SCJN ordena reconocer a autoridades rarámuri para emitir actas de nacimiento y defunción

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El amparo obtenido obliga a las autoridades mexicanas a generar políticas públicas que garanticen que el Registro Civil emita actas de nacimiento y de defunción para la comunidad de Tehuerichi.

Por Patricia Mayorga/Raíchali

Chihuahua – La comunidad rarámuri de Tehuerichi, en el municipio de Carichí, ganó una lucha histórica para los pueblos originarios de Chihuahua, después de que por décadas, se les han obstaculizado los trámites de sucesión de tierras, porque no se les reconoce su validez jurídica por confusión y deficiencias en actas de nacimiento que las mismas autoridades mestizas han provocado.

El pasado 5 de marzo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en pleno el amparo en revisión 423/2025, en el que les otorga validez jurídica a sus sistemas normativas, como validar las constancias emitidas por el gobernador tradicional o siríame.

Es decir, el amparo obtenido obliga a las autoridades mexicanas a generar políticas públicas que garanticen que el Registro Civil emita actas de nacimiento y de defunción para la comunidad de Tehuerichi.

“La comunidad de Tehuerichi tiene más de mil 600 habitantes y se encuentra a 12 horas de camino a pie de Carichí. Durante muchos años la comunidad recibió negativas del Registro Civil para emitir actas de defunción, pues las familias no contaban con los documentos requeridos por la burocracia, tales como certificados de defunción emitidos por el Ministerio Público o algún hospital. Esto, sin tomar en cuenta su entorno, las deficiencias del mismo sistema gubernamental para dar esos documentos cerca de la comunidad y el sistema normativo tradicional”, explica la organización Consultoría Técnica Comunitaria (Contec).

“Eso (trámites) no nos inculcaron nuestros ancestros, valía la palabra”: Dolores Luna

Dolores Luna, artesana de Tehuerichi, explica que falta que pongan en orden la tenencia de la tierra de toda la comunidad. “Que pongan en orden todas las actas de nacimiento, sus actas de defunción, todo eso y no sólo eso, necesitan mucho apoyo en todas la comunidades que hay en la sierra, porque tanto así como en Tehuerichi, otras comunidades también necesitan, precisamente traigo un caso de Sojáhuchi, del municipio de Bocoyna, que también está mal su acta”.

La mujer rarámuri detalla que hay personas que les piden apoyo a quienes han entendido un poco el procedimiento para reclamar irregularidades en las actas, porque son muchas personas las que no pueden recibir apoyo.

“He andado aquí en la oficina donde según arreglan, pero pues me han traído a vueltas y vueltas. Pues platican sus problemas pensando a ver si lo apoya uno o cómo, entonces les digo: ‘oye, pues deja preguntar allá a ver qué’. Entonces ya les aviso, pero me tienen en espera, es muy complicado para uno. Y tal vez si tuviera un poco de escuela, entendía más uno”.

Sin embargo, recuerda que esta tierra, Chihuahua, estaba poblada desde su origen por pueblos originarios. Y son culturas diferentes.

“Eso (trámites de actas de nacimiento, matrimonio, defunción) nunca nos inculcaron nuestros antepasados, nuestros ancestros, pues ellos no sabían ni qué, ni qué rollo con eso. Simplemente pues lo que les decían y valía la palabra, pura palabra porque así es el válido. Que lo que diga el gobernador, esa es la verdad de la palabra”, detalla Dolores Luna.

Desde hace mucho, cuando comenzaron a solicitar papeles como las actas, dice Luna en entrevista con Raíchali, que todo cambió para sus comunidades.

“Como eso de la credencial para votar, por ejemplo, pues yo me acuerdo allá que les decían a las comunidades:

– A ver, ¿cómo te llamas?’- y esto y lo otro. No había ni un acta firme, no había, nomás la palabra

– Pues me llamo José

– ¿Y cómo te apellidas?

– Tecorichi-, por ejemplo.

“Y ponían el nombre de su tierra donde vivía, del rancho. Por ejemplo, mi tío trae en su credencial hasta ahorita. Se llama Bautilio Requechi, así se llama. Requechi significa tierra blanca porque así es donde estaba él, tierra blanca. Hay tierra blanca, es barro blanco”.

Dolores Luna enfatiza que el nombre tenía y tiene peso, pero ahora para la gente de la sierra, eso representa no tener apoyo porque les piden la credencia también para demostrar que son dueños de las tierras. “Hay otro tipo de reglas”.

Retoma que en aquel tiempo no tenían “escuela” o estudios escolarizados. “Pero tenemos otra cultura a como lo que es aquí en la ciudad, pero hay que compartir. Por ejemplo, yo le he dicho a la comunidad que no hay que perder nuestro idioma y que hablan en su lengua, que nuestros hijos sigan adelante, que lleven igual la palabra de uno. Es que si se pierde la lengua, se pierde como el ser (…) si tú ya no sabes hablar lo que es rarámuri, pues ya te toman en cuenta como mestizo. Entonces, por eso se pierde la cultura y está bonita, todo lo que uno es.

“Pero aunque le digan: ‘ay, tú eres mestizo’, pues no, su sangre y todo lo que es uno, no cambia. Entonces, yo les digo: ‘no se avergüencen de ser indígenas, al contrario, es un orgullo”.

Dolores Luna externa que ser indígena les abre un lugar donde quiera, porque como “originales”, son quienes habitaron Chihuahua primero. “Había puro indígena. Pero ya el tiempo cambió y entonces ya entraron otros interese. Pero bueno, pues nos toca que sea así. Ya los que no son indígenas nacieron aquí y tenemos que aprender a valorarnos todos. Ya qué, nacimos todos aquí y estamos todos, pro todos por igual”.

La mujer rarámuri hace énfasis:

“Seamos quienes seamos, pero hay que respetarnos, valorar los que somos, valorar que estamos en cadena, ya estamos juntos, todos revueltos. Hay que aprender de nuestros derechos y hacerlos respetar. Ambos tenemos que llevar por un solo camino. Si valoráramos too eso, nos cantaría otro gallo, digo yo siempre”.

Se han violado todos sus derechos: Contec

El gobernador o gobernadora rarámuri, también llamado siríame, es quien tiene el reconocimiento de su comunidad cuando hay una defunción, él es quien lleva el registro, detalla Contec.

“Sin embargo, ni la presidencia municipal ni la oficialía del Registro Civil o alguna autoridad en el gobierno estatal, valida dichas constancias para emitir las actas de defunción”.

En doce años que Contec ha acompañado a la comunidad en solicitudes y gestiones de actas, se les ha negado. “Llegaron a acumular 70 actas de defunción no emitidas, por lo que las familias de Tehuerichi podían acceder a otros de sus derechos, particularmente en el ámbito agrario y de sucesión”.

Al negar la oficialidad del registro de las autoridades tradicionales, el gobierno estatal ha incurrido en una violación grave porque ha desconocido todos los derechos humanos y colectivos de los pueblos originarios, reconocidos en la Constitución Mexicana desde hace años, así como los tratados internacionales relacionados con su identidad, autonomía y sistemas normativos, denuncia la organización en un comunicado.

“Vamos por buen camino, pero es complicado. Hay una constitución del ejido de Tehuérachi que coincide con la existencia y organización de la comunidad. El ejido se conformó hacia finales de la década de los 60 o 1970”, refiere Isabel Saldívar, abogada de Contec, acompañada del presidente del comisariado ejidal de Tehuerechi, José Evaristo González.

Cuando llegaron las autoridades agrarias a conformar el ejido, les preguntaban su nombre y su apellido era el nombre de donde vivían, como explicó Dolores Luna.

“Por ejemplo, Evasito pordía apellidarse Merochi (localidad donde nació), así quedó inscrito en su derecho agrario. Ya después, cuando llegaron las actas porque es una de las comunidades más lejanas, los que llegaron que no tenía pertinencia cultural ni sabían de respeto. Entonces les preguntaron cómo se llamaban y por ejemplo, le respondían: ‘yo me llamo Evaristo Merochi”.

Isabel Saldívar explica:

“Les decían: ‘usted no debe apellidarse así. Usted es González’ y así le ponían. Entonces, ahora en su acta de nacimiento debe llevar Evaristo González, aunque en su derecho agrario era Evaristo Merochi”.

Cuando comenzaron las sucesiones de tierras, los nombres no coincidieron con las actas de nacimiento, y por lo tanto, las autoridades han argumentado que no tienen derecho a realizar ningún trámite.

“Entonces comenzamos ha promover juicios para juntar los dos nombres y poner uno solo, pero entonces les pidieron dos testigos a cada uno, para que vayan al registro ante el Tribunal para hacer las correcciones. Se necesitaba hacer un juicio completo. ¿De dónde iba a sacar la gente para juicios completos? No se podía hacer eso porque la gente vive muy lejos. Aparte mucha gente ya no tiene los testigos y por esa razón no todos tuvieron actas de nacimiento”, agrega la abogada.

Y es que para los pueblos indígenas, culturalmente desconocían sobre las actas de nacimiento, ni de matrimonio, ni de defunción, porque no es parte de su cultura ancestral.

“Entonces, todos los que constituyeron el ejido, murieron sin actas de nacimiento. Si no tienes acta de nacimiento, pues no tienes acta de defunción (…) y los descendientes pues menos. Las actas de defunción las hacían los gobernadores, entonces buscamos el apoyo de las monjas (congregación religiosa Siervas del Sagrado Corazón y de los Pobres) para avalar quién murió (…) Pero pedían un certificado médico o un acta del Ministerio Público, porque decían que cómo iban a saber que murió. No le creen al gobernador”, detalla.

Después de años de lucha, decidieron promover el amparo hasta que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). “Se pidió avalar la fe pública del gobernador. Las monjas ahí están pero no fue posible que ayudaran y a veces no hay doctores. Viven muy lejos.

“Antes la falta de actas de nacimiento y defunción, la comunidad promovió un juicio de amparo para que el registro de sus autoridades tradicionales fuese reconocido como oficial. El recurso se presentó ante los juzgados federales el mes de diciembre del 2020, después de muchos años de reclamar a las diversas autoridades su derecho a contar con un acta de nacimiento y/o defunción”, detalla el comunicado de Contec.

El marzo de este año, la SCJN emitió la resolución que sienta otro precedente respecto de la resistencia y las luchas de los pueblos originarios de Chihuahua: rarámuri, ódami, warijó y pima u o’oba, para hacer valer sus derechos. Los ministros ordenaron que la sentencia sea dada a conocer a la comunidad en su idioma, el rarámuri.

“Ahora, el reto es que esta sentencia se cumpla por las autoridades responsables y se generen políticas pública requeridas para que ninguna otra comunidad indígena encuentre obstáculos para ejercer sus derechos fundamentales”, advierte Contec.

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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza Territorial. Aquí puedes consultar la publicación original.