Las mujeres en contextos de movilidad enfrentan un tránsito marcado por la violencia de género, la falta de acceso efectivo a la justicia y una atención institucional fragmentada, pese a que México cuenta con leyes y mecanismos para protegerlas. Así lo revela un análisis de la Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), realizado a partir de testimonios y encuestas a migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas y deportadas durante 2025.
Por Karen García / @karen_gdlt
La Red Mesoamericana Mujer, Salud y Migración (RMMSyM), publicó el “Análisis sobre las políticas públicas sobre prevención, atención y erradicación de la violencia basada en género contra mujeres en contextos de movilidad en México”; el cual aborda desde ámbitos como la salud, la justicia, la violencia sexual, la presupuestación de instituciones, políticas públicas, refugios, entre otros ángulos, las vulnerabilidades que las mujeres, niñas y adolescentes en tránsito sufren en este.
Mediante encuestas realizadas en 2025 a migrantes, solicitantes de asilo, refugiadas, retornadas o deportadas, quienes dieron información clave y testimonios vivenciales, documentaron que el género es un factor de riesgo en su tránsito.
Esto es alarmante, debido a que los flujos migratorios irregulares durante 2020 a 2025 se intensificaron debido al endurecimiento de las políticas migratorias que Estados Unidos ha llevado a cabo. Siendo México en 2025, el país con más personas deportadas desde Estados Unidos, con más de 66 mil casos, seguido por Guatemala con 18 mil 635 y Honduras con 14 mil 035.
Si bien, se reconoce que México tiene marcos legales como la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares y el Protocolo contra el Tráfico Ilícito de Migrantes por Tierra, Mar y Aire, que complementan la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, las cuales, en teoría, velan por el bienestar de las personas migrantes, la RMMSyM encuentran una gran falla, puesto que, aunque existan estas normativas, es muy distinto lo que la ley hace valer.
RMMSyM expresa que esto se debe a una fragmentación entre las leyes, los distintos niveles de gobierno y las instituciones, por lo que, aquello que debería ser una protección tanto interseccional como conjunta, impide que se vele el refugio, la justicia, la protección a las infancias y la atención a las víctimas. Esto aunado a que, las mujeres en tránsito no denuncian por miedo a que se desconozcan sus derechos o dependan de terceros para acceder a servicios.
Ante esta fragmentación e inacción del Estado y sus instituciones, el cuidado y protección hacia las mujeres migrantes recae en las organizaciones civiles, quienes hacen el trabajo. Siendo un espacio de protección, de acceso a la justicia y de redes de cuidado multisectorial. Es por eso que, las mujeres entrevistadas identificaron a las organizaciones como las que les proporcionaron mejor atención e información.
Sin embargo, estas organizaciones también se encuentran en crisis debido a una “asfixia presupuestaria”, al igual que las instituciones. Por ejemplo, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) enfrentó una reducción del 10% en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2025 (PEF 2025) dependiendo entre un 70% y 80% de recursos provenientes del ACNUR, quien, a su vez, sufrió un recorte presupuestario global de casi el 80%, limitando severamente su capacidad operativa.
Esto complica aún más la atención especializada, interseccional y con perspectiva de género para mujeres en tránsito, debido a que en el Anexo 13 del presupuesto federal, no se identifican recursos que sean destinados específicamente a las mujeres en movilidad. Y, aunque ha aumentado el presupuesto relacionado con la política contra la violencia hacia las mujeres, el informe considera que una parte importante de esos recursos no está dirigida a las necesidades específicas de esta población.
Por otro lado, también encontraron que existe avances en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres, como lo es el Sistema Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres y el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Y aunque esto significa un gran progreso, también requiere de un fortalecimiento y perspectiva interseccional. Agregando que, de los 73 Centros de Justicia para las mujeres, solamente 30 de ellos están ubicados en rutas migratorias, por lo que la cantidad de mujeres extranjeras y LGBTIQ+ son mínimas frente al 98% de mujeres mexicanas.
Por otro lado, también identificaron que las mujeres en movilidad se encuentran en entornos vulnerables en la búsqueda de empleo. Según la encuesta, el 27.9% de mujeres señalaron haber sufrido violencia en el trabajo, de ellas, sólo el 20.3% conocen la existencia de protocolos o medidas para la atención de las violencias. Sus agresores se encuentran en este entorno, siendo la mayoría (34.2%) sus compañeros de trabajo, seguido por su jefe (21.7%), un supervisor, capataz o coordinador (10.75), entre otros.
Además, la violencia basada en género en el ámbito comunitario afectó al 45.6% de las mujeres de 15 años o más que respondieron a la encuesta. Los agresores mencionados fueron: 72.2% desconocido; 10.8% conocido; 5.8% vecino; 4.5% amigo; 3.7% conductor de transporte público; 1.7% agente de seguridad o policía; 0.3% sacerdote o ministro de culto y militar o marino.
“Bajo este panorama, es difícil encontrar a mujeres en movilidad que no presenten por lo menos una de las condiciones que refuerzan las vulnerabilidades descritas, lo que convierte el tránsito en un riesgo constante.”, expresaron mediante el informe.
Las violencias atraviesan todos sus entornos, en la salud, el trabajo, el tránsito, la familia, las parejas, las zonas de culto, en instituciones, etc. Además de estar expuestas a delitos como trata de personas y extorsión económica.
“La denuncia exacerba la vulnerabilidad, porque las acusaciones por violencia sexual “rara vez son tomadas en cuenta y los sistemas judiciales y de seguridad no cuentan con protocolos adecuados para atender estos casos en el contexto de movilidad.”, justificaron mediante el análisis.
Finalmente, el análisis propone que el poder legislativo incorpore explícitamente recursos para mujeres en movilidad dentro del presupuesto destinado a igualdad; que el poder ejecutivo mejore el registro de mujeres migrantes atendidas, así como el mejoramiento a los servicios de salud sexual y reproductiva para niñas, adolescentes y mujeres migrantes. Mientras que, para el poder judicial, es necesario la incorporación explícita de la perspectiva de género en los protocolos para casos que involucren a personas migrantes, así como el seguimiento al cumplimiento efectivo de las sentencias y medidas de protección.
Mientras que, para las organizaciones civiles es vital la profesionalización en la interacción con las instituciones públicas, así como fortalecer redes territoriales para identificar y canalizar casos.
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Puedes leer el análisis aquí:
https://imumi.org/wp-content/uploads/2026/04/Analisis-de-politicas-publicas-sobre-VBG-y-migracion-en-Mexico.pdf
