La otro historia
Por José Baroja / @jose_baroja / @laotrahistoriamx
Foto: Mario Marlo / @MarioMarlo
La cuestión —dijo Humpty Dumpty— es quién ha de mandar. Eso es todo.
Lewis Carroll
Cuando me preguntan para qué sirven los estudios lingüísticos, suelo recurrir a estos casos. Los gobiernos, además de administrar presupuestos, policías, hospitales o sistemas de agua, administran palabras. Por eso, cuando las cosas salen particularmente mal, descubren que una buena elección de verbos reciclados puede resultar tan útil como cualquier protocolo de contención de daños. Dicho de otro modo, no siempre es necesario negar lo ocurrido para modificar la manera en que terminará siendo recordado: a veces basta con decidir quién realiza la acción, quién la sufre y, sobre todo, quién desaparece discretamente de la oración cuando conviene que desaparezca.
Durante las horas posteriores a la represión frente a Casa Jalisco hubo personas golpeadas, policías persiguiendo manifestantes, ciudadanos detenidos, familias preguntando dónde estaban sus hijos y un gobierno obligado a explicar por qué una protesta de miles de personas que exigían agua limpia había terminado entre gases, chorros de agua y golpes. Pronto comenzó otra operación, menos aparatosa y seguramente más familiar para cualquier gobierno acostumbrado a sobrevivir a sus propias crisis acumuladas: ordenar las palabras con las que se hablaría de lo sucedido.
La primera versión tenía la ventaja de ofrecer un sujeto perfectamente identificable. Había, según Pablo Lemus, un “grupo de choque” de aproximadamente cuatrocientas personas que había llegado a la manifestación para “generar violencia”; de modo que ese grupo podía provocar, atacar, agredir, lanzar objetos y convertirse, sin demasiadas dificultades gramaticales, en el responsable de cuanto había ocurrido alrededor de Casa Jalisco. Del otro lado, sin embargo, la sintaxis se volvió considerablemente más prudente, porque los policías no golpearon, persiguieron o detuvieron injustamente a determinadas personas, sino que comenzaron a aparecer “posibles excesos”, actuaciones que debían revisarse y, finalmente, un operativo que sencillamente “se salió de control”. Nada particularmente novedoso: de manual.
Un incendio puede salirse de control, también una fiesta, una discusión familiar o acaso una tormenta, aunque esta última ni siquiera necesita de nosotros para hacerlo; un operativo policial, en cambio, tiene mandos, órdenes, protocolos, agentes, responsables administrativos y una autoridad política bajo cuya dirección funciona la institución que lo ejecuta. Decir que el operativo se “salió de control” no es necesariamente falso, aunque tiene la elegancia lingüística de convertir una serie de decisiones humanas en una especie de fenómeno espontáneo, algo que simplemente ocurrió sin que resulte indispensable detenerse demasiado en quién hizo qué, quién lo permitió o quién tenía la obligación de impedirlo.
Algo semejante sucede con la palabra “exceso”, que reconoce que existe un problema y al mismo tiempo evita describirlo con excesiva precisión. Se bebe en exceso, se gasta en exceso, se habla en exceso y, por lo visto, también se puede ejercer la fuerza en exceso, fórmula mucho más pulcra que decir que determinados policías golpearon a determinadas personas, utilizaron gas contra manifestantes y realizaron detenciones que después el propio gobierno calificó como injustas. El lenguaje administrativo posee esa capacidad extraordinaria para convertir cuerpos, golpes y responsabilidades en cantidades que rebasaron una medida adecuada; números, al final, y solamente números.
El martes, sin embargo, la gramática cambió de manera todavía más interesante. Pablo Lemus reconoció que se había utilizado un “uso excesivo de la fuerza”, habló de graves errores, admitió que hubo detenciones injustas, anunció investigaciones y pronunció una frase que parecía haber llegado al mundo con todas las condiciones necesarias para convertirse inmediatamente en titular: “Antes que gobernador soy persona; en la vida se debe saber reconocer y corregir”. Aplauso para los asesores. A partir de ese momento los medios tuvieron un nuevo acontecimiento que contar y, como todo acontecimiento necesita verbos, Lemus comenzó a reconocer, admitir, ordenar, investigar, liberar y corregir. El sujeto de la oración había regresado, solamente que ahora lo hacía acompañado por verbos considerablemente más favorables.
La metamorfosis resulta notable porque en menos de cuarenta y ocho horas el gobernador bajo cuya administración se produjo el operativo comenzó a ocupar otro lugar dentro de la historia: ya no era únicamente la autoridad política a la que correspondía explicar cómo su policía había llegado hasta ese punto, sino también el hombre que veía los videos, detectaba abusos, reconocía errores, ordenaba liberar detenidos y prometía investigar a quienes se hubieran excedido. Todo un vigía. El mismo gobierno dentro del cual ocurrió la represión comenzó así a presentarse como el gobierno encargado de descubrirla y corregirla, una operación que no requiere necesariamente de periodistas obedientes ni de llamadas desde alguna oficina de comunicación social, porque basta con producir nuevos hechos, anunciarlos adecuadamente y dejar que el funcionamiento ordinario de las noticias haga buena parte del trabajo.
El verbo “liberar” merece especial atención. Lemus pudo anunciar que todos los detenidos habían recuperado su libertad, lo cual, en un sentido básico, era verdad: ya no estaban encerrados. Pero Iván Octavio Salazar Reynoso e Israel Rosas Flores fueron vinculados a proceso por lesiones y deben presentarse a firmar cada quince días; Samuel Morales Navarro, Alexis Daniel Guzmán Ríos, Juan Darío Muñoz Nava y Teodoro Jesús Torres Valdez salieron también de los juzgados, aunque su situación procesal sigue pendiente y el viernes 16 de octubre deberá resolverse si son vinculados por las acusaciones que mantiene la Fiscalía. Según quienes participan en su defensa, incluso las otras personas detenidas quedaron bajo reservas de ley. Se puede estar libre y continuar sometido a un proceso penal. Entiéndase también la advertencia.
Por ello, la frase “antes que gobernador soy persona” resulta tan eficaz. Suena humilde, vulnerable, incluso honesta, pero también desplaza la discusión desde la responsabilidad política hacia las cualidades morales del individuo, como si la cuestión principal fuera determinar si Pablo Lemus posee la entereza necesaria para admitir una equivocación y no preguntarnos cómo llegó a producirse aquello que ahora reconoce. Nadie le exige explicaciones porque haya cometido el pecado de ser humano, ¡Dios nos libre!, sino porque es gobernador de Jalisco, dirige una administración y tiene bajo su responsabilidad política a las instituciones que participaron en los hechos; ser persona permite equivocarse, pero ser gobernador obliga además a responder por las consecuencias, incluso cuando uno no haya dado personalmente las órdenes ni participado directamente en su ejecución.
Ese desplazamiento transforma una pregunta enredosa en otra mucho más manejable. En lugar de preguntarnos quién dio las órdenes, qué protocolos fallaron, qué mandos permitieron determinadas actuaciones, por qué hubo personas trasladadas, golpeadas o detenidas y hasta dónde llegan las responsabilidades políticas, podemos discutir si el gobernador tuvo la madurez de admitir que se cometieron errores. Por supuesto que reconocer un error siempre será preferible a negarlo, pero ese gesto no debería convertirse en una especie de absolución anticipada ni mucho menos sustituir la explicación de aquello que se está reconociendo; para eso el confesionario.
Como afirmé en otro texto, me llama la atención la manera desigual en que se repartió la precisión durante esos días. Para hablar de los manifestantes hubo desde muy pronto una categoría definida, un número aproximado y hasta una intención atribuida: unas cuatrocientas personas pertenecientes a un “grupo de choque” que habrían llegado con el propósito de generar violencia. Para hablar de la actuación policial, en cambio, aparecieron primero posibilidades, excesos, errores y un operativo fuera de control, hasta que las investigaciones comenzaron a individualizar a ciertos agentes. La precisión, como casi todo en el lenguaje político, tampoco se distribuye de manera inocente.
Ahora sabemos que 17 policías son investigados y que las autoridades revisan cientos de videos, lo cual resulta indispensable y deberá permitir, si las pruebas así lo determinan, establecer responsabilidades individuales. No obstante, mientras el gobierno investiga a esos policías, seis de las personas detenidas durante la protesta siguen enfrentando consecuencias penales, y sería demasiado conveniente que una crisis producida durante un operativo estatal terminara convertida exclusivamente en una colección de expedientes personales: unos cuantos agentes que “se excedieron” por un lado y unos cuantos manifestantes que deberán defenderse ante un juez por el otro, mientras las decisiones de quienes dirigían el operativo permanecen cómodamente fuera de la oración.
Todo esto podría parecer una discusión excesivamente interesada en las palabras frente a hechos mucho más graves, pero precisamente ahí está el problema: las palabras determinan la forma en que esos hechos comienzan a ordenarse en nuestra memoria. Primero hubo una manifestación para exigir agua limpia; después apareció un “grupo de choque”; enseguida se habló de “enfrentamientos”; más tarde llegaron los excesos y los errores y, finalmente, un gobernador dispuesto a reconocerlos, liberar a los detenidos y corregir lo ocurrido. Ninguna de esas palabras necesita ser completamente falsa para que la secuencia produzca, en conjunto, una historia diferente.
La propaganda más eficaz no siempre consiste en negar lo ocurrido. Por eso resulta tan difícil reconocerla cuando adopta formas más sofisticadas. Puede admitir el abuso, lamentarlo, ordenar investigaciones e incluso pedir disculpas; basta con reorganizar la narración de modo que, al cabo de unos días, el personaje que estaba obligado a responder por lo ocurrido comience a ser recordado principalmente por haberlo corregido. El lenguaje no borra los hechos, pero puede cambiar el sitio que cada uno ocupa dentro de ellos y, con suficiente habilidad, hacer desaparecer al sujeto cuando llegan los verbos incómodos para devolverlo a la oración justamente cuando comienzan los buenos.
Después de tantos días discutiendo cómo llamar a lo sucedido frente a Casa Jalisco, conviene prestar atención no solamente a los sustantivos. Los verbos también tienen memoria y, sobre todo, siempre terminan perteneciendo a alguien.
