#NosFaltan43
En el mitin que cerró la marcha por Ayotzinapa en el Zócalo, las familias respondieron a la CNDH, que excluyó al Ejército de su recomendación: “Nosotros sí tenemos pruebas”. Ocho madres y padres han muerto sin saber dónde están sus hijos.
Por: Mario Marlo / @Mariomarlo Fotografías: Erik Salinas /erik.skelter
Ciudad de México 27 de septiembre 2026.- Madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa exigieron este sábado a la presidenta Claudia Sheinbaum que obligue a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a entregar los más de 800 folios de inteligencia militar sobre la noche de Iguala. También pidieron el regreso del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), al finalizar el mitin con el que cerró en el Zócalo de la Ciudad de México la marcha por los 12 años de la desaparición de sus hijos.
La movilización salió del Ángel de la Independencia y avanzó por Paseo de la Reforma. Con ella terminó una semana de actividades que las familias empezaron el lunes en Guerrero. El mitin ocurrió dos días antes de que el gobierno federal presente, el lunes 28 de septiembre, un informe sobre las líneas de investigación. Lo darán el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Arturo Medina, y el fiscal especial del caso, Mauricio Pazarán.
“A 12 años sin tener información del paradero de los 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa”, dijo desde el templete Isidoro Vicario Aguilar, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan (CDHM Tlachinollan). Repitió las preguntas que las familias hacen desde 2014: qué pasó la noche del 26, quiénes atacaron a los estudiantes, quiénes se los llevaron, por qué y dónde están.
“Respetamos y reconocemos de los avances de las investigaciones de parte del Estado mexicano. Pero a pesar de ello, no tenemos la información de dónde están los 43 estudiantes”, afirmó.
Ocho madres y padres han muerto sin saber dónde están sus hijos
El abogado recordó que en estos 12 años han muerto ocho madres y padres. El más reciente fue Francisco Rodríguez Morales, padre de Everardo Rodríguez Bello, fallecido el 21 de agosto. Su esposa, Minerva Bello, murió en 2018. “Ya tenemos enfermedades crónicas todos los padres y la vida se nos está acabando en la búsqueda de nuestros hijos”, dijo después Don Mario González, padre de César Manuel González Hernández. “Simplemente padres en búsqueda de un hijo que el maldito Estado corrupto nos quitó”.
María Magdaleno Maestro, madre del normalista desaparecido Antonio Santana, pidió a la presidenta que retome las líneas de investigación que dejó el GIEI. “Nuestro equipo interdisciplinario de expertos ya tiene sentadas las líneas de investigación sobre la mesa. Solo pedimos que la siga, que ya no se esté haciendo y que diga ella: ‘Estoy investigando por mi parte’”, señaló. Sobre lo que las autoridades les han ofrecido, dijo:
“Solo búsquedas en lugares donde no hay nada. Y llevarnos al servicio médico forense en donde tampoco hay nada”. Y añadió: “No vamos a dejar esta lucha hasta que ella haga que el Ejército entregue los 800 folios, porque ahí está. Puede que ahí encontremos la respuesta”.
“Que saquen sus pruebas si es que las tienen”
Mario César González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, respondió a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). En julio, el organismo que encabeza Rosario Piedra Ibarra emitió la Recomendación 208VG/2026, que excluyó a la Sedena de las autoridades responsables.
“Aquí y a cielo abierto quisiera pedirles a la presidenta y a la CNDH que comprueben que el Ejército no tuvo nada que ver, que saquen sus pruebas si es que las tienen. Porque nosotros sí tenemos pruebas”, dijo.
“Nosotros podemos decir que había un miembro del Ejército mexicano adentro del camión de nuestros hijos y que iba informando en tiempo y forma de lo que estaban haciendo”, afirmó. Se refería al soldado Julio César López Patolzin, que estaba inscrito como estudiante en la Normal y es uno de los 43 desaparecidos. Sus reportes a la estructura de inteligencia militar forman parte del expediente.
Los folios que reclaman las familias salieron del Centro Regional de Fusión de Inteligencia (CRFI) de Iguala. El GIEI detectó en 2022 que faltaban en los archivos que entregó el Ejército. El 19 de febrero de 2026, el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México ordenó a la Sedena entregar toda la información de inteligencia de ese año. Estimó una brecha de 853 folios que no se han entregado. González Contreras denunció además que otra sentencia, dictada por un tribunal federal en Tamaulipas, fue enviada a la Suprema Corte por la Consejería Jurídica de la Presidencia “sin ningún argumento jurídico”.
El padre acusó a Arturo Medina y a su equipo de “golpetear a los padres para querer la confrontación”.También cuestionó la explicación oficial para no traer de vuelta al GIEI: “Dice que no, que hay pláticas con la ONU para traer nuevos expertos. Mentira, no hay ninguna plática con la ONU”. Y concluyó: “Este es el nuevo PRI. Yo les tenía confianza y desafortunadamente es lo mismo”.
“A mi hijo le robaron sus sueños”
Emiliano Navarrete, padre de José Ángel Navarrete González, habló de la impunidad que ha cruzado tres gobiernos. Recordó que el expresidente Enrique Peña Nieto vive en España y que Tomás Zerón, extitular de la Agencia de Investigación Criminal y señalado por la fabricación de la llamada “verdad histórica”, sigue en Israel. “¿Y cuánto tiempo lleva el gobierno mexicano exigiendo la extradición?”, preguntó. De Andrés Manuel López Obrador, que prometió esclarecer el caso, dijo: “Le dio la espalda al pueblo, se entregó al Ejército”.
Navarrete criticó que los militares procesados por el caso sigan en instalaciones castrenses con abogados que les paga la propia Sedena. El viernes, las familias se habían reunido con el presidente de la Suprema Corte, Hugo Aguilar Ortiz. “Ya viví una vida, a mi hijo le robaron sus sueños. No hay miedo y vamos hacia delante”, dijo.
“Tres gobiernos, ninguna respuesta”
Un representante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos habló a nombre de una generación que no conoció a los 43. “12 años ya, tres gobiernos, ninguna respuesta”, dijo. Recordó a Julio César Mondragón, asesinado y desollado aquella noche, y a los estudiantes muertos y heridos. Sobre la recomendación de la CNDH, reprochó que el organismo afirme que no hay pruebas suficientes de la participación del gobierno. Cerró así: “Para que cuando se escriba la historia del tiempo en el que nos tocó vivir se sepa que Ayotzinapa no estuvo de acuerdo”.
El vocero de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) preguntó: “¿Cómo es posible que en una ciudad donde se encuentra un batallón, donde se encuentra la policía federal, la policía ministerial, una ciudad llena de cámaras de vigilancia, no exista ni una sola prueba?”. Y agregó: “Si bien hay arrestados, no hay nadie que cargue con el peso de la responsabilidad de los hechos”.
Según el Gobierno de la Ciudad de México, en la marcha participaron unas 5 mil personas. Un contingente del bloque negro hizo pintas en el recorrido. Antes de empezar el mitin, las madres y padres pidieron varias veces evitar incidentes ya que era una movilización pácifica. Al cierre, Isidoro Vicario resumió lo que sigue pendiente a 12 años: los folios, la línea de investigación sobre el Ejército, el regreso de los expertos y la extradición de los responsables.
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