La Otra Historia
Por José Baroja / @jose_baroja / @laotrahistoriamx.
Foto: Mario Marlo / @MarioMarlo
Solo mi memoria sabe lo que encierra.
Elena Garro
Frente a ciertos acontecimientos, algunas ciudades empiezan a prepararse para ser vistas antes que para ser habitadas. No siempre lo hacen por cinismo, ni siquiera por maldad. A veces ocurre de un modo más administrativo, y por eso más peligroso: las autoridades comienzan a ordenar la realidad según aquello que puede mostrarse sin incomodar demasiado. Una avenida limpia, una ruta vigilada, un estadio listo, una zona turística intervenida y una fotografía de funcionarios sonrientes terminan convertidos en las pruebas de una ciudad que aprendió a editarse a sí misma. Lo demás —la precariedad, el miedo, la ausencia, la sed, la desigualdad— no desaparece. Solo queda fuera de cuadro, como si el problema no fuera su existencia sino su inoportunidad. Jalisco corre hoy ese riesgo. El Mundial de 2026 no creó sus problemas, desde luego, pero sí los colocó bajo una luz particularmente incómoda.
Ahora bien, el torneo continuará en otras sedes; Guadalajara, en cambio, llega hoy, 26 de junio, a su último partido programado. No es un detalle menor: la ciudad habrá cumplido su turno dentro del calendario mundialista y, como era previsible, el Estado habrá intentado presentarse ante México y ante el mundo como un territorio moderno, hospitalario, seguro y capaz de organizar un acontecimiento de escala internacional. Nadie sensato podría decir que eso carece de importancia. Un Mundial exige coordinación, infraestructura, servicios, vigilancia, movilidad y una cierta idea de futuro. El problema, por supuesto, no está ahí.
El problema aparece cuando, retiradas las cámaras, advertimos que la ciudad parece más dispuesta a ordenarse para el visitante que para el vecino; cuando la urgencia institucional se activa con mayor precisión frente a una transmisión internacional que frente a una colonia que lleva semanas denunciando agua turbia; cuando el Estado demuestra capacidad para cuidar trayectos mundialistas, aunque no siempre para cuidar aquello que hace posible la vida diaria. En ese punto, el Mundial deja de ser solamente un evento deportivo y se convierte en una forma de revelar prioridades: aquello que se atiende con rapidez cuando el mundo mira y aquello que puede seguir esperando cuando solo lo padecen quienes viven aquí.
Contra lo que algunos defensores del evento podrían suponer, no se trata de oponer el Mundial a la vida cotidiana, como si fueran dimensiones incompatibles. Esa oposición sería demasiado pobre. Una ciudad puede recibir visitantes y, al mismo tiempo, atender a su población. Puede aprovechar una oportunidad internacional sin convertirla en coartada estética. Puede invertir en infraestructura sin olvidar que la infraestructura más importante no siempre es la que aparece en los folletos turísticos, sino la que permite abrir una llave sin miedo, caminar sin sobresalto y confiar en que una institución responderá antes de que la crisis se vuelva espectáculo. El tema, entonces, no es la existencia del Mundial, sino la forma de gobierno que puede organizarse alrededor de él.
La crisis del agua en Guadalajara y su zona metropolitana permite observar con especial claridad esa tensión. El agua posee una contundencia que ningún discurso puede domesticar: sale limpia o no sale limpia; huele mal o no huele mal; genera confianza o produce sospecha. El agua admite poca retórica, ya que ingresa directamente en la casa, en la cocina, en el baño, en el cuerpo. Cuando una familia debe preguntarse si puede bañarse, cocinar o lavar los trastes con el agua que recibe, el problema ya no pertenece únicamente a la ingeniería hidráulica. Pertenece al orden moral de la ciudad.
No se trata de una preocupación abstracta. Investigadores de la Universidad de Guadalajara han señalado que al menos 150 colonias de la zona metropolitana recibieron agua con contaminantes, presencia de algas, restos vegetales, invertebrados y niveles de turbiedad muy superiores a los permitidos por la norma sanitaria. Otros reportes han advertido, además, que la mayoría de las muestras revisadas carecía de niveles adecuados de cloración. Frente a datos de ese tipo, la explicación técnica resulta necesaria, pero insuficiente, puesto que, si bien puede decirnos qué ocurrió dentro del sistema, no alcanza a explicar por qué un servicio elemental tuvo que deteriorarse hasta volverse socialmente inocultable. Lo diré así: el SIAPA puede describirse como un organismo técnico, con funciones, atribuciones, diagnósticos, redes, plantas, tanques y procedimientos; sin embargo, el agua nunca es solo un asunto técnico. Una casa donde el agua se vuelve sospechosa deja de sentirse plenamente protegida por el Estado. Algo se rompe en la relación entre ciudadanía e institución cuando la gente empieza a mirar el color de la llave como quien busca una advertencia. Lo he pensado varias veces al ver noticias en redes: alguien pregunta si el agua volvió a salir turbia; otra persona responde que compró garrafones; alguien más dice que mejor no cocinar con esa agua. Son frases ordinarias, pero contienen una verdad política profunda. Cuando lo básico se vuelve incierto, la crisis deja de estar en los comunicados oficiales y se instala en las rutinas más íntimas. Cada familia comienza a administrar en silencio una falla pública.
Durante años se acumuló un deterioro que ninguna administración puede fingir que nació ayer. La anterior dejó problemas estructurales que no fueron atendidos con la profundidad necesaria; la actual los heredó. Sin embargo, recibir una crisis no significa quedar liberado de responsabilidad. Gobernar también consiste en hacerse cargo de aquello que se recibió en mal estado, en especial cuando lo que está en juego no es un trámite, sino una condición básica de dignidad. En ese sentido, el Gobierno de Jalisco no ha estado a la altura.
La salida de un funcionario puede ser necesaria, pero nunca suficiente. A veces la política cree que cambiar un nombre equivale a modificar una realidad. No es así; al menos no fuera de la fotografía. Una renuncia o una remoción pueden ordenar momentáneamente el relato, pero no limpian tanques, no sustituyen tuberías, no publican por sí mismas análisis independientes, no reparan la confianza ni explican por qué la ciudadanía tuvo que organizarse y presionar para que lo evidente fuera reconocido. El problema de fondo no es únicamente que el agua haya llegado sucia; es que la respuesta pública pareció llegar después de la indignación y, cuando llegó, incluso fue minimizada.
Hay una escena que debería avergonzar a cualquier gobierno: vecinos obligados a mostrar botellas con agua contaminada para demostrar que su experiencia es real. La imagen resume una enfermedad política más amplia. En demasiadas ocasiones, la ciudadanía debe probar su propio padecimiento antes de ser escuchada. Debe fotografiarlo, grabarlo, subirlo a redes, buscar medios, insistir, convertir la vida diaria en expediente: solo entonces el malestar privado alcanza la categoría de problema público. Esa exigencia revela también algo más grave: la distancia de muchos altos funcionarios respecto de la vida que dicen administrar. Quien nunca ha tenido que preguntarse si el agua que sale de su llave enfermará a sus hijos difícilmente entiende la dimensión de esa incertidumbre. Mientras tanto, cada familia resuelve como puede: compra garrafones, hierve agua, modifica rutinas, mira con desconfianza la llave, se pregunta si enfermará. El Estado falla y la casa absorbe la falla.
La seguridad muestra una fractura todavía más profunda. Jalisco no carga únicamente con cifras de violencia; carga con ausencias. Las desapariciones no son un indicador más dentro de un informe, sino una forma extrema de desposesión, puesto que le arrebatan una persona a su familia y luego le arrebatan a esa familia incluso la posibilidad de saber. La desaparición suspende el tiempo, impide el duelo, impide la paz, impide la vida ordinaria. Cada persona desaparecida abre una herida que ninguna estadística consigue cerrar. Teuchitlán y el Rancho Izaguirre no deberían incorporarse con naturalidad al inventario de horrores nacionales. Cuando una sociedad empieza a acostumbrarse a esos nombres, algo terrible ya ocurrió antes de cualquier investigación. Lo encontrado, lo denunciado, lo omitido y lo discutido en torno a ese sitio obligan a formular una pregunta más incómoda que cualquier comunicado: ¿cuánto espacio necesita el horror para instalarse antes de que el Estado lo vea?
Las familias buscadoras han tenido que desarrollar una sabiduría que ninguna persona debería poseer. Aprenden a leer terrenos, reconocer prendas, seguir pistas, presionar instituciones, cuidar evidencias y sostenerse entre ellas cuando la autoridad llega tarde o llega mal. Esa escena invierte el sentido mismo del Estado. No es la institución protegiendo a las familias; son las familias empujando a la institución para que cumpla lo que debió hacer desde el principio. Por supuesto, la violencia no puede explicarse mediante una sola causa ni adjudicarse por completo a una administración específica: sería intelectualmente deshonesto hacerlo. Hay redes criminales, complicidades, economías ilegales, fallas históricas, omisiones acumuladas y responsabilidades distribuidas entre distintos niveles de gobierno. Empero, la complejidad no debe convertirse en escondite. Nombrar las raíces profundas de un problema no autoriza a administrar sus consecuencias con lentitud.
Gobernar no es únicamente definir competencias legales. Gobernar es producir una experiencia mínima de amparo. Que una persona sepa que no tendrá que gritar para ser escuchada; que una familia buscadora no sentirá que camina sola frente al horror; que una colonia no tendrá que exhibir su agua para que alguien actúe; que una víctima no será tratada como expediente. Cuando esa experiencia desaparece, la autoridad puede seguir existiendo, pero algo esencial de la vida pública se queda sin casa.
En este punto, el Mundial incomoda precisamente porque permite comparar velocidades. Para el evento internacional hay calendario, metas, rutas, presupuesto, coordinación, supervisión y presión política. Para las crisis ordinarias suele haber diagnósticos, promesas, mesas, comunicados y paciencia exigida a quienes llevan demasiado tiempo esperando. No es que el Estado no pueda moverse. La pregunta es qué tipo de mirada necesita sentir encima para hacerlo con urgencia. Una ciudad sede puede funcionar de manera impecable durante unas horas: puede ordenar accesos, cuidar avenidas, recibir visitantes, llenar hoteles, proyectar hospitalidad y ofrecer al mundo una imagen convincente de control. Sin embargo, la verdad de una ciudad rara vez se encuentra en su mejor día.
Por ello conviene desconfiar de las palabras demasiado grandes cuando se usan demasiado pronto: modernidad, transformación, legado, orgullo. Todas pueden ser ciertas, pero también pueden funcionar como cortinas. Pan y circo, decían en la Antigua Roma. El orgullo público no debería depender de la capacidad de impresionar al visitante, sino de la posibilidad de vivir sin tener que desconfiar de lo elemental. Una ciudad digna no es aquella que logra ocultar sus heridas durante una transmisión, sino aquella que se atreve a tratarlas cuando nadie está mirando.
Jalisco puede aprovechar el Mundial. Si el evento deja obras, movilidad, coordinación y servicios más sólidos, habrá tenido sentido público. Si solo deja fotografías y una breve sensación de orden, entonces habrá sido apenas una interrupción luminosa dentro de una crisis más larga. Dicho de otro modo, el riesgo no es que Guadalajara reciba mal al mundo. El riesgo es otro: que esa capacidad de recibir se confunda con la capacidad de gobernar. Se puede organizar con eficacia un acontecimiento y, al mismo tiempo, fallar en la administración de lo esencial. Se puede cuidar al visitante sin haber cuidado suficientemente al habitante. Se puede construir una imagen de ciudad mientras la confianza pública se deteriora debajo.
Una ciudad no se mide por su mejor encuadre, sino por aquello que permanece cuando nadie la está grabando: la calidad del agua, la seguridad de sus barrios, la respuesta ante las víctimas, la honestidad de sus instituciones, la posibilidad de no vivir siempre a la defensiva. Lo demás puede ser importante, pero no reemplaza lo básico. Una ciudad puede aprender a mostrarse. Lo difícil, y lo verdaderamente político, es aprender a cuidar aquello que no cabe en la imagen. El Gobierno de Jalisco aún está al debe.
