Trotamundos Político
Por Fabrizio Lorusso / @FabrizioLorusso
El pasado 3 de agosto el INEGI (Instituto Nacional de Estadísticas y Geografía) publicó el Reporte de resultados 28/28 sobre defunciones por homicidio, documento de 14 páginas que reúne los resultados preliminares para 2025 y tiene por objetivo “proporcionar información de la mortalidad de la población y sus causas para contribuir al conocimiento de la dinámica demográfica, con énfasis en las defunciones identificadas como agresiones con la aplicación de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados con la Salud, Décima Revisión”.
El homicidio doloso se considera como uno de los principales indicadores de violencia a nivel nacional e internacional porque tiene una cifra negra o subregistro bajo, respecto de otros crímenes de robo, asalto o privación de libertad que implican violencia física directa en contra de las víctimas. De ahí su importancia comparativa, mediática y política en materia de seguridad ciudadana, política pública y estimación de la violencia.
El homicidio en México se mide de manera relativamente consistente y continua desde 1990 y esto permite la comparabilidad de los datos a lo largo del tiempo, por lo que la percepción general, la interpretación de los datos y los mismos anuncios periódicos de las autoridades acerca de este fenómeno suscitan debates encendidos, valoraciones y expectativas sociales y políticas, pero también intentos de maquillaje y manipulación de números y narrativas.
El homicidio y el feminicidio, es decir, el asesinato de una mujer por razones de género, representan los máximos atentados contra la vida, además de ser delitos graves, sancionados teóricamente, cuando no caen en la impunidad, con largas condenas a prisión e, inclusive, con la pena de muerte, todavía vigente para ciertos casos en varios países, como por ejemplo, Estados Unidos, China, Irán, Arabia Saudita o Vietnam.
El INEGI estableció entonces que para 2025 en México se registraron en forma preliminar 27 989 presuntos homicidios. En 2024 fueron 33 550. Los años con más homicidios, con cifras superiores a los 36 600 asesinatos, fueron 2018, 2019 y 2020, después de los cuales comenzó un lento descenso que, ahora, se ha vuelto más pronunciado.
El dato preliminar de 2025 representa una baja interanual del 16% del 2024 al 2025, superior a la última baja significativa en la historia reciente, que fue del 13.2% entre 2013 y 2014, mientras que mucho más “tímida” fue la disminución del 6.76% entre 2021 y 2022, que estabilizó la cifra alrededor de 33 000 asesinatos intencionales entre 2022 y 2024.
La tasa en 2025 fue de 21.4 homicidios por cada 100 mil habitantes a nivel nacional: esta mide el homicidio doloso en proporción a la población y fue menor en un 17% a la que se generó con la información definitiva de 2024, que fue de 25.8. Para finales de este año, el INEGI va a generar igualmente las estadísticas definitivas, pero normalmente no hay discrepancias relevantes con lo que se registra a mediados de cada año. La tasa se calcula con base en una población estimada por CONAPO en 130 667 929 de personas al 30 de junio de 2026.
En términos de la tasa por cada 100mil habitantes, según datos preliminares recolectados en el portal Insight Crime, esta es similar a la registrada en 2013 o 2016, y, respecto de otros países americanos, es comparable o cercana a la de Brasil (19.2) y Belice (21.8), superior a las de Perú (10.7), Uruguay (10.3), Estados Unidos (4.1) y Canadá (1.6), e inferior a los países más violentos de la región como Haití (68) y Ecuador (59).
La Organización Mundial de la Salud (OMS) utiliza de manera referencial una tasa de 10 o más homicidios por cada 100,000 habitantes para clasificar una situación de violencia social como una epidemia o violencia endémica, a saber, la que rebasa los niveles de convivencia normal y adquiere el comportamiento de una epidemia de salud pública y es considerada internacionalmente por personas expertas en seguridad como preocupante indicador de “crisis” en este tema. Bajo este criterio, solo República Dominicana, Paraguay, Chile, Argentina y El Salvador, en este orden, clasificarían entre los países más pacíficos por debajo de aquel umbral.
México se colocó por debajo de la tasa de 10 durante muchos años a finales de la década 1990 y hasta 2007, pero después los asesinatos comenzaron a escalar año tras año y la tasa pasó de 7 a 21 entre 2007 y 2012, debido, entre otros factores, a la estrategia de “guerra al narcotráfico” del expresidente Felipe Calderón, consistente en la militarización de la seguridad pública y despliegues de violentos operativos policiaco-castrense sobre los territorios, y al enorme flujo de armas de fuego legales e ilegales cada vez más accesibles en México, procedentes principalmente desde Estados Unidos.
De hecho, detalla el boletín de INEGI que “el principal medio especificado que se usó para provocar la muerte fue disparo con arma de fuego, con 70.8 % (arma corta; rifle, escopeta y arma larga; y otras armas de fuego y las no especificadas). Siguió armas u objetos punzocortantes, con 9.4 %”. Sin tantas armas de fuego en circulación, en efecto, sería de esperarse una bajada sostenida de los homicidios dolosos. Simplemente no habría tantas formas tan eficaces, disponibles y rápidas de matar.
Guanajuato de 2024 a 2025 tiene una disminución del 18.56%, contribuyendo bastante al dato conjunto, ya que cuantitativamente sigue estando en 1er lugar nacional con 3 249 asesinatos intencionales (en 2024 fueron 4 035), y una tasa de 51 homicidios cada 100mil habitantes.
Las diferencias entre regiones y estados de la República son notables. Las tasas más bajas se registran en Yucatán (2), Coahuila (3), Durango (6), Chiapas (7), Querétaro (7), CDMX (9), Campeche (9) y Tlaxcala (9), mientras que las más elevadas en Colima (89), Morelos (58), Sinaloa (57), Baja California (55), Sonora (54), Chihuahua (53), Guanajuato (51), Guerrero (59) y Tabasco (36).
“El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) capta la información para generar las Estadísticas de Defunciones Registradas (EDR) de manera directa en las Oficialías del Registro Civil (certificados y actas de defunción), en las Agencias del Ministerio Público (cuadernos estadísticos de defunción) y, a partir de 2015, la información de presuntos homicidios que suministran los Servicios Médicos Forenses mediante los certificados de defunción para las muertes accidentales y violentas”.
Esta aclaración metodológica es importante para entender la diferencia entre lo que comunica y mide el INEGI y los datos que periódicamente, durante todo el año, difunden instancias gubernamentales, sobre todo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Omar García Harnfuch, y sus equivalentes en las entidades federativas.
En estos ámbitos es donde se ha desatado una “guerra de cifras” que ha pretendido influir en la percepción acerca de la violencia en general y el homicidio en particular a través de la comunicación constante de resultados parciales, fragmentados y diversos: tasas, promedios diarios, promedios mensuales, cifras absolutas pero con cortes más o menos “a la carta” o arbitrarios, centrados en mostrar qué tanto o cuánto varían los homicidios y feminicidios desde el inicio de una administración, federal o estatal, o desde el inicio del año, o desde el mes más letal de la última década o del sexenio pasado, o a partir de comparaciones entre el mismo de años anteriores, y así sucesivamente. En este sentido, dependiendo del corte temporal o el mes comparado, las disminuciones comunicadas por ejecutivos e instancias de seguridad a lo largo y ancho del país han estado variando entre el 40% y hasta el 60% o más, pero lo que más han logrado es confundir bastante la opinión pública. Y es que en estos casos los balances provisionales y parciales, particularmente optimistas, utilizan instrumentalmente los datos de incidencia delictiva que proporciona el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública y que se basan, a su vez, en la información enviada por las fiscalías estatales. Por lo tanto, señala la metodología del SESNSP, se registra la “ocurrencia de presuntos delitos registrados en carpetas de investigación iniciadas en las Agencias del Ministerio Público de las entidades federativas. Esta información es reportada por las procuradurías y fiscalías al Centro Nacional de Información (CNI) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), instancia responsable de regular el Sistema Nacional de Información en Seguridad Pública”. Lo que se comunica, entonces, es el número de víctimas de homicidio doloso, clasificado preliminarmente así por las fiscalías, y usualmente discrepa de la información recabada por INEGI con base en datos de Secretarías de Salud, SEMEFOS u sobre actas de defunción.
La tipificación de las fiscalías y las comunicaciones del Secretariado se han prestado y se prestan a interpretaciones y reclasificaciones, variables según políticas institucionales y locales “no declaradas”, hipótesis de investigación de delitos más o menos fundamentadas, y criterios no siempre tan “técnicos” que, a la postre, pueden alterar el registro, la percepción ciudadana, la comprensión del fenómeno homicida y feminicida y el mismo consenso popular acerca de los resultados de las políticas en materia de seguridad. Esto sucedió y cíclicamente sigue sucediendo. Típico ha sido el empleo de la categoría de homicidio culposo “con otro elemento” para ocultar homicidios dolosos propiamente dichos.
Por otro lado, si bien no me parece correcto ni honesto sumar el número de las personas desaparecidas en un periodo determinado a los homicidios, como sí han hecho comentaristas y periodistas en el pasado reciente, queda la duda de cómo y cuándo los cuerpos y restos humanos recuperados de fosas clandestinas y otros sitios de inhumación o destrucción ilegal son incorporados por las fiscalías en las estadísticas de homicidio, pues este tema ha representado un factor crítico y poco transparente.
Igualmente, al analizar las diferencias entre los datos del SESNSP e INEGI, superiores casi siempre a aquellos, el Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana ha detectado un aumento notable de discrepancias entre 2024 y 2025, señalando cómo estas se incrementaron más en las entidades con mayores descenso en los homicidios, como Quintana Roo, Zacatecas y San Luis Potosí. En 2024 INEGI captó 8.5% de homicidios y feminicidios que el Secretariado, pero en 2025 la brecha fue del 15%, revelando probables patrones de omisión y reclasificación al reportar muertes violentas en los estados. Por ejemplo, en aquellos datos, cae el homicidio doloso pero aumenta el culposo con arma de fuego, blanca u otro elemento, que es una categoría dudosa, aplicada sobre todo en Guanajuato y Quintana Roo. También crece en muchas regiones el homicidio doloso sin modalidad especificada. Tal como ha pasado con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizada, una cuota importante de responsabilidad por la mala o facciosa captura de las entradas y detalles en cada caso ha sido responsabilidad de las fiscalías estatales y la federal, ya sea por motivos de incompetencia, desaseo institucional o más o menos veladas intencionalidades de manipulación de datos ante particulares coyunturas internas, externas, políticas o sociales.
Por todo lo anterior, el tema se ha aprovechado políticamente para unos y otros, oficialismo y oposición, para mostrar y ocultar a la vez logros y áreas de oportunidad, pero con tonos cada vez más propagandísticos y estruendosos.
Los datos muestran una baja histórica en los homicidios y feminicidios en el país, sin embargo, la disminución no refleja una tendencia todavía estable y de larga data, ni los altos porcentajes de baja que se registraron con datos del Secretariado y promedios temporales, mensuales o diarios. Se crearon altas expectativas a través de comunicaciones gubernamentales periódicas, en parte desmentidas por los resultados publicados por INEGI.
Por otro lado, son claramente manipuladoras y tendenciosas las notas y fichas informativas de medios corporativos y sectores de oposición que pretenden demostrar que la violencia y los delitos graves aumentaron, así sin más, debido a la incompetencia y colusión del gobierno de Claudia Sheinbaum. Este tipo de “cobertura” basada en mala fe, fake news y fake data no abona para nada al debate público sobre un tema tan delicado y tiene funciones despistantes para campañas, ya en curso o ensayadas, de desprestigio y miedo, preparatorias de planteamientos securitaristas y manoduristas para venideras próximas elecciones.
