que han sido denunciados y presentados ante las autoridades”.
Adriana Ochoa, coordinadora de esta red en México, asegura que más allá de denunciar estos delitos, están “para proponer”:
“…no llego aquí como quien dice: “tú lo has hecho mal, tú lo has hecho mal, tú estás mal”, no. Soy parte de la iglesia protestante o católica, y dentro de nuestra fe y nuestro compromiso social cristiano, independientemente si es católico o protestante, consideramos que tenemos mucho que decir al respecto.”.
Con este discurso, Adriana cuestiona la narrativa del encubrimiento como parte de una estrategia colectiva dentro de la iglesia católica para ocultar los casos y sugiere que la problemática real se encontraba -en tiempo pasado- en la “inexistencia de protocolos y mandatos” que sancionaran estas conductas: “bueno, a ver, como distinguir palabras, ¿no?. Porque, por ejemplo, encubrimiento se llama cuando la persona es consciente de que hubo un daño y lo cubre. Otra cosa es que, por falta de protocolos, que era lo que sucedía, no había protocolos. Un protocolo es un procedimiento claro de qué hacer si te llega una denuncia.”.
Ahora, afirma la coordinadora, existe “un anuncio apostólico enviado por el Vaticano”, así como “instancias superiores” que se convirtieron en las autoridades competentes para atender estos casos. De ahí que en su opinión: el encubrimiento en las iglesias no sea común actualmente.
“Si ya nos damos cuenta que hay encubrimiento, hay que irnos a la instancia superior. En el caso de las iglesias católicas, a nivel nacional hay un anuncio apostólico enviado del Vaticano. Entonces es como si no me resuelven aquí y veo que hay encubrimiento, después de haber hecho todo el proceso, ahora me voy a la siguiente y a la siguiente y a la siguiente.”, explicó Adriana Ochoa.
Como si se tratara de una realidad alterna a la vivida por Ingrid y su hija Daniela, para la coordinadora de la Red ¡No te calles, Cuéntalo “estamos en otro momento histórico dentro de la iglesia católica”, donde, el cobijo de las instituciones clericales y sus integrantes arropan a las víctimas de estas violencias, evitando amenazas y amedrentamientos:
“Estamos en otro momento histórico. Soy incómoda cuando llegó a un lugar y denuncio. Me vuelvo incómoda. Y, sin embargo, me he experimentado acogida. Incluso el que la Conferencia Episcopal Mexicana quiera ser parte de la red, me ha sorprendido enormemente porque es como, reconocemos que hemos hecho daño.”, afirmó Adriana Ochoa.
Pero, ¿en qué consiste este protocolo?
El Protocolo de Protección de Menores de Edad y Adultos Vulnerables conforme a la Legislación Mexicana de la Conferencia del Episcopado Mexicano privilegia el interés superior de las infancias, así como la protección de los derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes (NNA). Asimismo, establece la obligación de “salvaguardar y tutelar de aquellos que se encuentren bajo el cuidado de ministros de culto y agentes pastorales”.
“La negligencia en la atención, la falta de medidas de prevención o su efectivo cumplimiento y/o el encubrimiento del abuso sexual infantil, son modos generadores de responsabilidad que tienen consecuencias irreparables en la vida de la víctima.”, advierte el documento del CEM.
Además, establece que debe ofrecerse atención integral a la víctima, “cuidando de su integridad física, psicológica, sexual, social y espiritual”. Plantea que debe informarse sobre “los hechos al ministerio público y cooperar en el proceso de investigación para procurar justicia”, además de “aplicar medidas cautelares al imputado según el caso, respetar los derechos del imputado, observar criterios deontológicos e integrar el expediente”.
En la experiencia de Adriana, “actualmente todas las iglesias tienen y exigen protocolos, para redirigirles al Ministerio Público a hacer una denuncia formal. Aunado a ello, respecto al acompañamiento psicológico que plantea el protocolo -tanto para la víctima como para quien se reconoce como victimario-, señaló que para este último se han diseñado “centros de rehabilitación”, cuya descripción también aparece dentro del documento.
Casa Alberione el “centro de rehabilitación” en Jalisco
En el año 2016, el cardenal Juan Sandoval Iñiguez, reconoció públicamente que, en Jalisco, había un lugar creado por la iglesia católica, donde se resguardaban sacerdotes con acusaciones de pederastia. Se refería a la Casa Alberione, localizada en el municipio de San Pedro Tlaquepaque en el mismo estado.
Según el sitio web de las Pías Discípulas del Divino Maestro, quienes son las encargadas de este recinto, la denomina como “una casa terapéutica que ofrece un espacio favorecedor para la reflexión, la oración y el trabajo personal para encauzar el proyecto de vida entre el pueblo de Dios que les ha sido confiado y estas autoridades religiosas”. Regida bajo el “Programa Génesis”, afirma brindar “apoyo integral en al área física, emocional y espiritual” para que los sacerdotes puedan “restablecer su vida y ministerio”.
Ya en 2009, el semanario de la Arquidiócesis de Guadalajara había hablado de su existencia y sugería lo siguiente:
“Instado por los cuestionamientos que han sacudido a la Iglesia, por los escándalos de conducta de algunos ministros sagrados, el vocero de la arquidiócesis de Guadalajara, presbítero Antonio Gutiérrez Montaño informó, en conferencia de prensa, que desde hace 23 años funciona en la delegación San Pedrito, del municipio de Tlaquepaque, un albergue para sacerdotes “con problemas de conducta”, la casa Alberione, creada por iniciativa de un eclesiástico estadounidense, con capacidad para veintidós residentes, por la que han pasado clérigos de toda América Latina, para recibir una rehabilitación integral, que incluye tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico y espiritual.”.
A más de 15 años de estas declaraciones , ¿Casa Alberione sigue funcionando? Contactamos al equipo de comunicación social de la Arquidiócesis de Guadalajara, para hablar sobre el funcionamiento de este centro en la actualidad, pero su respuesta fue la siguiente:
“Una mala noticia, le pase tu tema a mi jefe, nuestro vocero, pero me dice que por respeto a la privacidad de quienes asisten a Alberione no se dan entrevistas sobre el tema. Si quieres hacer una nota documental, tal vez, en el archivo eclesiástico puedas encontrar datos de cuándo se fundó, cuál es el objetivo, pero en sí entrevista a través de nosotros no te la podemos otorgar.”
Si bien, acudimos al Archivo Eclesiástico para consultar los documentos que pudieran contener datos sobre el funcionamiento, origen y fundación de Casa Alberione, la persona encargada que nos atendió mencionó que ahí no tenían ningún archivo de este lugar, pues el centro era “manejado por las hermanas Paulinas”, por lo que, “tal vez”, en su librería “nos darían esa información”.
Sin embargo, otro empleado del Archivo mencionó que “ahí tampoco se podría obtener información, pues Casa Alberione es una institución que, si bien forma parte de la Arquidiócesis, se cuenta “aparte”. Por lo tanto, “no tendrían los suficientes documentos para mostrar”. Su sugerencia fue contactar a la Arquidiócesis, a Casa Alberione directamente o a Ricardo Ángel Roqueñi Carrouche, director de la institución.
Sobre el funcionamiento de estos llamados “centros de rehabilitación”, para sacerdotes que han cometido actos de pederastía, Adriana asegura que en la actualidad la red ha detectado que “ningún centro atiende a un victimario que no tenga un proceso ya de juicio civil”. Es decir, que todo aquel sacerdote que ingresa a estos lugares debe mantener un proceso legal o penal abierto como marca el protocolo, “ya no los atienden, no los reciben porque los pueden denunciar de encubrimiento”, apunta.
En el caso de Alberione -o de cualquier otro centro-, advierte “no va a recibir actualmente a nadie después de los protocolos” y explica que, el proceso para ingresar a un sacerdote a estos espacios, es semejante al que describe a continuación: “Hay un sacerdote “X” que está denunciado. Para que pueda llegar a ese lugar, tenemos que comprobar que se haya iniciado ya su juicio de denuncia. Porque entonces, la ayuda que ofrece ese centro, que es una ayuda psicológica, entra como parte del protocolo.”, aseguró.
Capítulo 2: La rendición del Estado ante el dogma católico
La Fiscalía del Estado de Jalisco – Viscefiscalía en Investigación Regional, reportó que entre 2014 y 2024 se iniciaron 15 carpetas de investigación donde se presume la participación de sacerdotes o personas integrantes de cultos religiosos; entre los delitos denunciados se encuentran: agresión sexual, abuso sexual infantil, lesiones culposas, además de delitos contra la dignidad de las personas; todos estos ocurridos en municipios del interior del estado.
Entre ellas, un caso de abuso sexual infantil en Mezquitic en 2014; un caso de abuso sexual infantil equiparado, atentados al pudor en La Huerta en 2015; dos casos de abuso sexual infantil en Ameca en 2017; dos casos de abuso sexual infantil en Autlán y uno en Puerto Vallarta en 2018; dos casos de abuso sexual infantil y corrupción de menores en Ixtlhuacán de los Membrillos y dos casos de abuso sexual infantil en Ahualulco del Mercado y Chiquilistan en 2022; un caso de abuso sexual infantil en Tepatitlán de Morelos en 2023; y tres casos de lesiones culposas, delitos contra la dignidad de las personas, así como abuso sexual infantil en Villa Hidalgo, Ocotlán y Jocotepec, respectivamente, en el año 2024.
Mientras que, la Vicefiscalía en Investigación especializada en Atención a Mujeres, Niñas, Niños y Adolescentes informó que se denunciaron 30 más en Guadalajara, Tlajomulco, Tlaquepaque y Tonalá, es decir, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
El abuso sexual infantil es un delito penado en el estado de Jalisco. Pero ¿qué es el abuso sexual infantil? Según el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) es la agresión que hace una persona de la misma o mayor edad a un infante o adolescente cuando se le obliga a tener cualquier tipo de comportamiento sexual, ejerciendo su poder, en tanto, el Código Penal del Estado de Jalisco, establece en el Título Quinto BIS sobre los “Delitos contra el desarrollo de la personalidad”, artículos 142-L y 142-M que incurre en el delito:
“quien tenga cópula o cópula equiparada, con una persona menor de edad o en una persona que no tenga la capacidad de comprender el significado de las cosas o de resistir el hecho”.
* Se entiende por cópula, la introducción total o parcial del miembro viril, en el cuerpo de la víctima, por la vía vaginal en su caso, oral o anal. Se entiende por cópula equiparada, la introducción total o parcial de cualquier objeto distinto al miembro viril, en el cuerpo de la víctima, por vía vaginal en su caso o anal, con fines eróticos sexuales.
Dependiendo el caso las penas van de los tres meses hasta los 20 años de prisión.
Como sucede en la mayoría de los casos de violencia sexual donde las víctimas son menores de edad, la delgada línea que divide a la justicia de la impunidad responde a la prescripción de los delitos -respecto al tiempo que lleva a una persona decidir hablar y/o alejarse de su agresor.
A nivel Federal, los delitos sexuales cometidos contra personas menores de 18 años son imprescriptibles. Sin embargo, según la Cámara de Diputados: “la prescripción de un delito cometido en contra de una víctima persona menor de 18 años, comienza a correr a partir de que cumpla la mayoría de edad, con excepción de los delitos previstos en los artículos 200, 201, 202, 203, 203 Bis, 204 y 209 Bis, serán imprescriptibles. Éstos son relativos a los delitos de pornografía, corrupción de menores, turismo sexual, lenocinio y pederastia”.
En los casos en que una persona activa del delito fuere servidora o servidor público o ministra o ministro de culto religioso, además de las sanciones señaladas, se castigará con destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión o cualquiera otro de carácter público o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.”.
“El padre se cura de esta problemática rezando y al niño también lo manda a rezar porque él también es producto de esa situación. Entonces, llegamos a un lugar en donde no hay ningún tipo de sanción real.”, reflexiona Jesús Villalobos. En su experiencia como integrante del consejo directivo de la Red por los Derechos de la Infancia en México (REDIM), reconoce que, para el Estado y las organizaciones el registro y/o documentación de este tipo de agresiones es complejo -en cuanto a estadísticas-, puesto que, quedan fuera los casos de todas aquellas infancias y adolescencias que no denuncian.
Las infancias y adolescencias en Jalisco se enfrentan a una crisis de desprotección de sus derechos, no sólo dentro de sus hogares, en sus comunidades y alrededores, que los hace susceptibles a vivir distintas formas de violencia, especialmente la sexual; sino, además, el Estado ha sido ineficiente en procurar su cuidado y garantizarles justicia.
En un periodo de diez años, entre 2014 y 2024, la Fiscalía del Estado de Jalisco registró 30 mil 411 carpetas de investigación por el delito de abuso sexual infantil y 5 mil 162 carpetas clasificadas por violación a personas menores de edad. Esto significa que en promedio, diariamente fueron abiertas cerca de 83 carpetas de investigación por este delito. Al menos 83 niñas, niños y adolescentes denunciando todos los días que están viviendo algún tipo de violencia sexual.
“Vemos que los sistemas de protección de niñas, niños y adolescentes, desde el sexenio pasado con López Obrador, estaban encaminados a desaparecer o a tener una participación muy poco relevante a lo interno de los gobiernos. Vemos que no hay políticas públicas encaminadas a la defensa y a la procuración de la niñez y de la adolescencia, pero además, vemos con mucha preocupación que no hay interés en que esto suceda.”, sentencia Jesús Villalobos ante el abandono a las infancias.
No sólo son los sacerdotes.
El escenario, -como se planteó antes-, se vuelve más complejo cuando esta violencia sexual se ejerce por integrantes de cultos religiosos. A través de Solicitudes de Acceso a la Información, los DIF municipales de Ocotlán (Folio: 140249325000007), Tlajomulco de Zúñiga (Folio: 140252925000009) y Tlaquepaque (Folio; 140251025000006) reportaron que en los últimos 10 años (2014 a 2024) se atendieron diversos casos de infancias y adolescencias que fueron víctimas de agresiones sexuales cometidas por personas que trabajan dentro de iglesias católicas.
La información ofrecida por la dependencia deja al descubierto que los agresores de estas infancias y adolescencias no son sólo los sacerdotes o religiosas, sino cualquier otra figura que participe dentro de las iglesias y que se ampare bajo esta protección: sacristanes, seminaristas, diáconos, empleados de la notaría o voluntarios. Incluso, los datos revelan que estas violencias se ejercieron fuera de los templos o iglesias, es decir, ocurrieron en lugares donde estas personas tienen injerencia o participación, como las Casas Hogar o Albergues.
Por ejemplo, en el municipio de Tlaquepaque, una menor de edad de 14 años fue víctima de abuso sexual por el sacristán de su iglesia.
En Tlajomulco de Zúñiga, dos niñas sufrieron abuso sexual por parte del sacerdote que oficiaba misa en la casa hogar en el que habitaban. En el municipio de Ocotlán, un adolescente de 16 años fue víctima de abuso sexual por parte del sacerdote de su iglesia, mientras él era monaguillo.
Para Jesús Villalobos de REDIM, hay un claro papel de poder que mantiene la iglesia católica frente al Estado -pese a ser laico-, “no solamente de adoctrinamiento hacia el pueblo, sino también ha jugado un papel fundamental por la cantidad de dinero, la cantidad de incidencia que tiene en la base social.” declara Jesús.
“Nosotros tendríamos que dejar de ver a los sacerdotes como este segmento de Dios, como los representantes de Dios en la Tierra, que así es como culturalmente aprendimos a verlo.” reconoce Jesús Villalobos.
“Guarda silencio ante el Señor y espera en él”
Cuando el caso de Daniela fue tomado por las instituciones de justicia, la Arquidiócesis inmediatamente contrató un abogado para que llevara su caso, pero ante la desconfianza con la institución decidieron optar por una abogada aliada de la colectiva feminista que les acompañó en el proceso.
“Haz de cuenta que estábamos sin ninguna protección. El cura se la pasaba buscándolas en la mañana temprano, a ver dónde vivían.”, recuerda Susi.
Si bien, el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco reportó vía solicitudes de transparencia que la denuncia de Daniela se encuentra en activo, Susi confiesa que este periodo fue una pesadilla para la adolescente y su madre, puesto que, sólo fue “removido de la iglesia”, pero no de su cargo, lo que les hizo dudar por mucho tiempo sobre la justicia que recibieron.
“Fue terrible, fue una pesadilla. Lo único que hicieron en la diócesis con él fue quitarlo de la parroquia, lo mandaron a otro lado.”, declaró Susi.
Respecto al sistema de procuración de justicia y denuncia, Susi comparte que vivieron momentos revictimizantes al interponer la denuncia ante el Ministerio Público, ya que Ingrid y Daniela, tras rendir su declaración podían escuchar a los policías burlarse y minimizar el caso advirtiendo “tanto argüende por una nalgadita”.
Son acciones, palabras y violencias como estas las que dificultan que las víctimas y sus familias continúen los procesos de justicia o que siquiera, los inicien. Fomentando sistemática y violentamente la “cultura de la no denuncia”, tal como lo expresa Juan Villalobos.
“También hay un problema interno por parte de las familias y personas que sufren una violencia de este tipo. Si un niño o una niña es abusado por un sacerdote, lo que tenemos es que el niño incluso piensa que es por su culpa. La familia piensa que es por su culpa”, describe Juan Villalobos.
Esto conlleva una manipulación desde las creencias religiosas y el poder que ostenta la iglesia católica, minimizando el abuso a un “pecado”, capaz de ser “perdonado” sólo en el plano de lo divino, con arrepentimiento y contrición; lo que desplaza la posibilidad de la justicia legal -además sofocada por los nexos de poder-:
“Hay un encubrimiento a lo interno de la iglesia. Y también hay un encubrimiento y una complicidad dentro del Estado, que es completamente una relación muy concreta. El Estado y la gente que gobierna siempre se ha beneficiado de la iglesia. Han hecho alianzas y por supuesto que tienen compromisos con la iglesia y la iglesia también tiene compromisos con el Estado, no es casual”, relata Juan Villalobos.
Capítulo 4: “Dejad que los niños vengan a mí”: ¿Qué pasa después de un abuso?
“Las consecuencias son muy dolorosas, no se curan en una terapia sino, son heridas que se llevan para toda la vida” asegura Adriana de la Red ¡No te calles, Cuéntalo y, si bien describe que el proceso para transitar de víctima a sobreviviente es posible, en el caso de Daniela y su familia no ha sido lineal y sin obstáculos, pues aunque su agresor ya no está en una posición eclesiástica dentro de la comunidad que habitan, este sigue cerca de ellas; la comunidad les sigue revictimizando y el miedo continúa.
Daniela sigue en tratamiento psicológico, un camino que, como narra Susi, ha sido cansado: “ellas ya no confían en nadie, en ningún sacerdote, nada que tenga que ver con la religión y con gente extraña menos, o sea, se han vuelto muy retraídos”. Y es que, pese a no ser la única que sufrió un abuso por parte del párroco, sí fue la única en denunciar.
“Hubo papás que definitivamente dijeron, “nosotros no decimos nada porque es la iglesia. No decimos nada porque es el padre”. O sea, los papás tienen la visión aún de que son intocables.”, recordó Susi, quien además narró cómo ha sido para Daniela y su madre enfrentarse a los señalamientos que han recibido de parte de la comunidad.
“Mucho rechazo por parte de la comunidad de la parroquia. Te volteaban a ver, hablaban entre varias, te hacía sentir rechazada. Hubo incluso reuniones de catequistas que hacían como clandestinas, junto con el cura, para atacar”.
Como respuesta a este escenario hostil, de constante persecución y evidente vulnerabilidad, decidieron enviar una carta al Vaticano, acompañada del testimonio de Daniela y del dictamen de su psicóloga que confirma la veracidad de los efectos que estas violencias han tenido en su vida.
La carta alertó al párroco agresor, quien al enterarse de estos procesos y denuncias comenzó a llamar a las familias de otros infantes, a los cuales, había agredido sexualmente.
“Como les digo yo, el depredador sabe a quién dañó, sabe dónde están sus víctimas y busca ver cómo están. Entonces, él les llamó a unos padres de familia diciéndoles que qué hay de la carta que le mandaron al obispo.”, expresó Susi. El sacerdote agresor estaba buscando quién fue la persona que había enviado la carta.
Hasta que llegó la llamada a la familia de Ingrid. Con la misma pregunta ¿qué hay de la carta que mandaron al obispo y por ende al vaticano? ¿saben quién fue?
“Sí, fui yo, fuimos nosotros.”, contó Susi.
La respuesta del Vaticano fue simple, sin vinculaciones, sin sanciones reales: retirar por tres meses a las personas responsables de estas reuniones, asegura Susi.
Este evento ha tenido efectos en la vida de quienes integran la familia nuclear de Daniela, incluidos sus hermanos menores de edad, ya que fueron forzados a cambiar de vida, de hogar y su forma de relacionarse con los demás.
Hasta la redacción de este reportaje, el agresor de Daniela sigue libre. Aunque un tiempo fue mandado a otro estado, hace unos meses fue reubicado para ayudar en una iglesia cercana a la de Daniela y su familia. Esto les ha causado, de nuevo, mucho temor y depresión, ante el temor de que pueda volver a hacerles daño, pues el sistema de justicia no las protegió y la iglesia les dió la espalda. Incluso cuando la máxima autoridad católica, el Vaticano, reconoció eal párroco como culpable.
“El silencio te vuelve cómplice. La única forma en la que te puedes defender es hablando. Si tú lo callas, tú eres su sombra, tú lo proteges. Pero si hablas, lo pones a la luz y entonces te vas a proteger. No te calles, no importa la edad, no importa el tiempo que haya pasado en lo que sufriste o si alguien te hizo daño, habla. Nunca es tarde, habla.”, expresó Susi, mandando un mensaje de esperanza a aquellos que son y han sido víctimas de autoridades clericales.
