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Las organizaciones recorrerán Chihuahua, Parral y Delicias para recoger testimonios de familias desplazadas por la violencia y elaborar un análisis sobre la situación que enfrentan
Por Karla Quintana / Raíchali
Chihuahua – Un grupo de organizaciones civiles locales, nacionales e internacionales anunciaron el inicio de una misión civil de observación para documentar la situación del desplazamiento forzado interno en Chihuahua, particularmente en comunidades de la Sierra Tarahumara afectadas por la violencia y la presencia de grupos criminales.
Durante una conferencia de prensa, representantes de las organizaciones convocantes informaron que la misión será este miércoles 27 y jueves 28 de mayo y contempla recorridos en las ciudades de Chihuahua, Parral y Delicias, donde actualmente residen familias que abandonaron por la fuerza sus comunidades de origen, debido a condiciones de inseguridad.
Los organizadores explicaron que el objetivo es recabar testimonios directos de las personas desplazadas, conocer las condiciones en las que viven y construir un análisis conjunto que permita formular recomendaciones para la atención de las víctimas y la garantía de sus derechos humanos. Señalaron que una de las principales preocupaciones es la falta de reconocimiento institucional del fenómeno del desplazamiento forzado interno.
Indicaron que, pese a la insistencia de organizaciones y colectivos, las autoridades continúan sin reconocer plenamente a las personas desplazadas como víctimas de violaciones a derechos humanos derivadas de la violencia.
“Las autoridades no reconocen de manera formal que ser desplazados es ser víctimas” mencionó Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos para las Mujeres (Cedehm).
Foto: Karla Quintana
Frecuentemente, sostuvieron, se atribuye la salida de las familias a decisiones voluntarias y no a contextos de violencia, amenazas o control territorial por parte de grupos criminales. Como ejemplo, mencionaron que los recientes desplazamientos registrados en la comunidad de Atscaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, así como la llegada a Chihuahua y Parral de familias procedentes de comunidades del estado de Durango.
Los representantes de las organizaciones denunciaron que la atención institucional suele limitarse a apoyos mínimos y, en algunos casos, se presiona a las familias para retornar a sus comunidades sin que existan condiciones reales de seguridad. Sobre el caso de Atascaderos, afirmaron que algunas familias regresaron tras recibir promesas de protección por parte de las autoridades. Sin embargo, aseguraron que posteriormente se registraron nuevas agresiones contra habitantes de la comunidad.
De acuerdo con la información presentada, entre las personas que retornaron se documentaron dos homicidios y una desaparición, hechos que, señalaron, evidencian la falta de garantías para un regreso seguro.
Las organizaciones explicaron que la misión no visitará directamente las comunidades de origen debido a la situación de inseguridad que persiste en varias zonas de la Sierra Tarahumara.
En su lugar, sostendrán encuentros con las personas desplazadas en las ciudades donde actualmente residen. También advirtieron que no existen censos oficiales que permitan conocer con precisión cuántas personas han sido desplazadas por la violencia en Chihuahua o en el país, lo que dificulta dimensionar el problema y diseñar políticas públicas adecuadas para su atención.
Según los participantes, actualmente pueden identificarse al menos cuatro regiones del país donde el desplazamiento forzado interno mantiene niveles preocupantes: Chiapas, Guerrero, Jalisco y la región conocida como el Triángulo Dorado, integrada por Chihuahua, Durango y Sinaloa. Además, señalaron que municipios como Guadalupe y Calvo, Moris, Uruachi y Madera continúan registrando casos de desplazamiento, afectando de manera particular a comunidades indígenas.
Los organizadores dieron a conocer que los resultados preliminares de la misión serán presentados el próximo viernes a las 11:00 horas en una conferencia de prensa que se realizará en el piso 18 del Congreso del estado.
Posteriormente, buscarán sostener reuniones con autoridades estatales y federales para exponer sus observaciones y recomendaciones. Las organizaciones advirtieron que el desplazamiento forzado interno es una de las crisis humanitarias más invisibilizadas del país y denunciaron que la ausencia de una presencia permanente del Estado en los territorios afectados mantiene a miles de personas en condiciones de vulnerabilidad y riesgo.
Entre las organizaciones participantes se encuentran Alianza Sierra Madre, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm), Consultoría Técnica Comunitaria (Contec), la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos (Cosyddhac), el Colectivo Nuevo Amanecer de Parral, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes (Red TDT), Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).
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Este trabajo fue publicado originalmente en Raíchali que forma parte de la Alianza Territorial. Aquí puedes consultar la publicación original.
