Lo que estaba previsto para aprobarse en el Congreso de Jalisco terminó frenándose tras la presión de familias, personas autistas y colectivas de cuidadoras. La decisión abrió una nueva etapa de discusión entre legisladores, especialistas y colectivos, quienes desde hace meses habían advertido inconsistencias legales, omisiones en derechos humanos y deficiencias estructurales en la propuesta.
Por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel (IG)
Por considerar que la iniciativa de Ley de Autismo en Jalisco mantiene un enfoque asistencialista, excluye a personas autistas adultas y concentra facultades en el Sistema DIF estatal, integrantes de la colectiva “Cuidadoras en Resistencia” lograron que el dictamen fuera retirado del orden del día del Congreso local para abrir una mesa de trabajo con organizaciones, especialistas y legisladores.
La iniciativa, impulsada por las diputadas de Movimiento Ciudadano Gabriela Cárdenas y Mónica Magaña, estaba programada para discutirse en el pleno; sin embargo, colectivos de personas autistas, familias y cuidadoras solicitaron a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y a la Mesa Directiva frenar su aprobación.
De acuerdo con las organizaciones, desde hace más de tres meses entregaron a las legisladoras un análisis técnico y jurídico de más de 50 páginas en el que advertían inconsistencias legales, omisiones en materia de derechos humanos y problemas estructurales en la propuesta.
Tras una reunión de la Jucopo, las activistas pidieron al coordinador parlamentario de Hagamos, Tonatiuh Bravo, intervenir para evitar la votación del dictamen. Posteriormente, a través del área de comunicación social de Movimiento Ciudadano, se informó que la iniciativa sería retirada para realizar una mesa de trabajo y revisar observaciones hechas por colectivos.
Deficiencias señaladas
Las organizaciones consideran que el principal problema de la propuesta es que deposita en el Sistema DIF funciones centrales relacionadas con la atención de personas autistas, incluyendo diagnósticos, acceso a servicios, administración del padrón estatal y manejo del presupuesto destinado a la política pública de autismo.
Para Cintya Ramírez, coordinadora de la colectiva, la iniciativa no atiende lo establecido en la Ley General para la Atención y Protección a Personas con la Condición del Espectro Autista, la cual señala que la atención debe recaer principalmente en la red hospitalaria y en las instituciones del sector salud.
Ramírez advirtió que el proyecto fortalece un esquema de asistencia social y no un modelo de atención integral basado en derechos_ “Lo que están creando es un DIF grandote”, resumió al cuestionar que la política pública de autismo quede centralizada en una institución asistencial.
Las críticas también se enfocaron en la ausencia de medidas específicas para personas autistas adultas. Según explicó la colectiva, el dictamen se centra casi exclusivamente en niñas, niños y adolescentes, dejando fuera temas relacionados con autonomía, empleo, vivienda independiente, salud mental y acceso permanente a servicios especializados.
Además, denunciaron que la propuesta no incorpora mecanismos claros de vigilancia y transparencia sobre el presupuesto destinado a la política pública en materia de autismo, pese a que contempla la creación de un fondo económico específico.
Otro de los puntos señalados fue la falta de prohibiciones expresas sobre terapias consideradas violentas o violatorias de derechos humanos. Las organizaciones recordaron que existen casos de niñas, niños y adolescentes sometidos a prácticas que describieron como formas de tortura bajo el argumento de tratamientos terapéuticos.
Aunque el dictamen contempla la creación de una comisión encargada de autorizar terapias y definir criterios de atención, el colectivo cuestionó que la ley no establece lineamientos técnicos claros ni exige especialización en autismo para quienes integren dicho órgano.
Las activistas aseguraron que participaron en foros, reuniones y mesas convocadas por el Congreso local para presentar observaciones jurídicas y técnicas. Sin embargo, acusaron que gran parte de sus propuestas no fueron incorporadas al documento final.
También criticaron que algunas posturas dentro del Poder Legislativo plantearan aprobar primero la ley y posteriormente corregirla mediante reformas. Para las organizaciones, esa ruta podría consolidar durante años un modelo institucional que, afirman, perpetuaría listas de espera y deficiencias en la atención.
Finalmente, tras la presión de colectivos y familias, el Congreso decidió retirar el dictamen del orden del día y abrir una mesa de trabajo donde se analizarán posibles modificaciones antes de continuar con el proceso legislativo.
