En el marco de la inauguración del Mundial, cientos de familias buscadoras tomaron las calles de la Ciudad de México para exigir una resolución a sus casos. Sin embargo la respuesta del Estado fue otra, criminalizando sus acciones. Frente a esto, colectivos y organizaciones de Derechos Humanos se pronunciaron para cesar cualquier señalamiento que penalice su derecho a la protesta y garantizar el derecho del mismo.
Por Aletse Torres Flores / @aletse1799
Foto: Leslie Zepeda
“Buscar a una persona desaparecida no debería convertir a una familia en sospechosa”, con esa consigna, colectivos de búsqueda y organizaciones defensoras de derechos humanos denunciaron la criminalización, estigmatización y obstaculización contra familias buscadoras que, entre el 4 y el 11 de junio, se manifestaron en distintas sedes mundialistas para visibilizar la crisis de desapariciones en México.
Las familias aprovecharon la visibilidad internacional del Mundial FIFA 2026 para llevar a los estadios, calles y espacios públicos los rostros de sus seres queridos desaparecidos. Su exigencia fue la misma que han sostenido durante años: verdad, justicia, localización y memoria en un país que supera las 134 mil personas desaparecidas y no localizadas.La respuesta institucional, señalaron, no fue escuchar sus demandas, sino contener sus protestas, impedir su libre tránsito y poner bajo sospecha la legitimidad de sus movilizaciones.
En un pronunciamiento público, los colectivos condenaron los actos de obstaculización registrados en Toluca, Puebla, Ciudad de México y contra el contingente de Ayotzinapa.
Para las familias, estos hechos no pueden leerse como incidentes aislados, sino como parte de un patrón de contención frente a una protesta pacífica que buscaba colocar la crisis de desapariciones en un momento de máxima atención internacional. Uno de los hechos más mediáticos ocurrió el 11 de junio en Ciudad de México, durante la inauguración del Mundial. Las y los familiares de personas desparecidas se manifestaban pacíficamente sobre Calzada de Tlalpan fueron encapsuladas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana mientras intentaban acercarse a las inmediaciones del Estadio Azteca.
La protesta buscaba recordar que, detrás de la “narrativa de celebración”, México mantiene unadeuda histórica con miles de familias que continúan buscando a sus seres queridos con sus propios recursos, sus propios cuerpos y frente a riesgos constantes.
Días antes, en Toluca, integrantes del colectivo “Flores en el Corazón” realizaron una “cascarita antimundial” previo al partido amistoso entre México y Serbia en el Estadio Nemesio Diez. La acción simbólica incluyó fotografías y fichas de búsqueda de personas desaparecidas. De acuerdo con el pronunciamiento, las familias fueron rodeadas por una presencia desproporcionada de elementos policiales, algunos de ellos en caballería, para impedir su paso.
En Puebla, el colectivo “Voz de los Desaparecidos” denunció haber sido cercado y encapsulado
por aproximadamente 300 elementos antimotines mientras realizaba actividades de difusión defichas de búsqueda cerca del Estadio Cuauhtémoc. Integrantes del colectivo también señalaron empujones, despojo de pertenencias y citaciones de la fiscalía estatal programadas para el día de la inauguración del Mundial, lo que leyeron como una posible maniobra para impedir su participación en las movilizaciones. El pronunciamiento también recordó la retención de 17 autobuses con madres, padres y estudiantes normalistas de Ayotzinapa en la caseta de Tlalpan, bajo el argumento de “seguridad nacional”.
Las familias denunciaron irregularidades en el procedimiento y señalaron que la retención impidió la realización de un mitin previsto en el Hemiciclo a Juárez. A estos operativos se sumaron las declaraciones realizadas desde la Secretaría de Gobernación durante la conferencia presidencial del 11 de junio, donde se informó una revisión sobre el origen de los apoyos económicos que recibieron familias de Jalisco para trasladarse a la Ciudad de México.
Para los colectivos, insinuar que la movilización de familias buscadoras pudo responder a “intenciones ajenas” a la búsqueda de justicia constituye un acto de estigmatización pública.
Poner el foco en el financiamiento de los autobuses, y no en la crisis de desapariciones que atraviesa el país, desplaza el centro de la discusión y deslegitima una lucha sostenida por víctimas que no han recibido respuestas suficientes del Estado. Las organizaciones advirtieron que este tipo de señalamientos no son menores. En un contexto donde las familias ya enfrentan amenazas, obstáculos institucionales y riesgos durante las búsquedas en campo, presentar sus movilizaciones como sospechosas puede aumentar su vulnerabilidad y abrir la puerta a nuevas formas de criminalización.
Las familias buscadoras no son un problema de seguridad pública. Tampoco son una amenaza para el Mundial. Son víctimas de una crisis humanitaria que el Estado no ha logrado atender y que, frente a la falta de respuestas, han convertido la protesta, la memoria y la búsqueda en formas de exigencia pública.Recordemos que en México hay registro de más de 133 mil 183personas reportadas como desaparecidas acordé al Registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas.
Sin embargo, el colectivo de Narrativas y Memorias expuso que la cifra real podría ser hasta tres veces mayor, es decir 399 mil 549 casos en todo el país. Esto equivale a casi seis estadios llenos.
Por ello, los colectivos exigieron al Gobierno de México detener cualquier declaración, investigación o acción que pueda intimidar, disuadir o castigar a las familias por ejercer su derecho a la protesta. También pidieron garantizar que ninguna familia buscadora sea retenida, cercada u obstaculizada por manifestarse en el contexto del Mundial.
Entre sus demandas, solicitaron esclarecer de forma transparente las circunstancias de la retención del contingente de Ayotzinapa, incluyendo la cadena de custodia de los artefactos hallados y las irregularidades denunciadas por las propias familias.Y exigieron garantizar la seguridad de las familias buscadoras provenientes de Jalisco ante posibles represalias por su legítimo derecho a la protesta y al libre tránsito, así como una respuesta institucional de fondo a las exigencias de localización, verdad, justicia y memoria.
El pronunciamiento fue firmado por colectivos de búsqueda de todo el país: “Luz de Esperanza”, “Entre Cielo y Tierra, “Flores en el Corazón”, “Corazones Robados” y el “Colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla”. También acompañaron organizaciones defensoras de derechos humanos como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), Data Cívica, Fundar, el Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría de la IBERO, Elementa DDHH y el Observatorio Mexicano de Derechos Humanos.Para las familias, ningún evento deportivo puede justificar el silenciamiento de una crisis humanitaria. Ningún estadio lleno, ninguna ceremonia inaugural y ninguna narrativa de celebración pueden borrar que en México miles de personas siguen desaparecidas y miles de familias siguen buscando porque las instituciones no han garantizado verdad ni justicia.La grandeza de un Estado no se mide por su capacidad de organizar un Mundial, sino por su voluntad de responder a quienes buscan a sus seres queridos con sus propias manos.
