Ángela González denunció que su carpeta de investigación por irregularidades en la construcción de su vivienda, abierta en 2024 en Jalisco, permanece sin avances. Señala anomalías en contratos, planos y condiciones estructurales tras adquirir el inmueble a Edificaciones BAS SA de CV. La denuncia incluye omisiones de autoridades y posibles conflictos de interés, respaldados con documentos y peritajes. Tras intentos fallidos de conciliación, exige justicia y reparación del daño.
Por Vanessa Briseño / @nevervb
Ángela González Velásquez inició en 2024 una carpeta de investigación ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco. El expediente 373/2024, respaldado por el oficio FECC/UPIM/637/2024, compila una serie de peritajes y evidencias que, según denuncia la afectada, no han sido integrados con eficacia. A más de dos años de los hechos originales, Ángela señala que el proceso legal permanece estancado y sin avances sustanciales.
Ángela compartió para ZonaDocs que el conflicto se originó tras la adquisición de una propiedad a la constructora Edificaciones BAS SA de CV en 2022 (también conocida como Comercializadora Badi). Ángela y su esposo compraron el inmueble bajo la promesa de recibir una casa plenamente habitable; sin embargo, con el paso del tiempo, comenzaron a detectar graves irregularidades en los contratos, discrepancias en los planos y fallas en las condiciones estructurales de la finca.
Uno de los puntos críticos de la denuncia radica en un contrato fechado el 6 de septiembre de 2022, documento que la demandante desconoce por completo. De acuerdo con su testimonio, en aquel momento apenas iniciaban los trámites para obtener su crédito. Además, la copia en su poder evidencia irregularidades técnicas, pues carece de las firmas de ambas partes involucradas.
Dicho documento fue presentado posteriormente por la empresa ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) dentro del expediente PFC.JAL.B.3/1503-2023. Ángela sostiene que el contrato fue alterado y revela que la constructora mantuvo sus contratos en estatus de “actualización” desde 2019, regularizándolos apenas en 2024, lo que sugiere un manejo administrativo anómalo durante el proceso de venta.
La vivienda entregada muestra marcadas diferencias entre los planos registrados y la edificación final. La propietaria recalca que la documentación oficial no coincide con el diseño físico del inmueble, situación que se agrava con deficiencias estructurales que comprometen la habitabilidad y seguridad del patrimonio familiar.
En busca de respuestas, Ángela acudió en 2023 al Ayuntamiento de Zapopan, donde descubrió un vacío informativo alarmante. A través de un oficio de transparencia (UTI 10073/2023), el municipio reportó la inexistencia de planos estructurales, eléctricos e hidráulicos en los expedientes oficiales, lo que deja en entredicho la legalidad de la obra.
Esta falta de certeza técnica se remonta a una circular de 2017, en la que el ayuntamiento justificó la ausencia de estudios de suelo y cálculos estructurales para una de las viviendas del fraccionamiento. Es precisamente en este conjunto habitacional donde se localiza la propiedad adquirida por la familia González Velásquez.
Ante este escenario, la afectada presentó pruebas de posibles omisiones en la entrega de licencias y permisos, así como la aparente ausencia de inspecciones municipales. Estos elementos fueron incorporados a la carpeta abierta en la fiscalía especializada como indicios de una posible cadena de actos de corrupción administrativa.
El caso también involucra al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). Documentos del expediente muestran que el organismo emitió recomendaciones técnicas para impermeabilizar las cisternas en 185 viviendas del fraccionamiento; sin embargo, Ángela afirma que tales disposiciones fueron ignoradas.
Pese al incumplimiento, se emitió un documento que acredita el acatamiento de las normas técnicas. En contraste, la denuncia sostiene que las cisternas presentan fugas constantes de agua, lo que desmiente la validez de los certificados de cumplimiento entregados a los colonos.
Para sustentar estas acusaciones, el expediente integra un robusto acervo de videos, fotografías, códigos QR y documentos oficiales, entre los que destacan dictámenes técnicos del SIAPA y reportes de habitabilidad fechados sospechosamente el mismo día del contrato desconocido, el 6 de septiembre de 2022.
La denuncia también expone un posible conflicto de interés que involucra al arquitecto Germán Sainz Rodríguez. Según la escritura pública presentada, Sainz Rodríguez funge simultáneamente como Director Responsable de Obra (DRO) y como apoderado legal de la constructora, una dualidad que pone en duda la imparcialidad de la supervisión.
Aunado a esto, Ángela reportó irregularidades en la integración de la primera mesa directiva del fraccionamiento. Asegura que los miembros originales tienen vínculos de parentesco con el propio DRO y apoderado legal de la empresa, consolidando lo que ella describe como una red de protección interna.
A pesar de estas conexiones, en julio de 2023 la mesa directiva emitió un boletín reconociendo problemas de garantías y vicios ocultos, exigiendo formalmente a la constructora que cumpliera con sus obligaciones contractuales ante el deterioro de las viviendas.
Durante ese mismo mes, la representación de los vecinos solicitó la ejecución de fianzas ante la falta de soluciones. Ángela incluyó estos movimientos como parte de un patrón de negligencia institucional y falta de respuesta por parte de los desarrolladores.
En un intento por resolver el conflicto fuera del ámbito penal, la familia acudió al Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco bajo el expediente 20840/2025. La audiencia tuvo lugar el 26 de septiembre de 2025, marcando otro capítulo en la búsqueda de una reparación del daño.
En dicha instancia, la representación legal de la constructora ofreció una indemnización de 200 mil pesos para dar por concluido el asunto. Ángela rechazó la oferta de inmediato, argumentando que “el daño patrimonial y los riesgos estructurales no son reparables con esa suma”.
Previamente, la familia había propuesto que la empresa recomprara la propiedad para terminar con el conflicto, pero la solicitud fue desestimada por los empresarios. Ante la falta de voluntad para negociar un trato justo, las pláticas terminaron sin acuerdos.
Para marzo de 2026, siguiendo una recomendación de Profeco para iniciar una conciliación en la Ciudad de México, Ángela contactó nuevamente a la constructora por medios electrónicos. El correo fue leído el 26 de marzo, pero la empresa guardó silencio una vez más.
Posteriormente, se envió el mismo requerimiento por correo certificado el 23 de marzo, siendo entregado el día 30 del mismo mes. El 5 de abril de 2026, la familia insistió a través de correos y mensajes de WhatsApp; no obstante, hasta el 15 de abril no se ha recibido respuesta alguna por parte de la constructora.
Ángela sostiene que esta inacción “vulnera derechos fundamentales, principalmente el derecho a una vivienda digna” protegido por el artículo 4 de la Constitución. Asimismo, señala afectaciones directas al derecho a la salud, pues las condiciones del inmueble representan un riesgo físico y mental para sus seres queridos.
La demanda también invoca el derecho al acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, denunciando que la inactividad del Ministerio Público incumple con este mandato. Además, argumentan una violación al derecho a la propiedad privada conforme a la Convención Americana sobre Derechos Humanos, dado el daño patrimonial sufrido.
La presencia de una menor de edad en el hogar añade urgencia al caso, ya que Ángela subraya que las fallas de la vivienda atentan contra la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La seguridad de los más vulnerables se encuentra en juego ante la fragilidad de la construcción.
Finalmente, Ángela reiteró que el caso se aborda con perspectiva de género, señalando que los hechos constituyen formas de violencia patrimonial y económica contra ella. Mientras la familia mantiene su exigencia de justicia, solicitan que las autoridades actúen con rigor. “Aquí estamos tratando de conseguir justicia”, sentenció con determinación.
