Fondo Resiliencia
En Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Los Altos de Jalisco, mujeres periodistas han aprendido a cambiar rutas, horarios, palabras y formas de publicar para reducir el riesgo. Asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamientos y presiones del poder muestran otra consecuencia de la violencia difícil de contabilizar: la información que se modifica —o desaparece— antes de llegar a la sociedad.
Por Myrna Susana Gómez / @estrategiaypoderlab (IG)
El silencio como pista
La noche del 11 de agosto de 2023, cinco jóvenes desaparecieron en Lagos de Moreno, Jalisco.
Habían acudido a la Feria de la ciudad. Horas después, cuando dejaron de responder sus teléfonos, sus fotografías comenzaron a circular entre familiares, habitantes y periodistas.
Antes de que las autoridades pudieran explicar qué había ocurrido, la alerta ya estaba en los grupos de WhatsApp de la prensa local.
Sandra —seudónimo utilizado para proteger su identidad— llevaba años reporteando en Lagos de Moreno. Abrió los mensajes, habló con sus fuentes y comenzó a redactar.
Tenía elementos suficientes para publicar.
Pero antes hizo algo que se había convertido en parte de su rutina.
Releyó el texto.
Eliminó una referencia demasiado precisa sobre el lugar donde los jóvenes habían sido vistos.
Cambió algunas palabras.
Borró las siglas de la organización criminal a la que algunas de sus fuentes atribuían los hechos.
Nadie tuvo que llamarla.
Ningún funcionario le ordenó retirar información.
Ningún integrante de una organización criminal necesitó enviarle una amenaza esa noche.
La advertencia ya estaba incorporada a su manera de trabajar.
La noticia salió.
Pero no salió igual.
Ese pequeño proceso editorial —borrar un nombre, retrasar una publicación, evitar una ubicación, decidir si una fotografía vale el riesgo— permite observar una forma de violencia contra la prensa mucho más difícil de contabilizar que los asesinatos, desapariciones y agresiones físicas: la transformación preventiva de la información para sobrevivir, que es la autocensura para salvaguardar la vida.
Durante meses, esta investigación recogió testimonios de mujeres periodistas que trabajan o han trabajado en Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y la región de Los Altos de Jalisco, que colinda con algunos de los estados antes mencionados.
No pertenecen a una misma redacción.
Varias ni siquiera se conocen.
Los territorios en los que trabajan tampoco tienen idénticos niveles de violencia ni enfrentan necesariamente a los mismos actores.
Pero las periodistas describieron modificaciones semejantes.
Dejaron de transmitir determinados acontecimientos en vivo.
Evitan acudir solas a ciertos lugares.
Esperan antes de publicar información delicada.
Sustituyen nombres específicos de organizaciones criminales por expresiones genéricas.
Reciben fotografías y videos de manera anónima en lugar de acudir directamente a una escena.
Algunas notas dejaron de llevar firma.
Y existen investigaciones que nunca fueron publicadas.
El miedo dejó de ser solamente una consecuencia posible del periodismo.
Se convirtió en una variable editorial.
Qué cubrir.
A qué hora salir.
Dónde estacionarse.
Cuánto tiempo permanecer.
Qué escribir.
Cuándo publicar.
Y, finalmente, qué no contar.
El fenómeno rebasa los testimonios recogidos para este trabajo.
ARTICLE 19 documentó 451 agresiones contra periodistas y medios de comunicación en México durante 2025. En su análisis advierte de estructuras y condiciones que generan un efecto inhibidor sobre la libertad de expresión y reconoce que la violencia no proviene exclusivamente de actores criminales: también intervienen autoridades, poderes políticos, económicos y mecanismos de hostigamiento que pueden modificar el ejercicio periodístico.
El silencio, entonces, no comienza necesariamente cuando cierra un periódico.
Puede empezar mucho antes.
Cuando una periodista aprende que determinada información puede costarle demasiado.
Guanajuato: aprender después de los muertos
El 9 de noviembre de 2020, Israel Vázquez Rangel salió de madrugada a cubrir el reporte de restos humanos abandonados en Salamanca.
Era reportero de El Salmantino.
Llegó a la colonia Villa Salamanca 400 antes de las seis de la mañana.
Se disponía a iniciar una transmisión en vivo.
Dos hombres lo interceptaron.
Le dispararon.
ARTICLE 19 documentó que recibió alrededor de diez impactos de bala. Murió horas después en un hospital.
Su asesinato convirtió en una imagen brutal uno de los dilemas que ya comenzaban a transformar la cobertura policiaca en Guanajuato: para informar había que llegar rápido; llegar demasiado rápido podía significar encontrarse todavía con quienes habían cometido el crimen.
Una semana antes había desaparecido otro periodista de la región.
Víctor Manuel Jiménez Campos salió el 1 de noviembre de 2020 para realizar una cobertura.
No regresó.
Durante más de tres años no se supo qué había ocurrido con él.
En junio de 2024 sus restos fueron identificados dentro de un pozo abandonado en Villagrán.
Jiménez había trabajado principalmente en la cobertura de seguridad.
La existencia de estos casos exige una precisión metodológica: que una víctima sea periodista no permite establecer automáticamente que una agresión, desaparición o asesinato estuvo relacionado con su profesión.
Esa relación tiene que investigarse.
Pero entre quienes continúan trabajando, el efecto preventivo aparece incluso antes de que exista una sentencia capaz de establecer el móvil.
Porque los asesinatos también producen conocimiento.
Enseñan qué puede pasar.
Natalia lo sabe.
Durante años, recuerda, la nota roja en Celaya significó accidentes automovilísticos, asaltos y emergencias.
“En el periódico, la nota roja eran los accidentes. Le hablabas a la policía y te decían: ‘Hay un chocado en la Panamericana’. Llegabas, sentías el impacto, pero te aventabas la nota”.
Después comenzaron a aparecer otros cuerpos.
“Hasta que a una amiga le tocó ver una cabeza humana sobre las bancas del jardín, frente a la Presidencia Municipal. A partir de ahí empezó lo macabro: los ejecutados, los destazados. De repente, la línea se rompió”.
Hoy Natalia ya no corre detrás de una patrulla cuando recibe información sobre un homicidio.
“Yo ya no voy a un baleado, a un ejecutado ni a un lugar donde encontraron restos. Si me llega el reporte de que hay algo a tres cuadras de mi casa, prefiero quedarme con mis hijos”.
Espera.
Pregunta.
Recibe fotografías.
Contrasta información.
Después publica.
“Sacrificas la inmediatez, pero te mantienes viva para tu familia”.
Lo que podría parecer una decisión personal cambia de dimensión cuando se observa la historia reciente del estado.
El 4 de agosto de 2024, Alejandro Martínez Noguez, conocido como El Hijo del Llanero Solititito, regresaba de cubrir un accidente vial en Villagrán cuando fue atacado a balazos.
No viajaba solo.
Se encontraba acompañado por elementos municipales encargados de su protección.
Los escoltas resultaron heridos.
Martínez murió.
No era la primera vez que estaba en riesgo.
En noviembre de 2022, ARTICLE 19 había documentado que un hombre armado llegó a su domicilio preguntando por él. Después de ese episodio, Martínez había tenido contacto con autoridades estatales y con el Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Dos años más tarde fue asesinado mientras viajaba con protección oficial.
La secuencia no permite concluir que todos los casos tengan un mismo perpetrador o formen parte de una estrategia coordinada.
Pero demuestra algo distinto: quienes permanecen reporteando conocen esos antecedentes.
Y trabajan después de ellos.
Cuando informar tu ubicación también es informar al agresor
Una de las prácticas que las periodistas entrevistadas modificaron primero fue la transmisión en tiempo real.
La explicación es sencilla.
Un Facebook Live no solamente permite que una audiencia vea lo que está ocurriendo.
También muestra exactamente dónde se encuentra quien transmite.
Israel Vázquez estaba por comenzar una transmisión cuando fue asesinado.
Ese conocimiento se incorpora rápidamente al oficio.
No mediante cursos.
Mediante experiencia acumulada.
Sandra dejó de mostrar dónde está cuando considera que una cobertura puede representar riesgo.
En Lagos de Moreno procura no acudir sola a determinados lugares.
Cuando otros reporteros van a una zona considerada peligrosa, intenta desplazarse con ellos.
Permanece el menor tiempo posible.
Evita compartir su ubicación.
Y espera para publicar.
“Antes nombraba grupos, visibilizaba a los desaparecidos sin medir las consecuencias”, explica. “Ahora no menciono cárteles. Digo ‘crimen organizado’ o ‘un grupo’. Si hay una ejecución con objetos simbólicos, no detallo el mensaje”.
La palabra más utilizada para describir este fenómeno es autocensura.
Pero el término puede ser engañoso cuando se interpreta como una decisión tomada en libertad.
Sandra no eliminó nombres simplemente porque modificara su estilo periodístico.
Los eliminó porque considera que identificarlos incrementa su exposición.
Es más preciso hablar de una adaptación editorial bajo coerción.
La censura ya no necesita aparecer después de publicar.
Puede actuar antes.
Lagos de Moreno y sus alrededores: en los pueblos el agresor sabe dónde vives
Los Altos de Jalisco, la zona que colinda con Aguascalientes, Zacatecas y el mismo Guanjuato; plantean una dinámica diferente a la de Guanajuato.
Aquí el patrón documentado para esta investigación no está construido principalmente a partir de asesinatos de periodistas.
Está en la proximidad.
Lagos de Moreno es una ciudad donde la persona sobre la que se escribe puede conocer dónde vive la reportera, quién es su familia, qué vehículo utiliza y cuáles son sus recorridos cotidianos.
En los grandes centros urbanos puede existir cierta distancia entre el periodista, la fuente y el personaje investigado.
En las ciudades medias esa distancia puede desaparecer.
El estudio Periodismo y Derechos Humanos en Jalisco: el desafío autoritario, publicado como parte de la Colección de Estudios en Derechos Humanos, documentó precisamente un caso ocurrido en Lagos de Moreno: mediante WhatsApp, un empleado del gobierno municipal pidió a una reportera con experiencia que dejara de investigar y publicar información que perjudicaba al presidente municipal. El análisis advierte que, en ciudades pequeñas, la proximidad entre periodistas y quienes ejercen presión sobre ellos favorece procesos de autorregulación y censura, pues los agresores pueden conocer el domicilio, las rutinas, el entorno familiar y las relaciones personales de quienes informan.
La periodista terminó dejando de publicar información relacionada con el hostigamiento.
El estudio identifica una característica especialmente relevante para las regiones: la proximidad entre quien ejerce presión y quién reportea favorece la autorregulación y la censura.
El agresor puede vivir a tres calles.
Puede conocer a la familia.
Puede identificar rutinas.
Puede encontrarse con la periodista al día siguiente.
El caso ocurrió antes del periodo más reciente observado en esta investigación, pero ayuda a explicar un mecanismo que Celia continúa describiendo.
No necesariamente necesita recibir una amenaza después de cada nota.
Conocer el territorio también significa conocer sus límites.
La desaparición de los cinco jóvenes de Lagos de Moreno en agosto de 2023 hizo visible nacionalmente una violencia que las periodistas locales llevaban tiempo reporteando.
Pero cubrir desapariciones en la región plantea problemas que difícilmente pueden comprenderse desde una redacción situada a cientos de kilómetros.
¿Hasta dónde acercarse a un sitio donde podrían encontrarse restos?
¿Quién controla el camino?
¿Quién observa la llegada de un vehículo con cámaras?
¿Conviene publicar inmediatamente?
¿Debe identificarse al grupo señalado por las fuentes?
¿Es responsable reproducir mensajes abandonados junto a cuerpos?
Celia responde esas preguntas antes de cada cobertura.
No desde un manual.
Desde el territorio.
En Los Altos, el mapa del silencio se mide en kilómetros de carretera y metros de distancia respecto de quienes pueden estar observando.
La información que llega cuando el periodista ya no llega
Las consecuencias de esas decisiones no terminan en la vida privada de las reporteras.
También afectan la información disponible.
Si Natalia deja de acudir a una ejecución, desaparece un testigo independiente.
Si Sandra espera varias horas antes de acercarse a un hallazgo, disminuye su posibilidad de observar lo ocurrido antes de que la escena haya sido procesada.
Si una reportera elimina el nombre de una organización criminal para protegerse, se pierde una pieza que podría ayudar a reconstruir públicamente la evolución de la violencia.
Ese vacío tiene que ser llenado.
Y muchas veces lo llenan las autoridades.
El comunicado sustituye al reportero.
La fotografía institucional sustituye a la fotografía obtenida en campo.
Las cifras reemplazan los testimonios.
Una versión procesada por la Fiscalía termina convirtiéndose en la principal —y a veces única— reconstrucción disponible de un hecho.
Los testimonios obtenidos para esta investigación describen exactamente ese repliegue: abandono de transmisiones, reducción de coberturas presenciales, recepción de materiales de manera anónima y publicación diferida para disminuir la exposición.
El impacto es mayor de lo que parece.
Una organización criminal no necesita controlar cada redacción para reducir la información disponible sobre sus actividades.
Un funcionario tampoco necesita llamar todos los días para ordenar qué debe publicarse.
Puede bastar con que investigar resulte demasiado peligroso.
Entonces el silencio comienza a administrarse solo.
San Luis Potosí: no todas las amenazas llegan con una pistola
Moverse hacia San Luis Potosí permite observar otra parte del fenómeno.
La presión contra periodistas no proviene exclusivamente de organizaciones criminales.
Puede llegar desde el poder político.
Desde empresarios.
Desde funcionarios.
Desde estructuras legales.
Desde campañas de desprestigio.
O mediante combinaciones difíciles de separar.
Samuel Roa Botello, periodista y director de un medio en la Huasteca potosina, ha denunciado durante años distintos episodios de intimidación vinculados con su trabajo.
En mayo de 2026, ARTICLE 19 documentó un nuevo escalamiento de hostigamientos y amenazas contra Roa y señaló la participación, en distintos episodios, de actores políticos y empresariales.
La organización pidió que el Mecanismo Federal retomara contacto con el periodista, revisara su plan de seguridad y garantizara protección para él, su familia y su medio.
La organización señaló además que durante 2025 había documentado 16 indicadores de censura en San Luis Potosí.
El dato obliga a ampliar la mirada.
No todo mecanismo de censura tiene la misma gravedad.
Una llamada intimidatoria no equivale a un asesinato.
Una demanda no equivale a una desaparición.
Equipararlos sería metodológicamente irresponsable.
Pero pueden formar parte de una misma secuencia: aumentar progresivamente el costo de publicar.
El periodista aprende que determinada investigación implica una llamada.
Otra puede implicar una demanda.
Otra, una campaña.
Otra, vigilancia.
Y eventualmente aparece la pregunta que atraviesa todo este reportaje: ¿vale la pena publicar esto?
Ese instante también forma parte del mapa del silencio.
Ser mujer cambia la ecuación
Las periodistas entrevistadas describieron además violencias que no pueden entenderse únicamente desde su profesión.
Ser mujer agrega otra capa.
Aparecen ataques dirigidos a la vida privada.
Cuestionamientos sobre capacidad profesional.
Descalificaciones relacionadas con apariencia, maternidad o relaciones personales.
Decisiones tomadas dentro de las propias redacciones bajo el argumento de “protegerlas”.
Y responsabilidades de cuidado que modifican completamente el cálculo del riesgo.
María Martínez, periodista de investigación de Aguascalientes con más de dos décadas de trayectoria, recuerda que antes de enfrentarse a amenazas relacionadas con investigaciones sobre corrupción y seguridad tuvo que enfrentarse al machismo dentro de los medios.
“Me mandó a cubrir muertes y sangre porque decía que ahí solo había un director y el hombre era el que mandaba”, relata sobre un antiguo socio.
También recuerda investigaciones que dejaron de aparecer bajo su nombre.
“Muchas veces mis notas de investigación ni siquiera fueron firmadas porque me decían: ‘Eres mujer y te puede pasar algo’. Mi historia fue borrada por ser mujer”.
Posteriormente, mientras investigaba posibles vínculos entre autoridades y delincuencia organizada, relata que las amenazas escalaron.
Habla de un secuestro exprés.
De incursiones armadas.
Y finalmente de desplazamiento.
“Abandonar a tu familia es el dolor más grande. Tener que salir huyendo para que los delincuentes y los corruptos sigan viviendo en tu ciudad es algo que no puedo aceptar”.
Hubo un momento en que dejó de escribir.
“Mi mente estaba en blanco. No podía escribir una sola línea. Tenía miedo de todo. Me sentía muerta en vida”.
Su testimonio permite observar algo que los registros de agresiones difícilmente capturan:
el desplazamiento no solamente cambia una dirección.
Rompe estructuras de cuidado.
Separa familias.
Elimina redes profesionales.
Interrumpe trayectorias.
Desconecta al periodista de sus fuentes.
Y puede arrancarlo definitivamente del territorio que conocía.
Protección sin confianza
Las políticas públicas suelen medir la respuesta institucional preguntando cuántos periodistas están incorporados a mecanismos de protección.
Las entrevistadas hacen una pregunta diferente: ¿la protección permite seguir haciendo periodismo?
Elena —seudónimo utilizado por razones de seguridad— aprendió sus límites después del asesinato de su pareja, también periodista en Guanajuato.
“Ahí entiendes que los límites no te los enseña un manual. La violencia te obliga a aprender qué no hablar, a qué grupo no nombrar y a darte cuenta de que, como figura pública, no sabes quién te está observando en la calle cuando traes una cámara o un teléfono”.
Cuando posteriormente enfrentó amenazas y hostigamientos rechazó tener custodia policial permanente.
“Tener patrullas rodeando tu casa o siguiéndote todo el día te pone más tensa. En estos municipios no sabes para quién responden realmente las corporaciones. Más que cuidarte, sientes que te están mapeando ante los mismos agresores”.
La afirmación no demuestra que los agentes que podían ser asignados a su protección estuvieran vinculados con organizaciones criminales.
Demuestra algo diferente.
Ella no confiaba en ellos.
Y una medida pierde eficacia si la persona beneficiaria siente que también puede aumentar su exposición.
Natalia conserva un botón de pánico.
Casi nunca lo utiliza.
“Ahí lo tengo. Se me olvida hasta cargarlo. Sabes perfectamente que si pasa algo en la calle, presionar ese botón no va a hacer que aparezcan ángeles a rescatarte”.
El caso de Alejandro Martínez demuestra el límite más extremo de esa contradicción.
No solamente pidió ayuda.
Fue asesinado mientras viajaba acompañado por elementos asignados a su seguridad.
Entonces el indicador relevante deja de ser únicamente el número de beneficiarios.
La pregunta es: ¿las medidas restituyen realmente la posibilidad de ejercer el periodismo?
Cuando el periodista desaparece del territorio
Existe una consecuencia adicional que suele analizarse poco.
Cuando un periodista es desplazado, generalmente se estudia qué le ocurrió.
Dónde fue reubicado.
Qué perdió.
Qué medidas recibió.
Si puede regresar.
Pero pocas veces se pregunta: ¿qué pierde el lugar del que tuvo que salir?
Una periodista desplazada no se lleva solamente sus pertenencias.
Se lleva años de fuentes.
Conocimiento acumulado de autoridades y estructuras locales.
Relaciones comunitarias.
Memoria.
Experiencia.
Investigaciones pendientes.
Y una capacidad de preguntar que difícilmente puede ser sustituida de inmediato.
El desplazamiento de periodistas, por tanto, tiene dos víctimas.
La persona obligada a huir.
Y la comunidad que pierde a quien investigaba su realidad.
La periodista que también tuvo que irse
Hay una razón por la que esta investigación comenzó preguntando qué historias dejan de publicarse cuando una periodista aprende a tener miedo.
Yo también tuve que irme.
Durante meses pregunté a otras mujeres qué modificaron para seguir haciendo periodismo.
Qué dejaron de cubrir.
Qué rutas abandonaron.
Qué nombres dejaron de escribir.
Qué historias nunca terminaron.
La pregunta me resultaba demasiado familiar.
Años antes también tuve que responderla.
Por eso es necesaria una precisión metodológica: mi experiencia no fue utilizada para establecer los patrones descritos en esta investigación.
Las conclusiones anteriores surgen de entrevistas realizadas a otras periodistas y de casos, informes y antecedentes documentados de manera independiente.
Pero eliminar completamente mi historia habría significado esconder una circunstancia relevante: la periodista que trazó este mapa también forma parte de él.
Mi nombre es Myrna Susana Gómez Vázquez.
En 2019 ejercía el periodismo en Guanajuato.
Ese año recibí amenazas y sufrí agresiones que fueron vinculadas con mi labor informativa.
CIMAC ha documentado amenazas, actos de intimidación, allanamiento a mi domicilio y un ataque armado atribuido a integrantes del Cártel de Santa Rosa de Lima. Los hechos fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado de Guanajuato.
La respuesta institucional inmediata fue sacarme del estado.
El Mecanismo Federal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas determinó mi extracción de Guanajuato y mi reubicación en San Luis Potosí.
No salí sola.
Salí con mis dos hijas.
El Mecanismo otorgó medidas entre las que se encontraba alojamiento en un espacio de seguridad.
La extracción resolvió una cosa: nos alejó del lugar donde había ocurrido la agresión.
No resolvió lo demás.
Salir de un territorio no significa recuperar automáticamente la vida que existía antes.
Significa abandonar fuentes.
Rutinas.
Redes.
Relaciones profesionales.
Familia.
Lugares conocidos.
Y aprender a ejercer el periodismo desde otro estado mientras la posibilidad de regresar continúa suspendida.
En junio de 2022 fue retirado el alojamiento que formaba parte de mis medidas de protección.
CIMAC documentó que tuve que reubicarme nuevamente sin respaldo suficiente de las autoridades y que durante aproximadamente un año no existió seguimiento efectivo a distintas medidas acordadas.
Después comenzó otra batalla.
Ya no consistía únicamente en protegerme de las agresiones que habían provocado el desplazamiento.
También consistía en hacer que el Estado reconociera que el riesgo no desaparecía simplemente porque yo ya no viviera en Guanajuato.
El conflicto llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El amparo en revisión 394/2025 cuestionó, entre otros aspectos, el plazo legal utilizado para desechar un recurso de inconformidad mediante el cual buscaba revisar decisiones del Mecanismo.
El 9 de julio de 2026, el Pleno de la Suprema Corte resolvió mantener la constitucionalidad del plazo previsto por la ley para presentar ese recurso. Al mismo tiempo, estableció que las personas periodistas pueden solicitar nuevamente la revisión de sus medidas y una evaluación de riesgo cuando cambien sus circunstancias.
Para entonces habían transcurrido casi siete años desde las agresiones que provocaron mi desplazamiento.
Ese dato muestra otra dimensión del fenómeno.
El desplazamiento no termina cuando una periodista cruza la frontera estatal.
No termina cuando recibe un botón de pánico.
No termina cuando cambia de domicilio.
No necesariamente termina cuando desaparece la amenaza inmediata.
Puede convertirse en una condición prolongada.
El periodista permanece lejos del lugar donde construyó su oficio.
Y el territorio permanece sin el periodista que salió de él.
Las historias que nunca existieron
Los registros cuentan periodistas asesinados.
Desaparecidos.
Amenazados.
Desplazados.
Agredidos.
Personas incorporadas a mecanismos de protección.
Denuncias.
Expedientes.
Procesos judiciales.
Pero existe una unidad que prácticamente ningún registro puede contabilizar: la historia que dejó de hacerse.
La entrevista cancelada.
La carretera que nadie quiso recorrer.
La brecha a la que una reportera decidió no entrar.
La transmisión que nunca comenzó.
La fotografía que permaneció guardada.
La fuente que dejó de contestar.
El nombre eliminado antes de publicar.
La investigación congelada en una computadora.
La historia que la sociedad jamás supo que pudo haber conocido.
Ése es probablemente el efecto más difícil de medir de la violencia contra la prensa.
No solamente produce periodistas muertos, amenazados o desplazados.
Produce información ausente.
Y esa ausencia lesiona algo que no pertenece exclusivamente a quienes ejercen el periodismo.
El derecho de las sociedades a saber.
El mapa del silencio
En Celaya, Natalia dejó de correr detrás de cada reporte policiaco.
En otro punto de Guanajuato, Elena reorganizó su vida profesional después de que la violencia alcanzó a su familia.
En Lagos de Moreno, Sandra calcula palabras, rutas y horarios.
María tuvo que reconstruir su capacidad de escribir después de salir de su territorio.
Yo reconstruí mi vida y mi ejercicio profesional fuera de Guanajuato.
Alrededor quedaron los antecedentes.
Periodistas asesinados.
Desaparecidos.
Amenazados.
Presionados.
Desplazados.
Medidas de protección que algunas veces resultan insuficientes.
No existe evidencia para afirmar que todos estos hechos sean producto de una misma organización.
No tienen el mismo móvil.
No tienen la misma gravedad.
No provienen necesariamente del mismo tipo de agresor.
Tampoco Guanajuato, Aguascalientes, San Luis Potosí y Los Altos de Jalisco enfrentan exactamente la misma violencia.
Eso no rompe el patrón.
Permite identificarlo con mayor precisión.
El patrón no está solamente en quién agrede. Está en lo que ocurre después de la agresión.
Un asesinato enseña.
Una desaparición enseña.
Una amenaza enseña.
El hostigamiento de una autoridad enseña.
El desplazamiento enseña.
Una medida de protección que no devuelve la sensación de seguridad también enseña.
Los periodistas aprenden dónde no detenerse.
A qué hora no salir.
Qué carretera evitar.
Cuándo apagar una transmisión.
Qué fotografía no tomar.
Qué nombre borrar.
Cuánto esperar antes de publicar.
Cuándo ir acompañados.
Cuándo quedarse en casa.
Y, algunas veces, cuándo irse.
Ese conocimiento no aparece en los manuales universitarios.
Se aprende después de las agresiones.
Se comparte entre colegas.
Se incorpora poco a poco a las rutinas.
Hasta que un día parece normal.
Los portales siguen actualizándose.
Las estaciones continúan transmitiendo.
Los periódicos siguen imprimiéndose.
Formalmente, el periodismo permanece.
Pero entre el hecho y la noticia apareció una etapa adicional del proceso editorial: calcular cuánto riesgo implica contarla.
Y cuando una periodista tiene que escoger entre la información que podría obtener y la posibilidad de regresar viva con su familia, el problema ya no puede describirse únicamente como inseguridad.
Es una restricción material a la libertad de expresión.
Porque el silencio no comienza cuando desaparece la prensa.
Comienza cuando la prensa sigue publicando, pero hay cosas que ya no puede contar.
***
Esta investigación periodística fue desarrollada en colaboración con la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional (GI-TOC), a través del Fondo Resiliencia y el Observatorio para América del Norte. Su contenido fue producido de manera independiente y no refleja necesariamente las opiniones o posiciones de GI-TOC, del Fondo Resiliencia ni del Observatorio para América del Norte.
