El organismo pidió esclarecer quién ordenó el operativo del 11 de octubre, reconocer a todas las víctimas y garantizar medidas de reparación y no repetición.
Por María Mendoza / @paablohoney
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió que se investiguen de manera exhaustiva las violaciones a derechos humanos cometidas durante la megamarcha por el agua limpia, realizada el pasado domingo 11 de octubre en Guadalajara, y advirtió que las agresiones denunciadas por las personas manifestantes no deben reducirse a simples excesos policiales.
A través de las declaraciones de su codirectora, Denisse Montiel, el organismo señaló la gravedad del uso de la fuerza contra quienes se manifestaban por el derecho al agua, así como: las denuncias de detenciones arbitrarias, falta de atención médica, tortura y ocultamiento temporal del paradero de personas detenidas.
Para la organización, resulta indispensable identificar las responsabilidades dentro de las instituciones involucradas y evitar que se limiten a los elementos policiales que ejecutaron las agresiones.
La exigencia ocurre después de que cientos de personas salieran a las calles para denunciar la mala calidad del agua que llega a sus hogares en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG). La movilización, que reunió a familias, estudiantes, personas adultas mayores y colectivos, terminó con el uso de gases lacrimógenos, chorros de agua a presión, golpes y decenas de detenciones frente a Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus.
Denisse Montiel calificó como sumamente brutal la actuación policial y señaló que existen cientos de registros audiovisuales en los que se observa el uso de gases lacrimógenos y otros mecanismos de dispersión, así como agresiones que habrían provocado afectaciones físicas entre las personas manifestantes.
“Hubo personas con lesiones en los ojos y la piel, mientras que el operativo no habría considerado adecuadamente la presencia de infancias y personas adultas mayores”, Montiel también mencionó que se presentaron agresiones contra periodistas que documentaban lo ocurrido.
La exigencia cobra relevancia después de que el gobernador Pablo Lemus reconociera que hubo errores y detenciones injustificadas durante la movilización. El mandatario anunció que se revisarían los videos y que se investigaría a los elementos que incurrieron en abusos.
Sin embargo, para el Cepad, la revisión de la actuación policial no sustituye la necesidad de una investigación independiente e imparcial sobre quién o quiénes fueron las personas que ordenaron estos despliegues.
La relatora especial de Naciones Unidas sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación, Gina Romero, también pidió una investigación pronta sobre las denuncias de uso excesivo de la fuerza, malos tratos y otras posibles violaciones de derechos humanos durante la marcha.
Sheinbaum pide intervención de la CNDH
Las exigencias del CEPAD coincidieron con el pronunciamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del miércoles 14 de octubre, en la que se refirió a las agresiones denunciadas tras la protesta por agua limpia.
La mandataria pidió que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) realice una investigación profunda y señaló que, de ser necesario, la Fiscalía General de la República (FGR) tendría que intervenir para esclarecer los hechos.
“¿Quién dio la orden?”, cuestionó Sheinbaum al referirse a la actuación de los cuerpos de seguridad, agregando que “hay una responsabilidad de los estados de la república de sus policías”.
La respuesta del gobernador Pablo Lemus cambió en los días posteriores a la manifestación. En un primer momento, el mandatario atribuyó los hechos violentos a la presunta presencia de grupos de choque. Posteriormente, tras la difusión de videos y las denuncias de personas detenidas y familiares, reconoció que hubo errores y detenciones injustificadas, y anunció investigaciones sobre la actuación policial.
Para el Cepad, las víctimas no son únicamente quienes fueron privadas de su libertad, sino también todas aquellas personas que sufrieron lesiones, fueron agredidas durante la dispersión, o vieron obstaculizada su labor de documentación periodística.
La organización advirtió que Jalisco arrastra antecedentes de denuncias por represión y violencia institucional, por lo que consideró indispensable que este caso no se atienda como un episodio aislado.
Lemus anuncia que 17 policías ya están siendo investigados
A través de otro mensaje en redes sociales, el gobernador Pablo Lemus informó que 17 elementos de la policía estatal ya acudieron a los órganos internos de la dependencia para declarar sobre las acciones represivas que cometieron en la protesta del 11 de octubre.
El mandatario señaló que los oficiales fueron identificados, a través de fotografías y videos, por presuntamente haber actuado de manera desmedida y fuera de todo protocolo.
En Jalisco, de acuerdo con la Ley del Sistema de Seguridad Pública para el Estado de Jalisco, si el área de Asuntos Internos o la Comisión de Honor y Justicia determinan una violación a los protocolos de actuación y a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza, el agente:
- Amonestación o apercibimiento para faltas leves o fallas menores en el protocolo.
- Suspensión temporal de sus funciones operativas sin goce de sueldo mientras se realiza la investigación completa.
- Remoción o separación definitiva del cargo, perdiendo su empleo en la corporación sin derecho a reinstalación.
- Inhabilitación, lo que le impedirá volver a trabajar en cualquier otra corporación de seguridad o empleo gubernamental por un tiempo determinado.
En el caso de que se les puedan dar sanciones de tipo penal el Código Penal para el Estado de Jalisco señala que el agente puede ser procesado por:
- Abuso de Autoridad: El artículo 146 establece explícitamente que comete este delito el servidor público que, en el ejercicio de sus funciones, “hiciere violencia a una persona, sin causa legítima, o la vejare”.
- Delitos Conexos: Además del abuso de autoridad, se le sumarán las penas correspondientes por los daños específicos infligidos a la integridad física o la vida de la persona, tales como:
- Lesiones (cuya gravedad dictará los años adicionales de prisión).
- Homicidio (en caso de que el uso de la fuerza letal no haya estado justificado en legítima defensa o peligro inminente).
- Tortura o tratos crueles, inhumanos y degradantes.
En el caso de lesiones, como las que sufrieron las y los manifestantes detenidos, las penas varían conforme el tipo de lesión:
- Lesiones leves (que tardan menos de 15 días en sanar): Generalmente conllevan multas o penas menores, pero al ser cometidas con abuso de poder se toman como agravantes.
- Lesiones que dejan cicatriz notable o permanente en la cara: De 6 meses a 5 años de prisión.
- Lesiones que disminuyen facultades o el funcionamiento de órganos/miembros: De 2 a 8 años de prisión.
- Lesiones que pongan en peligro la vida: De 3 a 6 años de prisión.
