Han pasado ocho años de la desaparición forzada de Javier Salomón Aceves Gastélum, Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García, estudiantes de cine de la Universidad de Medios Audiovisuales (CAAV); sin embargo, las familias de Marco Francisco y Jesús Daniel insisten en que se les siga buscando, pues el juez que lleva el caso determinó que no hay pruebas contundentes para mantener la versión oficial de que lo estudiantes fueron asesinados.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
“Nosotros no creemos en la verdad histórica que se construyó; por ello, a ocho años seguimos aquí exigiendo que se les siga buscando”, expresó Sofía, madre de Marco Francisco García Ávalos, quien junto con los padres de Jesús Daniel Díaz García, no bajan las exigencias porque, pese a la postura del Gobierno de Jalisco, a la fecha no les han dado ningún tipo de prueba que sustente la versión de que los jóvenes cineastas fueron asesinados.
Sobre ello, Miguel Díaz -padre de Jesús Daniel- reiteró que en ningunas de las audiencias judiciales la Fiscalía de Jalisco y la Fiscalía General de la República (instancia que atrajo el caso) han logrado probar su dicho: “y al no lograr probar nada de lo que dijeron, el juez determinó que la búsqueda debe continuar”.
No obstante, los padres en entrevista por los 8 años de la desaparición forzadas de los tres jóvenes señalan que, pese a la determinación judicial, ninguna autoridad ha querido retomar realmente el caso:
“A nosotros no nos van a engañar, todo está escrito en la resolución del caso… ahí el juez determinó que los jóvenes están desaparecidos”.
Sofía, incluso, agregó:
“El juez dejó bien claro que los jóvenes siguen desaparecidos (…); por ello, nuestro objetivo es lograr que las autoridades acaten lo dicho por el juez y los busquen, ya que las pruebas para sustentar su supuesta muerte fueron desechadas porque no tenían validez… no sólo por la falta de elementos periciales sino también por los señalamientos emitidos por alguno de los detenidos que denunciaron que fueron torturados para avalar la versión oficial”.
Al no probar las autoridades la supuesta muerte de los estudiantes (luego de haber sido desaparecidos), fueron instadas a realizar una búsqueda masiva e inmediata de los estudiantes; no obstante, esto no ha ocurrido.
“Nosotras seguimos firmes en nuestra lucha; por ello, le pedimos a la sociedad que nos ayuden a encontrar a los muchachos, pues ellos tienen derecho a una vida. Nuestra lucha es como de cientos de familias más que también están pasando por el mismo dolor”, precisó Sofía.
¿Cómo ocurrió la desaparición forzada de los tres jóvenes?
La noche del 19 de marzo, tras finalizar una grabación en el fraccionamiento Colinas de Tonalá -ubicado en el municipio del mismo nombre- los tres jóvenes emprendían el camino de regreso a casa cuando el vehículo en el que viajaban se averió.
Al bajarse para identificar la falla mecánica fueron abordados por un grupo de hombres armados, presuntamente integrantes de la Policía Estatal, quienes los obligaron a tirarse al piso para después llevárselos por la fuerza a bordo de las camionetas negras en las que viajaban. Esta información fue confirmada por otros estudiantes que también habían acudido a la grabación y observaron a distancia lo que pasó con sus compañeros.
A través de un video, las autoridades de Jalisco mostraron una línea de tiempo con la que explicaron qué fue lo que pasó después de que los jóvenes fueran desaparecidos entre el kilómetro 19 y 20 del nuevo Periférico Oriente, en el municipio de Tonalá, por presuntos policías; sin embargo, tras las pesquisas, se dijo que no fueron policías sino integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) que portaban uniformes apócrifos.
La Fiscalía precisó que, a través de 400 entrevistas, 15 cateos en diversos domicilios y la confesión directa de dos de los ocho responsables de los hechos, la desaparición de los jóvenes sucedió por una confusión pues el lugar donde éstos realizaron una filmación escolar (el día de su desaparición), había fungido como casa de seguridad de integrantes del Cártel de la Nueva Plaza (grupo que se creó tras una escisión del CJNG en la zona); específicamente, de Diego Gabriel Mejía Oliden, detenido el 15 de julio de 2015 tras habérsele localizado, en ese mismo domicilio, armas de alto calibre y droga.
Los tres jóvenes, según confesaron dos de los detenidos Gerardo N. y Omar N., fueron trasladados a una casa de seguridad ubicada en la calle Lechuza, en la colonia Pinar de Las Palomas en Tonalá, donde fueron golpeados y torturados para obtener información del por qué estaban en el domicilio y qué información tenían sobre sus rivales.
Pero los jóvenes nada sabían de esto, ya que el tiempo y las propias investigaciones han comprobado que ellos, no tenía vinculación alguna con la delincuencia organizada.
En esa casa de seguridad, según el expediente, los estudiantes fueron golpeados, razón por la cual se encontraron ahí rastros hemáticos que resultaron positivos con la información genética de Marco Francisco García Ávalos y Jesús Daniel Díaz García; sin embargo, de Javier Salomón Aceves Gastélum no se encontró registro de sangre.
Los hoy sentenciados por el delito de privación de la libertad (no por desaparición) también confesaron que después trasladaron a los estudiantes a una segunda casa de seguridad ubicada en la calle Amapola en la colonia Rancho de la Cruz también en Tonalá, donde aparentemente fueron asesinados para después disolver ahí en ácido sus cuerpos.
En dicho lugar, la Fiscalía aseguró haber localizado 46 tinacos y 56 litros de ácido sulfúrico, comúnmente utilizado por la delincuencia para disolver cadáveres; sin embargo, esta instancia no presentó los resultados de los análisis forenses realizados a los restos biológicos localizados en dichos tinacos o en las tuberías del domicilio; sus inferencias lógicas, basadas en la declaración de los detenidos y en los hallazgos localizados en el lugar, les hizo concluir que los estudiantes tuvieron ese triste final, pues así lo precisó, Elizabeth Torres, encargada de la investigación.
Lo cierto es que, a la fecha, no se han presentado los resultados de las confrontas entre el material genético localizado (más de 20 perfiles) y las muestras de ADN otorgadas por las familias de los estudiantes; la aseveración de que los cuerpos de los estudiantes fueron disueltos en ácido fue algo que la Fiscalía del Estado Jalisco no logró sostener científicamente en su rueda de prensa, aunque en ella y en el video utilizado se señalara que: “los estudiantes fueron privados de su libertad con la finalidad de dañarlos, para quitarles la vida, y posteriormente sus cuerpos fueron disueltos en ácido”.
Circunstancia que fue desmentida por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, pues los estudios realizados en esos bidones no muestran ningún tipo de rastro de restos humanos, únicamente presencia de diesel.
Por ello, es que a ocho años de la desaparición de Marco, Daniel y Salomón sus familias exigen que se les busque con vida.
Las detenciones
Por este caso, tras una serie de juicios, cinco personas recibieron sentencias condenatorias por 75 años de prisión por el delito de secuestro agravado, no por el desaparición, tal y como exigían las familias de los jóvenes estudiantes.
Las personas sentenciadas fueron Eduardo Geovani Gómez Reynoso, alias “Cochi”; Christian Omar Palma Gutiérrez, alias “QBA”; Jonathan Alejandro Anaya Delgadillo, alias “Kalimba”; Miguel Ángel Casillas Pérez, alias “Tun Tun” y Jonathan Josué Hernández Moreno, alias “Choco”; sin embargo, ese día se dejó en libertad a Alejandro N., pues no existieron pruebas contundentes de que éste hubiera participado en los hechos, algo que los padres desmienten, pues en la carpeta de investigación se sabe que éste sí fue copartícipe de la desaparición de los tres estudiantes.
Sobre las denuncias por presuntos actos de tortura contra algunas de las personas detenidas, las autoridades de Jalisco no han emitido información alguna.
