Con un posicionamiento público la red YoVoy8deMarzo denunció los actos de violencia, agresiones y represión ejercida por agentes de la policía estatal y municipal en contra de las mujeres y disidencias que acudieron a la movilización “Juntxs contra todo despojo”, el pasado domingo 8 de marzo afuera del Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).
Entre estas violencias, denunciaron enfáticamente los actos de tortura y uso indebido de la fuerza en contra de las asistentes a la marcha, los cuales derivaron en varias personas golpeadas -al menos dos visiblemente lastimadas y documentadas en el momento, una de ellas un hombre tras-, así como muchas otras con “golpes no perceptibles y traumas psicológicos”.
Frente a este escenario que enmarcaron sobre una política estatal intensificada de estrategias de represión, intimidación y limpieza de personas, llamaron a la unidad y a la denuncia colectiva, para que víctimas y sobrevivientes de estos eventos se sientan seguras de hablar y se acompañadas en su exigencia de justicia.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Fotografía de portada Denise Castillo / @qatzii.cor
“Denunciamos los actos cobardes de violencia, agresiones y represión hacia asistentes del 8M, a mujeres y a disidencias. Denunciamos los actos de tortura que llevaron a cabo la policía en las inmediaciones del MUSA” expresó la Red YoVoy8deMarzo en su posicionamiento público frente a la violencia policial vivida tras el cierre de la marcha “Juntxs contra todo despojo” en Guadalajara por el Día Internacional de las Mujeres.
Como cada año, la asamblea de colectivas feministas y de defensoras de los derechos humanos que conforman la Red YoVoy 8 de Marzo llamaron a una movilización pacífica y organizada, ejerciendo su derecho a la libre manifestación “desde la lucha colectiva, la digna rabia, el cuidado y poniendo al centro todos los despojos que nos violentan”.
La articulación que gestan desde dentro de sus procesos organizativos, -reconociendo las violencias estructurales que se experimentan en lo local y la desprotección estatal-, les ha llevado a tomar la decisión de hacer de la seguridad un acto propio no sólo de valentía, sino de agencia. Por estas razones y como se ha hecho público cada año, para la convocatoria de esta marcha “Juntxs contra todo despojo” no fue requerida la presencia de agentes de seguridad policial.
Sin embargo, también como sucede en cada movilización y pese a la exigencia, su asistencia fue impuesta por el Gobierno del estado. Según lo denunciado por la red las policías estatales “desde el inicio se portaron poco receptivas a dialogar, exigiendo su presencia delante de todos los contingentes, cuando ni siquiera se solicitó su presencia”.
Si bien, señalaron que se les solicitó de forma colectiva y en reiteradas ocasiones que las policías permitieran llevar a cabo el plan de seguridad y organización establecido por la red, -que consistía en que las familias de personas desaparecidas y víctimas de feminicidio pudieran encabezar la movilización junto a la lona principal como cada año-, “se fueron desplegando por los costados de los contingentes de manera intimidatoria y aumentando en cantidad”.
“Al ser confrontadas verbalmente por la violencia que estaban ejerciendo, respondieron con comentarios que hacían alusión a la indiferencia que tienen ante la crisis de feminicidio y desaparición forzada que hay en el estado”, denunciaron en el documento.
Así la marcha que comenzó en el Parque Morelos, recorrió parte de la Calzada Independencia y se desplazó por Avenida Juárez hasta llegar al ahora renombrado Andador Palestina Libre, estuvo enmarcada por la presencia insistente y hostil de la policía estatal y municipal que terminó por reprimir y violentar a las personas asistentes.
Resulta contradictorio, denuncia la red, pues la represión que vino desde el “Estado opresor representado por elementos de la policía” fue con el objetivo de proteger edificios, paredes y ventanas de instituciones que han violentado en repetidas ocasiones los derechos de mujeres y disidencias, como el templo de Nuestra Señora del Carmen, la torre de las oficinas administrativas de la Universidad de Guadalajara y el Museo de las Artes de la Universidad de Guadalajara (MUSA).
“Así no las cuidaron cuando las mataron” y “dónde estaban el 22 de febrero cuando incendiaba la ciudad el narco”, fueron algunos de los reclamos que corearon las manifestantes mientras más de un centenar de policías mantenían una barrera humana frente al edificio administrativo de la UdeG.
La indignación viene de la rabia que genera que la postura de las autoridades estatales y universitarias se sostenga sobre proteger cemento y vidrio, pero no las vidas de las mujeres.
De acuerdo con la narración de la red, los eventos de mayor violencia sucedieron explícitamente al finalizar el recorrido de la marcha y tras comenzar las actividades de cierre, mientras se realizaban acciones de intervención legítima frente al MUSA.
El MUSA, afirmaron “se convirtió en un espacio de violencia explícita” donde “elementos de la policía municipal y estatal comenzaron a cubrir la parte delantera y costados del edificio”. Estos actos implicaron violencia y tortura en contra de quienes intervenían el espacio y en contra de quienes defendían el acto de la intervención, explicaron. Resultado de estas acciones “personas resultaron con lesiones de gravedad” que tuvieron que recibir asistencia médica especializada en el momento, “mientras que otras quedaron con golpes no perceptibles y traumas psicológicos”.
De acuerdo con lo informado por las colectivas el día de los hechos, dos jóvenes, una mujer y un hombre trans, recibieron agresiones y presentaron lesiones significativas; la joven tuvo que recibir atención médica en un hospital.
“Denunciamos el uso indebido de la fuerza, la saña y ventaja con la que golpearon a compañeras y compañerxs que estaban participando y buscando cuidar a lxs demás asistentes”, sentenciaron.
“Ningún pañuelo o listón morado disfraza al brazo armado del Estado y ninguna represión será más fuerte que nuestra lucha” señalaron, además, respecto a la presencia de policías mujeres encubiertas y vestidas de civiles durante la marcha, quienes, denunciaron “al final se unieron al grupo que rodeaba al museo y a la par, violentaban a las y lxs compas”.
La represión policial no terminó en detenciones, expresaron, pero esto sólo fue resultado del trabajo de seguridad y el acuerpamiento colectivo.
En su pronunciamiento denunciaron que la política estatal impuesta por la nueva administración gubernamental a cargo de Pablo Lemus, acompañada de la designación de Guadalajara como una de las sedes del Mundial, ha derivado en acciones violentas hacia las personas que habitan y defienden la ciudad.
“Han aumentado las detenciones arbitrarias y la represión policial” exhibieron. Al tiempo que señalaron “la intensificación de las estrategias de represión, intimidación y limpieza de personas” de parte de las autoridades estatales.
“Los recursos se han destinado a proteger monumentos y a decorar, una sede mundialista. No representan las necesidades que como sociedad tenemos”.
Agregaron que, las instituciones gubernamentales han desplazado -como siempre- las agendas urgentes de derechos humanos y justicia, como la búsqueda de personas desaparecidas, ofrecer viviendas dignas y garantizar servicios, como el del transporte público de calidad y accesible, frente a este evento.
“Hace dos semanas vivimos momentos de terror en la ciudad con la explícita presencia del narcoestado. No obstante, ahora que tomamos las calles, vemos que a la policía le preocupa más la libre manifestación realizada el pasado 8 de marzo que las violencias que experimentamos ante la presencia de grupos armados en la ciudad. Además, parece no importarle que Jalisco se encuentre en el primer lugar en denuncias por desapariciones, en los primeros lugares en violencias de género y que cuente con una gran cantidad de fosas clandestinas, incluso cerca del estadio Akron donde se llevará a cabo el mundial” afirmaron.
Con esta justificación “ha decidido abalanzarse contra cualquier manifestación de la digna rabia que ponga en juego sus intereses capitalistas, patriarcales, fascistas, sionistas y la falsa seguridad de un mundial que no es para todxs..”, denunciaron.
De esta manera, haciendo un señalamiento contundente contra los responsables directos de estas violencias, se solidarizaron con las personas asistentes a la marcha y manifestantes que recibieron agresiones e hicieron un llamado a la denuncia colectiva:
“Ante la denuncia de la represión que vivimos este domingo 8 de marzo de 2026, de parte del Estado opresor, representado por elementos de la policía. Hacemos un llamado a la denuncia colectiva”.
Por lo que, si tú fuiste o conoces a alguien que fue violentado directamente durante estos eventos, la Red YoVoy8deMarzo recibirá tus testimonios de represión y hostigamiento a través de sus cuentas oficiales y por mensaje directo.
Hasta el momento ninguna autoridad no se ha posicionado al respecto. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) afirmó a ZonaDocs que se está preparando un reporte con los eventos documentados ese día, mientras que la Universidad de Guadalajara afirmó que no habría un posicionamiento oficial, debido a que los hechos no sucedieron dentro de las instalaciones universitarias.
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La historia local de represiones policiales y tortura a manifestantes feministas, mujeres y disidencias no es reciente.
El 9 de julio de 2021, 10 mujeres -entre ellas dos menores de edad y un bebé-, integrantes del Frente Feminista de Jalisco fueron golpeadas y detenidas mientras protestaban a las afueras del edificio de la Secretaría de Educación Jalisco en Guadalajara. Si bien, las mujeres en su totalidad fueron liberadas, el proceso judicial en su contra permaneció abierto por un largo tiempo, señalándolas de delitos, como: daño a las cosas, pandillerismo, lesiones y delitos contra representantes de la autoridad.
Estos hechos derivaron en la articulación del movimiento #SinCargosLas10.
#SinCargosLas10: exigen alto a la represión y criminalización de la protesta en Jalisco
En mayo de 2023, agentes de la policía de Guadalajara detuvieron y cometieron actos de tortura en contra de Irlanda, activista integrante del Frente Feminista de Jalisco quien fue una de las mujeres que resultaron detenidas y reprimidas en los eventos de julio de 2021. En esa ocasión por defender a una mujer y a su hijo que eran violentados por un hombre -su pareja y padre, respectivamente- en el espacio público.
Para dejar constancia de estos hechos, Irlanda comenzó un proceso para determinar la responsabilidad de tres policías que participaron en la detención de 2023, a quienes señala no sólo de haberle retenido arbitrariamente, sino, además, de ejercer tortura en su contra, la cual resultó favorable.
Este resultado deja en evidencia que los agentes policiales ejercieron actos crueles, degradantes y de tortura hacia Irlanda, pero también marcó un precedente: existe una estructura represiva, de persecusión y criminalización en contra de las agrupaciones feministas por parte del Gobierno de Jalisco.
