Aunque el aborto voluntario ya es legal en 25 estados de México y existen 405 Servicios de Aborto Seguro, las mujeres y personas con posibilidad de gestar todavía enfrentan barreras para acceder a ellos. La investigación Voces por el derecho a decidir, de Fundar, documentó problemas de disponibilidad, accesibilidad, calidad y aceptabilidad a partir de testimonios de 43 mujeres de la Zona Metropolitana del Valle de México.
Por Alondra Angel Rodríguez / @AlondraAngelRo
La despenalización del aborto voluntario ha avanzado en México, pero el reconocimiento legal no ha eliminado las barreras para acceder a los servicios de salud. Esta fue una de las principales conclusiones de la investigación Voces por el derecho a decidir, presentada por Fundar, Centro de Análisis e Investigación.
Actualmente, 25 estados del país han legalizado el aborto voluntario hasta determinado número de semanas. Desde 2020 existe una política pública nacional para garantizar el acceso al aborto seguro y, desde 2021, se cuenta con un lineamiento técnico para su atención en instituciones de salud pública. Además, existen 405 Servicios de Aborto Seguro (SAS) distribuidos por todo el país.
La investigación buscó identificar qué ocurre entre el reconocimiento del derecho y su efectividad en los servicios públicos.
“Como sabíamos que ya en 25 estados se había despenalizado, estábamos más interesados en ver qué tanto realmente estas leyes se estaban traduciendo en los servicios de salud. Que una mujer realmente pueda ir a un centro de salud y pueda interrumpir su embarazo”, expresó Janet Oropeza, integrante de Fundar.
Para ello, Fundar entrevistó a 43 mujeres habitantes de la Zona Metropolitana del Valle de México, quienes compartieron sus experiencias de acceso al aborto y también referencias de experiencias de otras mujeres cercanas.
Los hallazgos fueron organizados alrededor de cuatro dimensiones para acceder a un aborto seguro: disponibilidad, que contempla la existencia suficiente de servicios, medicamentos, insumos y personal; accesibilidad, relacionada con que los servicios puedan utilizarse sin barreras geográficas, económicas, administrativas o de información; calidad, que contempla el uso de métodos seguros, personal capacitado y atención integral; y aceptabilidad, que implica que los servicios respondan a las necesidades de las usuarias y respeten sus derechos, así como la diversidad y los contextos culturales.
Servicios disponibles, pero no necesariamente accesibles
Entre los problemas identificados está la distribución territorial de los servicios y sus horarios de atención.
Si bien existen 405 espacios para un aborto seguro, la mayoría se concentra en la capital y en ciudades con una mayor población. En un país con casi 36 millones de mujeres en edad reproductiva, la cantidad y distribución de estos servicios sigue siendo insuficiente para garantizar un acceso homogéneo y no garantiza su accesibilidad.
La distancia representa una barrera geográfica que puede traducirse en mayores gastos, tiempos de traslado y dificultades para quienes viven en zonas rurales, indígenas o periféricas.
Los horarios también determinan quién puede acceder. La investigación encontró diferencias importantes:
“35% de los servicios analizados se ofrecen únicamente en turno matutino, mientras que un porcentaje similar tiene atención matutina y vespertina. Solo 22% ofrece atención a las 24 horas”, comentó Janet Oropeza.
Los medicamentos, el personal y el presupuesto también presentan deficiencias. Entre los testimonios recogidos aparecen situaciones en las que las mujeres llegan a un servicio donde se les informa que pueden realizarse el procedimiento, pero no existen los medicamentos necesarios.
En el documento, Fundar relaciona estas deficiencias con un problema más amplio de recursos. Durante los últimos años, los recursos destinados a estos servicios no han aumentado al mismo ritmo que las obligaciones de las instituciones de salud, lo que repercute en la disponibilidad de medicamentos, insumos, personal e infraestructura. A esto se suma la dificultad para conocer el presupuesto destinado específicamente al aborto.
Según la investigación, entre 2020 y 2025 el presupuesto para aborto seguro fue de 272 millones de pesos. 2025 fue el año que tuvo más recursos, con un monto de 91.46 millones de pesos, mientras que 2024 tuvo el menor presupuesto, con 14.54 millones.
Durante la investigación, Fundar realizó solicitudes de información a distintas instituciones públicas. Janet Oropeza mencionó que la mayoría de las instituciones no pudo proporcionar información sobre el presupuesto destinado al aborto, por lo que no es posible conocer el monto de recursos que el resto de las instituciones de salud, como IMSS, ISSSTE, IMSS-Bienestar, ISSFAM y Pemex, asignan a los servicios de aborto seguro.
“No vemos realmente que vaya creciendo con los años para compensar los avances que ha habido en términos de leyes”, comentó Janet.
Información y estigma también son barreras
La investigación también encontró que la atención suele concentrarse en el procedimiento médico, pero se requiere información sobre el procedimiento, los síntomas que pueden presentarse, las alternativas disponibles, los requisitos, horarios y el seguimiento posterior, así como acompañamiento durante el proceso.
A esto se suma la permanencia del estigma dentro de los servicios de salud. Las mujeres entrevistadas reportaron experiencias de regaños, cuestionamientos e intentos de disuasión por parte del personal médico.
“El aborto está muy estigmatizado. Ellas pueden encontrar todavía incluso en el propio personal médico privado y público como mucho estigma, mucho regaño, mucho intento de convencerlas de que no lo hagan, que lo piensen bien, les quieren poner un método , cosas así”, expresó Janet.
Ante esto, Fundar planteó eliminar el estigma dentro de los servicios, garantizar personal no objetor y evitar prácticas de disuasión o acoso, así como capacitar de manera permanente al personal en métodos recomendados, atención de complicaciones, consejería, atención postaborto y aspectos legales y éticos.
Además, Fundar documentó que 30% de las interrupciones realizadas durante las primeras doce semanas continúa haciéndose mediante el grado intrauterino instrumental, un procedimiento más invasivo que otros métodos disponibles y que, de acuerdo con la investigación, ya no es recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Por ello, la mayoría de las mujeres entrevistadas por Fundar señaló que preferiría realizar un aborto en casa mediante pastillas con información, supervisión médica o acompañamiento, ya que esta opción permite incorporar prácticas de autocuidado y reducir algunas de las barreras y experiencias de estigma presentes en los servicios médicos.
Si bien las redes de acompañamiento no sustituyen la responsabilidad del Estado de garantizar los servicios públicos de aborto, sus prácticas pueden aportar elementos para que las instituciones mejoren la atención y respondan de manera más adecuada a las necesidades de las personas.
La despenalización legal no elimina el estigma
Uno de los hallazgos centrales de la investigación es que el reconocimiento legal es una condición necesaria, pero no suficiente para garantizar el acceso a un aborto seguro.
Si bien la responsabilidad corresponde principalmente a las instituciones públicas, que deben garantizar servicios disponibles, accesibles, de calidad y aceptables, también existe una dimensión colectiva.
“Ha habido una despenalización legal, pero la social todavía no”, expresó Janet.
Al respecto, Janet concluyó que no consiste únicamente en conocer que el aborto es legal, sino en conocer el derecho, compartir información confiable, acompañar sin juzgar y exigir que las instituciones cumplan con las condiciones necesarias para garantizarlo.
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Link de la investigación: https://fundar.org.mx/publicaciones/voces-por-el-derecho-a-decidir/
