Búnker de Bambúes
Por Juan Yves Palomar / @JuanYvesPalomar
En México, 39.2 millones de personas se identifican como indígenas por autoadscripción y 7.4 millones hablan alguno de los más de 68 idiomas originarios del país, según la ENADID 2023 del INEGI (INEGI, 2025). De ese universo de hablantes, 571 mil personas son monolingües: sólo hablan su idioma originario y no hablan español (CONEVAL, 2025). De ese total, el 60%, es decir, aproximadamente 342,600 personas vive en pobreza extrema (CONEVAL, 2025).
¿Imaginas lo difícil que debe ser para una persona que no habla español acceder al servicio público de salud? Actualmente ninguna institución pública de salud en México cuenta con una cifra pública verificable de intérpretes que laboren en sus clínicas, unidades médicas u hospitales. Lo que sí existe es un programa piloto de la organización civil Ixchel en tres hospitales de Chiapas, uno de los pocos en todo el país con intérpretes dedicados exclusivamente a esa función, financiado no por el Estado sino por la propia organización (Pie de Página, 2023).
Las cifras de pobreza refuerzan la urgencia. De acuerdo con la Medición Multidimensional de la Pobreza del CONEVAL, en 2022 el 50% de la población indígena vive en pobreza multidimensional y aproximadamente 2 millones en pobreza extrema. Casi 5.8 millones de personas indígenas tienen carencia por acceso a servicios básicos en la vivienda (CONEVAL, 2025). A esto se suma que el 19.1% de la población indígena de 15 años o más es analfabeta, frente a sólo el 2.8% de la población no indígena en el mismo segmento etario (INEGI, 2025).
Según el Primer Informe de Gobierno 2024-2025, las unidades del IMSS-Bienestar brindan atención a 10.8 millones de mexicanos, de los cuales 3.8 millones habitan en localidades indígenas. Para poner en contexto esta cifra, el CONEVAL reportó en su medición de pobreza 2020 que el 80.9% de la población hablante de lengua indígena carece de seguridad social. Aplicado sobre los 7.4 millones de hablantes que registra la ENADID 2023, eso representa aproximadamente 5.9 millones de personas sin acceso a seguridad social. Y eso sin contar a quienes se autoadscribieron como indígenas pero no hablan una lengua originaria, cuya cobertura es aún más difícil de rastrear. Existe además la posibilidad de que un porcentaje de personas de comunidades se traslade a ciudades para recibir atención médica, pero al no existir un sistema de registro desagregado por pueblo originario, esa cifra permanece indeterminada. Lo que no se mide, no se corrige.
Pensemos ahora en los requisitos para acceder al Sistema Universal de Salud recientemente anunciado. Si bien, la ley obliga a todas las instituciones públicas de salud a atender a cualquier persona en una emergencia, para acceder a consultas de rutina o procedimientos programados el Sistema Universal de Salud solicita a todas las personas: identificación oficial con fotografía, acta de nacimiento o documento probatorio de identidad, CURP certificada, comprobante de domicilio y teléfono de contacto.
Para una persona acostumbrada a vivir en la ciudad, reunir esos documentos puede parecer un trámite rutinario. Pero frente a esa cotidianidad urbana existe otra realidad: hay familias completas en comunidades originarias que no cuentan siquiera con un acta de nacimiento. Sin acta no hay CURP. Sin CURP no hay credencial de elector. Sin credencial no hay comprobante de domicilio, y sin propiedad privada de la tierra, no hay registro catastral. Y sin esa capacidad real de acceso, que hoy es más bien una frontera complicada de superar, el Sistema Universal de Salud, por más universal que lo nombremos, no llega a una gran cantidad de esas personas en las sierras de nuestro país.
¿Cómo garantizar que el nuevo Sistema Universal de Salud y la seguridad social lleguen efectivamente a los pueblos originarios?
La brecha entre el derecho proclamado y el derecho ejercido no se cierra con buenas intenciones: se cierra con tres intervenciones concretas y simultáneas sobre los puntos exactos donde el sistema tiene debilidades de funcionamiento.
Primero: eliminar las barreras de acceso documental
La medida más urgente y de mayor efecto cascada es crear un procedimiento administrativo simplificado para el registro extemporáneo de nacimiento: sin costo, sin necesidad de juicio y sin traslado a oficinas urbanas. En este procedimiento, la declaración de la autoridad comunitaria reconocida, asamblea ejidal, gobierno indígena, autoridad tradicional, sustituiría a los requisitos documentales ordinarios, con validez legal equivalente ante el Registro Civil y el RENAPO para la emisión inmediata de CURP. Adicionalmente, se propone que el propio Sistema Universal de Salud incorpore un mecanismo de registro provisional: atender primero, regularizar documentación después. Ninguna persona debe ser rechazada en una clínica por carecer de papeles.
Esta propuesta no requiere reforma constitucional. Basta una reforma a la Ley General de Población que reconozca esa facultad a las autoridades comunitarias, en la misma lógica que la Ley Agraria ya reconoce a las asambleas ejidales como órganos con plena validez jurídica. El modelo existe: en Bolivia, brigadas móviles de registro civil llegan a cientos de comunidades y hasta el momento han registrado a miles de personas que previamente no contaban con documentos. En la India, el gobierno de la aldea (Gram Panchayat) también tiene reconocimiento legal para certificar la identidad de las personas ante el Estado.
Segundo: incorporar interculturalidad real en la arquitectura del Sistema Universal de Salud
El SUS está en proceso de reglamentación. Esta es una ventana de acción valiosa y al mismo tiempo corta: lo que no se incorpore ahora en su arquitectura puede tomar décadas corregir. Por eso sería un gran acierto incluir en la ley y en el reglamento explícitamente cuatro elementos:
Atención en idioma originario garantizada mediante intérpretes con plaza federal dedicada exclusivamente a esa función en todos los municipios donde más del 30% de la población hable un idioma distinto al español. No trabajadores asignados a otras áreas que «también hablan una lengua indigena”, aunque no sea la misma, como ocurre hoy, sino personas con función específica, formación certificada y contrato permanente.
Prohibición expresa de rechazar atención por falta de documentación, con un mecanismo formal de registro provisional que permita atender primero y regularizar la situación documental de la persona en un segundo momento.
Reconocimiento de la medicina tradicional como complementaria dentro del SUS, con protocolos formales de coordinación entre el médico institucional y el médico tradicional.
Formalización de promotores comunitarios de salud como primer nivel del SUS en territorios indígenas: miembros de la propia comunidad, con contrato laboral federal, acceso al propio SUS, formación certificada bilingüe y selección validada por la asamblea comunitaria. Brasil demostró que este modelo sí se traduce en resultados: el Programa de Agentes Comunitarios de Salud es reconocido por UNICEF como uno de los factores determinantes en la reducción histórica de la mortalidad infantil brasileña, que cayó de 63 muertes por cada mil nacidos vivos en 1990 a 14.2 en 2024 (UNICEF, 2026).
Ninguna de las medidas anteriores puede evaluarse ni corregirse sin datos precisos. Hoy en México no sabemos con exactitud cuántas personas indígenas se atienden en las instituciones públicas de salud, porque no se registra la adscripción a comunidades o el uso de lenguas originarias de forma sistemática a la hora de la atención medica. Sería un gran acierto establecer la obligación de que el registro del SUS incluya la variable de autoadscripción étnica e idioma originario como campo de captura en el momento del alta, con reportes públicos trimestrales desagregados por pueblo indígena, y que exista una importante sanción presupuestal para las instituciones que no registren esta información.
Nueva Zelanda y Brasil han demostrado que esa variable, una vez sistematizada, transforma la capacidad del Estado para dirigir recursos con precisión. El Ministerio de Salud de Nueva Zelanda estableció desde 2017 un protocolo nacional obligatorio de captura de comunidad o pueblo indígena en cada registro de atención, lo que permitió identificar brechas específicas en la población maōri y redirigir esfuerzos con precisión hacia los centros de salud con mayor proporción de pacientes indígenas (Te Whatu Ora, 2023). México tiene hoy la oportunidad única de construir esa capacidad, en este momento en que se están integrando los padrones del IMSS, ISSSTE e IMSS-Bienestar en una sola plataforma. Esta es pues, una gran ventana de oportunidad para incluir estas mejoras en el registro.
Un sistema de salud universal no solo es aquel que declara que todas las personas tienen derecho a la salud. Es aquel que garantiza en los hechos y el día a día, que todas las personas, incluidas las que no hablan español, las que no tienen acta de nacimiento y las que viven a horas de la clínica más cercana, puedan ejercer ese derecho cuando lo necesiten.
Bibliografía
CONEVAL. (2022). Educación para la población indígena en México: el derecho a una educación intercultural y bilingüe . Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/SalaPrensa/Comunicadosprensa/Documents/2022/COMUNICADO_15_EDUCACION_PARA_LA_POBLACION_INDIGENA_EN_MEXICO.pdf
CONEVAL. (2025). Pobreza y población indígena en México. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social. https://www.coneval.org.mx/InformesPublicaciones/InformesPublicaciones/Documents/Pobreza_Poblacion_Indigena.pdf
Defensoría del Pueblo de Bolivia. (2022). Defensoría del Pueblo verifica brigada móvil a cargo de SERECI y SEGIP para la entrega de documentos de identidad en comunidades del Norte Amazónico. https://www.defensoria.gob.bo/oficinas/prensa/defensoria-del-pueblo-verifica-brigada-movil-a-cargo-de-sereci-y-segip-para-la-entrega-de-documentos-de-identidad-en-comunidades-del-norte-amazonico
INEGI. (2025, 6 de agosto). Estadísticas a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/aproposito/2025/EAP_PuebIndig_25.pdf
Ministerio de Salud y Deportes de Bolivia. (2024, 5 de agosto). Gobierno nacional llega con atenciones médicas y beneficios sociales a más de un centenar de comunidades indígenas en toda Bolivia. https://www.minsalud.gob.bo/8249-gobierno-nacional-llega-con-atenciones-medicas-y-beneficios-sociales-a-mas-de-un-centenar-de-comunidades-indigenas-en-toda-bolivia
Outlook India. (2024, 7 de febrero). Supreme Court allows Gram Panchayat certificates to be used as identity document for claiming citizenship. https://www.outlookindia.com/national/assam-citizenship-issue-supreme-court-allows-gram-panchayat-certificates-to-be-u-news-305198
Pie de Página. (2023, 10 de diciembre). El acceso a la salud empieza por la lengua. https://piedepagina.mx/el-acceso-a-la-salud-empieza-por-la-lengua/
Presidencia de la República. (2025). Primer Informe de Gobierno 2024-2025. Gobierno de México.
Te Whatu Ora – Health New Zealand. (2023). Considerations for Māori data analyses. https://www.tewhatuora.govt.nz/assets/Publications/Maori-health/Ethnicity-analysis-report-Sept-2023.pdf
UNICEF Brasil. (2026, marzo). Brasil tiene la menor tasa de mortalidad infantil en 34 años. https://www.unicef.org/brazil/comunicados-de-imprensa/progresso-na-reducao-das-mortes-infantis-desacelera-no-mundo-enquanto-4-virgula-9-milhoes-criancas-menores-de-cinco-anos-morreram-em-2024
