Frente a las violaciones a los derechos humanos denunciadas durante la Megamarcha por el Agua en Guadalajara, el colectivo 5 de Junio Memoria emitió un comunicado en el que señaló la repetición de prácticas represivas y cuestionó el cumplimiento de las garantías de no repetición exigidas desde junio de 2020.
Por Aletse Torres Flores / @aletsetorres99
Fotografía de portada Mariana Quintero / @mariquigoglez (IG)
A seis años de la represión policial contra manifestantes que exigían justicia por la muerte de Giovanni López, detenido por policías municipales de Ixtlahuacán de los Membrillos y posteriormente localizado sin vida, el colectivo ‘5 de Junio Memoria’ advirtió que las prácticas de violencia institucional se repitieron durante la Megamarcha por el Agua del 11 de octubre en Guadalajara.
“Con inmensa rabia, vemos que el gobierno de Jalisco ha cambiado de cara, pero no de estrategia”, señaló la organización en un comunicado publicado el 13 de octubre, tras la movilización que dejó 39 personas detenidas y decenas de heridas.
Durante la jornada, las autoridades señalaron a personas detenidas por presuntamente incitar a la violencia. Sin embargo, videos difundidos por asistentes y testimonios de otrxs manifestantes confirmaron que esto era mentira. Las 39 personas recuperaron su libertad de manera gradual, algunas durante las primeras horas y la última hasta la 4:00 tarde del 13 de octubre.
Para el colectivo, integrado por sobrevivientes de la represión de junio de 2020, estos acontecimientos recordaron las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas del 4, 5 y 6 de junio de aquel año, cuando más de 100 personas fueron víctimas de desaparición forzada a manos de elementos de la Fiscalía del Estado de Jalisco, según su pronunciamiento.
Entre los patrones identificados en ambas movilizaciones, ‘5 de Junio Memoria’ puntualizó la actuación de grupos de choque, detenciones arbitrarias, criminalización de manifestantes mediante acusaciones de violencia y supuestos intereses partidistas, falta de información sobre las personas retenidas, así como denuncias de tortura física y psicológica.
Jaime, integrante del colectivo, señaló que la actuación de los elementos antimotines reprodujo prácticas observadas en junio de 2020, particularmente las detenciones realizadas por grupos numerosos de policías que sometían y trasladaban por la fuerza a manifestantes. Según explicó, durante la movilización del 11 de octubre documentaron casos en los que hasta diez agentes participaron en la detención de una sola persona.
Asimismo, relató que tuvo acercamiento con dos mujeres que fueron detenidas, quienes denunciaron haber recibido golpes en distintas partes del cuerpo, amenazas y agresiones contra sus pies después de que les retiraran el calzado. De acuerdo con su testimonio, ambas enfrentaron afectaciones físicas y psicológicas durante su detención.
Otra de las formas de violencia fue el uso de agua a presión contra quienes participaron en la Megamarcha, una práctica que, de acuerdo con la organización, no se registraba en Jalisco desde 2004. A ello se sumó el empleo de gas lacrimógeno, que habría afectado incluso a personas menores de edad.
Sobre estas agresiones, Inés, también integrante de la organización, cuestionó la participación de elementos del cuerpo de bomberos en el lanzamiento de chorros de agua a presión contra manifestantes.
La activista expresó su preocupación por el uso de agentes químicos en una movilización donde había niñas, niños y bebés, algunos de los cuales, según la documentación revisada por el colectivo, presentaron afectaciones.
Y advirtió que la violencia denunciada no se limitó a las detenciones, pues identificaron agresiones físicas graves y violencia de género. Para ella, la repetición de estas prácticas evidencia que las medidas adoptadas después de 2020 no han impedido nuevas violaciones a los derechos humanos.
Tras los hechos de 2020, lxs sobrevivientes participaron en mesas de trabajo con autoridades estatales para exigir garantías de no repetición. En aquel momento, el entonces secretario general de Gobierno, Enrique Ibarra Pedroza, calificó lo sucedido como “hechos lamentables que nunca debieron haber ocurrido”.
No obstante, la agrupación cuestionó la eficacia de aquellos compromisos ante las nuevas denuncias de abusos policiales contra personas que ejercían su derecho a manifestarse por el acceso al agua limpia.
Inés recordó que, seis años después, las personas sobrevivientes de la represión de junio de 2020 continúan sin recibir una reparación integral. En su caso, señaló que tanto ella como su pareja siguen a la espera de una respuesta de la Comisión de Víctimas sobre el reembolso de los gastos médicos derivados de las agresiones que sufrieron.
Además, explicó que las consecuencias físicas permanecen hasta la actualidad, pues una lesión en el hombro derecho le impide realizar determinados movimientos y actividades cotidianas. Su testimonio cuestiona el alcance de las medidas de reparación anunciadas por las autoridades, particularmente cuando las afectaciones pueden prolongarse durante años.
“No sé si realmente se va a hablar de reparación integral, cuando su visión es tan corta sobre lo que ellos llaman reparar”, expresó.
En su posicionamiento, también recordaron que el gobernador Pablo Lemus había asegurado días antes que la ciudadanía “podría protestar con tranquilidad”, declaración que contrastó con lo ocurrido el 11 de octubre, cuando, según denunció, algunas personas fueron retenidas ilegalmente en Casa Jalisco.
Frente a este contexto, integrantes de la agrupación cuestionaron que el reconocimiento público de los hechos y las promesas de investigación sigan una narrativa similar a la de 2020, cuando las autoridades también anunciaron medidas que, según denunciaron, no se tradujeron en justicia ni reparación integral para las víctimas.
Isa, integrante de la agrupación, señaló que la apertura de carpetas de investigación contra las 39 personas detenidas y las dificultades denunciadas para acceder a representación legal constituyen nuevas formas de violencia institucional que deben investigarse.
Por su parte, Inés denunció que, según la información conocida por el colectivo, a algunas de las personas liberadas se les habría solicitado firmar documentos de desistimiento como condición para recuperar su libertad, lo que, de confirmarse, representaría un obstáculo para denunciar las agresiones sufridas.
Ante estos hechos, ‘5 de Junio Memoria’ expresó su solidaridad con las personas detenidas y exigió el retiro de todos los cargos en su contra, así como una reparación integral por las violaciones a sus derechos humanos.
La organización también cuestionó quién asumirá los gastos médicos de las personas lesionadas y la restitución de los bienes afectados durante las detenciones.
Inés mencionó el caso de Samuel, un joven repartidor cuya motocicleta fue retirada por elementos policiales, según videos difundidos, y que no le había sido devuelta. Subrayó que la atención médica y la reparación de los daños no deberían depender de colectas ciudadanas, sino de las obligaciones del Estado.
No obstante, el colectivo reconoció una diferencia respecto a junio de 2020: la mayor documentación de las agresiones y la respuesta de organizaciones, medios de comunicación y ciudadanía.
De nuevo, Inés destacó las redes de apoyo que se formaron para acompañar a las personas detenidas y a sus familias, aunque consideró necesario mantener esa articulación más allá de los momentos de mayor atención pública.
En ese sentido, las integrantes también plantearon la necesidad de construir otras formas de organización y protesta que permitan exigir justicia sin exponer nuevamente a las personas a los riesgos de la represión policial.
Finalmente, frente a las declaraciones del gobernador sobre una posible investigación, la organización cuestionó que los hechos se atribuyan únicamente a excesos individuales de elementos policiales, sin reconocer la responsabilidad de las instituciones involucradas.
“No fueron algunos policías excediéndose; es todo un aparato represor que se puso en marcha, una vez más”, concluyó 5 de Junio Memoria.
Aunque reconocieron una mayor documentación de las agresiones y una respuesta más amplia de la ciudadanía respecto a 2020, integrantes del colectivo advirtieron que la exigencia de justicia no debe limitarse a los días posteriores a la represión.
Para todxs lxs integrantes, la articulación entre organizaciones, familiares y ciudadanía representa una oportunidad para construir formas de resistencia que se mantengan en el tiempo y que permitan exigir responsabilidades sin exponer nuevamente a las personas a la violencia policial.
“Nos encantaría que pudiéramos pensar en estrategias distintas, muy creativas, que puedan ejercer una presión desde otros lados que no sea la de la marcha o la de la manifestación, que nos ayuden a amplificar la violencia por parte del Estado de Jalisco”, sentenciaron.
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