Manos Libres
Por Francisco Macías Medina / @pacommedina (X) / @FranciscoMacias (TG)
Foto: Leslie Zepeda
Una experiencia de alerta es cuando percibimos una situación de riesgo a la que debemos de poner más atención y cuidado. Incluso físicamente se activan diversos mecanismos para reaccionar rápido, se incrementan todos los sentidos, nos preparamos.
En los gobiernos se han diseñado diversas herramientas tomando como base graves situaciones, el caso del mecanismo de la Alerta de Violencia de Género es uno de ellos, el cual busca agilizar la aplicación de acciones y políticas, parte de un diagnóstico claro de riesgos y amenazas en el que se busca una eficaz coordinación junto con sociedad civil para atender con inmediatez.
Se entiende que lo que ocurre se encuentra fuera de una dinámica y que las acciones hasta ese momento realizadas han sido insuficientes y requieren un reforzamiento que nos involucra a todas las instituciones y organizaciones.
Desde hace varios sexenios, la crisis del agua se ha incrementado, la cual pasó desde severos cortes en el suministro, incremento desmedido de tarifas, segregación de amplias zonas de la ciudad, muchas de ellas dejadas a la voluntad de un mercado informal de suministro, hasta llegar a un momento en que el agua “fuera de norma”, por su olor, color y consistencia se convierte en un medio de daño a instalaciones y a la salud de las personas.
En ese periodo de crisis, todos los gobernantes propusieron una solución definitiva que nunca llegó, siempre acompañadas por obras hidráulicas, de entre más tamaño y cifras de varios dígitos, mejor.
Ahí encontramos proyectos fallidos, desde el crédito japonés, pasando por el proyecto de Arcediano que generó la expulsión de sus pocos pobladores y un acaparamiento de la tierra suficiente para reestructurar usos en favor de inversionistas en el filo de la barranca de Huentitán.
Siguió el proyecto de la Presa de Temacapulin, que propició una gran presión en las comunidades y finalmente se llevó a cabo, pero no con toda su magnitud. En ese espacio, la resistencia de sus mujeres y pobladores, demostró que la identidad y la autodeterminación de las comunidades son superiores a las soluciones centralizadas sin poner al centro las necesidades de las personas.
Pareciera un ciclo “no oficial” de los responsables de la gestión del agua en el que las respuestas a crisis autogeneradas van acompañadas de cambios directivos, administrativos, grandes obras, así como una narrativa responsable, definitiva y triunfante pero no escalada a responder a la crisis desde lo que vive el usuario del agua.
Es significativo que cada episodio carezca de un reforzamiento de mecanismos de participación y de discusión basada en un proceso justo. Se utiliza la gestión del agua como si fuera una institución cerrada de seguridad pública que en todas las ocasiones ha sido vencida por la resistencia y una cascada de acciones jurídicas, entre otras.
Se advierte una gran necesidad de invertir más que en reparar los daños, de tener una razón ingenieril cerrada que discutir la complejidad del presente y futuro del agua de la ciudad; de evitar la participación de la ciudadanía y actuar como “dueños” de un recurso que como garantes de un derecho humano básico para la vida de las personas.
Se prefiere el ciclo de la normalidad que en realidad cuidar y atender la urgencia que se reclama.
Lo que ocurre con la gestión del agua en Jalisco es una lucha por garantizar los derechos humanos, ya que se nos pretende colocar en una falsa disyuntiva para tolerar y normalizar la falta de acceso al agua de calidad a cambio de un discurso, unas obras y una creencia sin evidencia, en favor de actores políticos cuya única experiencia es gestionar, pero no cumplir, ni mucho menos reparar o evitar que lo anterior vuelva a ocurrir.
Las campañas y protestas lanzadas por el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario sobre el SIAPA corrupto, así como el análisis del agua que recibimos son herramientas para afianzar y exigir nuestros derechos.
Podemos seguir en la ruta de fe para los actores políticos o exigir derechos. Si es lo segundo, urge garantizar en las leyes y en la práctica mecanismos de alerta, incrementar la gobernanza ciudadana en el tema de agua en todos sus procesos, abrir el SIAPA en cuanto a sus datos u estándares, así como exigir la reparación de daño para todos los usuarios.
Es momento de reescribir una nueva etapa para el derecho humano al agua.
