Organizaciones regionales denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la grave crisis humanitaria provocada por los acuerdos de “terceros países”, impulsados por la administración de Donald Trump. Alertando que estos mecanismo son ilegales y opacos.
Por Karen García / @karen_gdlt
Durante la audiencia “Situación de las personas deportadas, expulsadas o trasladadas en el contexto de la movilidad humana”, veintidós organizaciones regionales, entre ellas el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI), denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la crisis de derechos humanos por la que están padeciendo las personas migrantes deportadas en la administración del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
En el último año del mandato de Donald Trump, se multiplicaron la firma de acuerdo opacos con países Latinoamericanos y del Caribe para fungir como “terceros países”, esto mediante mecanismos ilegales que violan la Convención Americana sobre Derechos Humanos, obligando a países como Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Panamá, Honduras y México a recibir a personas migrantes deportadas de naciones no pertenecientes a estos. Lo anterior sucede en contextos en los que no existe una infraestructura o sistemas de asilo funcional, violando la integridad y derechos humanos de las personas.
Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, explicó para Zona Docs que los países latinos se ven obligados a firmar debido a que son productos de presiones diplomáticas y económicas por parte de Estados Unidos, esto desde la primera administración de Donald Trump en 2017. Sin embargo, estas políticas se han agravado durante este segundo mandato.
Las condiciones en que cada nación recibe a las personas deportadas son distintas, pero todas en condiciones indignas y sin infraestructura. Por ejemplo, en El Salvador, de registraron 252 jóvenes venezolanos en una “situación de crueldad extrema”, debido a que fueron deportados bajo engaños y recluidos en el centro de Confinamiento de la Corrupción y el Terrorismo (CECOT), una cárcel de máxima seguridad, en donde fueron víctimas de desaparición forzada por más de cuatro meses, así como fueron torturados, abusados sexualmente y devueltos a Venezuela, violando el principio de no devolución.
Además, el regresarlos a sus países también los coloca en una posición de riesgo, ya que muchos de ellos fueron desplazados debido a la situación económica o de violencia.
Mientras que, en Panamá y Costa Rica, han sido retenidos en campamentos de detención en condiciones inhumanas, se les ha negado asilo, las mujeres son víctimas de abuso sexual, entre otras violaciones a los derechos humanos.
Estos acuerdos son ilegales, debido a que muchos de estos han sido conversaciones entre naciones.
“Tenemos tres tipos de acuerdos formales, escritos, para encarcelar y también acuerdos informales hablados o por lo menos no públicos. Como es el caso de México.”, expresó Gretchen.
Al enviar a personas a “terceros países” en condiciones enteramente no favorables, en el que las no conocen el territorio, no hablan el idioma, no tienen donde dormir, donde atender su salud o donde habitar, les pone en condiciones inseguras y vulnerables, negándoles todo tipo de protección.
Gretchen explicó que se ha detectado que los traslados se hacen vía terrestre en autobuses, en los cuales, el Instituto de Migración en el caso de México u otras autoridades migratorias de los países a los que son enviados, los ponen bajo custodia en estaciones migratorias, después de un viaje de entre 30 y 50 horas, sin ningún documento migratorio, sin ninguna explicación de qué hacer y sin ninguna evaluación de sus posibles necesidades de protección internacional.
“Para las personas es un shock total. No solamente porque desconocen México, sino que no saben cuáles son sus derechos, no tienen un documento migratorio, no saben necesariamente que pueden solicitar asilo en México, cuál es el procedimiento, cuántos días tienen, dónde tienen que ir. Todo esto es información que tienen que buscar”, comentó la directora de IMUMI.
Es por eso que las organizaciones enfatizaron que estas políticas impactan tanto a la salud física como a la psicológica, pues se les expone a situaciones de violencia. Además, los países involucrados están incumpliendo con el principio de no devolución y la prohibición de tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Asimismo, Gretchen comentó que se está realizando un litigio en los Estados Unidos para tener una resolución de estos convenios, lo cual ha subido a varias instancias en el país, esto puede provocar que el gobierno estadounidense apele y que eventualmente llegue a la Suprema Corte.
Es así como las organizaciones hicieron un llamado urgente a las y los comisionados, al Relator Especial de las Naciones Unidas y al Representante Regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), para activar los siguientes mecanismos:
- Documento Técnico y Operativo que especifique las obligaciones en materia de derechos humanos de los países del hemisferio que han suscrito estos acuerdos y los obligue a rendir cuentas, evitando que las “ficciones legales” sirvan para evadir responsabilidades.
- Opinión Consultiva. Solicitar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una interpretación vinculante sobre la legalidad de estas expulsiones a la luz de la Convención Americana, garantizando la participación de la sociedad civil en la formulación de las preguntas.
- Monitoreo directo. La realización de visitas in situ para supervisar las condiciones de detención y garantizar que no se sigan produciendo devoluciones en cadena hacia países donde la vida de las personas migrantes corre peligro.
Puedes consultar el comunicado de IMUMI aquí.
