En 1934, las tortilleras de Guadalajara demandaron a sus empleadores y transformaron sus exigencias en un contrato colectivo, un hito que hoy se resguarda en el Archivo General del Estado de Jalisco.El sindicato que formaron logró garantizar descansos de maternidad y periodos de lactancia. A través del Círculo Feminista de Occidente, estas trabajadoras aprendieron a leer y escribir para poder firmar sus propias demandas.
Texto e investigación por Mariana Recamier / @marirecamier (IG) / @Marirecamier (X)
Ilustraciones por Diana Soto / @weirdu_u (IG)
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En 1934, las tortillas que acompañaban las comidas de quienes vivían en Guadalajara eran elaboradas a mano por mujeres que trabajaban en negocios dispersos por toda la ciudad. Muchas eran migrantes de otros pueblos o ciudades, varias eran madres y todas compartían condiciones similares: salarios bajos, jornadas que superaban las 12 horas y una exposición constante al humo de la leña que afectaba su salud.
Cansadas de trabajar así, este grupo de mujeres decidieron crear un sindicato, demandar a sus empleadores, proponer un contrato colectivo y con ello sumarse a las pioneras en la exigencia de derechos laborales en México.
Parte de su historia se encuentra en una caja del Archivo General del Estado de Jalisco. En ella se resguarda una carpeta con actas de sesiones del sindicato, demandas formales, informes sobre el costo del maíz y elaboración de tortillas, el contrato colectivo donde las tortilleras exigen sus derechos y sus firmas certificadas. Algunos folios están en buenas condiciones y se pueden leer a la perfección y otros han perdido color y nitidez por los años. Este es un esfuerzo por recuperar su historia.
La primera huella de su lucha en el archivo digitalizado para esta historia es del 15 de mayo de 1934. Angela Hernández, secretaria general del Sindicato de elaboradoras de tortillas de Guadalajara, redactó un documento con esa fecha dirigido al presidente de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en el que demanda a 11 dueños de tortillerías para que firmen un contrato colectivo y solicita una fecha para una audiencia entre empleadores y la agrupación. En un segundo documento casi idéntico demanda a tres dueños de tortillerías más el 19 de mayo.
El contrato está íntegro en la carpeta e incluye 15 artículos a lo largo de dos hojas. El primer artículo menciona que los propietarios de tortillerías o sus representantes deben reconocer al sindicato y tienen que comprometerse a contratar sólo a tortilleras de la organización. Esto era para poder garantizar en colectivo sus derechos y no permitir que contrataran a otras mujeres en peores condiciones, como sueldos más bajos.
El segundo artículo se enfoca en la regulación de la jornada laboral. Es ahí donde las tortilleras piden se reconozca como jornada de trabajo la de ocho horas diarias, conforme a lo dispuesto en la Ley Federal del Trabajo de 1931, la primera en su tipo en México y que fue resultado de la Revolución mexicana y diversas luchas obreras, no obstante, no se respetaba en muchos rubros y lugares del país.
“Entrábamos a las 3:00 de la mañana, a las 3:30. Trabajábamos todo el día y salíamos hasta las 6”, dijo Ana María Hernández Lucas, secretaria general del Sindicato de elaboradoras de tortillas a partir de 1935, en una entrevista realizada el 17 de agosto de 1996 por María Teresa Fernández Aceves, doctora en historia por la Universidad de Illinois en Chicago, Estados Unidos.
La investigadora, quien también es profesora en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas) unidad Occidente, ha desarrollado diversos proyectos enfocados en los sindicatos de Guadalajara. Entrevistó a Hernández Lucas en 1996, 1998, 2000 y 2002 y el testimonio de la tortillera ahora se encuentra en el capítulo “Pasión y sentimientos en la lucha sindical de Ana María Hernández Lucas, 1920-1990” del libro Mujeres en espacios normativos: disciplinamiento, poder y resistencia en México (siglos XVIII al XXI), coordinado por Susana Gutiérrez-Portillo y Clementina Campos Reyes.
Hernández Lucas explicó en esas entrevistas que en las tortillerías de esa época se colocaba un comal grande de barro y las tortillas se elaboraban con leña. Alrededor del comal podían trabajar entre cuatro y cinco mujeres, cada una con su metate y su recipiente con agua para amasar. El pago era de dos centavos por dos kilos de masa torteada a mano y tenían que hacer 38 tortillas por un kilo. En el contrato entregado por Angela Hernández se proponen cinco centavos por kilo torteado.
“Su trabajo era sumamente importante. El pago que recibían era muy bajo, pero lo que hacían era vital para la población. Trabajaban de 10 a 12 horas al día y, al estar en contacto constante con el comal y la leña, con el tiempo se veían seriamente afectadas por el humo, lo que les provocaba problemas graves en las vías respiratorias y en el corazón”, dice Fernández Aceves en entrevista desde su oficina, llena de libros y archivos sobre los movimientos obreros en México.
Es probable que por esta razón, las tortilleras sindicalizadas redactaran en el artículo quinto de su contrato que los dueños de las tortillerías se tenían que comprometer a acondicionar los hornos y comales, de acuerdo con lo que establecía el Reglamento del Consejo Superior de Salubridad.
Así, poco a poco, las mujeres organizadas plantean en el contrato la defensa de sus derechos, entre ellos las vacaciones con goce de sueldo, la obligación de las trabajadoras únicamente a la elaboración de tortillas y no al acarreo de masa, leña o agua, así como la garantía de vacaciones anuales y, en caso de despido, la solicitud de una investigación previa. También retoman el artículo de la Ley Federal del Trabajo que establece que por seis días de trabajo corresponde un día de descanso.
Derechos para las madres
El artículo sexto del contrato busca proteger a aquellas tortilleras que eran madres. En ese párrafo, las trabajadoras piden que se respete el artículo 79 de la Ley Federal del Trabajo, que indica que las mujeres tienen derecho a ocho días de descanso antes de la fecha de parto y un mes después del mismo, con el respeto de su salario. Además, se considera que durante el periodo de lactancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno, para amamantar a sus hijos.
“Las maestras en Guadalajara obtienen el derecho al descanso de maternidad en 1941 (siete años después que la fecha en la que se redactó el contrato de las tortilleras). Ese descanso no se da en automático, no era tan fácil”, asegura la doctora en historia Fernández Aceves.
El tema de la maternidad también está presente en un acta de sesión del sindicato. El 23 de marzo de 1934, las tortilleras tuvieron una reunión nocturna en la que discutieron que una expendedora contrató a una trabajadora que no pertenecía al sindicato en lugar de Guadalupe Hernández, quien tuvo que dejar su trabajo por estar cerca de parir. Las sindicalistas acordaron solicitar su reinstalación en el empleo. Así, en pequeños gestos también se refleja una lucha laboral en defensa de las madres.
Un proceso largo
Ambas demandas interpuestas por la secretaria general del sindicato son admitidas, la junta de conciliación propone que la audiencia para discutir el contrato propuesto sea el 25 de mayo y se informa a los dueños de las tortillerías para que asistan.
Ese día sólo llegan las representantes del sindicato y una dueña de tortillerías, María P. de Castellanos, presenta un documento en el que acepta todos los puntos del contrato colectivo, menos el precio del kilo de tortillas torteadas. Argumenta que el aumento solicitado:
“significaría la muerte de las industrias” y generaría una competencia desleal con negocios pequeños que no tienen empleadas y pueden vender a menor precio. Ella sugiere que los precios “deben ser estudiados de acuerdo con las necesidades de la industria”
El proceso que vino después fue largo. La junta de conciliación citó a varias audiencias y reunió pruebas. En ese tiempo, Castellanos reconoció ser propietaria de varios negocios, se hicieron inspecciones para confirmar qué trabajadoras pertenecían al sindicato y ambas partes presentaron sus pruebas con apoyo de peritos.
El 8 de junio de 1934, mientras el conflicto seguía en curso, la junta incluyó un informe en el caso sobre el costo de producir tortillas. En esos documentos se informó que los dueños de tortillerías enfrentaban pérdidas por el precio del maíz, los gastos de producción y la competencia de quienes vendían más barato desde tiendas o casas.
Durante los meses siguientes, el proceso avanzó entre documentos y audiencias. El sindicato insistió en que se resolviera el caso, mientras que la mayoría de los demandados no se presentaron en las sesiones de conciliación. En agosto, la Junta elaboró el proyecto de resolución, donde reconoció que la agrupación había probado su demanda y que los dueños debían firmar el contrato colectivo, aunque se iba a ajustar el pago a tres centavos por kilo de masa elaborada, en vez de cinco como lo solicitaba el sindicato.
El 24 de agosto, la Junta pidió a los propietarios firmar el contrato. Sin embargo, no respondieron ni acudieron. Frente a esto, el sindicato insistió en exigir su cumplimiento, como se confirma en los oficios que quedaron resguardados en el archivo estatal.
Siete meses después de la primera demanda interpuesta por la secretaria general del sindicato, el 3 de diciembre de 1934, las tortilleras consiguieron que el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, Francisco Lenarduzi Acosta, firmara el contrato colectivo en representación de los dueños de las tortillerías. A partir de ese momento, los derechos que habían exigido entraron en vigor de manera indefinida y el documento final fijó un pago de cinco centavos por kilo.
Ana María Hernández Lucas
Los últimos dos documentos de la carpeta digitalizada tienen fecha de agosto de 1935 y son firmados por Ana María Hernández Lucas como secretaria general del sindicato. Uno de ellos demuestra la continuidad de la lucha por sus derechos porque es una solicitud para que se notifique a los dueños de las tortillerías la obligación de cumplir el contrato colectivo de trabajo.
La firma de Hernández Lucas en esos documentos es la misma que aparece en las imágenes del capítulo sobre ella escrito por la doctora en historia Fernández Aceves para el libro Mujeres en espacios normativos: disciplinamiento, poder y resistencia en México (siglos XVIII al XXI).
En el libro, la investigadora menciona que Hernández Lucas nació en la Ciudad de México. Sus padres fueron Jacinto Lucas, soldado durante la Revolución Mexicana, y María Guadalupe Hernández. Juntos tuvieron cinco hijos: tres mujeres y dos hombres. Ella era la menor. Su padre murió en 1916, casi al final del conflicto armado, y la madre solicitó la pensión de viuda durante la presidencia de Álvaro Obregón. Al obtenerla, la familia migró a Guadalajara.
Su madre vendía pan de grasa, elotes y dulces en la calle y fue tortillera para poder sostener a su familia en la capital de Jalisco. Sus cinco hijos la acompañaban mientras ella trabajaba y Hernández Lucas empezó a trabajar desde los siete años en una tortillería. No pudo ir a la escuela por los horarios de la industria del nixtamal, que comenzaban de madrugada y se extendían hasta las seis de la tarde.
En ese contexto, Hernández Lucas y su madre fueron testigos de la formación de siete sindicatos dedicados a la elaboración de tortillas en Guadalajara entre 1928 y 1945: la Unión Revolucionaria de Torteadoras de Guadalajara, la Unión de Obreras Elaboradoras de Tortilla, la Unión Social de Elaboradoras de Tortillas, la Unión de Elaboradoras de Tortilla, la Unión de Obreras Emancipadas de Tortillerías en Pequeño, la Unión Industrial de Trabajadoras en Obradores de Tortillerías del Municipio de Guadalajara y el Sindicato de Elaboradoras de Tortillas.
La historiadora Fernández Aceves explica que, durante la Revolución Mexicana, muchas mujeres trabajaban en distintos sectores como la industria textil y que, en la década de 1920, comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales y el derecho a formar sindicatos y asociaciones laborales. En esos años existía una diversidad de uniones y sindicatos, pero el sector que adquirió mayor fuerza en Guadalajara fue el de la industria del nixtamal.
“Son mujeres que se organizan desde abajo por sus propias experiencias laborales y por las experiencias de la Revolución y no están trabajando de manera aislada en Guadalajara, sino que mantienen alianzas con otras mujeres del país”, comenta la investigadora.
Hernández Lucas y su madre se sumaron a esa fuerza: comenzaron a asistir a las juntas del Sindicato de Elaboradoras de Tortilla. En una de las sesiones, se votó para que la madre asumiera el cargo de secretaria general, pero rechazó el nombramiento y propuso a su hija. Así, en 1935, a los 22 años, Hernández Lucas coordina la agrupación.
En esa misma época, una figura clave en el respaldo a las trabajadoras de la masa y la tortilla fue la obrera textil María Arcelia Díaz. En 1927, junto con siete maestras, fundó el Círculo Feminista de Occidente, una agrupación que fomentaba que las mujeres aprendieran a leer y escribir y recibieran educación política para que pudieran ejercer sus derechos.
“Ella fomenta que las mujeres trabajadoras sean mujeres modernas y el ser mujer moderna significaba estar informada de tus derechos. María Arcelia Díaz y las mujeres del círculo feminista les informaban que tenían derecho a la educación, a formar un sindicato o cualquier organización que quisieran, a recibir el salario mínimo y a recibir el mismo salario que los hombres si desempeñaban el mismo trabajo”, comenta la historiadora Fernández Aceves.
Muchas mujeres de la industria nixtamalera no sabían leer ni escribir. El Círculo Feminista de Occidente se convirtió en un espacio de alfabetización y concientización política para ellas. La doctora en historia relata que Hernández Lucas mencionó que Guadalupe Martínez, maestra y cofundadora de la organización, le enseñó a leer y escribir en la escuela donde daba clases.
La carpeta del archivo estatal es una prueba histórica de estos aprendizajes. Muchos de estos documentos muestran cómo las mujeres aprendieron a leer y escribir para defender sus derechos laborales. A lo largo de tres folios se registran sus firmas, en algunos casos los primeros registros de su escritura, ahora apenas visibles por el desgaste de la tinta.
“Para nosotros fue lo más grande en la vida”, dijo Hernández Lucas sobre el Círculo Feminista de Occidente en una entrevista realizada el 8 de agosto de 1998 por Fernández Aceves.
Estas experiencias muestran que, en la región de Guadalajara, las mujeres buscaban sobre todo mejorar sus condiciones de vida y de trabajo, más que la obtención del derecho al voto, que fue posible hasta 1953 para las mujeres mexicanas, casi dos décadas después de estas luchas sindicales.
“El sufragio era un punto, pero no era la demanda número uno. La demanda de las mujeres de Guadalajara era garantizar un trabajo, poder organizar un sindicato y contar con que ese sindicato las representara y defendiera”, argumenta la doctora en historia.
Las malas condiciones laborales seguían
A pesar de la organización gremial, en la década de 1940 las condiciones de trabajo de las tortilleras aún no eran las mejores, aunque habían cambiado en comparación con 1934. De acuerdo con el capítulo de la doctora Fernández Aceves, Paula Alegría, jefa de la Oficina Investigadora de la Situación de la Mujer y los Menores Trabajadores de la Secretaría de Trabajo, reportó en noviembre de 1941 que las trabajadoras recibían cuatro centavos por kilo de tortillas, elaboraban un promedio de 20 kilos diarios y su jornada de trabajo era de 9 horas.
“El salario mínimo no se alcanzaba ni en casos excepcionales, debido a que, además del sindicato antes señalado, existía otro cuyas trabajadoras prestaban sus servicios por salarios aún menores. Su jornada de trabajo era de 9 horas diarias”, cita el documento.
Para elaborar este informe, Alegría y Hernández Lucas, quien también fue inspectora laboral y representante obrera ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, recorrieron la Federación de Trabajadores de Jalisco y distintos centros de trabajo de la industria del nixtamal en Guadalajara.
El informe muestra que en 1941 existían alrededor de 25 sindicatos de mujeres en Guadalajara. Entre los más importantes se encontraban el Sindicato Único de Trabajadoras de la Costura y Similares, con 90 miembros; el Sindicato de Molineras, con 175 socias; la Unión de Expendedoras de Masa, con 320 socias; y el Sindicato de Elaboradoras de Tortillas, con 406 integrantes.
El documento también señala que las trabajadoras pertenecían al sindicato de elaboradoras de tortillas, al que aportaban una cuota semanal de 10 centavos. A cambio, las organizaciones le ofrecían acceso a una escuela donde podían aprender a leer y escribir, además de taquigrafía, mecanografía y corte y confección.
“Lo que hoy muchas mujeres tenemos se lo debemos a mujeres que vivieron a principios del siglo XX. El hecho de contar con un salario justo se lo debemos a ellas, que lucharon por informarse y por mejorar sus condiciones de vida y las de las mujeres de la clase trabajadora, lo que también tuvo un impacto en mujeres de otras clases sociales. Aprendemos mucho de ellas”, concluye la historiadora Fernández Aceves.
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