Tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, colectivos de búsqueda, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas y familiares de personas desaparecidas exigieron al Gobierno de Guanajuato y a la Fiscalía General del Estado fortalecer las medidas de protección para las personas buscadoras, transparentar los avances de las investigaciones sobre agresiones contra integrantes de colectivos y garantizar verdad, justicia y acceso a la información. En un pronunciamiento conjunto, advirtieron que Guanajuato se ha convertido en la entidad más peligrosa para quienes buscan a sus familiares desaparecidos.
Por Darwin Franco / @DarwinFranco
Colectivos de búsqueda de Guanajuato, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas, buscadoras independientes y familiares de personas desaparecidas emitieron un pronunciamiento conjunto para exigir protección, avances en las investigaciones y justicia frente a la violencia que enfrentan quienes buscan a sus seres queridos en la entidad.
El posicionamiento se dio tras el asesinato de Patricia Negrete Tafoya, integrante del colectivo Una Promesa Por Cumplir, quien fue atacada por un grupo armado la noche del martes 23 de junio, después de las 10 de la noche, al salir de su trabajo en el Hospital Regional de Pénjamo.
Las organizaciones señalaron que el caso de Patricia se suma al de otras ocho personas buscadoras asesinadas en Guanajuato desde 2018, mientras que seis integrantes de colectivos permanecen desaparecidos. Por ello, afirmaron que la entidad se ha convertido en el estado más peligroso para quienes realizan labores de búsqueda.
En el pronunciamiento, denunciaron que no existe información pública suficiente sobre el avance de las investigaciones relacionadas con los asesinatos, desapariciones y agresiones contra personas buscadoras.
“Observamos que no existe información pública suficiente sobre los avances de las investigaciones, las líneas de indagación, las personas detenidas y los resultados obtenidos por las autoridades. Esta falta de información no solo afecta el esclarecimiento de su caso, sino también el de las familias de personas desaparecidas en la entidad”, señalaron.
Ante este escenario, urgieron a la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, y al fiscal general del estado, Gerardo Vázquez Alatriste, a presentar un informe público sobre el estado que guardan las investigaciones relacionadas con los asesinatos, desapariciones y agresiones cometidas contra integrantes de colectivos de búsqueda.
Las familias recordaron que, pese al relevo en la Fiscalía General del Estado —primero bajo la gestión de Carlos Zamarripa Aguirre y actualmente con Gerardo Vázquez Alatriste—, persisten prácticas que limitan el acceso a la verdad, la justicia, la reparación del daño y la rendición de cuentas.
Asimismo, solicitaron a la gobernadora fortalecer de manera urgente las medidas de protección para las personas buscadoras y sus familias, al señalar que las labores de búsqueda se realizan en territorios marcados por la violencia, el miedo y el control de grupos delictivos.
“A la gobernadora del estado le solicitamos fortalecer de manera urgente las medidas de protección para las personas buscadoras y sus familias. La búsqueda de nuestros seres queridos se desarrolla en territorios marcados por la violencia, el miedo y el control de grupos delictivos, condiciones que se agravan cuando las instituciones no garantizan seguridad, acompañamiento y acceso efectivo a la justicia”, expresaron.
En el documento también advirtieron que el vacío de información y justicia ha generado un ambiente de impunidad y zonas de silencio que dificultan la búsqueda de personas desaparecidas, además de incrementar la incertidumbre y los riesgos para quienes realizan estas labores.
Las y los firmantes exigieron además que cesen las prácticas de criminalización hacia las personas desaparecidas y sus familias. Consideraron que la desaparición debe analizarse desde una perspectiva integral que tome en cuenta factores estructurales como la desigualdad social, la falta de oportunidades, el reclutamiento forzado por grupos criminales, el desplazamiento forzado de familias y comunidades, así como los posibles vínculos, actos de corrupción o colusión entre grupos criminales y agentes o instituciones del Estado.
Afirmaron que ignorar estas condiciones contribuye a perpetuar la impunidad y obstaculiza el acceso a la verdad y la justicia.
Finalmente, organizaciones de la sociedad civil, personas académicas, colectivos de búsqueda, buscadoras independientes y familiares hicieron un llamado conjunto a las autoridades de los tres órdenes de gobierno para asumir plenamente sus responsabilidades, fortalecer la coordinación institucional y generar condiciones seguras para la búsqueda de personas desaparecidas.
“Las familias no elegimos vivir esta tragedia ni convertirnos en blanco de ataques. La desaparición ha deteriorado nuestra salud, nuestras economías, nuestras comunidades y nuestros proyectos de vida”, señalaron.
El pronunciamiento concluye con una exigencia de acciones concretas, resultados verificables y garantías de no repetición para quienes buscan a sus seres queridos.
“Por la memoria de quienes faltan, por la seguridad de quienes buscan y por el derecho de todas las familias a conocer la verdad, exigimos acciones concretas, resultados verificables y justicia. ¡Hasta encontrarlos!”
De acuerdo a la organización Artículo 19, de 2010 hasta mayo de 2026, en el país han sido asesinadas 36 personas buscadoras, y 8 más, han sido reportadas como desaparecidas. Guanajuato es el estado en el que se registró un mayor número de agresiones letales (12), seguido de Sinaloa (4) y Jalisco (4).
