La Otra Historia
Por José Baroja /@jose_baroja y @laotrahistoriamx (IG)
La question politique fondamentale: celle de la compétence des « incompétents ».
Jacques Rancière
Una tarde de julio vi en Instagram el fragmento en que Natalia Torres, abogada y profesora de Teoría Constitucional, respondía a la pregunta de si todas las personas debían tener derecho a votar. Lo miré una vez, lo dejé avanzar y regresé al comienzo: algunas frases adquieren una gravedad distinta cuando se escuchan nuevamente. En resumidas cuentas, sostenía que no, e incluso que estaba dispuesta a repetirlo setenta y cinco veces, sin preocuparse demasiado por quienes pudieran sentirse ofendidos. Después propuso que el Instituto Nacional Electoral (INE) exigiera algún tipo de examen antes de permitir el ejercicio del sufragio. Debajo del video, como suele ocurrir en estos medios, las personas discutían menos la idea que el derecho de su autora a pronunciarla: unos celebraban que alguien se atreviera a decir lo que muchos pensaban; otros la insultaban con una ferocidad que terminaba concediéndole una especie de martirio intelectual. Días más tarde, Torres explicó en otro video que no pretendía excluir a nadie por su escolaridad o nivel económico, sino establecer una sesión informativa obligatoria, semejante a los cursos necesarios para obtener una licencia de conducir. Es posible que la aclaración haya sido sincera, que el fragmento circulara separado de un razonamiento más extenso o que las redes sociales empeoraran una formulación ya bastante torpe. La propuesta, sin embargo, me resultaba familiar.
En una comida, pocos días después de un proceso electoral, escuché a alguien preguntarse para qué servía estudiar tantos años si al final su voto valía lo mismo que el de una persona que «ni siquiera sabía cómo funcionaba el país». Cabe aclarar que, en esa mesa, nadie propuso retirar derechos ni someter a los votantes a una prueba; pero la lógica ya estaba completa. También he escuchado versiones menos explícitas de la misma idea en otras conversaciones: aparecen después de una elección, cuando alguien pregunta cómo pudo ganar aquel candidato, cómo es posible que la gente no se diera cuenta, qué más necesitaba ver para comprender. A veces, la conversación comienza con la preocupación por el estado de las instituciones y termina, casi sin advertirlo, en una evaluación de la capacidad de los ciudadanos: la gente no lee, la gente no se informa, la gente vota por una beca o una pensión; quienes limpian casas, conducen automóviles, venden comida o esperan durante horas en una clínica pública desconocen aquello que está en juego porque viven, se supone, atrapados en la urgencia de sus necesidades. Los demás, en cambio, votarían desde una altura más tranquila, allí donde el interés propio tiene la rara virtud de parecer responsabilidad y el interés ajeno, ignorancia.
Por eso el fragmento no me pareció solamente escandaloso; me pareció conocido. Me explico. La propuesta de examinar a los votantes no apareció de pronto en la cabeza de una profesora que quería provocar a sus interlocutores. Venía de una discusión que lleva tiempo entre nosotros: la democracia se acepta mientras produzca resultados previsibles y empieza a parecer peligrosa cuando las mayorías dejan de seguir las recomendaciones de quienes se consideran «mejor informados». En general, nadie cuestiona abiertamente el sufragio universal, porque semejante nostalgia resultaría demasiado indecorosa incluso para quienes la sienten. Se habla, en cambio, de educación, madurez, responsabilidad o cultura cívica; palabras admirables que, en ocasiones, sirven para esconder una pregunta menos elegante: cómo impedir que «los otros» vuelvan a decidir de esa manera.
Es en ese punto cuando la palabra «whitexican» empieza a resultarme útil, siempre que no se la convierta en una categoría racial. Mucho menos debería servir como permiso para invertir los prejuicios y utilizar el color de piel como prueba automática de culpabilidad. Si la palabra termina designando a cualquier persona blanca, integrante de la clase media, votante de la oposición o crítica del gobierno, dejará de explicar una posición social y se convertirá en otro insulto que evita la molestia de pensar. He conocido personas con dinero capaces de reconocer con bastante claridad los privilegios que recibieron y otras que, sin poseer demasiado, reproducen con una disciplina casi conmovedora los modales, los temores y los desprecios de las élites. El whitexicanismo al que me refiero no depende únicamente de la fortuna. Tiene más que ver con una manera de relacionarse con México: vivir dentro del país sin dejar que demasiado de ese país altere la imagen que alguien conserva de sí mismo, de su esfuerzo, de sus logros y de las personas que permanecen fuera de su círculo. Puede aprenderse en una familia acomodada, pero también frente a la televisión, en una oficina, en una universidad o en ese deseo de ascenso que busca abandonar la precariedad y olvidar a quienes continúan viviendo dentro de ella.
Durante bastante tiempo, esta actitud tuvo un repertorio sencillo: había que levantarse antes del amanecer, aprender inglés, viajar, emprender, abandonar la zona de confort y no permitir que las circunstancias se convirtieran en excusa. En las redes aún abundan esos videos donde alguien habla del sacrificio desde una cocina enorme, con una iluminación impecable y una cafetera cuyo precio podría pagar varios meses de renta. Para quienes los contemplan con admiración, no hay contradicción: la comodidad aparece como el resultado visible de una virtud. El empresario recuerda el garaje donde comenzó, pero suele olvidar que pertenecía a sus padres, que contenía dos automóviles y que, al otro lado de la puerta, había comida, cuidados y una red familiar capaz de sostenerlo si el negocio fracasaba. También está quien puede despertarse temprano porque otra persona ya preparó el desayuno, limpió la casa, atendió a los hijos y dejó lista la ropa. Esas presencias desaparecen de la narración, pues el éxito necesita parecer una aventura solitaria para conservar su valor moral.
Aquella visión puede resumirse en una frase conocida: «Quien se esfuerza, lo logra». Una frase que no siempre resulta falsa, pues el esfuerzo sí modifica vidas, abre oportunidades y permite a muchas personas escapar de condiciones que parecían definitivas. La experiencia individual se vuelve una explicación general cuando la historia de quien consiguió avanzar sirve para juzgar a quien no pudo hacerlo. Durante los últimos años, esa vieja máxima de las conferencias empresariales abandonó los espacios de motivación e ingresó también en la política. Sirve ahora para explicar por qué algunos prosperan y otros permanecen rezagados, pero también para establecer quiénes estarían en condiciones de comprender la democracia y quiénes, en cambio, llegan a las urnas movidos por la dependencia, el resentimiento o la ignorancia.
La elección del 2 de junio de 2024 dejó esa visión al descubierto. Acudieron a votar poco más de 60 millones de personas, cerca del 61 por ciento de la lista nominal. Claudia Sheinbaum recibió casi 36 millones de sufragios, alrededor del 60 por ciento, mientras Xóchitl Gálvez obtuvo 16.5 millones. La diferencia era demasiado amplia para atribuirla a un error de cálculo, a unas cuantas casillas problemáticas o a una alteración marginal de las preferencias. Tampoco podía reducirse a una rebelión de pobres subsidiados contra una minoría ilustrada y productiva, como se quiso imaginar en algunas conversaciones durante las horas posteriores. Sheinbaum había construido una coalición social mucho más extensa de lo que sugería esa interpretación, con un respaldo especialmente alto entre los sectores de menores ingresos y también entre grupos que se identificaban como clase media. El resultado admitía muchas explicaciones: el peso de los programas sociales, la popularidad de López Obrador, el miedo, la violencia, la debilidad de la oposición, su incapacidad para construir una alternativa o el deterioro de determinadas instituciones. Resultaba más cómodo, sin embargo, explicar el resultado como un desperfecto de la población.
En los medios y en las redes, incluso mucho tiempo después, pudo verse cómo una parte del México acomodado reaccionó como si el sufragio universal hubiera incumplido un acuerdo que nadie se había atrevido a escribir. Todas las personas podían votar, por supuesto, siempre que la suma final confirmara la opinión de quienes se atribuían una comprensión más sofisticada del país. Dos días después de la elección, comenzó a circular en redes un mensaje que proponía dejar de dar propina al viene-viene, al mesero, al limpiaparabrisas y al adulto mayor que trabajaba como cerillo del supermercado, además de suspender las donaciones ante desastres naturales, como respuesta a quienes habían votado por Morena. El episodio podía parecer una simple expresión de rabia postelectoral, pero contenía una idea bastante más profunda: quienes habían elegido de otra manera dejaban de ser conciudadanos con una decisión política distinta y pasaban a convertirse en destinatarios de un castigo social.
Algo semejante ocurrió cuando el voto de los sectores populares comenzó a explicarse mediante la ignorancia, la necesidad o la manipulación, como si la posibilidad de recibir un programa social bastara para volver sospechosa una decisión electoral. En otras palabras, el ciudadano pobre era libre mientras apoyara la alternativa considerada responsable; después de elegir otra, se convertía en beneficiario cautivo, masa manipulada o individuo incapaz de comprender las consecuencias de sus actos. La derrota rara vez se presentó como resultado de una mala campaña, de candidatos poco convincentes o de una relación distante con las preocupaciones populares. Era menos doloroso atribuirla a la incapacidad de los votantes que preguntarse por qué una propuesta no había logrado convencerlos.
Por supuesto que no todos los votos emitidos a favor de Morena fueron producto de una reflexión admirable. Las personas de menores ingresos están expuestas al prejuicio, el fanatismo, la mentira y la conveniencia como cualquier otra; idealizar al pueblo es otra forma de negarle su humanidad. Una victoria electoral tampoco vuelve democrática cada decisión posterior de un gobierno. Las reformas que concentran poder, debilitan los contrapesos, militarizan funciones civiles o ponen en riesgo derechos deben examinarse aunque provengan del partido más votado; el sufragio concede una autoridad temporal, no una absolución permanente. Lo que me inquieta es la rapidez con que la crítica abandona las decisiones, las instituciones y sus consecuencias y empieza a ocuparse de la calidad moral de quienes eligieron. Entonces, los ciudadanos terminan clasificados según su supuesta capacidad para merecer la democracia.
De esa clasificación nace una diferencia menos visible: existe un voto legal y otro que podríamos llamar decoroso. El primero está al alcance de todos; el segundo parece reservado para quienes han leído ciertos periódicos, han estudiado en determinadas universidades, conocen el nombre completo de los organismos autónomos y pronuncian «Estado de derecho» con la gravedad de quien defiende una propiedad familiar. Nadie suele preguntar cuánto sabe de historia constitucional, política fiscal o legislación laboral el dueño de una empresa antes de considerar razonable su sufragio. Muchos parecen presuponer que sus preocupaciones económicas constituyen un análisis del país y que el deseo de proteger su patrimonio expresa responsabilidad. Sin embargo, cuando una trabajadora doméstica, un jubilado, un vendedor ambulante o una madre de familia votan pensando en el salario, la pensión, la beca de sus hijos o la continuidad de una ayuda pública, sus intereses reciben nombres menos respetables. El dinero dirigido hacia abajo se convierte en obsequio; el que permanece arriba es llamado incentivo, seguridad jurídica, protección del empleo o estabilidad económica.
Nadie vota desde un lugar completamente limpio: elegimos mediante recuerdos, temores, afectos, experiencias, prejuicios, intereses y expectativas, aun cuando nos agrade imaginar que nuestras preferencias nacen de una reflexión serena, mientras las ajenas obedecen a emociones elementales. Piensa en su conveniencia quien desea proteger una pensión, como también quien teme una reforma tributaria; la experiencia pesa tanto en quien recuerda un aumento salarial como en quien observa con preocupación la reducción de sus ganancias. No existe nada especialmente escandaloso en ello. En democracia, la política se ocupa de organizar intereses distintos y, a menudo, contradictorios. Lo extraño es la habilidad de algunos sectores para presentar sus conveniencias como si fueran el bienestar general, mediante un vocabulario que vuelve respetable todo aquello que los beneficia y sospechoso lo que mejora la vida de los demás.
La desconfianza hacia el voto popular no está demasiado lejos de otra frase que he escuchado con frecuencia: «La gente ya no quiere trabajar». Germina en restaurantes que no consiguen conservar a sus empleados, en negocios que ofrecen sueldos insuficientes, en oficinas donde la disponibilidad fuera del horario se confunde con compromiso y en hogares donde el trabajo doméstico continúa siendo tratado como una ayuda menor, aun cuando sostiene la rutina completa de una familia. He leído a menudo anuncios en los que se solicita experiencia, buena presentación, iniciativa, tolerancia a la presión, flexibilidad y disponibilidad inmediata sin mencionar cuánto se pagará, como si el salario fuera una preocupación vulgar, propia únicamente de empleados incapaces de amar lo que hacen; más aún cuando una taza de café es incluida como prestación. Cuando nadie responde o la persona contratada abandona el puesto, el empleador rara vez se pregunta si las condiciones eran razonables, pues prefiere concluir que las nuevas generaciones carecen de disciplina, que los programas sociales destruyeron la voluntad o que el país entero se ha vuelto flojo.
Los datos dibujan un país bastante menos ocioso. Durante el primer trimestre de 2026, las personas ocupadas trabajaron en promedio 41.7 horas semanales y casi una cuarta parte superó las 48 horas. En el mismo periodo, 32.6 millones trabajaban en la informalidad, el 54.8 por ciento de la población ocupada, mientras la tasa de condiciones críticas de ocupación alcanzaba el 38.8 por ciento. Más de la mitad de las mujeres ocupadas percibía hasta un salario mínimo. La OCDE registró, además, que los salarios reales mexicanos habían aumentado 15.1 por ciento respecto del primer trimestre de 2021, y señaló que la recuperación del salario mínimo había desempeñado un papel importante. Al menos hasta ahora, ese aumento no produjo el derrumbe moral anunciado por quienes consideran que pagar mejor debilita necesariamente la voluntad de trabajar. Hay, en cambio, un país donde millones de personas trabajan mucho y aun así consiguen una vida demasiado estrecha.
«La gente no quiere trabajar» y «La gente no sabe votar» cumplen una función parecida: permiten que quienes las pronuncian conserven su inocencia. Si una empresa no encuentra trabajadores, el defecto vuelve a estar en la población; si una opción política pierde las elecciones, el defecto vuelve a estar en la población. El empresario no necesita revisar los salarios, los horarios o el trato, y la oposición tampoco sus candidatos, su lenguaje ni el país que imagina representar. El fracaso se distribuye hacia abajo y el mérito permanece arriba, protegido por la certeza de que toda ventaja propia procede únicamente del mérito. Las desigualdades pueden reconocerse de manera abstracta, siempre que no alteren el juicio sobre las personas. Todos admiten que una persona nació en una familia rica y otra creció en un barrio sin servicios; después, sin embargo, se les exige comportarse como si hubieran partido desde el mismo sitio y cualquier diferencia posterior pudiera explicarse por el carácter. El éxito necesita una biografía recortada: en los relatos empresariales casi nunca aparecen las herencias, los contactos ni el respaldo material y familiar que permite equivocarse varias veces. Al trabajador pobre, en cambio, se le obliga a responder por cada una de sus circunstancias: si abandonó la escuela, no se esforzó; si aceptó un empleo informal, eligió mal; si recibe una ayuda estatal, se volvió dependiente. La desigualdad desaparece como estructura y regresa convertida en una colección de defectos individuales. La pobreza existe, pero el culpable termina localizado en el cuerpo del pobre.
El Informe de Movilidad Social en México 2025, elaborado por el Centro de Estudios Espinosa Yglesias, señala que 73 de cada 100 personas nacidas en los hogares con menores recursos permanecen en pobreza por ingresos en la adultez. El relato meritocrático prefiere seleccionar a quienes sí lo lograron, invitarlos a contar su historia, borrar las ayudas, casualidades y relaciones que intervinieron en su recorrido y presentar el resultado como demostración de que las barreras nunca fueron importantes. Los demás desaparecen de la escena o reaparecen solo como personas a las que les faltaron ganas. El esfuerzo conserva su valor; lo que resulta cuestionable es utilizar el esfuerzo extraordinario de unos pocos para volver innecesaria cualquier explicación sobre el destino de la mayoría.
En una sociedad organizada de esa manera, el mérito termina adquiriendo apariencia, acento, vestimenta y código postal. Algunas personas parecen preparadas antes de pronunciar una palabra; otras deben demostrar durante toda la conversación que no son irresponsables, peligrosas o ignorantes. La «buena presentación» rara vez necesita definirse porque todos comprenden qué cuerpos caben en esa frase y cuáles quedan fuera de ella. Un apellido abre puertas y otro provoca preguntas; determinada forma de hablar se confunde con inteligencia y otra termina convertida en material para la burla. El racismo mexicano no siempre requiere proclamar una teoría racial. Puede trabajar en silencio, repartiendo la credibilidad, la autoridad y la sospecha: decide quién parece competente, quién merece ser escuchado, quién puede equivocarse sin representar a todo su grupo y quién debe sentirse agradecido por haber sido admitido en espacios que otros consideran naturalmente propios.
Desde que vivo en México, he notado que ciertos sectores whitexican mantienen una relación extraña con aquello que suele llamarse «gente común». La necesita como fuerza de trabajo, como servicio y como mercado, y al mismo tiempo la convierte en paisaje e identidad nacional: celebra sus comidas, sus artesanías, sus fiestas y sus costumbres, sobre todo cuando pueden transformarse en una experiencia turística, una campaña publicitaria o el fondo colorido de una fotografía. Lo que cuesta aceptar es que esas mismas personas abandonen el paisaje e ingresen en la política. El «pueblo» resulta admirable cuando cocina, trabaja, baila, limpia y preserva las tradiciones. La incomodidad aparece cuando esas mismas personas exigen un salario, defienden una pensión, ocupan una plaza, protestan o deciden una elección. Pienso que, muchas veces, su cercanía se desea como ornamento cultural, pero su autonomía como sujeto político no siempre se tolera. En ciertas campañas publicitarias, la diversidad del país aparece cuidadosamente iluminada y vestida; en la vida cotidiana, esa misma diversidad debe entrar por la puerta de servicio.
En 2024, México todavía tenía 38.5 millones de personas en situación de pobreza multidimensional, a pesar de la reducción de 8.3 millones registrada desde 2022. El dato no vuelve nobles a quienes padecen pobreza ni garantiza que sus decisiones sean correctas. Tampoco impide discutir críticamente sus preferencias políticas. Lo que sí vuelve obsceno es explicar su conducta únicamente mediante la flojera, el engaño o la gratitud comprada. Una persona que ha conocido la insuficiencia del salario, la falta de seguridad social, el costo de una enfermedad o el abandono de su comunidad llega a una elección con conocimientos que no aparecen en las estadísticas ni en el lenguaje de los analistas. Tal vez desconozca los términos con que se describen las instituciones, pero sabe lo que significa que un medicamento no alcance, que la renta aumente o que una pensión apenas permita comprar comida durante los últimos días del mes, una experiencia que muchos políticos, de cualquier coalición, desconocen. Esa experiencia no sustituye al conocimiento especializado, aunque tampoco tiene por qué arrodillarse frente a él.
Después de la elección de 2024, se repitió que la población necesitaba aprender a votar. La frase podía expresar una preocupación cívica legítima; en algunas conversaciones, sin embargo, escondía una arrogancia clasista. La educación imaginada por quienes se consideraban mejor informados funcionaba como una segunda vuelta moral en la que millones de personas debían revisar su decisión hasta producir el resultado esperado. Pienso que quienes más necesitaban aprender algo eran quienes habían confundido durante años su oficina, su restaurante, su universidad, su colonia y su grupo de WhatsApp con una muestra representativa del país. Cuando la elección desmintió aquel mapa, no dudaron del mapa: dudaron de la inteligencia del territorio.
Volví al fragmento de Natalia Torres y pensé que la comparación con una licencia de conducir contenía, sin quererlo, buena parte del problema. Para manejar un automóvil necesitamos demostrar que conocemos ciertas reglas y sabemos aplicarlas: hay una respuesta correcta ante un semáforo en rojo o al ceder el paso. En una elección no existe una respuesta técnica capaz de determinar qué futuro debe preferirse, qué sacrificios son razonables o qué intereses merecen prioridad. Un examen electoral no mediría únicamente conocimientos. También evaluaría una idea particular de ciudadanía. Alguien tendría que decidir qué experiencias cuentan, quién redacta las preguntas y cuántas respuestas correctas necesita una persona para conservar un derecho que otros nunca imaginaron perder.
Por eso, «whitexican» solo conserva sentido cuando describe comportamientos reconocibles: la dificultad para reconocer los privilegios propios, el desprecio hacia los trabajos que sostienen la vida cotidiana, la costumbre de convertir el interés propio en sentido común y la sospecha selectiva frente al voto de quienes poseen menos. Esa definición también debería permitirnos reconocernos, porque el whitexicanismo aparece cada vez que suponemos que la experiencia ajena necesita nuestra autorización para ser válida o que haber leído determinados libros nos concede superioridad moral sobre quien conoce el mundo de otra manera.
No sé si la democracia consiste en confiar en la sabiduría de las mayorías: la historia ofrece demasiados motivos para desconfiar de ellas, pero también de las minorías que se han considerado ilustradas. Tal vez consista en algo más modesto: aceptar que la mujer que limpia una casa, el hombre que entrega la comida, quien conduce un autobús o quien atiende un negocio no requiere nuestro permiso intelectual para opinar sobre la vida pública. México no votó como una sola conciencia; tampoco todos comprendieron lo mismo ni existe una superioridad automática en quienes resultaron vencedores. Una parte considerable del país votó desde experiencias que no cabían en la interpretación de quienes estaban acostumbrados a explicarlo y, en la urna, esas experiencias tuvieron el mismo peso político que las demás. Tal vez eso era lo insoportable.
