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Las revisiones de estatus migratorio en líneas de autobuses son actos de discriminación que vulneran el derecho constitucional al libre tránsito, determinó el Vigésimo Tribunal Colegiado; la sentencia ordena al Instituto Nacional de Migración garantizar que cualquier persona pueda adquirir boletos sin acreditar su situación legal en el país.
Por Redacción de La Verdad Juárez
Un tribunal federal declaró inconstitucional la política del Instituto Nacional de Migración (INM) que obligaba a empresas de autobuses foráneos a verificar el estatus migratorio de los pasajeros.
La resolución, derivada del Amparo en Revisión 686/2025, establece que estas revisiones vulneran el derecho al libre tránsito y al principio de no discriminación.
El Instituto de las Mujeres en la Migración (IMUMI) dio a conocer la resolución emitida por el Vigésimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México respecto al amparo impulsado por la propia organización y la Clínica de Derechos Humanos del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM (PUDH-UNAM).
El IMUMI indicó que el fallo protege el derecho al libre tránsito y pone freno a las políticas discriminatorias que han obstaculizado la movilidad segura para las personas migrantes en México.
“Transportar a una persona migrante dentro del país, mediante un servicio comercial regular, no constituye un delito de tráfico de personas” indicó al compartir el comunicado con la resolución del tribunal colegiado.
De acuerdo con la información proporcionada, la sentencia declara inconstitucional la política del INM, implementada mediante diversos oficios emitidos entre 2019 y 2021, que instruía a las empresas de autotransporte de pasajeros y turismo a verificar el estatus migratorio de las personas usuarias y negarles el servicio si no acreditan su estancia migratoria regular en el país.
“El Tribunal determinó que estas medidas vulneran el derecho al libre tránsito, establecido en el artículo 11 de la Constitución mexicana, de la población migrante y mexicana”, señaló el IMUMI.
El organización señaló que la resolución del tribunal aclara que las empresas de transporte no tienen facultades, conforme a la Ley de Migración, para actuar como agentes migratorios al revisar el estatus migratorio de las personas extranjeras en el país.
De acuerdo con el análisis jurídico, estas políticas restrictivas resultan contraproducentes y peligrosas, ya que incentivan el mercado negro de tráfico de personas migrantes y ponen en riesgo la vida, dignidad e integridad física de las personas en movilidad en el país, se indicó.
Lineamientos obligatorios para el INM
Como parte de la sentencia, el Poder Judicial ordenó al Instituto Nacional de Migración cumplir con los siguientes puntos:
- Crear y difundir una estrategia de acción donde se establezca expresamente que las personas pueden adquirir boletos de autobús en cualquier taquilla y central de autobuses sin tener que identificarse ni comprobar su situación migratoria.
- Difundir esa estrategia por los canales apropiados para que llegue a las personas migrantes, empleando mensajes bajo una perspectiva de género, infancia y etaria.
- Diseñar e implementar un programa de visitas de verificación en las centrales de autobuses para constatar que las personas usuarias puedan adquirir boletos sin identificarse y que no sean detenidas durante sus traslados y llegada a sus destinos.
Con esta resolución, el Poder Judicial establece que la gestión migratoria debe subordinarse a los principios constitucionales, priorizando la dignidad humana sobre las políticas de contención.
De acuerdo con el IMUMI el Poder Judicial envía un mensaje claro: la movilidad humana no es un delito y la gestión migratoria no puede estar por encima de la Constitución.
“Esta victoria jurídica no sólo restituye el derecho al libre tránsito, sino que rompe con un paradigma de criminalización que empujaba a las personas migrantes —especialmente a mujeres, niñas y niños— a rutas clandestinas. Hoy se sientan las bases para una política migratoria que priorice la dignidad humana sobre la contención migratoria y la criminalización”, se difundió.
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Este trabajo fue publicado originalmente en La Verdad Juárez que forma parte de la Alianza Territorial. Aquí puedes consultar la publicación original.
