El reclutamiento forzado y la trata de niñas, niños y adolescentes en México no sólo persisten, sino que se profundizan en contextos de violencia, desigualdad y omisiones de parte del Estado. Desde Niñez Primero, impulsado por la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) especialistas expresaron la importancia de conocer el fenómeno, sus implicaciones y consecuencias bajo un contexto donde las instituciones siguen fallando en prevenir estas violencias.
Por: Alondra Ángel Rodriguez / @AlondraAngelRo
Hablar de reclutamiento forzado y trata de niñas, niños y adolescentes implica reconocer una crisis sostenida que se alimenta por la desigualdad, las violencias estructurales y la ausencia de políticas públicas efectivas que les cuiden.
El proyecto Niñez Primero: incidencia y atención contra la trata y reclutamiento de niñas, niños y adolescentes en México impulsado por la Red por los derechos de la infancia en México (REDIM) busca abrir espacios de análisis y articulación frente a este fenómeno.
“Niñez primero: trata y reclutamiento”, fue un espacio de diálogo en el que especialistas plantearon la necesidad de construir respuestas colectivas ante una problemática que rebasa a las instituciones. Si bien, hay un interés por la atención, cuidado y protección de niñas, niños y adolescentes los diagnósticos presentados evidencian que a pesar de los esfuerzos la respuesta sigue siendo fragmentada.
Juan Carlos Quirarte, investigador y especialista en procesos de atención a niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo desde su experiencia advirtió que uno de los principales problemas es la forma en cómo las infancias han sido relegadas en la agenda pública: “Este grupo etario, según lo que he podido percibir, también ha quedado por lo general en un espacio muy complejo de invisibilización sobre todo de negligencias en muchas áreas y por muchos sectores de la sociedad en general, de instituciones y de sociedad civil”, mencionó.
Agregó que esta invisibilización no es accidental, está profundamente vinculada con la forma en que el Estado ha priorizado a ciertos sectores y ha dejado en segundo plano la protección integral de niñas, niños y adolescentes, particularmente en contextos que están atravesados por el crimen organizado.
En medio de estos escenarios las y los adolescentes enfrentan un riesgo particular al ser un grupo especialmente vulnerable al reclutamiento.
Carlos definió el reclutamiento como la separación física del entorno familiar y comunitario para la participación directa en actividades que promuevan, induzcan, faciliten, financien o colaboren en cualquier actividad ilegal de grupos delictivos organizados o grupos armados, recurriendo a cualquier forma de violencia, amenaza, coerción o engaño y que conlleva la vulneración o falta de garantía de sus derechos.
Los factores de riesgo en la utilización de infancias y adolescencias para estos fines son las características familiares, comunitarias e institucionales que aumenta la probabilidad de que puedan ser víctimas de reclutamiento y utilización de la delincuencia organizada. Y es que, la adolescencia es una etapa en la que se intensifica las necesidades de pertenencia y reconocimiento de la identidad, lo que puede ser aprovechado por redes de reclutamiento, sumado a la falta de intervención oportuna de parte de las instituciones que les expone a procesos de captación que suelen comenzar de manera sutil y escalar progresivamente.
Si bien, hay una narrativa donde se cree que niños y adolescentes casi de manera voluntaria se suman a estos grupos no es así; los especialistas consideran que se debe entender que “son víctimas precisamente por las formas de enganche, de atracción y reclutamiento”, mencionó Juan Carlos.
Por su parte, Fernando García, destacó la importancia de nombrar correctamente el problema, no sólo desde la academia, sino desde la realidad que viven niñas, niños y adolescentes. Agregó que este proceso no ocurre de manera voluntaria en términos reales, sino que está atravesado por distintas formas de violencia, por lo que, hizo hincapié en entender que el reclutamiento no puede entenderse como una “decisión”, sino como una consecuencia de condiciones estructurales que limitan las opciones de vida de infancias y adolescentes.
En cuanto a los fines del reclutamiento, este responde a una lógica diferenciada por género y contexto: las niñas y adolescentes mayormente son captadas para fines de explotación sexual, mientras que los niños y adolescentes son incorporados en actividades criminales o trabajos forzados.
El reclutamiento deja secuelas que trascienden luego de la captación y se extienden con el tiempo, particularmente en el ámbito de la salud mental y la integridad personal, ya que las violencias vividas durante este proceso generan traumas, consumo problemático de sustancias y una ruptura de la percepción de la seguridad.
Respecto a esto Fernando mencionó que es necesario una atención integral que contemple no sólo a la dimensión física, también acompañamiento psicosocial y el acceso a la justicia: “generalmente va a causar una afectación psicológica muy grave, va a romper completamente la estructura familiar, el tejido social se deshace y evidentemente cambia la perspectiva en cuanto a su proyecto de vida”, comentó el investigador.
Es así que la desvinculación de infancias y adolescencias de estas estructuras delictivas no puede pensarse como un proceso inmediato ni individual, sino que requiere condiciones específicas que permitan reconstruir sus proyectos de vida como un trato digno de parte de las autoridades, el conocimiento de sus derechos, así como, la generación de nuevas oportunidades, tanto educativas como laborales. Sin estas condiciones, el riesgo de reincidencia se mantiene latente.
Fernando expresó que el reclutamiento debe entenderse como un proceso dinámico que se transforma según el contexto social, político y económico y no responde a una única forma de operación, sino que se adapta a condiciones de territorio, los cambios de grupos delictivos y coyunturas de violencia.
“Aunque es el mismo fenómeno va adoptando distintas estrategias, distintos rostros teniendo distintas necesidades organizacionales, y en función de eso va cambiando, entonces también hay que entenderlo como un proceso que no es estático”, comentó Fernando.
Lo anterior dificulta la atención de los casos, ya que las estrategias institucionales suelen quedarse rezagadas frente a la capacidad de adaptación de estas mismas. Además, el proceso posterior al reclutamiento, la atención a las víctimas, continúa siendo uno de los eslabones más débiles, quedando muchas veces en el abandono institucional.
Quirarte y García presentaron una serie de recomendaciones al Estado entre las que destacan: establecer un registro estatal unificado de infancias y adolescentes en riesgo y víctimas de violencias; implementar programas de reintegración con acompañamiento psicológico y educativo; fortalecer presencia institucional del municipio en zonas rurales y de riesgo; identificación de adolescentes con uso problemático de sustancias psicoactivas y financiar mecanismos permanentes de protección y no únicamente campañas.
Las organizaciones civiles recomendaron crear protocolos para la detección y canalización; fortalecer el trabajo territorial y sostenido con familias, escuelas y realizar incidencia con base en los datos, así como establecer esquemas de colaboración con colectivos e, incluso, iglesias. Para la implementación de las políticas públicas consideraron importante priorizar la prevención comunitaria y escolar; vincular la protección con estrategias de desarrollo local y empleo juvenil, así como, garantizar una legislación que atienda la problemática del reclutamiento de niñas, niños y adolescentes que incluya la protección y la no criminalización de las víctimas.
“La única manera en que podemos abordarlo es que sea realmente en sinergia, que exista colaboración en la que no busquemos llevar nuestro logotipo por delante, sino que es un cambio urgentísimo para que esta población no siga siendo victimizada, revictimización y tampoco sea solamente una cuestión reactiva sino trabajar y mantenerse como un proceso permanente continuo de trabajo y abordaje”, concluyó Quirarte.
