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El reciente actuar de la Policía Metropolitana contra vecinos manifestantes de la Colonia Mirador de San Isidro, quienes en el ejercicio pacífico de sus derechos, nos hace recordar la historia represiva del Gobierno de Jalisco; en este texto hace un recuento de las decenas de ocasiones en que la violencia se ha ejercido contra la ciudadanía.
Por Ángel Abraham*
La memoria como acto subversivo.
El hedor de la represión en Jalisco forma parte del inventario fijo del Gobierno Estatal: una peste institucionalizada que lleva décadas perfeccionándose y se vuelve cada vez más notoria.
Vienen a mi memoria recuerdos de la represión del 28 de mayo año de 2004 cuando, al tenor de la Tercera Cumbre de Jefes de Estado de América Latina, el Caribe y la Unión Europea, un grupo altermundista se manifestaba en las inmediaciones del Centro Histórico de Guadalajara, para el descontento de aquel festín neoliberal que se celebraba. Dicho grupo sería tildado peyorativamente de globalifóbico y, posteriormente, sometido por el brazo armado del Estado en un despliegue de detenciones arbitrarias y violaciones graves a los derechos humanos coordinado por elementos de la Dirección General de Seguridad Pública de Guadalajara y de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado.
En aquel fatídico 28 de mayo, el Palacio de Gobierno de Guadalajara y otros tantos edificios gubernamentales se convertirían en centros de tortura y encarcelamiento clandestino, todo maquinado y ejecutado por el entonces Procurador General de Justicia Gerardo Octavio Solís Gómez, quien volvería en 2018 como Fiscal General, ahora teñido de naranja y arropado por la sombría figura de Enrique Alfaro, para recordarnos que aunque las siglas y colores cambien, el brazo del Leviatán no deja de ser controlado por sádicos con poder.
Como si esa pestilencia no hubiera cubierto ya con suficiencia el despacho del ahora renombrado Fiscal, en julio de 2019 se ejecutaría nuevamente una violenta represión para sofocar la protesta contra el tarifazo propuesto por el gobierno de Enrique Alfaro y, de nueva cuenta, del 4 al 6 de junio de 2020 la Fiscalía del Estado, con auxilio de diversas corporaciones metropolitanas de seguridad, llevarían a cabo una de las más atroces e infames movilizaciones policiacas en contra de jóvenes manifestantes que, vaya ironía, protestaban contra los actos de violencia policial acometidos en contra de Giovanni, un albañil en Ixtlahuacán de los Membrillos detenido por la policía municipal en el contexto de la pandemia, con el pretexto de no portar cubrebocas.
Pareciera como si la brutalidad policial fuera un protocolo de actuación del propio Estado, como si la indicación fuera quitarle el bozal a un perro que solo sabe morder.Es una escuela de represión, resultado de un devenir de violencia institucionalizada, que no nace precisamente en los gobiernos panistas ni alfaristas, pero que se ha arraigado en el actuar de todas las corporaciones de seguridad del Estado y sus municipios.
Por todo lo anterior indigna (aunque lamentamblente no sorprenda) el reciente actuar de la Policía Metropolitana contra vecinos manifestantes de la Colonia Mirador de San Isidro, quienes en el ejercicio pacífico de sus derechos, mantenían un plantón dentro del terreno que hace treinta años el Gobierno del Estado prometió convertir en áreas verdes, culturales y de esparcimiento de los colonos.
Hoy, tres décadas después, con la venia de un Congreso que no lee lo que vota, se desincorporó el predio en favor del Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) para la edificación de un complejo departamental de 10 torres de cinco niveles cada una, para ser vendidas al personal de la Secretaría de Seguridad del Estado. Sí, esos mismos que ejecutaron el desalojo del predio.
Apenas unas horas antes de la agresión, los vecinos habían clausurado el terreno de manera simbólica plantando un árbol, defendiendo la promesa de un parque, así como la zona de infiltración que ese terreno hoy día representa y mitiga las inundaciones recurrentes de los alrededores. La respuesta del Estado llegó de madrugada, como si de un asalto a casa habitación se tratara. Cerca de las 2:00 a.m. de este 30 de julio, amparados en la cobardía de la oscuridad, decenas de elementos antimotines irrumpieron para desmantelar el campamento que los vecinos habían establecido con el fin de proteger el propósito primigenio de ese terreno, como si el velo de la noche fuera a ocultar la violencia con la que operan como corporación.
Qué mejor carta de presentación para los inquilinos de Mirador San Isidro, por parte de los promitentes habitantes del complejo “Legado Jalisco”, que llegar al que pretenden sea su nuevo hogar repartiendo el ya tradicional y tristemente célebre saludo a macanazos.
El único y verdadero legado que Movimiento Ciudadano está dejando en Jalisco, tal y como los herederos que son del panismo represor de Ramírez Acuña, es el de la violencia; el del uso desmedido de un puño de hierro que al infame vecino de Manuel Acuña 2624 le cuesta cargar frente al crimen, pero que nada le pesa agitar contra sus gobernados.
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Busco habitar con lucidez un mundo que insiste en confundirnos. Sospecho que vivir exige algo más que obedecer el ritmo impuesto.
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