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- En Pando, establecieron plazo hasta el 30 de septiembre a los mineros para que retiren las dragas que utilizan para extraer oro del río.
- Si no se retiran, anunciaron que serán expulsados del territorio ante la inacción de las autoridades.
- La dirigencia indígena de la Amazonía de Bolivia se sumó expresando nuevamente su rechazo a la minería del oro y denunció que sus pobladores padecen contaminación de sus aguas por mercurio, utilizado en la minería aurífera.
- Desde el Legislativo, una senadora se contactó con ministros de Estado para intentar paralizar la actividad minera en el Madre de Dios.
Por Iván Paredes Tamayo / Mongabay Latam
En julio de 2025, habitantes indígenas del departamento de Pando, en la amazonía de Bolivia, al norte del país, presentaron una demanda contra cooperativas mineras que operan en parte del río Madre de Dios. Ante la falta de respuesta del Poder Judicial, emitieron una advertencia: los mineros tienen hasta el 30 de septiembre para retirar las dragas que extraen oro del río. La dirigencia indígena sostiene que la minería, tanto legal como ilegal, afecta a por lo menos 30 comunidades de esa zona por el uso de mercurio, un metal tóxico utilizado en el proceso de extracción de oro. Sin embargo, la principal cooperativa minera de Pando dice que sus operaciones son legales y que no retirarán sus embarcaciones.
Carlos Fernández Tuno, presidente de la Central Indígena de los Pueblos Originarios de la Amazonía de Pando (Cipoap), explicó a Mongabay Latam que su organización presentó en julio de 2025, junto con otras organizaciones del Territorio Indígena Multiétnico II (TIM II), una acción ambiental preventiva directa contra la minería ilegal del oro ante el Juzgado Agroambiental del Sena, municipio de Pando. Esa acción, dijo, comprende 184 kilómetros sobre el río Madre de Dios.
Fernández Tuno advirtió, además, que tomarán “medidas de presión” si es que las cooperativas mineras no retiran sus dragas a lo largo de esa extensión del río.
En Bolivia, una acción ambiental preventiva directa es un mecanismo legal de la jurisdicción agroambiental que busca frenar de manera inmediata cualquier amenaza de daño o actividad ilegal antes de que cause perjuicios irreversibles a la naturaleza y a las comunidades.
El dirigente indígena dijo que la advertencia se da tras conocer un estudio elaborado entre 2021 y 2022 por la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA) de La Paz, la Universidad de Cartagena de Colombia y el Centro de Documentación e Información de Bolivia (Cedib). En ese estudio se analizaron 864 muestras de cabello de población indígena en las tres grandes cuencas amazónicas de Bolivia: el Madre de Dios, el Mamoré y el Beni.
En el caso del Madre de Dios se hicieron 376 muestras y se detectó una media de 2.8 ppm (partes por millón) de mercurio en cabellos, lo que es casi el triple de lo permitido por la Organización Mundial de Salud (OMS): 1 ppm. En esa cuenca llamó la atención la comunidad El Tigre, donde se registraron valores extremos de 114 µg/g (microgramos por gramo), que equivale a 114 ppm.
“El estudio piloto realizado a fines de 2023 en comunidades de Rurrenabaque y Riberalta reprodujo el hallazgo con muestras y momentos distintos: medias de 5.1 µg/g y 3.0 µg/g , respectivamente. Nueve de cada diez mujeres evaluadas presentaron mercurio por encima de 1 ppm (partes por millón) y siete de cada diez alcanzaron concentraciones asociadas con riesgo cardiovascular”, dice parte de un documento que será entregado el 30 de septiembre al papa León XIV y que incluye parte del estudio realizado en las tres cuencas.
Comunidades organizadas para “retirar dragas”
Fernández Tuno añadió que las comunidades ribereñas del TIM II conformaron “comités de defensa comunal” y que procederán al desalojo de dragas y operaciones mineras que permanezcan en la zona después del 30 de septiembre. Además, el dirigente indígena afirmó que rechazan las actuales solicitudes de explotación minera presentadas por diferentes empresas y cooperativas.
Hasta la fecha, según Fernández Tuno, el Gobierno no realizó ningún operativo en la zona. Para el dirigente, la administración de Rodrigo Paz “será la responsable” si hay heridos en el río Madre de Dios cuando ingresen a retirar las dragas asentadas.
“Ojalá que no pase nada, pero estamos pidiendo que dejen matar nuestros ríos. Todo está en manos del Estado”, dijo Fernández Tuno.
Percy Cárdenas, vicepresidente de la cooperativa minera Asobal, afirmó a medios locales que invitaron a los dirigentes indígenas de Pando a mostrar documentación que acredita el trabajo legal de la cooperativa en el Madre de Dios. Sobre la contaminación del río, el dirigente culpó a las actividades mineras ilegales en Perú, que conectan a través del río con Bolivia.
“Nosotros, desde 2008, tenemos áreas de trabajo establecidas legales antes de la Ley Minera. Estamos creciendo y damos fuentes de empleos de forma directa e indirecta. Incluso los pobladores de zonas ribereñas se benefician de nuestro trabajo”, dijo Cárdenas.
Asobal es una cooperativa minera que se dedica a la explotación de oro aluvial, principalmente en las cuencas de los ríos Madre de Dios y Beni, en la región norte entre Pando, Beni y La Paz.
El TIM II se encuentra al norte de Bolivia, en el límite entre los departamentos de Pando y Beni, entre los municipios de San Lorenzo, Puerto Gonzalo Moreno, Sena, San Pedro (Pando) y Riberalta (Beni). Este territorio cuenta con una superficie titulada de 407 585 hectáreas. Se denomina multiétnico porque en esa zona habitan tres pueblos indígenas: tacana, ese ejja y cavineño.
En la actualidad está pendiente la resolución sobre la acción preventiva ambiental presentada por el TIM II para exigir medidas urgentes de protección frente a la contaminación. Las organizaciones indígenas de Pando ya consiguieron otras respuestas judiciales favorables para los ríos amazónicos y las comunidades frente a la expansión minera, como sucedió con la tutela legal conseguida por la CPILAP (Central de Pueblos Indígenas de La Paz) para la paralización inmediata de toda actividad minera aurífera ilegal en los ríos Beni y Madre de Dios, además de sus afluentes principales: Tuichi, Quiquibey, Alto Beni, Kaka y Tequeje.
Hasta 2025, según el Centro de Estudios Jurídicos e Investigación Social (Cejis), en la zona del TIM II operaban 203 dragas extrayendo oro, de las cuales solo 23 contaban con autorizaciones temporarias otorgadas a la cooperativa Asobal.
Lucio Ayala Siripi, presidente del TIM II, explicó a Mongabay Latam que el río Madre de Dios no solo es un curso de agua que está en los mapas, sino que se trata de “la columna vertebral” de su territorio. “De él depende la vida diaria de muchas comunidades indígenas: sobre todo por el pescado que alimenta a nuestras familias, la ruta que conecta pueblos y el riego de los cultivos”, dijo.
Afectaciones al Madre de Dios
Desde el Tribunal Agroambiental informaron a Mongabay Latam que existe un informe realizado por esta entidad luego de un operativo y que estableció que el Madre de Dios padece “daños graves y acumulativos” por la “explotación intensiva que supera la capacidad de resiliencia del ecosistema acuático”, ocasionados por la minería ilegal.
Este tribunal, que es el máximo especializado en materia agraria, forestal, pecuaria, ambiental, aguas y biodiversidad, realizó una inspección en el río Madre de Dios en febrero pasado. Esta instancia visitó tres comunidades indígenas: Genechiquía, Loreto y Miraflores. En todas, detectó actividad minera operando fuera de la norma.
En el documento, el tribunal observa una alteración del ciclo hidrodinámico y sedimentológico del río debido a la técnica de succión continua que provoca la minería (a través de las dragas) y se resalta el impacto que tendría en la salud de los habitantes del TIM II por la contaminación de mercurio.
También se verificó un sistema agroforestal de 36 hectáreas en fase de producción afectado por la alteración del cauce del río. Sobre la deforestación, se detectó fragmentación de hábitat que revela la pérdida de 8484 hectáreas de bosque producto de la minería ilegal.
La minería aluvial en Bolivia no está prohibida siempre y cuando tenga la autorización de la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM), entidad pública que se encarga de aprobar y fiscalizar las operaciones mineras.
La senadora Carolina Giese, representante de Pando y parte de la bancada de la alianza Libre, afirmó a Mongabay Latam que en la zona del TIM II “el 90 % de la minería es ilegal” y que esta actividad ilícita se asentó “en todo el Madre de Dios”, desde la frontera con Perú hasta el municipio de Riberalta, en Beni, cerca de Brasil.
“Es un tema que en Pando nos tiene muy preocupados y desde la Asamblea Legislativa estoy tomando algunas acciones. Hablé con algunos ministros para que se realicen operativos de control permanentes y se tomen en cuenta los estudios que demuestran que nuestros pueblos indígenas están contaminados con mercurio. Además, también hay que controlar el contrabando de mercurio”, afirmó Giese.
Ruth Alipaz, representante de la Coordinadora Nacional de Defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas (Contiocap), afirmó a Mongabay Latam que en la cuenca del Madre de Dios, como en la del Beni y del Mamoré, existen indicios de la presencia del síndrome de Minamata, que según National Institutes of Health (NIH) de Estados Unidos es una intoxicación por metilmercurio que se produce en seres humanos que ingieren pescado o mariscos contaminados con mercurio vertidos en diferentes cuerpos de aguas.
“Esto no puede quedar impune. La minería del oro, que utiliza el mercurio, está dañando a nuestros pueblos y eso es un delito, es un atentado para la humanidad”, lamentó Alipaz.
El síndrome o enfermedad de Minamata debe su nombre a la ciudad costera del mismo nombre ubicada en Japón. En la década de 1950, los derrames de metilmercurio provocados por una fábrica química en el mar tuvieron múltiples consecuencias en la salud de la población debido al consumo de peces y mariscos.
La líder indígena pidió al gobierno de Rodrigo Paz realizar estudios para confirmar o descartar los indicios de posibles efectos compatibles con el síndrome de Minamata en poblaciones indígenas expuestas a la contaminación por mercurio en la Amazonía boliviana.
“El Estado no tiene que esperar, sino que tiene que actuar rápidamente, aunque no exista el diagnóstico. Entonces, para garantizar, tendrá que hacer el estudio para verificar lo que está pasando en nuestra Amazonía”, dijo Alipaz, quien sostuvo que los indicios que tienen fueron observados a partir de estudios sobre los efectos del mercurio en el organismo y de denuncias de poblaciones indígenas.
*Imagen principal: las barcazas de los mineros en el río Madre de Dios. Foto: cortesía La Región
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Este trabajo fue publicado originalmente en Mongabay Latam. Aquí puedes consultar la publicación original.
