Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
Se titula “Nuevamente pedimos protección, avances y justicia frente a la violencia en contra de personas buscadoras en Guanajuato” el pronunciamiento que decenas de organizaciones sociales, colectivos de búsqueda, familiares de personas desaparecidas y personas solidarias de México y otros países enviaron el pasado jueves 25 de junio como reacción a otro asesinato de una compañera perteneciente a un colectivo de Guanajuato (encuéntralo aquí: x.com/DesapGto). No hay partido de la selección ni justa mundialista que paren la búsqueda, la indignación, la voz de quienes reclaman justicia y denuncian, nuevamente, por enésima vez, la muerte violenta de otra
Así comienza el texto que aquí se quiere divulgar ante el silencio mediático, que muchas veces en el lapso de pocos días envuelve esos casos, y el proceso, siempre activo en el campo político y social, de normalización de la violencia.
“Desde hace años, quienes integramos los colectivos de búsqueda en Guanajuato hemos tenido que enfrentar no solo la ausencia de nuestros seres queridos, sino también la revictimización institucional, la indiferencia social y las agresiones provenientes de grupos criminales. El pasado miércoles 24 de junio, después de las 10 de la noche, nuestra compañera Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, fue asesinada por un grupo armado al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo”.
El contexto estatal, pese a la disminución de los homicidios, alineada con la relativa mejora de los indicadores a nivel nacional en 2025, es todavía preocupante. En 2024 fue activada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) en Guanajuato, declarada para 17 municipios, incluyendo León, debido a la persistencia estructural de violencia feminicida y desaparición, incluyendo sectores vulnerables como niñas, niños y adolescentes. El mecanismo prevé 21 medidas y 40 acciones de prevención, atención, seguridad, procuración de justicia y reparación del daño, sin embargo, no se perciben avances concretos y los casos recientes de ataques contra mujeres buscadoras hablan más que cifras o programas.
El caso de Patricia Negrete se suma a los de otras ocho personas buscadoras que del 2018 a la fecha fueron asesinadas en el estado, mientras que seis más siguen desaparecidas. Guanajuato ha sido la entidad más peligrosa para quienes buscan a su familiar, teniendo 15 casos de asesinatos y desapariciones en total en menos de ocho años. El comunicado sigue explicando:
“Observamos que no existe información pública suficiente sobre los avances de las investigaciones, las líneas de indagación, las personas detenidas y los resultados obtenidos por las autoridades. Esta falta de información no solo afecta el esclarecimiento de su caso, sino también el de las familias de personas desaparecidas en la entidad”.
Es por eso que los colectivos piden una actuación más contundente a las autoridades, a partir del nivel local y más cercano, no en el sentido securitario o “manodurista” sino con enfoque de derechos y prevención, protección e intervención oportuna, acceso a la justicia y combate a la impunidad.
“Urgimos a la gobernadora del estado, Libia Dennise García Muñoz Ledo, así como al fiscal general del Estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a presentar un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones relacionadas con los asesinatos, desapariciones y agresiones cometidas contra integrantes de colectivos de búsqueda en la entidad. Hemos sido testigos de cambios en la conducción de la Fiscalía General del Estado, primero bajo la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre y ahora con Gerardo Vázquez Alatriste. Sin embargo, persisten prácticas que limitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación y la rendición de cuentas para las víctimas y sus familias”.
Como lo reporta la periodista Alfonsina Ávila, “Patricia Negrete era conocida en el municipio por su labor altruista y su activismo en la búsqueda de personas desaparecidas. Se integró al colectivo Una Promesa Por Cumplir tras la desaparición de su hermana, Laura Angélica Negrete Tafoya, ocurrida el 5 de enero de 2021 en Pénjamo”.
Cabe señalar como dato de contexto que Pénjamo se encuentra en la franja fronteriza con Michoacán, como territorios de tránsito e intercambio constante, con ciertas dinámicas criminales en común, e históricamente ha sido una zona con altos índices de desaparición y hallazgos de fosas clandestinas, desde antes que el propio corredor industrial de Guanajuato y, a la postre, casi toda la entidad, se transformaran en una tierra de fosas masivas con más de 5,600 personas desaparecidas (a la fecha). Por lo que la dinámica violenta y criminal en la región es añeja y bien conocida por las autoridades de todos los niveles, que, no obstante, no ha podido o querer intervenir “lo suficiente”. A esta se suma ahora la violencia de género y contra personas defensoras. Sigue el pronunciamiento:
“A la gobernadora del estado le solicitamos fortalecer de manera urgente las medidas de protección para las personas buscadoras y sus familias. La búsqueda de nuestros seres queridos se desarrolla en territorios marcados por la violencia, el miedo y el control de grupos delictivos, condiciones que se agravan cuando las instituciones no garantizan seguridad, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia. El vacío de información y justicia ha generado un ambiente de impunidad y zonas de silencio que dificulta la búsqueda, y profundiza la incertidumbre y la exposición a riesgos de quienes sobrevivimos a la violencia”.
En el pasado reciente desde instancias de gobierno y procuración de justicia en Guanajuato y en México, las personas buscadoras, así como el activismo o el periodismo en general, han sido blanco de ataques directos por parte de discursos oficiales tendientes a criminalizar, a no reconocer el rol público de las víctimas o a generar u clima de tolerancia o mensajes indirectos a los perpetradores para que actúen impunemente. Por tanto, se expresa también esta inquietud:
“Exigimos que se detenga cualquier forma de criminalización hacia las personas desaparecidas y nuestras familias. La desaparición de personas debe analizarse desde una perspectiva integral que considere factores estructurales como la desigualdad social, la falta de oportunidades, el reclutamiento forzado por parte de grupos criminales, el desplazamiento forzado de familias y comunidades enteras, así como los posibles vínculos, actos de corrupción o colusión entre grupos criminales y agentes o instituciones del Estado. Ignorar estas condiciones contribuye a perpetuar la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia”.
Consecuentemente, se ubica la mecánica violenta y desaparecedora como un problema complejo que debe ser atendido por los tres órdenes de gobierno de manera coordinada, frente al continuo deterioro de las condiciones de vida de quienes integran los colectivos o buscan de forma independiente, en condiciones que, en muchos territorios de la República, implican vulnerabilidades agregadas y riesgos superiores: por género, por buscar, por activarse, por ser visibles en la comunidad, por contrastar poderes fácticos criminales o denunciar colusiones de funcionarios públicos, entre otros ejemplos.
“Ante esta realidad, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y solidarias, colectivos de búsqueda, buscadoras independientes y familiares hacemos un llamado conjunto para exigir verdad, justicia, paz y garantías de no repetición. Demandamos medidas de protección reales y efectivas para quienes buscan a sus seres queridos, así como una política pública que coloque a las víctimas en el centro de las acciones del Estado. Pedimos a las autoridades de los tres órdenes de gobierno que asuman plenamente sus responsabilidades y fortalezcan la coordinación institucional para generar condiciones seguras para la búsqueda de personas desaparecidas. Las familias no elegimos vivir esta tragedia ni convertirnos en blanco de ataques. La desaparición ha deteriorado nuestra salud, nuestras economías, nuestras comunidades y nuestros proyectos de vida”.
Cierra el pronunciamiento (y esta columna) con un llamado urgente que invito a suscribir.
“Por la memoria de quienes faltan, por la seguridad de quienes buscan y por el derecho de todas las familias a conocer la verdad, exigimos acciones concretas, resultados verificables y justicia. ¡Hasta encontrarlos!”
