Colectivas denunciaron una estrategia de desinformación por parte de agresores vicarios en Puebla, en un contexto donde, aunque no existen cifras oficiales nacionales sobre este tipo de violencia, organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) estiman la atención de al menos 150 casos al año y ubican al estado entre los de mayor incidencia en el país.
Por Elizabeth Vázquez / @maeliz_v
El pasado 8 de abril, la colectiva Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria denunció mediante un comunicado la manipulación de información y el uso de narrativas institucionales para desacreditar la violencia vicaria en Puebla. La colectiva, acompañada de diversas organizaciones, señala la existencia de diversos mecanismos de intimidación por parte de agresores vicarios para tergiversar información con el objetivo de generar confusión y deslegitimar la lucha contra este tipo de violencia.
El comunicado señala que, como parte de estas estrategias de deslegitimación, una organización conocida como Colectivo Nacional de Mujeres por la Igualdad se ha posicionado en redes sociales en días recientes con un discurso machista y anti derechos bajo el lema #SoyPapáNoCriminal, referenciando un supuesto acuerdo con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas de Puebla (CEEAVI).
Las colectivas desmintieron esta versión y aclararon que “no existe tal acuerdo”, subrayando que, en cumplimiento de su mandato como organismo público, la CEEAVI únicamente recibió en audiencia al grupo, “sin que se haya pactado protocolo o acuerdo alguno”.
El documento advierte que este tipo de acciones forman parte de una estrategia recurrente de los agresores vicarios para incidir en la percepción pública, aparentar legitimidad institucional y ejercer presión sobre las víctimas.
“Se trata de una práctica recurrente que aprovecha la misoginia y el machismo imperantes en la sociedad para cambiar la narrativa a su favor y perpetuar la violencia”, señalan.
Las firmantes expresaron su preocupación por la existencia de “antecedentes documentados de violencia vicaria y terrorismo judicial” en el estado por parte del representante de la organización en Puebla, David N. Se afirma que, a partir de acusaciones fabricadas y abuso de vacíos legales, mantuvo a una de las integrantes de Madres Exigiendo Justicia Contra la Violencia Vicaria separada de su hija durante siete años.
En este contexto, exigen a la CEEAVI que aclare públicamente la inexistencia de acuerdos con dicho colectivo y que reafirme su compromiso con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, evitando el uso de falsas narrativas como mecanismo de presión psicológica contra las víctimas de violencia vicaria.
Las organizaciones también destacaron que la Ley Vicaria responda a una problemática real y documentada, reconocida tanto por organismos nacionales como internacionales, por lo que su legitimidad “no puede ser socavada por colectivos que buscan proteger a agresores”.
Finalmente, las colectivas denunciantes reiteran que continuarán defendiendo el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, y advierten que no permitirán que quienes ejercen violencia vicaria se presenten como víctimas para continuar dañando a mujeres, niñas y niños.
