Tres años sin justicia para Ángela Birkenbach: su caso evidencia la falta de garantías de los menores víctimas indirectas de feminicidio

Ángela Birkenbach fue asesinada en octubre de 2023; tres años después, su familia lamenta la decisión del Sistema DIF Jalisco de otorgar la tutela de sus hijos a la hermana de su expareja, quien hoy espera sentencia por su presunta participación en el feminicidio. 

Por María Mendoza / @paablohoney

Fotografía por Martha Isabel Parra

A tres años del feminicidio de Ángela Birkenbach, su familia sigue esperando respuestas ante exigencias planteadas hace meses. 

La empresaria canadiense fue asesinada entre el 9 y el 11 de octubre de 2023; desde entonces, la custodia de sus hijos y su herencia, han estado en manos de la hermana del presunto feminicida.

El pasado lunes 5 de octubre, Pamela Pinedo, abogada de la familia Birkenbach, dio a conocer en sesión informativa que el caso de Ángela llegó hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), atraído por el propio presidente, Hugo Aguilar.

El cuerpo sin vida de Ángela fue localizado en los alrededores de su propiedad en Limoncito Hill, San Blas, Nayarit dos días después de haber sido secuestrada. Ese mismo día, 11 de octubre, la Fiscalía de Nayarit detuvo a Alejandro N., extrabajador de Ángela, quien días más tarde confesó haber sido el autor material del feminicidio. 

Sergio N., expareja sentimental de Ángela y padre de tres de sus cuatro hijos, fue señalado por Alejandro N. como el autor intelectual del crimen; el imputado declaró haber sido incitado durante años a cometer el crimen. 

El 27 de enero de 2024, Sergio N. fue vinculado a auto de formal prisión en Nayarit. Actualmente, los dos presuntos responsables se encuentran detenidos en esta entidad, con cargos de feminicidio agravado y cohecho, pero aun a la espera de sentencia.

Pamela Pinedo, que lleva acompañando a la familia desde mayo de 2024, lamentó el hecho de que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco no haya priorizado la integridad de los hijos menores de Ángela, ya que es Primavera Romero, hermana de Sergio N., quien cuenta con su custodia desde 2025.

Antes de vivir con Primavera, los menores estaban bajo la tutela de su abuela materna, Virginia Ann Hemingson; sin embargo, a escasos días de haber cumplido 18 años, Alan, el mayor de los tres, sustrajo a sus hermanos para llevarlos con su familia paterna. Al poco tiempo los menores de edad fueron trasladados a un albergue y puestos bajo tutela del Estado.

En 2025, la juez familiar del juzgado especializado en Niños, Niñas y Adolescentes bajo custodia del Estado, Karina Camacho Robles otorgó a los hijos de Ángela un régimen de convivencias en el penal con su padre. En septiembre de ese mismo año, se tomó la decisión de que los niños estuvieran a cargo de su tía paterna.

Ante esto, Pamela Pinedo, denunció que no hay evidencia de que el Sistema DIF Nayarit haya  participado en la decisión de otorgar el régimen de convivencia, ni de que los hijos de Ángela reciban acompañamiento psicológico durante las visitas a la penal, lo que es una total revictimización  al obligarlos a seguir conviviendo con el presunto feminicida de su madre: “estamos normalizando la convivencia entre el probable agresor y el menor”.

Cabe mencionar que desde 2024, Primavera Romero también funge como albacea de la herencia que Ángela Birkenbach dejó a sus hijos. 

Ley Ángela

Durante la sesión informativa del pasado lunes también participaron Lionel Birkenbach, hermano de Ángela, así como Albert, hijo del primer matrimonio de Ángela, quien expresó que Sergio N. “está utilizando a sus hijos como instrumento para controlar el patrimonio de su madre”. En 2024 Albert solicitó la custodia de sus hermanos, pero le fue negada. 

Asimismo estuvo presente Miguel Ángel Montoya, asesor de la Diputada federal por Jalisco Claudia García Hernández, quien comentó que se pretende hacer una modificación al Código Nacional de Procedimientos Penales, para que se suspenda de manera inmediata el derecho del presunto feminicida a convivir con sus hijxs menores.

“Intentamos modificar el Código de Procedimientos Penales para hacer válido el espíritu de la Ley Monzón, que trata de que la influencia del feminicida o presunto es perjudicial para los niños”.

Pamela Pinedo confesó sentir satisfacción de que la SCJN se haya interesado por el caso de los hijos de Ángela, ya que, según sus palabras, “la Procuraduría de Sandra Trelles no ha buscado el bien superior del menor”. 

“Este recurso de revisión va a permitir no solo fijar criterios, sino establecer políticas públicas (…) los menores víctimas indirectas no están siendo vistos por el Estado”. 

Inspirada en el caso de Cecilia Monzón Pérez, la Ley Monzón es una reforma legal en México que retira de forma definitiva la patria potestad a los padres que son investigados o condenados por el feminicidio de la madre de sus hijxs; en Jalisco, esta ley aún no forma parte del Código Civil del Estado.

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