#AlianzaTerritorial
Este reportaje forma parte del proyecto “Desplazamiento forzado, una herida sin sanar en México”
Por Landy Valle
Calles vacías y un silencio ensordecedor son los testigos de la tragedia que hace más de cuatro años se registró en las comunidades de la sierra del municipio de Jerez de García Salinas, Zacatecas, en donde cientos de familias fueron víctimas de la maldad del hombre, que les obligó a dejar sus trabajos, pertenencias y sus vidas.
Jerez de García Salinas se ubica a 57 kilómetros de la capital zacatecana, es considerado uno de los siete pueblos mágicos del estado, el cual padeció momentos difíciles por la inseguridad.
La pugna por el territorio entre los grupos del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y el Cartel de Sinaloa fue como un huracán de violencia que inició en 2021 y que, a la fecha, la herida social no logra sanar.
De acuerdo con las autoridades municipales, en total fueron 22 comunidades desplazadas y más de 2 mil 500 personas obligadas a dejar sus hogares, cargando con ellas el miedo y la incertidumbre en los hombros; sentimientos que aún se perciben entre los que decidieron volver a reclamar lo suyo: su tierra y su hogar.
La comunidad de Palmas Altas, ubicada en la zona serrana de Jerez de García Salinas, ya no tiene las pintas del “CJNG” o el “Mayo”, que se ubicaban en la entrada del poblado. Las autoridades se encargaron de borrarlas. Aunque los recuerdos perduran.
Como una horrible pesadilla, Benjamín Carrillo, habitante de Palmas Altas, recuerda las fechas y horas en que los grupos del crimen arremetieron en contra de los pobladores, situación que sembró el miedo y que fue clave para que el 4 de marzo del 2021 se decidieran a dejar su casas para ponerse a salvo.
La madrugada de ese día la disputa entre los grupos armados tocó de manera directa a las familias. El asesinato de “El tilico”, un mecánico de la comunidad, junto con su hijo Jorge de 19 años de edad, marcó un antes y un después en Palmas Altas.
Tras descubrir el asesinato, sumado a las desapariciones de seis personas días atrás, Benjamín dejó de postergar su salida de Palmas Altas para poner en resguardo a su familia, “porque esta gente no se va a detener (…) pronto, les dije: saquen lo que puedan y vámonos (…). Ese día, medio rancho nos salimos”, recordó Benjamín.
Pensando en que la violencia pronto acabaría, junto a su familia se estableció en la cabecera municipal de Jerez, como muchas otras, pero el terror continuó más de lo esperado.
Pasaron los meses y a la distancia se daban cuenta de que las desapariciones se seguían cometiendo, tanto en Palmas Altas, Sarabia, Sauz de los García y otras localidades, “y el gobierno ni sus luces”.
Fue hasta septiembre que, a pesar del miedo, Benjamín intentó acercarse a Palmas Altas porque todas sus pertenencias se encontraban ahí, “afortunadamente no nos habían saqueado la casa”. Tomó documentos oficiales, ropa y algunos otros objetos.
Para octubre, solo vivían cinco familias en la comunidad, “ya casi todos se habían salido”. Pese a ello Benjamín comenzó a sentir confianza, “a ser más fuerte que el miedo” e intentar establecerse nuevamente en su casa, sin embargo, la paz duró muy poco.
Banjamín y su familia solo pudieron permanecer un mes en la comunidad, cuando el riesgo regresó. El 27 de noviembre, un joven conocido como “Picho” fue levantado y asesinado junto con su esposa. Al día siguiente fueron localizados sus cuerpos en Fresnillo.
En la misma fecha, cerca de Palmas Altas se desató una balacera y el propio Benjamín tuvo la mala experiencia de ser detenido por las personas del cartel para una supuesta revisión. “Está limpio, somos del Cartel del Golfo y andamos limpiando la zona”, le advirtieron.
Al día siguiente se pudo observar en las calles el rastro de la violencia. Casas saqueadas, ropa, zapatos, una camioneta y hasta tractores se quedaron a la mitad de la calle después de la huida de los grupos armados. “Como deja un huracán cuando pasa”.
Por estos hechos las cinco familias que permanecían en Palmas Altas se dieron por vencidas y decidieron dejar su comunidad.
La única opción que tuvieron fue ir y venir diariamente para no dejar sus tierras y animales, que representan los principales sustentos económicos, es a lo que se dedican esas familias. Así, antes de que el sol cayera, ya tenían que estar de regreso en Jerez, aunque esto no los exentaba de ver a sujetos armados en el camino.
Solidaridad y respaldo
Sin respuesta de las autoridades durante todo 2021, la comunidad migrante y la solidaridad de los ciudadanos fue una pieza clave para sostener a las familias que de manera directa se enfrentaron a las adversidades de la inseguridad.
Los paisanos en el extranjero apoyaron económicamente a las familias locales para que pudieran rentar una casa en la cabecera municipal. Otras personas optaron por mudarse a Estados Unidos.
Jerez es uno de los municipios con mayor porcentaje de población que ha emigrado hacia Estados Unidos, en muchos casos, emprendieron negocios en este país que prosperaron, lo que les permitió invertir en sus hogares de origen, en este caso, en las comunidades del pueblo mágico.
Sin embargo, con la llegada del crimen organizado a los pueblos jerezanos y el saqueo a las casas, los habitantes perdieron las inversiones millonarias que habían hecho, tanto en la construcción de éstas, como en la compra de muebles. Incluso, les dio miedo regresar a visitar su terruño.
Con este desplazamiento, ciudadanos organizados y la iglesia católica se movilizaron para brindar una contención a las familias. Aimé Alanís Pérez, integrante del Colegio de Psicólogos Profesionales para el Bienestar Social A.C., relató la intervención psicosocial que realizaron durante tres meses con las personas afectadas.
El objetivo principal de estas acciones fue brindar una contención a las víctimas de desplazamiento forzado, “algo que pensaron que nunca podría llegar a ocurrir y que de alguna manera fue un parteaguas que marcó mucho sus vidas, al dejar de un día para otro absolutamente todo”.
La psicóloga explicó que cada persona vivió de manera distinta la situación, sin embargo, para los hombres fue una experiencia muy fuerte.
“Se sintieron impotentes y muy rebasados por el hecho de sentir que no podían proteger a su familia, que estaba fuera de su alcance el poder brindar seguridad y protección a sus hijos y su pareja. Era muy frustrante y les costaba, por el mismo sistema cultural y social que tenemos en Latinoamérica, hablar de las emociones, pero aun así estaban muy conmovidos y afectados”, relató Aimé Alanís.
Un campo de guerra
Para febrero de 2022, Palmas Altas se convirtió en una zona de guerra, las pocas familias que continuaban en el pueblo fueron echadas por los grupos armados. “Que supuestamente aquí iba a ser un campo de guerra, hasta que no lograran llegar a Jerez, era según su objetivo”, compartió Benjamín.
Expuso que su comunidad fue de las más afectadas porque se encontraban en el centro de un triángulo, donde conectaba la cabecera municipal de Jerez, Fresnillo y Valparaíso, lo que atribuyó a que la zona favoreciera las operaciones de los grupos armados.
Por cuenta propia, Benjamín comenzó a buscar ayuda con las autoridades. Buscaba, junto a otros vecinos, regresar para recuperar los objetos de mayor valor, debido a que habían visto cómo en otras comunidades las casas estaban completamente saqueadas.
El primer contacto fue con Marco Antonio Vargas Duarte, en ese entonces, secretario de gobierno del Ayuntamiento de Jerez de García Salinas, quien le expuso la intención de instalar en junio de ese año un destacamento en Sarabia, Monte de los García y otras comunidades, aunque eso no pasó.
La ayuda no llegó por parte del municipio, sino por el Ejercito Mexicano, quienes acompañaron a cerca de 40 familias a su comunidad para sacar algunas de sus pertenencias, este hecho, dijo Benjamín, fue solo una práctica para lo que vendría.
El 17 de febrero que se preparó el operativo en el que se trasladaron las familias de Palmas Altas para poder sacar sus cosas: refrigeradores, estufas, herramientas de trabajo, entre otras pertenencias.
Significó un hecho sin precedentes: las imágenes de la caravana de camionetas llenas con todas sus bienes recorrieron los medios nacionales. Hoy los pobladores siguen cuestionando: “¿por qué las autoridades prefirieron acompañar a las familias para sacar sus pertenencias, en lugar de sacar a los grupos delincuenciales?”.
Ese día Benjamín lo sigue recordando con mucho dolor junto a su familia, “ahí sí lloramos. Nos sentimos humillados por dejar todo por la maldad del hombre”, relató con lágrimas en los ojos.
El desplazamiento forzado de las comunidades de Jerez llegó hasta la Ciudad de México, cuando decidieron movilizarse hacia la Cámara de Diputados y a la mañanera del pueblo, con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Tenían el propósito de exigir condiciones de seguridad para poder regresar a sus hogares.
Las familias difundieron en medios nacionales cómo fueron desplazados, sin embargo, no tuvieron mesas de trabajo con los legisladores.
Se movilizaron al edificio de la Guardia Nacional y ahí Lucía Calderón, encargada de la seguridad en al menos cinco estados: Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí, y Michoacán, se comprometió a que en dos semanas colocarían una base de seguridad en la comunidad, aunque aclararon que tenía que ser autorizada por el gobernador, David Monreal Ávila, quien hasta ese momento no había solicitado apoyo de la federación.
Era principios de marzo, casi un año de que inició su peregrinar, cuando comenzaron las acciones de seguridad, “hicieron limpia de todos los malandros”, recordó Benjamín.
Sin recuperar población
Para el 14 de marzo del 2022 les avisaron que podían volver a sus casas con la garantía de que se instalaría un cuartel de la Guardia Nacional en la entrada del pueblo, en una de las tantas casas abandonadas.
Al llegar a Palmas Altas se encontraron con el desastre que dejaron los grupos armados. Algunos, incluso, tuvieron que reconstruir por completo sus casas.
Benjamín recordó que poco a poco la población comenzó a regresar, aunque no en su totalidad. Calculó que únicamente alrededor del 30 por ciento de los pobladores decidió volver, “y se puede decir que, hasta la fecha, la mayoría no volvió”.
A cuatro años de los hechos esto se puede constatar al ver las calles vacías, además de los candados colocados en puertas y portones. “Es gente que agarró mucho miedo y otros que se fueron hasta Estados Unidos”.
Benjamín hizo el recuento de algunas comunidades: Juana González tiene dos familias; en San Antonio de Ordóñez regresaron cinco y en Sarabiam solo retornaron 20.
En el regreso el gobierno del estado sí acudió. “Vino a tomarse la foto donde supuestamente las comunidades desplazadas ya estaban activas y que según habían venido a reparar todas las viviendas, cuando solo pintó dos o tres casas, nomás para la foto”, dijo Benjamín en tono de reclamo.
No se puede hacer confianza
Aun y cuando se tiene presencia de la Guardia Nacional de manera permanente, reconoció que todavía no se puede tener confianza en la seguridad. Relató que en meses recientes tiraron poncha llantas (puntillas de fierro) en la carretera, “porque todavía están ahí (los grupos armados), entre los cerros”.
Consideró que no ven el beneficio en que la Guardia Nacional esté patrullando al azar, “necesitan ir al punto porque ellos saben dónde están. Si ellos ya saben, ¿por qué no actúan y se meten al cerro?”, cuestionó.
Poco a poco las comunidades han tenido la confianza de retomar sus actividades recreativas. Sarabia, otra de las comunidades desplazadas, este 2026 celebró el 90 aniversario de su fundación y lo festejó con la presentación de una banda musical que reunió a todas las familias, al menos a las que regresaron.
Un residente de la comunidad, quien solicitó omitir su nombre, aseguró: “nosotros no estamos confiados, ni pensando que ya pasó todo, pero es nuestra tierra”.
Relató que reactivar su actividad económica en las comunidades fue difícil, “nos ha costado, perdimos mucho, pero si no crecemos aquí en nuestra tierra, entonces no vamos a poder crecer en ninguna parte. Estamos tratando de sacar a nuestro rancho adelante”.
Aunque más allá de la riqueza material que pudieran obtener y preservar en Sarabia, aseguró que su mayor anhelo es, “recuperar la libertad que teníamos, por eso luchamos actualmente, porque nos quitaron mucho”.
Admitió que debido al riesgo que corrían los jóvenes con la presencia de los grupos delincuenciales, la mayoría de los que regresaron son personas mayores. “La juventud corría el peligro de que los levantaran, por ello, tratamos de que se fueran a Estados Unidos o agarraron trabajos en la ciudad, por eso no regresaron”.
A pesar de que pasaron cuatro años del desplazamiento, reconoció que continua el miedo y la desconfianza, “yo ya no confío ni en mi sombra, no se puede confiar en nada cuando están las cosas como están en todo el estado”.
Sin embargo, reconoció: “siempre regreso a Sarabia. No hay otro lugar tan hermoso como aquí. Conozco muchísimas partes de Estados Unidos, pero ninguna es de uno”.
Una ley sin aplicar
De acuerdo con los testimonios, la mayoría de la recuperación de las viviendas se logró por el esfuerzo de los habitantes. En algunos casos se les apoyó para restaurarlas, pero no hubo un plan de acción para brindar un seguimiento, como lo establece la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas, aprobada en marzo del 2022 y publicada en el Periódico Oficial estatal hasta el 1 de octubre de ese año.
El diputado local David González Hernández, quien presentó la iniciativa, detalló el Congreso del estado hizo su parte aprobando la legislación, sin embargo, las condiciones para su aplicación le correspondían al Ejecutivo.
Explicó que actualmente no se tiene registro de que alguna comunidad o una persona en lo individual, esté haciendo uso de esta ley.
“Ellos iban a hacerse responsables de aglomerar a las instancias que tuvieran relación en alguna situación de estas, incluido en los municipios, pero al día de hoy, por ejemplo, no se ha instalado la mesa que tenga que ver con el desplazamiento forzado”, declaró.
De acuerdo con la ley, se debió crear el Sistema Estatal de Atención Integral al Desplazamiento Forzado Interno, el cual es el encargado de prevenir, atender, proteger y generar soluciones duraderas para las personas desplazadas, así como formular y ejecutar el Programa Estatal, no obstante, no fue establecido.
El diputado reconoció que por parte del gobierno del estado realizaron acciones de seguridad e infraestructura para el retorno de las familias, pero no encaminadas a la prevención, “con un registro estatal de las personas desplazadas, con el Consejo que tiene que estar involucrado con esta situación de prevención del desplazamiento y bueno, pues que hablar del fondo que debe de existir”.
Destacó que Zacatecas es la cuarta entidad con una ley de desplazamiento forzado, sin embargo, reconoció la necesidad de legislar en la materia a nivel federal, “hay antecedentes a nivel nacional, pero ninguna ha sido considerada”.
Una promesa sin cumplir
En 2022, el gobernador David Monreal anunció la construcción de un Destacamento Regional de Seguridad (Deres) en la comunidad de Palmas Altas, no obstante, a cuatro años del desplazamiento de las familias y casi al término de la gestión del mandatario, no se ha cumplido.
Los mismos pobladores donaron un terreno a la entrada de la comunidad para su instalación, aunque fue hasta junio de 2025 que concluyó el proceso para la entrega de tierras a las autoridades para la construcción de este proyecto, el cual busca fortalecer la seguridad de más de 25 comunidades serranas.
Manuel Eduardo Flores Sonduk, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública de Zacatecas (SESESP) informó que serán dos destacamentos que se instalarán en las comunidades desplazadas: Víboras, comunidad de Tepetongo y Palmas Altas, de Jerez de García Salina. El proyecto tendrá una inversión de 6 millones de pesos en cada uno, utilizando recursos federales y estatales.
Según el funcionario, el objetivo de estos espacios será que permanezcan los tres órdenes de gobierno y están planeados en tres módulos con cocina, comedor, dormitorios y una zona de capacitación. Expuso que la inauguración de estos espacios se espera realizar para finales de octubre.
Recuperación y acción de Estado
Marco Antonio Vargas Duarte, quien actualmente se desempeña como responsable de Atención a las Familias Desplazadas, consideró que un aspecto que ayuda a que las familias vayan cicatrizando la herida social es la seguridad que hoy se tiene en la zona.
Destacó que por ello mantienen bases de operación en algunas de las comunidades, además de la presencia de las fuerzas federales y estatales con recorridos por las carreteras y comunidades.
“Esa presencia de las fuerzas del orden permite que esa cicatriz vaya sanando poco a poco, pero evidentemente no regresó toda la gente, aquellas personas que no regresaron son quienes realmente vivieron momentos muy difíciles”, compartió.
Pese a que la Ley para la Prevención y Atención del Desplazamiento Forzado Interno en el Estado de Zacatecas no se aplicó, Vargas Duarte aseguró que no quedó en letra muerta, al haberse invertido recursos económicos por parte del municipio, el estado y la federación, para atender los daños que se generaron en las comunidades.
A pesar de que en 2022 las familias apenas estaban regresando a sus viviendas, el funcionario aseguró que se restauró el Estado de Derecho de toda la región, “ya no he visto algún problema”.
Afirmó que se han regularizado las vidas de las familias en las comunidades de Jerez, pese a que no deja de existir en el ánimo colectivo la incertidumbre “de que aquello que sucedió vuelva a repetirse”.
