La posibilidad de un juez federal ordene reabrir la carpeta de investigación en México por los delitos vinculados a la organización religiosa La luz del Mundo representa mucho más que un trámite judicial. Para las víctimas significa la esperanza de romper con años de impunidad y tener acceso a la justicia. Además de ser un momento relevante para evaluar la actuación del sistema de justicia mexicano frente a actos de violencia sexual y las redes de protección institucional.
El caso adquirió relevancia nuevamente luego de qué se impugnara la determinación de la Fiscalía General de la República (FGR) para cerrar la carpeta de investigación que permaneció abierta durante varios años sin avances. De acuerdo con lo expuesto por víctimas y organizaciones que les acompañan el expediente fue archivado pese a la existencia de antecedentes judiciales en Estados Unidos y denuncias públicas sostenidas desde hace varios años.
Desde Tejiendo Redes Infancia se expresó que la reapertura del caso podría convertirse en un precedente respecto a la atención de delitos sexuales, cometidos contra niñas, niños y adolescentes en contextos de poder religioso y político.
Por Alondra Angel Rodríguez / @AlondraAngelRo
De acuerdo con un documento difundido por dos de las víctimas que denunciaron a los líderes de La Luz del Mundo por abuso sexual infantil ante la Fiscalía Especializada en Investigación de Tráfico de Menores, Personas y Órganos (FEITPOC), las autoridades dieron “carpetazo” a la investigación dos semanas después de que Ernestina Godoy asumirá a la titularidad de la dependencia. Para finales de 2025, la FEITPOC declaró el “no ejercicio de la acción penal” contra el líder de la iglesia Naasón Joaquín García, quien cumple una condena de 16 años y 8 meses de prisión en Estados Unidos.
Lo anterior resulta contradictorio, luego de una investigación iniciada por la FGR en 2019 gracias a las denuncias presentadas por Sóchil Martín y Sharim Guzmán, víctimas y sobrevivientes que fueron testigos claves para lograr que Naasón Joaquín fuera sentenciado en Estados Unidos y declarado culpable por la violación de tres menores de edad.
Las estadísticas reflejan un sistema rebasado y con dificultades para investigar delitos complejos como los que se persiguen en el caso de La Luz del mundo, es decir, cuando los hechos involucran redes de poder estructural, cerradas o personas con influencia política, económica y religiosa. En estos casos las posibilidades de esclarecer responsabilidades suelen reducirse aún más.
Así lo revela Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes Infancia, quien reconoce que “los datos oficiales muestran que dependiendo del delito, por cada 100 carpetas de investigación, hay una impunidad del 90 al 95%. En delitos sexuales puede alcanzar hasta el 97%”.
Juan Martín agregó que en el caso de La Luz del Mundo no se trata de denuncias aisladas, sino de hechos que ya tuvieron consecuencias judiciales en el extranjero. Por ello, consideró que el cierre de la carpeta en México genera cuestionamientos sobre la consistencia institucional entre lo acreditado fuera del país y lo que se ha investigado internamente.
“La Luz del Mundo tiene especial escándalo y preocupación porque en Estados Unidos la persona misma se ha autodeclarado culpable con toda la evidencia, con muchas víctimas que están señalando estas agresiones sistemáticas o como red criminal”, comentó el coordinador.
Pérez García recordó que en este tipo de casos, donde niñas, niños y adolescentes son víctimas de violencia sexual dentro de estructuras jerárquicas o de control religioso, las denuncias rara vez ocurren de forma “inmediata”. En estos eventos, usualmente predomina el miedo, la dependencia económica con la persona agresora, e incluso, la normalización de la violencia y la autoridad del agresor. Estas situaciones suelen inhibir cualquier posibilidad de hablar:
“Particularmente en el caso de niños y niñas necesitaríamos insistir en que muchas de las víctimas infantiles no tienen las condiciones y la fuerza para poder denunciar en esa etapa de vida. Por ejemplo, una de las víctimas más activas lo hizo en la edad adulta, aunque haya sido víctima en su infancia”, comentó Juan Martin.
Juan Martín agregó que la discusión pública no debe confundirse con una confrontación a la libertad religiosa, ya que el derecho a profesar una creencia está protegido constitucionalmente. Sin embargo, ninguna asociación religiosa está exenta del cumplimiento de la ley ni debe garantizar su autonomía interna para encubrir delitos.
Cuando existen indicios de violencia sexual, trata, explotación o abuso contra personas menores de edad la obligación del Estado es investigar, garantizar protección y sancionar a los responsables sin privilegios derivados del poder económico, político o religioso que ostenten:
“Cada persona tenemos una espiritualidad y derecho a la libre creencia, pero un mínimo de conciencia es que tú religión no haga daño a las personas, porque entonces puede ser otra cosa no religión, no espiritualidad”, agregó.
Juan Martín mencionó que independientemente de la resolución judicial, el reto de fondo sigue siendo desmontar las condiciones que permitan la repetición de estos casos e hizo hincapié en que la impunidad no sólo afecta a las víctimas directas, sino que fortalecer redes de protección, inhibe nuevas denuncias y envía un mensaje de qué ciertos grupos o personas pueden operar sin consecuencias legales.
Es por ello que sostuvo que la respuesta institucional no puede realizarse con una sola audiencia, sino que debe traducirse en investigaciones eficaces, rendición de cuentas y sanciones reales.
Además, advirtió que combatir la impunidad, también implica identificar responsabilidades públicas y corregir omisiones acumuladas durante años.
Para Juan Martin, el caso de La Luz del Mundo puede convertirse en una oportunidad para demostrar que las instituciones pueden actuar frente a estructuras de poder cuando colocan a las víctimas en el centro y se cumple con su obligación de garantizar la justicia.
Desde Tejiendo Redes infancia, la postura frente al caso es que más allá de esta resolución, la FGR tiene la obligación de activar nuevas líneas de investigación, transparentar quien decidió cerrar el expediente en primer lugar y construir una estrategia específica para atender un caso de alto impacto en la que podrían existir redes de protección política e institucional:
“La fiscalía tiene que abrir nuevas líneas de investigación basados en la existencia de una sentencia en Estados Unidos y crear una estrategia específica para atender este caso, precisamente considerando el alto impacto de las redes políticas. Entonces, la línea de investigación de conexiones políticas tiene que ser uno de las credenciales en esta investigación”, concluyó el coordinador.
