Mientras México se prepara para recibir a millones de visitantes durante el Mundial de 2026, organizaciones civiles y periodistas advierten que el verdadero desafío no estará únicamente en la logística, la movilidad o la seguridad de los estadios. También estará en garantizar que quienes protesten, documenten abusos o defiendan derechos humanos puedan hacerlo sin enfrentar vigilancia, represión o criminalización. La preocupación es especialmente fuerte en Jalisco, una de las sedes mundialistas, donde persisten antecedentes de detenciones arbitrarias, desapariciones temporales y violencia contra personas manifestantes.
Por Ana Paula Carbonell/@AnaPauCarbonel1
A menos de dos semanas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizaciones de derechos humanos, periodistas, mecanismos de protección e instancias públicas de derechos humanos advirtieron sobre los riesgos que enfrentan la libertad de expresión, la protesta social y la labor de defensa de derechos humanos en las ciudades sede del torneo.
Esto fue lo que se expresó en el foro Voces en la calle: el derecho a defender derechos humanos y a la protesta social en el contexto del Mundial de fútbol en México, convocado por el Espacio de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (Espacio OSC), la Red Rompe el Miedo México y Agir Ensemble pour les Droits Humains, con el respaldo de la Embajada de Francia en México. Durante el encuentro, representantes de organizaciones civiles, periodistas y comisiones estatales de derechos humanos coincidieron en que existe un riesgo real de que la seguridad del evento se coloque por encima de las garantías fundamentales.
Históricamente, los grandes eventos deportivos han sido también escenarios de protesta social. Desde México 68 hasta Brasil 2014 y Qatar 2022, organizaciones sociales han aprovechado la atención internacional para denunciar violaciones a derechos humanos, desapariciones, desplazamientos forzados, explotación laboral, violencia de género o afectaciones ambientales. Por ello, las organizaciones participantes insistieron en que el Mundial no puede convertirse en una excusa para restringir derechos ni para imponer una lógica de control sobre quienes decidan manifestarse.
Jalisco: una sede mundialista con antecedentes de represión
Buena parte de las alertas estuvieron centradas en Guadalajara, una de las sedes mexicanas del Mundial. Durante el conversatorio, la directora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Denise Montiel, recordó que hablar de protesta social en Jalisco implica hablar de un historial de represión, detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas de corta duración y criminalización de personas manifestantes. Señaló que, a 22 años de la represión ocurrida durante la Cumbre América Latina, el Caribe y la Unión Europea en Guadalajara, los responsables continúan en la impunidad.
Montiel también evocó otro episodio emblemático: las protestas de junio de 2020 tras el asesinato de Giovanni López, cuando más de un centenar de jóvenes fueron detenidos ilegalmente, desaparecidos temporalmente y trasladados clandestinamente por agentes estatales. Según expuso, esos antecedentes obligan a observar con especial atención cualquier operativo de seguridad desplegado durante el Mundial.
La defensora subrayó que el contexto jalisciense resulta particularmente delicado debido a la crisis de desapariciones que atraviesa la entidad.
“Jalisco llega a este Mundial siendo el estado con más personas desaparecidas reconocidas oficialmente”, señaló durante su intervención, al tiempo que recordó que muchas fosas clandestinas han sido localizadas en zonas cercanas a donde se desarrollarán actividades vinculadas al torneo.
Desde esa perspectiva, advirtió que las movilizaciones de colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y organizaciones sociales podrían convertirse en uno de los principales focos de tensión durante el evento.
La preocupación por la militarización y el control de las protestas
Uno de los puntos que más inquietud generó entre las organizaciones fue la estrategia de capacitación policial que se ha promovido en preparación para el Mundial.
De acuerdo con lo expuesto en el foro, autoridades mexicanas han presumido la realización de entrenamientos impartidos por cuerpos policiales de España, Francia y Colombia. Sin embargo, las organizaciones cuestionaron que los contenidos conocidos hasta ahora se centran en control de masas, inteligencia criminal, manejo de disturbios y tácticas de intervención en eventos deportivos, mientras que temas como mediación, diálogo, protección de personas manifestantes y derechos humanos permanecen ausentes.
“Cuando la protesta social se concibe como una amenaza al orden y no como un derecho democrático, el riesgo de la represión aumenta enormemente”, advirtió Montiel.
La preocupación se extiende a la participación de la Guardia Nacional en los operativos relacionados con el Mundial. Las organizaciones señalaron que se trata de una corporación con estructura y lógica militar, diseñada para enfrentar amenazas criminales y no para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales o gestionar movilizaciones sociales desde una perspectiva democrática.
Vigilancia tecnológica y reconocimiento facial
Otro de los temas centrales fue la creciente incorporación de tecnologías de vigilancia en las ciudades sede.
Las organizaciones alertaron sobre la expansión de sistemas de reconocimiento facial, monitoreo masivo y herramientas de vigilancia digital que podrían ser utilizadas para identificar, seguir o perseguir a personas defensoras de derechos humanos, periodistas o manifestantes.
Las preguntas planteadas durante el foro apuntaron a un vacío de transparencia: ¿qué información será recopilada?, ¿quién tendrá acceso a ella?, ¿qué controles existirán para evitar abusos?, ¿cómo impedir que esos datos sean utilizados posteriormente para criminalizar a quienes ejerzan su derecho a la protesta?
Estas preocupaciones adquieren especial relevancia en un país donde la vigilancia ilegal contra periodistas y personas defensoras ha sido ampliamente documentada durante los últimos años.
Periodistas bajo riesgo
La cobertura periodística también ocupó un lugar central en la discusión. Pedro Cárdenas, de Artículo 19 y de la Red Rompe el Miedo, recordó que esta iniciativa nació precisamente para monitorear agresiones contra periodistas durante protestas sociales y anunció que la red desplegará acciones de observación entre el 10 de junio y el 20 de julio.
El monitoreo incluirá reportes en tiempo real sobre detenciones arbitrarias, encapsulamientos, uso de gases irritantes, despliegues policiales desproporcionados y otras posibles violaciones a derechos humanos. Desde Nuevo León, la periodista Melva Frutos advirtió que las mujeres periodistas podrían enfrentar riesgos específicos durante las coberturas, especialmente en contextos de alta presencia policial.
Mientras tanto, representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León recordaron casos recientes de agresiones contra periodistas por parte de corporaciones policiales y señalaron la necesidad de protocolos claros que regulen la relación entre fuerzas de seguridad y medios de comunicación.
La ausencia de coordinación y transparencia
Aunque representantes de las comisiones de derechos humanos de Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León participaron en el foro y expusieron medidas preventivas para monitorear posibles abusos, las organizaciones señalaron que persiste una falta de coordinación efectiva entre autoridades y sociedad civil.
En el caso de Jalisco, Denise Montiel afirmó que, a pocos días del arranque del Mundial, no existe un mecanismo formal que incorpore a organizaciones de la sociedad civil en la planeación de estrategias de prevención y protección.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México informó que desplegará visitadores en protestas, Fan Fest y otros espacios públicos para documentar posibles violaciones, así como para atender denuncias relacionadas con detenciones arbitrarias, tortura o uso excesivo de la fuerza.
Sin embargo, incluso desde las propias instituciones surgieron cuestionamientos. Pablo Rojas Durán, de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, lamentó que los derechos humanos no hayan sido una prioridad en la organización del Mundial y reconoció que ni siquiera las comisiones han tenido acceso pleno a los planes diseñados por FIFA y las autoridades locales.
El Mundial como vitrina de las demandas sociales
Más allá del fútbol, las organizaciones coincidieron en que el Mundial será también un escenario político.
“Las protestas se vuelven herramientas fundamentales para visibilizar injusticias, exigir derechos y disputar narrativas frente a gobiernos que suelen priorizar la imagen internacional por encima de las garantías fundamentales”, señaló Denise Montiel durante el encuentro.
Por ello, las organizaciones insistieron en que las autoridades deben garantizar plenamente la libertad de expresión, la protesta pacífica y la labor de documentación de periodistas y personas defensoras durante todo el torneo. También demandaron mecanismos independientes de monitoreo, transparencia sobre los operativos de seguridad, protocolos con enfoque de derechos humanos y espacios permanentes de coordinación con la sociedad civil.
Al cierre del foro, el mensaje fue claro: el éxito del Mundial no puede medirse únicamente por la cantidad de visitantes o por la imagen que proyecte México ante el mundo. También deberá evaluarse por la capacidad del Estado para garantizar que quienes decidan protestar, denunciar injusticias o documentar violaciones a derechos humanos puedan hacerlo sin miedo a ser vigilados, reprimidos o criminalizados.
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Puedes consultar la grabación completa del foro aquí.
