El ataque armado contra el ambientalista Erik Saracho en San Pancho, Nayarit, puso en foco de alerta denuncias de organizaciones sobre la violencia contra defensores del territorio, conflictos por desarrollos inmobiliarios y omisiones de autoridades en la protección ambiental.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
El pasado 11 de marzo en San Pancho, Nayarit, un atentado contra la vida del activista ambiental Erik Saracho encendió nuevamente las alertas sobre los riesgos que enfrentan quienes defienden el territorio en México. Integrantes de la Red de Medio Ambiente en Sustentabilidad (RedMAS) y organizaciones comunitarias denunciaron que la agresión no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un contexto de presión, conflictos ambientales y omisiones institucionales en la región de Bahía de Banderas.
En este contexto, María González Valencia, activista y coordinadora del Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC) advierte que la violencia contra personas defensoras responde a una tendencia regional: “la región, en este caso occidente, tiene altos números de personas agredidas o asesinadas”, señala.
“La defensa de la tierra y el territorio ocupa los primeros lugares de riesgo a nivel internacional, y en este sentido, si hablamos de América Latina, los países con mayor riesgo en defensa de tierra y territorio o derechos ambientales son Colombia, México y Brasil”. México ocupa el tercer lugar a nivel global en asesinatos de personas defensoras ambientales, de acuerdo a datos de Global Witness.
El ataque hacia Saracho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, cuando recibió dos impactos de bala afuera de su domicilio. De acuerdo con el comunicado emitido por la comunidad y organizaciones, el ambientalista, que es director de Alianza Jaguar y fundador de la RedMAS, fue trasladado de emergencia a un hospital.
Indira Santos, ambientalista chilena con más de dos décadas de trabajo en México y colega de Saracho, advierte que la violencia contra defensores no puede desvincularse del modelo de desarrollo que impera en la región: “Cuando el capital inmobiliario, el desarrollo inmobiliario, está por encima del valor ambiental, esto eso es lo que pasa”.
Santos también participa activamente en la fundación de espacios comunitarios y procesos de organización local, y forma parte de las redes ambientales que operan en la zona: ella explica que RedMAS se trata de una línea de apoyo que une a colectivos, asociaciones civiles y fundaciones que trabajan en la defensa del territorio en distintos municipios de Nayarit y Jalisco: “somos una red colectivos, organizaciones civiles, fundaciones, etcétera, que se enfocan en procesos ambientales, en defensoría del territorio, y que cuidan especies emblemáticas como tortugas, ballenas, jaguares. Somos una red que está conformada por asociaciones de Puerto Vallarta, Bahía de Banderas, Compostela. Incluso hay algunos miembros que están en San Blas y otros que están en Ruiz, en el norte del estado de Nayarit”, explica.
La relación entre activismo ambiental y conflictos territoriales en Nayarit no es reciente. Santos recuerda que desde hace más de dos décadas, ella y Saracho han trabajado en problemáticas como el manejo de residuos:
“Conozco a Erik desde hace como unos 20 años. A nosotros nos unió el tema de la basura. Juntos, con otras personas, también hicimos el primer centro de acopio de Bahía de Banderas de reciclaje. Fuimos, de alguna manera, los pioneros en poner centros de acopio en la región de Bahía de Banderas”.
En los últimos años el foco de la organización se ha desplazado hacia el desarrollo inmobiliario en zonas costeras. De acuerdo con Indira, uno de los conflictos más recientes se ubica entre Sayulita y San Pancho, donde comunidades han intentado incidir en proyectos turísticos para garantizar el acceso público a la playa: “nosotros pudimos, de alguna manera, sobre todo con el apoyo de Erik, poder incidir en que ese desarrollo permitiera el acceso libre a las playas, que también es un tema importante”.
No obstante, algunos conflictos más agudos se mantienen en tensión: “Todo esto pasa en un contexto de violencias, que tienen una intencionalidad. Y la intencionalidad es la protección al gran capital”, subraya González Valencia en este sentido. Por su parte, Santos denuncia que existen desarrollos que han invadido zonas protegidas, como dunas costeras, sin resoluciones oficiales:
“Hace un par de años a San Pancho llegó un desarrollo que se apropió de 1738 metros cuadrados de duna costera y de zona federal. Construyeron un condominio sobre la duna costera sobrepasando la ley. PROFEPA decretó la demolición del edificio en esa zona de invasión y la restauración de la duna costera. Entonces, nosotros llamamos a las autoridades federales a que ese pronunciamiento, eso que manifestó Profepa, que es la autoridad máxima, se cumpla”.
Además, señala que la presión contra personas defensoras también se ha dado por vías legales y ha alcanzado niveles agravantes, como en el caso de Saracho: “A cinco ambientalistas se les indujo a una a un proceso de denuncia civil en el cual se les congelaron sus cuentas de banco, y les pusieron lo que se llama la ley mordaza. Estos compañeros y compañeras, que son cinco, hace más de 7 años que tienen sus cuentas de banco congeladas y no pueden pronunciarse, ni emitir, ni comunicar nada relacionado con el desarrollo de Punta Paraíso”.
Entonces, las organizaciones ambientales que luchan por el bienestar de Punta Paraíso hacen un llamado muy claro:
“Hacemos un llamado a la autoridad federal, a la Fiscalía General de la República, para que este caso sea investigado por la Federación. Para que se lleve a la justicia y se encuentren a los autores materiales y los autores intelectuales, para que de alguna manera se sienta el precedente. Ya estamos cansados de que México sea uno de los países donde mueren más defensores ambientales por año”.
También, se espera una revisión institucional más amplia sobre las decisiones en materia ambiental en la región: “Buscamos que la SEMARNAT haga una observación minuciosa de las acciones y las actividades en los últimos meses, tanto en la delegación de Tepic y Nayarit, como en el departamento de desarrollo urbano en el municipio de Bahía de Banderas”.
En esa línea, se insiste en la necesidad de acciones estructurales por parte del Estado. “Tiene que haber estrategias de las propias autoridades y del Estado mexicano para reconocer el derecho a defender, y para proteger el derecho a defender”, señala González Valencia.
El más reciente atentado contra el miembro de la RedMAS no sólo evidencia los riesgos individuales del activismo, sino que también pone el reflector sobre las tensiones estructurales existentes entre el desarrollo económico, la protección ambiental y los derechos humanos: “Si va a llegar la inversión inmobiliaria, que también llegue la inversión en los servicios básicos del sistema”, declara Indira al respecto.
Asimismo, el impacto de estas agresiones trasciende a las personas directamente afectadas: “La mejor herramienta para desmovilizar es la violencia, y la mejor herramienta para desmovilizar es el miedo. Cuando suceden este tipo de agresiones, hacia nuestros cuerpos, tienen efectos muy poderosos”, señala González Valencia.
“Cuando alguien es agredido o cuando alguien es asesinado, en esa colectividad que se estaba defendiendo, es muy humano que la primera reacción sea el miedo. Y el miedo es una reacción natural, pero el miedo también desmoviliza. El miedo fragmenta, el miedo divide. Y obviamente esa es la intencionalidad de quienes provocan estas agresiones: romper. Romper la organización, romper la movilización, romper la defensa contra las injusticias”.
El caso de Erik Saracho se suma a una larga lista de agresiones contra personas defensoras del territorio en México, uno de los países más peligrosos para esta labor. Mientras el ambientalista se recupera, la comunidad de San Pancho insiste en que la justicia y la protección no pueden postergarse.
