Samuel, un repartidor de comida; Iván Octavio, un artista y cocinero; Teodoro, un hijo, hermano, padre y abuelo; David Isaac, un animalista comprometido con las causas sociales; Juan Dario, un estudiante universitario; Alexis Daniel, un joven cineasta; e Israel, un ciudadano que ejercía su derecho a la protesta el pasado domingo 11 de octubre, durante la Mega Marcha por el Agua.
Pero sobre todo, inocentes y víctimas del uso excesivo de la fuerza policial, de desapariciones forzadas, de la represión del Gobierno del Estado de Jalisco y de faltas al debido proceso, como lo han denunciado organizaciones defensoras de derechos humanos en México.
Los siete fueron trasladados este martes 13 de octubre al penal de Puente Grande Jalisco para seguir un proceso judicial. De acuerdo con la comunicación oficial de la Fiscalía de Jalisco serán presentados ante un juzgado de control y oralidad, aunque las organizaciones y el equipo legal que los acompañan sostienen que buscan inculparlos con “cargos fabricados”.
Por Dalia Souza / @DaliaSouzal
Samuel Morales Navarro, Iván Octavio Salazar Reynoso, Teodoro Jesús Torres Valdez, David Isaac Álvarez Hernández, Juan Dario Muñoz Nava, Alexis Daniel Guzmán Ríos e Israel Rosas Flores son las últimas siete personas -de las 39 detenidas- durante la Mega Marcha por el Agua en Jalisco, el pasado domingo 11 de octubre afuera de Casa Jalisco.
Seis de ellos asistieron a manifestarse ejerciendo su derecho a la protesta y en la digna demanda de una mejor calidad del agua para todas las personas que habitan el estado, Samuel, quien es repartidor de comida para una plataforma sólo iba de paso y se encontró con la movilización.
Los siete fueron detenidos de forma arbitraria, violenta e ilegal por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado; como ha quedado evidenciado en los múltiples videos y fotografías que la sociedad ha compartido y reunido para mostrar que en realidad se trata de víctimas del uso excesivo de la fuerza policial, de la represión del Estado e, incluso, de desapariciones forzadas, tortura, faltas al debido proceso y fabricación de delitos.
Sin embargo, el Gobierno de Jalisco a través de la Fiscalía del Estado busca incriminarles por delitos graves.
A través de un comunicado oficial, se informó que fueron trasladados este martes 13 de octubre al penal de Puente Grande Jalisco para seguir un proceso judicial. De acuerdo la Fiscalía de Jalisco serán presentados ante un juzgado de control y oralidad, seis de ellos por los delitos de lesiones dolosas, de acuerdo con lo descrito en el Artículo 206 y 207 del Código Penal para el Estado Libre y SOberano de Jalisco, con la agravante de la fracción VII, que establece que fueron cometidas en contra “personas que desarrollen funciones de seguridad pública”.
Mientras que, otro de ellos está siendo imputado por el delito de desobediencia o resistencia de particulares, previsto en el Artículo 129.
Por ello, con la consigna “Lemus libera a los siete” familiares, amistades, organizaciones, personas defensoras y activistas en Jalisco y en México han exigido al Gobernador Pablo Lemus su liberación. Demandando no sólo que puedan llevar sus procesos en libertad como sucedió con las 32 personas manifestantes que también fueron detenidas el día domingo por salir marchar y que posteriormente fueron puestas en libertad los días domingo y lunes, sino que estos cargos que les fueron fabricados se les remuevan.
Y es que, pese a la flagrante evidencia de los contextos de represión, arbitrariedad e ilegalidad en la que sucedieron sus detenciones y posteriores encarcelamientos, la Fiscalía de Jalisco no ha desistido de los cargos que les han atribuido a todas las personas manifestantes y, sólo se les liberó bajo los criterios del artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece que las personas pueden llevar sus procesos sin encontrarse en prisión preventiva.
Algunos de los cargos que se les buscan imputar, según lo informó la Fiscalía del Estado de Jalisco, son: ataque a las vías de comunicación, lesiones y delitos cometidos contra representantes de la autoridad.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD) ha reprobado la actuación de la Fiscalía de Jalisco y ha exigido la liberación inmediata de las siete personas detenidas en las inmediaciones de Casa Jalisco, además, recordaron que la protesta social es un derecho humano y que su ejercicio no debe ser criminalizado.
Pero ¿Quiénes son los siete?
Son personas inocentes, como sostienen las organizaciones que les acompañan en Jalisco y en México, así como sus familiares y amistades que hasta el día de hoy permanecían a las afueras de la Fiscalía del Estado de Jalisco ubicada en la calle 14 en Guadalajara, montando un campamento de exigencia de justicia y solidaridad.
Son personas que ejercieron su derecho a la protesta y que en medio de esta digna manifestación fueron víctimas de una práctica asimilada de represión masiva que el Gobierno de Jalisco ejerce sistemáticamente en contra de quienes salen a demandar el cumplimiento de sus obligaciones.
Organizaciones como el Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (CEPAD), el Instituto Mexicano para el Desarrollo Comunitario (IMDEC), la Red contra las Desapariciones Forzadas y la Red Yo Voy 8 de Marzo en Jalisco junto a integrantes del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas a nivel federal, han sostenido que las detenciones de los 39 personas durante la marcha del domingo “configuran prácticas contrarias al debido proceso y a los derechos humanos”.
Al tiempo que, estas mismas detenciones llevadas a cabo por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública podrían ser consideradas como desapariciones forzadas, debido a que las personas manifestantes no fueron presentadas de manera inmediata ante las instancias correspondientes, tampoco se brindó información sobre su estado anímico durante las primeras horas, no hubo claridad sobre su situación jurídica e, incluso, previo a ser trasladadas permanecieron retenidas en otros espacios ajenos a las instalaciones de seguridad pública como comisarías o la propia Fiscalía.
En el comunicado oficial publicado a las 12 del día de este martes 13 de octubre en la cuenta de X de la Fiscalía del Estado de Jalisco, se aclara que las personas trasladadas y puestas a disposición de un juzgado para la realización de audiencias correspondientes y “no serán ingresados a prisión”, sino que permanecerán en el área de juzgados.
Aclaran con ello que “no significa que hayan sido sentenciadas o que su permanencia en prisión sea definitiva”, ya que su puesta a disposición ante un juzgado de control busca determinar su situación jurídica en las próximas horas, así como las medidas cautelares que les podrían ser impuestas, como por ejemplo, ser vinculadas a proceso y llevarlo en libertad.
Son ellos
Samuel Morales Navarro, joven repartidor en moto que es el sostén económico de su madre, quien vive con un diagnóstico de cáncer. No asistió intencionalmente a la marcha, iba de paso. Su motocicleta es su equipo de trabajo y en los videos difundidos por asistentes a la marcha del domingo puede observarse a elementos de la Secretaría de Seguridad Pública usandola de forma intencional tras haberlo detenido.
Iván Octavio Salazar Reynoso, artista y cocinero en un negocio familiar. Sus amistades lo describen como una persona con gran sensibilidad y apasionado por la lucha social “siempre busca proteger a los más vulnerables”. Anda en bicicleta y “disfruta profundamente de servir a los demás”.
Teodoro Jesús Torres Valdez, hijo, padre, hermano y abuelo que desde hace más de 30 años tiene un mismo trabajo y desde hace 50 vive en el mismo domicilio en el que nació. A decir de sus seres queridos, “siempre trata de ayudar a las personas que lo rodean”. En los videos donde aparece durante la marcha, se le ve defendiendo a los jóvenes que estaban siendo detenidos e intentando sensibilizar sobre cómo la crisis del agua afecta a todas las personas, incluso, a los elementos de seguridad que estaban intentando reprimir.
David Isaac Álvarez Hernández, un amigo solidario, hermano, hijo y padre perruno “ultramaoroso, entusiasta del rescate y cuidado animal”, emprendedor y comprometido con las causas sociales, así lo describen sus amistades y familia.
Juan Dario Múñoz Nava, es un estudiante universitario, amigo noble y respetuoso que siempre “está para ayudar a los demás”. Sus convicciones se sostienen sobre las causas y el cuidado de su familia.
Alexis Daniel Guzmán Ríos, joven cineasta que acudió a la marcha a documentar la movilización en video. Según refieren sus amistades acaba de terminar su servicio social en el Teatro Degollado.
Israel Rosas Flores, sus padres lo esperan, como las más de 10 mil personas que salieron a marchar el día domingo, acudió a exigir su derecho al agua limpia y digna.
Actualización martes 13 de octubre, 11:00 a.m.
Ante el comunicado oficial de la Fiscalía del Estado de Jalisco, el CEPAD junto al grupo de organizaciones locales y nacionales y el equipo legal que acompaña el caso y a las familias de las personas detenidas, han llamado a acudir a los juzgados de oralidad de Puente Grande Jalisco para sostener colectivamente la exigencia de ¡liberación inmediata de los siete!
Se sigue solicitando a las personas que asistieron a la marcha por el agua el día domingo 11 de octubre, convocada en Casa Jalisco que compartan cualquier material de video o fotográfico que documente y sirva como evidencia de las agresiones, violaciones a derechos humanos y las detenciones de Samuel Morales Navarro, Iván Octavio Salazar Reynoso, Teodoro Jesús Torres Valdez, David Isaac Álvarez Hernández, Juan Dario Muñoz Nava, Alexis Daniel Guzmán Ríos e Israel Rosas Flores, quienes la autoridad quiere incriminar injustamente.
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