El informe de Impunidad Cero revela que entre 2019 y 2022 la impunidad en desapariciones alcanzó 99.6%, con solo 1% de los casos que llegan a sentencia, a partir de un análisis de datos obtenidos vía transparencia sobre investigaciones y reportes oficiales. La investigación identifica fallas en la coordinación entre autoridades, debilidades en fiscalías, rezagos forenses y falta de intercambio de información.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
El reciente informe sobre impunidad en delitos de desaparición, elaborado por la organización Impunidad Cero, ofrece un análisis crítico sobre la capacidad del Estado mexicano para investigar y resolver estos crímenes. Entre sus hallazgos más alarmantes, el documento revela que, entre 2019 y 2022, la impunidad acumulada a nivel nacional escaló al 99.6%. El estudio disecciona el desempeño institucional mediante el examen minucioso de carpetas de investigación, reportes de personas no localizadas y la eficiencia de los organismos de procuración de justicia.
Claudia Morales, Coordinadora de Proyectos de la organización, explicó en entrevista para ZonaDocs que este diagnóstico surge ante la alarmante magnitud de una crisis que no da tregua. La especialista calificó la desaparición como “el fenómeno criminal que más está afectando a la sociedad mexicana”, subrayando un carácter transversal que vulnera a diversos estratos sociales sin distinción.
Este esfuerzo académico y de incidencia se alinea con la misión de Impunidad Cero de auditar fenómenos delictivos para generar insumos que nutran el debate público. Claudia precisó que el reporte se nutrió principalmente de datos obtenidos vía transparencia, una metodología que, aun con complejidades, permitió poner el foco en una problemática que atraviesa múltiples dimensiones del tejido social.
Respecto a la ruta metodológica, el equipo de investigación recurrió a una batería de solicitudes de acceso a la información dirigidas a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Fiscalía General de la República (FGR) -específicamente a su unidad especializada- y a las diversas fiscalías y comisiones locales. El objetivo central fue contrastar el volumen de indagatorias iniciadas frente a las acciones concretas ejecutadas por cada autoridad según su jurisdicción.
Sin embargo, el acceso a los datos no fue sencillo. La coordinadora señaló que el análisis debió construirse sobre la información disponible en fuentes oficiales y bases públicas. En el caso particular de la CNB, el equipo tuvo que trabajar con versiones públicas debido a la ausencia de una base de datos completa y descargable, factor que terminó por condicionar los alcances del diagnóstico final sobre el sistema de justicia.
Para dimensionar la brecha de justicia, el informe calcula la impunidad acumulada comparando el número de personas desaparecidas con las carpetas de investigación judicializadas. Mediante este cruce estadístico, se estimó cuántos casos logran sortear los obstáculos del sistema hasta obtener una resolución, evidenciando una respuesta institucional ínfima frente al volumen del delito.
Claudia enfatizó que este indicador desvela una realidad cruda: solo una fracción insignificante de las denuncias prospera en los tribunales. “Únicamente el 1% llega a un proceso judicial que derive en una sentencia”, remarcó, destacando el abismo existente entre la crisis humanitaria y la capacidad de las autoridades para investigar y sancionar a los responsables.
El cálculo también toma en cuenta la evolución de los sistemas de registro, incluyendo la consolidación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas tras la ley general de 2017. Pese a estos avances administrativos, el informe insiste en que el avance judicial es nulo, lo que evidencia un debilitamiento estructural que impide la correcta integración de las carpetas de investigación antes de llegar frente a un juez.
Durante el proceso de elaboración, se detectaron fallas sistémicas relacionadas con la ambigüedad de competencias. La experta detalló que la naturaleza del delito suele generar una “zona gris” donde autoridades federales y estatales se deslindan de responsabilidades, lo que provoca retrasos críticos en las diligencias iniciales y paraliza el avance de las pesquisas.
Aunado a lo anterior, se señalaron carencias internas en las fiscalías, muchas de las cuales carecen de herramientas elementales como las unidades de análisis de contexto. Sin estos instrumentos, esenciales para comprender la complejidad de las desapariciones, las instituciones se ven imposibilitadas para construir investigaciones sólidas que resistan el escrutinio judicial.
Otro factor que alimenta este escenario es el peso del tiempo en los casos de larga data. Con registros de desapariciones que se remontan a más de cinco décadas atrás, la labor de identificar culpables, reconstruir patrones criminales y localizar testigos se vuelve una tarea titánica. El paso de los años erosiona los indicios, dificultando que estos se transformen en pruebas plenas dentro de un proceso legal.
Bajo este panorama, las fiscalías enfrentan barreras estructurales infranqueables. Claudia advirtió que es un error intentar aplicar esquemas de investigación diseñados para delitos convencionales; la desaparición exige análisis contextual y protección rigurosa de testigos. Sin una reingeniería de estas capacidades, los expedientes pierden sustento y quedan estancados en la fase de instrucción.
La crisis forense se erige como otro obstáculo insalvable. Miles de restos permanecen sin procesar en los servicios médicos forenses, y la falta de una política eficiente de identificación humana impide que evidencias balísticas u objetos personales se vinculen a las indagatorias. Esta desconexión sistémica debilita irremediablemente las carpetas de investigación.
La falta de articulación interestatal agrava el problema, especialmente en un país con alto flujo migratorio. Al no existir mecanismos efectivos para compartir hallazgos entre regiones, los indicios encontrados en un estado difícilmente se cruzan con reportes de otro, configurando un laberinto burocrático que asfixia el acceso a la verdad y la justicia.
Para revertir esta inercia, el informe propone nueve recomendaciones estratégicas. La principal apuesta por robustecer la colaboración entre las fiscalías y las comisiones de búsqueda, ya que actualmente las tensiones institucionales bloquean el intercambio de información vital para la localización de las víctimas.
Asimismo, se urge a fortalecer las fiscalías especializadas, pues muchas operan hoy como simples unidades adscritas sin autonomía real. La propuesta busca dotarlas de facultades plenas, como la capacidad autónoma de solicitar órdenes de cateo e intervenir comunicaciones, herramientas que resultan fundamentales para desarticular las redes criminales detrás de las desapariciones.
En otro orden, el documento sugiere estandarizar los protocolos de investigación para que se adapten a las realidades regionales, además de apostar por la sensibilización del funcionariado. Esto no solo busca mejorar la calidad de los registros, sino erradicar las prácticas de revictimización que sufren las familias durante su paso por las instituciones.
En el ámbito tecnológico, Claudia subrayó la urgencia de dotar de transparencia al Banco Nacional de Datos Forenses, cuyo funcionamiento sigue siendo opaco. La información oficial, sostuvo, debe ser accesible y clara tanto para los colectivos de búsqueda como para la sociedad civil organizada, rompiendo el hermetismo estatal.
Finalmente, desde Impunidad Cero se hizo un llamado urgente a proteger a las familias buscadoras y a homologar los tipos penales en todo el país. Tras advertir sobre los graves riesgos que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos sin protección estatal, concluyó que la apertura a mecanismos de cooperación internacional es vital para enfrentar lo que ya es una crisis humanitaria de proporciones históricas.
Si te interesa consultar el informe completo, puedes acceder a la página web www.impunidadcero.org en el apartado de investigaciones, donde se encuentra como “Impunidad en Delitos de Desaparición en México”.
