“Click Protegido, articulación para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes en entornos digitales” es el acuerdo que firmaron de forma conjunta organizaciones civiles, el poder legislativo, integrantes de la academia y niñas, niños y adolescentes para impulsar espacios digitales seguros frente al escenario de violencias sociales, estructurales y delectivas que enfrentan cotidianamente en México.
El llamado no es desde una postura prohibitiva del internet, sino para construir una estrategia nacional basada en derechos humanos, corresponsabilidad y participación protagónica de las propias infancias en los temas que les competen.
Por Alondra Angel Rodriguez/@AlondraAngelRo
La iniciativa “Click Protegido” nació de una preocupación compartida entre organizaciones de defensa de los derechos de las infancias, especialistas y personas legisladoras sobre el incremento de las violencias digitales y sus afectaciones directas a niñas, niños y adolescentes en México.
Fue impulsado principalmente por la Red de los Derechos de la Infancia en México (REDIM), junto con la participación del grupo de participación “Juntas y juntos por nuestros derechos”, integrado por infancias y adolescencias de distintos estados del país.
Durante la presentación pública del pacto en el Senado de la República, el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente de la Comisión de Derechos Digitales comentó que el entorno digital se ha convertido en una parte integral y cotidiana de la vida de infancias y adolescencias, pero también en un nuevo territorio de vulneración sistemática de derechos:
“Es ahí donde se están presentando cada vez más nuevas formas de violencia, abuso, exposición, riesgo y lejos de asumir una actitud prohibicionista o de censura debemos de ser alertas y redoblar esfuerzos para cerrar brechas digitales. Por la alfabetización digital, la protección y garantía de los derechos digitales de niñas, niños y adolescentes en estos espacios virtuales”, expresó.
Respecto al aumento de violencia en el entorno digital, el legislador señaló que el problema ya no puede entenderse como “casos aislados”, sino como una problemática estructural que requiere de una respuesta colectiva.
De acuerdo con el Módulo de Ciberacoso del 2024 del INEGI, 21% de la población de 12 años y más que son usuarias de internet ha vivido algún tipo de situación de ciberacoso, lo que representa casi 19 millones de personas.
“40% (de adolescentes y jóvenes de 12 a 19 años de edad) se ha enfrentado a ciberacoso y esto confirma que no estamos hablando de casos aislados, sino de un tema sistémico, de una problemática que ya está instalada en la vida cotidiana de nuestras juventudes y de nuestras infancias”, declaró.
Tania Ramírez, directora ejecutiva de la REDIM explicó que el proyecto comenzó originalmente con la preocupación que representa la exposición involuntaria de niñas, niños y adolescentes a contenidos de tipo pornográfico, pero posteriormente creció hasta convertirse en una estrategia mucho más amplia.
Advirtió que las violencias digitales no pueden entenderse únicamente como problemas aislados de acoso o exposición de contenidos nocivos, sino que forman parte de una estructura de violencia muchísimo más profunda que atraviesa actualmente el país.
Lo anterior lo vinculó directamente con fenómenos como el reclutamiento forzado por parte del crimen organizado, la trata de personas y las desapariciones, señalando que las plataformas digitales se han convertido en espacios donde operan redes delictivas que buscan captar, enganchar y vulnerar a las infancias y adolescencias.
“La exposición y la cercanía con grupos delincuenciales a través de videojuegos, a través de redes sociales, este triángulo tan doloroso entre desapariciones, reclutamiento forzado y trata, también de eso estamos hablando cuando hablamos de este click protegido”, expresó.
El pacto plantea una articulación nacional entre la sociedad civil, instituciones públicas, academia, empresas, tecnológicas y organismos internacionales para construir una estrategia integral de prevención y atención a las violencias digitales. El proyecto se sustentará sobre tres principios rectores: universalidad, participación sustantiva y corresponsabilidad.
Al respecto, la senadora Laura Esquivel, presidenta de la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia señaló que el Estado, las escuelas, empresas tecnológicas y la sociedad deben asumir responsabilidades compartidas:
“Tampoco es posible esperar que con una frase tan sencilla de decirle a los niños como ‘ten cuidado cuando navegues en internet’ este problema ya se solucionó. Todas y todos somos responsables, el gobierno, nosotros los legisladores, los papás, los cuidadores, los maestros”, comentó la senadora.
La iniciativa considera, además, mesas de trabajo intersectoriales, elaboración de estrategias nacionales y un proceso de co-creación permanente. Además, incluye una propuesta legislativa para reformar diversas leyes, entre ellas: la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; la Ley General de Educación; la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión y el Código Penal Federal.
La intención es reconocer derechos digitales, fortalecer la educación sexual integral y establecer responsabilidades para empresas tecnológicas y plataformas digitales.
Respecto al desarrollo del proyecto, Karen de Aquino Morales, joven participante e integrante del grupo Juntas y juntos por nuestros derechos explicó que niñas y adolescentes no fueron únicamente consultadas, sino que participaron activamente en la redacción y la construcción de propuestas. La adolescente relató que desde 2023 se realizaron talleres, encuentros y espacios participativos donde discutieron sobre educación sexual integral, ciudadanía digital y acceso a la justicia:
“Lo más importante de este espacio es que no solamente fuimos sujetos de consulta, sino que fuimos nosotros los que propusimos las leyes en las que queríamos que se pudiera generar una reforma y posteriormente los adultos nos ayudaron a escribirla en ese lenguaje super formal, pero en sí son las palabras vivas de niñas, niños y adolescentes”, comentó.
Las y los participantes de la presentación coincidieron en que responder a las violencias digitales de manera prohibitiva, con hipervigilancia o castigos sería insuficiente e, incluso riesgoso, para el ejercicio pleno de los derechos de infancias y adolescencias. Y es que estas prácticas suelen reducir el problema a restricciones en el acceso a dispositivos electrónicos, redes sociales o plataformas digitales.
Por su parte, las organizaciones y personas legisladoras presentes insistieron en la necesidad de construir estrategias integrales que reconozcan a las infancias como sujetas de derechos y no solamente como objetos de protección:
“No se trata de cancelar el acceso a internet, limitar el desarrollo de nuestras infancias y adolescencias, se trata de generar un entorno más seguro donde sus derechos estén protegidos y donde las plataformas también a su que les corresponde sin una mira punitiva ni tampoco coercitiva. Estamos hablando de corresponsabilidad”, comentó Luis Donaldo Colosio.
El lanzamiento de esta iniciativa colocó la conversación sobre los derechos digitales de infancias y adolescencias dentro de la agenda nacional de derechos humanos. La apuesta no es solamente tecnológica o legislativa, ya que implica transformar la forma en que el Estado, las plataformas digitales y la sociedad entienden la protección de las niñas, niños y adolescentes, la cual considera una participación activa, así como una toma de decisiones conscientes en medio de lo que representa su vida digital:
“No hay mejores especialistas en temas de niñez y adolescencia que nosotros las propias niñas, niños y adolescentes y nada de nosotros sin nosotros”, concluyó Karen de Aquino.
