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Por Jesús Emmanuel Rosales Macías
Fotografía de portada Leslie Zepeda
Hay leyes que uno estudia por obligación y leyes que uno debería leer, al menos una vez, con el pecho apretado, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de Jalisco es de esas segundas, no es un tecnicismo jurídico más para memorizar en un examen: es la promesa escrita de que ninguna mujer, en ningún rincón de este estado, debería tener miedo de llegar a su casa, de terminar una relación, de caminar sola, de simplemente existir.
Y sin embargo, aquí estamos, en 2026, todavía necesitando explicarla, todavía necesitando recordarla, porque una ley que se cumpliera del todo no necesitaría columnas de opinión que la defiendan: se sostendría sola, en los hechos, en las calles, en las sentencias.
Esta ley existe para tender un puente entre el derecho y la vida real de las mujeres jaliscienses: ordena al Estado prevenir la violencia antes de que ocurra, atender a quien ya la vivió, sancionar a quien la ejerce y, en última instancia, erradicarla, contempla algo que pocas personas conocen fuera de los círculos jurídicos: la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, un mecanismo de emergencia que el gobierno federal activó para Jalisco desde noviembre de 2018 y que hoy sigue vigente en la totalidad de los municipios del estado, es, en pocas palabras, un reconocimiento oficial de que aquí, en nuestra tierra, la violencia contra las mujeres no es un problema aislado ni ocasional: es una alerta permanente, activa, que no se ha podido apagar.
Ocho años de alerta, ocho años de que el Estado mismo admita que algo no está funcionando como debería.
No hace falta ir muy lejos para ver la distancia entre la ley y la vida, especialistas de la Universidad de Guadalajara han documentado que, solo entre enero y octubre del año pasado, Jalisco registró treinta y dos feminicidios y advierten algo todavía más doloroso: que la cifra real podría ser mayor, porque no todos los homicidios de mujeres se clasifican con la debida diligencia como lo que verdaderamente son, datos nacionales han colocado a nuestro estado, en distintos periodos recientes, entre las diez entidades más peligrosas del país para ser mujer.
Detrás de cada uno de esos números hay una historia que no terminó como debía, una madre, una hija, una hermana, una amiga que un día no volvió a casa y detrás de cada feminicidio que se investiga como “muerte dudosa” o “homicidio culposo” en lugar de reconocerse por lo que es, hay una segunda violencia: la de un sistema que, incluso después de la muerte, sigue sin nombrar correctamente lo que le ocurrió a esa mujer.
Aquí es donde toca detenerse y ser honestos, no solo como juristas sino como personas: ninguna ley, por bien escrita que esté, cambia sola una cultura que durante generaciones normalizó el control, los celos como prueba de amor, el “algo habrá hecho” susurrado después de cada tragedia, la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia puede ordenar protocolos, presupuestos, refugios, sistemas de alerta, lo que no puede ordenar es que un vecino intervenga cuando escucha gritos al otro lado de la pared, no puede ordenar que un padre eduque a su hijo diciéndole que el amor nunca se demuestra con miedo, no puede ordenar que quienes imparten justicia lo hagan siempre con la diligencia y la perspectiva de género que la propia ley exige.
Eso nos toca a quienes vivimos aquí y a los hombres, para quienes esta ley no debería sentirse como una acusación sino como una invitación: construir masculinidades que no necesiten del control ni de la violencia para sentirse enteras, a las mujeres, para sostenerse entre ellas, para denunciar sin miedo aun sabiendo que el camino después de la denuncia todavía es incierto, a quienes formamos, enseñamos, litigamos o legislamos, para no permitir que una ley tan importante se quede en el papel, en un decreto que se cita en pie de página pero no se siente en la vida cotidiana de nadie.
Jalisco tiene la ley desde hace años, tiene la alerta activa desde hace ocho y lo que todavía no tiene, del todo, es la certeza de que esas palabras escritas se traduzcan en mujeres vivas, en casas seguras, en justicia real para quienes ya no están para contarlo.
Sensibilizar sobre esto no es un ejercicio académico, es recordarnos, una y otra vez, que detrás de cada estadística hay un nombre, una historia, una vida que merecía continuar y que la única forma de que esta ley cumpla su promesa es que dejemos de tratarla como letra jurídica y empecemos a vivirla como compromiso colectivo: en la casa, en el aula, en la calle, en cada denuncia que decidamos creer.
Porque una vida libre de violencia no debería ser una alerta permanente, debería ser, simplemente, la vida.
*Jesús Emmanuel Rosales Macías, es Abogado litigante y Académico.
