Desde el 21 de julio, habitantes de Mirador de San Isidro, en Zapopan, mantienen una protesta pacífica para exigir al Gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento de Zapopan información y diálogo sobre el proyecto que contempla construir 200 viviendas para policías y sus familias en la colonia. Los vecinos aclaran que no se oponen a que los elementos de seguridad tengan acceso a una vivienda, sino a los posibles impactos que el desarrollo tendría sobre una zona que, aseguran, enfrenta problemas de agua, drenaje, movilidad, inundaciones y condiciones del suelo.
La inconformidad escaló el 30 de julio, cuando más de 150 elementos de seguridad estatal y municipal desalojaron durante la madrugada el campamento que los habitantes habían instalado frente al predio. Tras el operativo, la protesta se trasladó al camellón de avenida Valle de San Isidro, donde los vecinos continúan solicitando una mesa de diálogo mientras denuncian que los trabajos de limpieza y movimiento de tierra avanzan sin que, hasta ahora, hayan recibido una convocatoria formal para discutir las condiciones y posibles afectaciones del proyecto.
Textos y fotos por Miguel Vidal / @Vidal_PMiguel (IG)
Desde el pasado 21 de julio, vecinos de Mirador de San Isidro, en Zapopan, mantienen una manifestación pacífica frente al predio donde se proyectan 200 viviendas para policías y sus familias. Aclaran que no se oponen a la vivienda para los elementos de seguridad, sino a las implicaciones del desarrollo en su colonia, por las condiciones de infraestructura, servicios, movilidad, agua y medio ambiente. Tras ser desalojados del terreno por autoridades estatales y municipales, señalan que siguen sin recibir una convocatoria formal del Gobierno de Jalisco para dialogar.
El proyecto forma parte del programa Legado, impulsado para facilitar vivienda a elementos de seguridad pública, policías caídos y sus familias. En Mirador de San Isidro contempla 10 torres con unos 200 departamentos en un predio de 12 mil 830 metros cuadrados, sobre avenida Valle de San Isidro, casi esquina con Cardenal.
La inconformidad surgió cuando los habitantes conocieron los alcances del proyecto y cuestionaron que un desarrollo de esta magnitud se construya en un espacio que, aseguran, la comunidad ha considerado para áreas verdes y servicios públicos. También señalan problemas de drenaje, vialidad, servicios, inundaciones y condiciones del suelo.
Uno de sus principales reclamos es la falta de diálogo. Los habitantes han solicitado una mesa de trabajo al Gobierno de Jalisco y al Ayuntamiento de Zapopan, pero aseguran que no han recibido una convocatoria formal. Del municipio, señalan, únicamente les informaron que su petición fue turnada a la Subsecretaría de Asuntos del Interior.
Desalojo por más de 150 elementos policiales
El 30 de julio, más de 150 antimotines, policías estatales y municipales desalojaron de madrugada el campamento instalado por vecinos de Mirador de San Isidro para impedir la intervención del predio. Los habitantes denunciaron que el operativo ocurrió alrededor de las 3:00 a.m..
Los vecinos señalaron que seis personas permanecían en el campamento cuando fueron retiradas y denunciaron agresiones durante el operativo. Al menos dos mujeres reportaron lesiones, mientras que el colectivo anunció acciones legales y solicitó protección para quienes participan en la defensa del terreno.
Tras el desalojo, los habitantes trasladaron su protesta al camellón de avenida Valle de San Isidro, donde mantienen una manifestación pacífica y exigen una mesa de diálogo con autoridades. Hasta ahora, señalan, no han recibido una convocatoria formal para discutir el proyecto ni sus posibles afectaciones en la colonia.
Mientras esperan respuesta, los vecinos denuncian que continúan los trabajos en el predio, con maquinaria para limpieza, movimiento y aplanado de tierra, además del retiro de vegetación y árboles pequeños.
Entre los elementos que generaron mayor inconformidad está el retiro del fresno que habían plantado como “Árbol de la Esperanza”. Los habitantes sostienen que alrededor de una decena de árboles pequeños han sido eliminados o retirados durante los trabajos.
El Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI) afirma que no se ha derribado ningún árbol adulto y que los ejemplares jóvenes fueron retirados, resguardados y serán replantados. Añade que las labores de limpieza, retiro de maleza y movimiento de tierra cuentan con permiso del Ayuntamiento de Zapopan.
Efectos de los trabajo
La preocupación alcanza a las viviendas de la calle Cardenal, colindantes con el terreno. Vecinos relataron que han percibido movimientos en sus casas durante los trabajos y solicitaron a Protección Civil revisar las viviendas para determinar posibles afectaciones.
La familia Ruelas Sandoval, señaló que durante los trabajos del 3 de agosto, percibió movimientos fuertes en su vivienda y pidió una inspección de las casas cercanas. Los habitantes estiman que unas 25 viviendas tienen colindancia directa con el área del proyecto.
Protección Civil les indicó que, debido a la carga de trabajo, no podía realizar por el momento la revisión de las viviendas y les solicitó presentar una petición por escrito para inspeccionar las casas y determinar posibles afectaciones relacionadas con los trabajos que se realizan en el predio.
La familia señaló que atenderá el procedimiento solicitado mientras espera que la inspección pueda realizarse antes de que se presenten mayores daños.
La comunidad cuestiona además la capacidad de la infraestructura para soportar el desarrollo. Entre sus argumentos menciona saturación del drenaje, problemas de movilidad, falta de servicios y riesgos de inundación, por lo que pide conocer los estudios que acrediten la viabilidad ambiental, hídrica, urbana y de seguridad.
Responsabilidad del Congreso local
La diputada de Futuro, Tonantzin Cárdenas, quien votó a favor de la desincorporación en la Comisión de Hacienda, sostiene que el Congreso no autorizó la construcción. Explicó que el decreto permitió únicamente que dos inmuebles estatales, uno en Zapopan y otro en Tonalá, fueran donados al IJALVI para el programa Legado.
Cárdenas precisó que el voto legislativo no constituye licencia de construcción, cambio de uso de suelo, autorización de urbanización o edificación, dictamen ambiental, certificación de agua o drenaje, permiso para retirar arbolado ni estudios de movilidad, riesgos, protección civil o mecánica de suelos.
Aunque el expediente incluía la propuesta de 200 viviendas, renders y referencias a estacionamientos, áreas verdes, servicios y transporte, la legisladora señaló que no contenía el expediente técnico integral para ejecutar la obra. Afirmó que esos estudios corresponden a las autoridades promotoras, ejecutoras y reguladoras.
Compromisos de diputaciones
Tras el conflicto, Cárdenas, la diputada de Futuro Mariana Casillas y el coordinador de Morena, Miguel de la Rosa, acudieron al campamento y firmaron una carta compromiso para respaldar la defensa del predio, promover el diálogo, acompañar el proceso ciudadano y votar contra cualquier autorización de un desarrollo habitacional en el terreno.
Los habitantes han insistido en que su movimiento no tiene afiliación partidista. En un posicionamiento reciente rechazaron respaldar a alguna fuerza o figura política y pidieron a todos los partidos, incluido Movimiento Ciudadano, acudir al campamento para conocer sus argumentos.
La postura ocurre en medio de señalamientos políticos sobre el origen de la protesta. La dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, Mirza Flores, ha acusado a Morena de organizar a los habitantes para oponerse al programa de vivienda para policías. Los vecinos rechazan esa versión y sostienen que su movilización responde a las condiciones de su colonia y a los posibles efectos del proyecto.
También pidieron evitar una confrontación entre policías y habitantes y que cualquier intervención se realice bajo principios de paz. Exigieron que las autoridades responsables acudan personalmente al campamento y no únicamente mediante intermediarios.
