La Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco revocó la vinculación a proceso de uno de los principales sospechosos en la desaparición de Ronaldo González Alduñez, desaparecido en 2022 en Tonalá. La decisión, basada en la supuesta falta de pruebas, ocurre tras una investigación marcada por cambios de ministerios públicos, omisiones y fallas en la integración del caso.
Por Aletse Torres Flores /@aletse1799
Ronaldo González Alduñez fue desaparecido el 21 de junio de 2022 en la colonia Camichines II, en el municipio de Tonalá, Jalisco. Desde ese día, su familia, su madre, su padre y su hermana Fabiola no han dejado de buscarlo.
La búsqueda no se ha limitado a las calles, a las jornadas en campo o a la pega de fichas; también ha implicado sostener un proceso institucional que, con el paso del tiempo, se ha ido fragmentando entre omisiones, cambios de funcionarios y decisiones que terminaron por debilitar el caso.
Casi dos años después, cuando parecía que la investigación comenzaba a sostenerse en tribunales, volvió a romperse. El 23 de marzo de 2026, el colectivo Luz de Esperanza Desaparecidos Jalisco informó que la Segunda Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado revocó la vinculación a proceso de uno de los principales sospechosos en la desaparición de Ronaldo.
La decisión, señalaron, se tomó por la falta de datos de prueba suficientes para acreditar su probable participación. Entre los elementos desestimados está el cruce de ubicaciones telefónicas, uno de los principales indicios presentados por la Fiscalía. Para la familia, sin embargo, esa falta de elementos no es un punto de partida, sino el resultado de una investigación que se fue debilitando en cada etapa.
Fabiola, su hermana, ha tenido que reconstruir el proceso desde su propia experiencia, aprendiendo sobre la marcha cómo funciona una carpeta de investigación que nunca les explicaron. “Nosotros no somos ministerios públicos, no somos jueces… somos la familia”, dice, al describir un caso que ha pasado por al menos cuatro ministerios públicos, donde cada cambio implicó empezar de nuevo, volver a explicar, volver a insistir para que se hicieran diligencias que debían ser básicas.
El primer ministerio público que llevó el caso, recuerda, no trabajó durante más de un año. “Nos jugó el dedo en la boca”, dice. Fue hasta que la familia presentó quejas ante derechos humanos y visitaduría que llegó una nueva agente, Rosa Paulina Vázquez Méndez, quien comenzó a retomar la investigación y a trabajar de forma más cercana con ellos. “Ya empezó a trabajar en conjunto con nosotros”, recuerda Fabiola.
Uno de los avances más importantes en ese momento fue la obtención de la sábana de llamadas. La familia la había solicitado desde el inicio, pero una de las más relevantes, la del ahora imputado, tardó casi dos años en llegar.
“No nos llegaba… y era la más importante”, cuenta. Cuando finalmente fue analizada, el analista Eric perteneciente al Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano les explicó a la familia cómo las coincidencias entre antenas telefónicas permitían ubicar a esa persona en los mismos puntos que Ronaldo en momentos clave después de su desaparición.
“Nos explicaba los segundos, los minutos, cómo coincidían… él decía que era una persona que daba orden de aprehensión”, relata.
A partir de ese análisis, Paulina dejó integrada una orden de aprehensión que incluía no solo la sábana de llamadas, sino otros elementos de la carpeta que daban contexto a la posible participación del señalado. Para la familia, ese fue el momento en el que el caso empezó a sostenerse. “Ahí iba bien”, dice Fabiola.
Pero ese avance no se mantuvo.
Con el cambio de gobierno en Jalisco, Paulina fue removida del caso. La orden de aprehensión que había dejado lista no se ejecutó. La carpeta pasó a manos de una nueva Ministerio Público: Carolina Hernández Hernández. A partir de ese momento, el caso cambió de dirección.
Carolina solicitó tiempo para revisar la carpeta. La familia accedió, pero ese proceso se extendió por casi un año. Durante ese tiempo, Fabiola y sus padres insistieron, presentaron quejas y buscaron que el caso no se quedara detenido. Cuando finalmente se emitió una nueva orden de aprehensión, ya no incluía los mismos elementos.
“Quitó todos los puntos que había realizado Paulina”, explica Fabiola, señalando que se eliminaron datos que daban contexto al caso y que la nueva orden se sostuvo principalmente en la sábana de llamadas. Esa decisión, añade, fue validada por el encargado de la dirección de personas desaparecidas, Francisco Javier Becerra. “Dijo que ya le habían dado luz verde”, recuerda.
La familia lo advirtió en su momento. “Le dijimos que esa orden iba muy encarecida, que así no iba a sostenerse”, cuenta Fabiola. La respuesta fue que con eso bastaba.
El 4 de diciembre de 2025, el señalado fue detenido. Un día después se llevó a cabo la primera audiencia y el 10 de diciembre un juez determinó que permanecería en prisión preventiva mientras se presentaban más pruebas. Todo ocurrió rápido, incluso sin que los ministerios públicos que acompañaban el caso en ese momento, como Felipe de Jesús Acosta y la licenciada Amelia, tuvieran tiempo suficiente para prepararse.
“Se nos hizo muy raro porque todo fue rapidísimo”, dice Fabiola. Aun así, la familia pensó que, después de dos años, finalmente había una posibilidad de avanzar.
Esa expectativa se rompió en marzo. El 6 de marzo de 2026, la Segunda Sala resolvió revocar la vinculación a proceso. La familia no fue notificada. Fue hasta el 13 de marzo, cuando acudieron directamente con un magistrado, que se enteraron de que el caso ya había sido resuelto y que la persona sería liberada.
“Nosotros sí lloramos”, dice Fabiola. “Tenemos miedo porque es una persona de alto cuidado”.
La falta de comunicación no fue un error menor. Días antes, Fabiola había llamado a la Fiscalía para preguntar cómo iba el caso. Le respondieron que seguía en etapa complementaria, que después vendría la acusación. Para entonces, la resolución ya existía.
“¿Cómo que no sabían?”, cuestiona. “No hay comunicación ni entre ellos”.
A esa falla se suma otra que la familia considera central: la forma en que se valoraron los elementos del caso. La resolución del tribunal señala que los datos de prueba no eran suficientes, particularmente el cruce de ubicaciones telefónicas. Sin embargo, ese análisis nunca fue explicado de manera técnica ante el juez. El especialista que lo realizó, el licenciado Eric, no fue llamado a declarar.
“Como víctimas indirectas no nos dejaron hacer eso”, dice Fabiola.
En contraste, la defensa del imputado sí pudo presentar su propia interpretación de la información. “El defensor llevó una USB y él hizo sus propios cruces”, explica. Para la familia, esa diferencia implica que una prueba clave no fue contextualizada ni explicada correctamente, perdiendo peso dentro del proceso.
Así, lo que hoy aparece como falta de elementos también es resultado de cómo se integraron, de qué se eliminó y de qué no se explicó. Las fallas no son aisladas. Se acumulan.
Falla la investigación cuando se eliminan elementos que daban contexto. Falla la continuidad cuando cambian a los ministerios públicos. Falla el tiempo cuando pruebas clave tardan años en llegar. Falla la comunicación cuando no se notifica a la familia sobre resoluciones que cambian el rumbo del caso. Falla el análisis cuando los indicios no se explican ni se valoran de forma integral.
El resultado es el mismo, el caso “se cae”, pero las consecuencias no se quedan en lo jurídico.
Con la liberación del imputado, la familia enfrenta un riesgo directo. Se trata de una persona cercana a Ronaldo, que conoce a su entorno y que sabe dónde vive la familia. “Yo tengo miedo de salir”, dice Fabiola. “Salgo a búsquedas, a pegar fichas… pero tengo miedo”.
Las medidas de protección no son suficientes. “El pulso de vida falla, se queda sin señal, se descarga rápido… es lo único que tenemos”, explica. En ese contexto, la resolución no solo implica un retroceso en el caso, sino una afectación directa a su seguridad y a su derecho a la verdad.
El colectivo Luz de Esperanza ha advertido que este no es un caso aislado. Han documentado múltiples situaciones en las que, al momento de judicializar, los casos se caen por falta de elementos. Las familias enfrentan obstáculos para acceder a pruebas, mientras que las investigaciones se integran con debilidad y bajo criterios que no consideran la complejidad de las desapariciones.
En ese proceso, las familias terminan haciendo lo que le corresponde al Estado. El 18 de marzo, cinco días después de enterarse de la resolución, Fabiola presentó un amparo. Lo hizo con un abogado particular. Lo llevó ella misma.
Ahora espera que el juzgado federal revise las violaciones a derechos humanos en el caso y corrija el rumbo de una investigación que, hasta ahora, ha estado marcada por omisiones, retrasos y decisiones que han terminado por obstaculizar el acceso a la verdad y la justicia.
Mientras tanto, la pregunta sigue abierta: ¿Dónde está Ronaldo? y ¿cuando su familia podrá acceder a la verdad y a la justicia?
“Yo solo espero, que hagan algo, que no se queden esperando a que nosotros tengamos que hacer su trabajo. A que yo les mande la notificación, a que tenga que contratar un abogado para entender los procesos, a que les importe buscar a mi hermano” concluyó la buscadora.
