Comunidades campesinas, organizaciones sociales y habitantes de distintos municipios del Suroeste antioqueño caminaron en respaldo a los “11 de Jericó”, procesados por hechos relacionados con las protestas contra el proyecto minero Quebradona. La música de Sikuris Docató y la Escuela Popular de Sikuris de Medellín, acompañañaron una jornada atravesada por el arte, las semillas y la defensa del agua.
Texto y fotografías: Guillermo Gutiérrez /@_guillermogutierrez
En Jericó, la defensa del agua comenzó a escucharse antes de ocupar la plaza. El sonido de las zampoñas y los tambores avanzó por las calles junto a campesinos, organizaciones ambientales, colectivos sociales y ciudadanos llegados desde distintos municipios.
El lunes 3 de agosto de 2026 se realizó la “Juntanza por la Vida y la Justicia”, una movilización convocada en respaldo a los conocidos “11 de Jericó”: campesinos y líderes comunitarios que enfrentan un proceso penal por hechos ocurridos durante distintas protestas contra las actividades de exploración del proyecto de cobre Quebradona, de la multinacional AngloGold Ashanti.
La marcha partió desde la sede territorial de Corantioquia y recorrió las calles del municipio hasta llegar al parque principal, frente a la catedral. Allí, las consignas dieron paso a presentaciones artísticas, conversaciones, actos de espiritualidad, una olla comunitaria, intercambio de semillas y la construcción de un mandala elaborado con frutas, granos y otros productos de la tierra.
A la movilización se sumó la agrupación musical Sikuris Docató, proveniente del municipio de Andes y la Escuela Popular de Sikuris de Medellín. Con zampoñas, bombos y percusiones, sus integrantes acompañaron el recorrido y convirtieron la música en una forma de respaldo colectivo. Su participación recordó que la defensa del territorio también se expresa mediante el arte, la memoria y los sonidos que conectan a las comunidades con el agua y las montañas.
El proceso judicial contra los 11 campesinos comenzó formalmente en 2025. La Fiscalía les imputó los presuntos delitos de secuestro simple y hurto calificado; uno de ellos también enfrenta una imputación por lesiones personales. Los señalamientos están relacionados con varios episodios ocurridos entre 2022 y 2023, cuando habitantes de las veredas se opusieron al ingreso de trabajadores y al desarrollo de actividades vinculadas con la exploración minera.
Las organizaciones sociales y ambientales que acompañan el caso consideran que el proceso constituye una forma de criminalización de la protesta y de la defensa ambiental. La Fiscalía, por su parte, sostiene que durante algunos de esos episodios se habrían presentado retenciones, agresiones y afectaciones a bienes. Los campesinos conservan su presunción de inocencia y continúan afrontando el proceso en libertad, después de que un juez negara en junio de 2025 la solicitud de detención domiciliaria formulada en su contra.
Las audiencias de formulación de acusación estaban programadas inicialmente para los días 3, 4, 5 y 6 de agosto de 2026. Sin embargo, fueron aplazadas para el 8, 9 y 10 de marzo de 2027. Según la información conocida, la decisión respondió a una solicitud de la Fiscalía —que espera el estudio sobre una posible aplicación del principio de oportunidad— y a problemas técnicos de conectividad y equipos en el juzgado. El aplazamiento prolonga la incertidumbre jurídica para los procesados y sus familias.
En el centro del conflicto se encuentra el proyecto Quebradona, cuya solicitud de licencia ambiental fue archivada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales en 2021. Durante más de una década, sectores campesinos de Jericó y otros municipios del Suroeste antioqueño han expresado su preocupación por los posibles efectos de la minería sobre las fuentes hídricas, la biodiversidad, la agricultura y las formas tradicionales de habitar el territorio.
Aunque las audiencias fueron reprogramadas, la movilización se mantuvo. La convocatoria, respaldada por más de un centenar de organizaciones sociales y ambientales, reafirmó que el acompañamiento a los “11 de Jericó” continuará durante la nueva etapa del proceso.
Al terminar la jornada, el parque quedó cubierto de semillas, frutas, tejidos, pancartas e instrumentos. En una de las imágenes levantadas durante la marcha podía leerse una frase que condensó el sentido de la juntanza: “La justicia debe proteger a quienes cuidan la naturaleza, no perseguirlos”.
Entre música, alimentos y memoria campesina, Jericó volvió a declarar que la defensa del agua no es solamente una disputa ambiental: es también la defensa de una forma de vida.
