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Por Ángel Abraham*
Ese debería ser el encabezado de las notas periodísticas que hablan sobre el reciente acto represivo del Ejecutivo Estatal jalisciense. Me refiero a la reciente detención ilegal de personas manifestantes que acudieron a la marcha por la calidad del agua recibida en las viviendas de Guadalajara, privadas de su libertad, incomunicadas y violentadas por la infame corporación policial del Estado, cuyo actuar violento es sabido y recurrente, véase el desalojo en Mirador de San Isidro.
En lo que fuera una de las marchas más nutridas en Guadalajara que mi joven vida he presenciado, no faltaron los provocadores a sueldo del Gobierno Estatal, esos que son enviados por los verdaderos sótanos del poder que se esconden en Casa Jalisco. Lo indignante, sin duda, es el actuar de la policía y del cuerpo de bomberos que al más puro estilo pinochetista comenzó a bañar con agua a presión ¡a los manifestantes que exigían agua limpia.
Hijos de Videla, retoños de Stroessner, vástagos de la Escuela de las Américas que heredan su instrucción terrorista a partir de la sucia administración de Octavio Solís. Nada merecen llamarse autoridad quienes son capaces de atacar a la población que dicen defender.
Nos dice la teoría política que el Estado tiene el monopolio de la violencia, entregado voluntariamente por quienes suscribimos el pacto social ante la inexplicable tendencia de ser innatamente violentos los unos con los otros y que, ante la necesidad de preservarnos, decidimos instruir a un intermediario a fin de que sea éste quien ejecute la sanción en contra de quien quebrante el orden social.
Cuando el Estado despliega su fuerza coercitiva contra un individuo que exige el cumplimiento de necesidades fundamentales que no están siendo satisfechas, como lo es el ya negado acceso a agua potable para la ciudad, nos enfrentamos a una grave distorsión de ese monopolio. La detención bajo la excusa de una falta administrativa, muy a la vieja usanza priísta de la “alteración del orden público” o la infame “disolución social” no busca más que preservar intacto el ego de un gobernante que se sabe falto de altura para gobernar. Acallar la crítica es el acto consciente del autoritarismo, degenerado por no saber cómo legitimar el ejercicio del poder.
Bajo el marco de lo que se conoce como violencia instrumental, el aparato estatal aplica medios pragmáticos coercitivos para hacer respetar las imposiciones y alcanzar un objetivo determinado. En el ilustre caso jalisciense, el objetivo no es la procuración de justicia ni la preservación de la paz social, pues se instrumentaliza a las fuerzas de seguridad para reprimir la disidencia ciudadana, cerrando todo diálogo a fin de no dañar la imagen del gobernante. La violencia institucionalizada aparece justo cuando el Estado carece del poder real, pues al no emanar de la legitimidad otorgada por el pueblo, sino de la protección artificial que se procuran quienes ostentan el cargo, la fuerza pública se corrompe y queda convertida en un ejercicio constante de violencia estructural.
En un texto anterior, había señalado que “aunque las siglas y colores cambien, el brazo del Leviatán no deja de ser controlado por sádicos con poder”. Sin embargo, al observar con detenimiento este tipo de reacciones represivas, quizás no sea el sadismo el motor principal de estos actos, sino el claro rompimiento del monolito que alguna vez dio forma y legitimidad a la autoridad del Estado.
A sabiendas de que la credibilidad se agota y el respaldo popular se desmorona, quienes gobiernan buscan afianzar su posición desde una concepción errónea que vuelve sinónimos a la violencia y al poder. El riesgo aquí yace en el uso de la violencia bajo un presupuesto político, pues su uso puede servir al fin de la dominación como sustituto del poder.
Es decir, cuando la capacidad de convencimiento, el liderazgo social y la aptitud para resolver crisis desaparecen, el verdadero poder se esfuma, es entonces que al detentador del gobierno no le queda más remedio que echar mano de la fuerza bruta para imponerse. La arremetida violenta, la detención ilegal y la incomunicación de ciudadanos por exigir un derecho básico revela un síntoma de debilidad absoluta: es la rabieta de una administración que, al verse desprovista de autoridad moral, recurre a la dominación y a la coacción policial para simular un control político que en la calle ya perdió.
No podemos normalizar el sadismo como una política de Estado, es deber del pueblo seguir saliendo a marchar y demostrar que el miedo se encuentra del otro lado, de ese que dice llamarse Movimiento, apellidarse Ciudadano y que hoy usurpa ilegítimamente la dirección de un Estado que le ha quedado grande.
