En Pie de Paz
Por María Amelia Solorzano Peña *
Fotografía de portada Diana Morán / @diana.moraan
El agua es el elemento esencial para la supervivencia biológica y la organización social. Lejos de ser únicamente un recurso natural o un insumo para la infraestructura, el acceso al agua potable limpia y de calidad constituye una condición indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos y un factor determinante en la estabilidad de las comunidades.
Cuando la gestión del agua es deficiente, escasa o desigual, las tensiones sociales se incrementan; por el contrario, cuando su acceso se garantiza de forma justa e incluyente, se transforma en un vehículo fundamental para la construcción de una cultura de paz.
Marco normativo e histórico del derecho al agua
Durante décadas, la protección jurídica del agua estuvo implícita dentro de otros derechos generales. Sin embargo, el 28 de julio de 2010 marcó un hito en la diplomacia internacional cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó una resolución histórica que reconoció explícitamente el Derecho Humano al Agua y al Saneamiento (DHAS).
Este reconocimiento tiene su sustento normativo en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). En su artículo 11.1 establece el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado. De este precepto se deriva la obligación implícita de garantizar el acceso al agua apta para el consumo humano, ya que resulta inviable concebir la salud, la alimentación adecuada o la vivienda digna sin una suministro continuo, asequible y seguro de este recurso.
Indivisibilidad de los derechos y paz social
Para comprender la magnitud de este derecho, es necesario recurrir a los principios rectores de los derechos humanos: la universalidad, la indivisibilidad, la interdependencia y la progresividad. Los derechos no operan de manera aislada.
Vincular el derecho al agua con la protección del medioambiente sano o con el desarrollo sostenible no le resta autonomía, sino que visibiliza la red de garantías necesarias para el bienestar colectivo.
La privación o degradación de la calidad del agua impacta directamente en la cohesión social. Cuando existen brechas en la distribución o cuando la calidad del recurso compromete la salud, la percepción de injusticia genera brechas entre sectores de la población.
La interdependencia de los derechos muestra que un fallo en la provisión hídrica desencadena vulneraciones en la salud pública y la estabilidad económica, afectando las condiciones mínimas para la convivencia armónica.
El enfoque de la ONU: “Agua para la paz”
En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas ha impulsado el enfoque de “Agua para la paz”. Esta perspectiva plantea que el agua puede actuar como un catalizador para la cooperación y la prevención de conflictos. Cuando las instituciones y las comunidades colaboran para proteger las fuentes hídricas y garantizar una distribución equitativa, se fortalecen los lazos comunitarios y la confianza institucional.
Por el contrario, la escasez, la contaminación o la inequidad en el acceso incrementan las fricciones y alimentan el descontento social. De este modo, la gestión justa del agua potable no es solo un compromiso técnico, sino una estrategia preventiva de pacificación y justicia distributiva.
Transversalidad en los Objetivos de Desarrollo Sostenible
La visión del agua como motor de paz y desarrollo se articula transversalmente en la Agenda 2030. Si bien el Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 (Agua limpia y saneamiento) establece la meta explícita de asegurar la gestión sostenible del recurso, su cumplimiento incide directamente en el ODS 3 (Salud y bienestar), al reducir riesgos sanitarios, y en el ODS 11 (Ciudades y comunidades sostenibles).
Asimismo, este marco se vincula con el ODS 16 (Paz, justicia e instituciones sólidas). La certeza en la calidad del agua y la transparencia en su gestión consolidan instituciones más sólidas y promueven sociedades pacíficas e inclusivas.
Hacia una gestión inclusiva
El acceso al agua potable de calidad rebasa la dimensión puramente administrativa de un servicio público; es una obligación estatal y una garantía fundamental articulada con la paz social.
Garantizar que el recurso hídrico sea limpio, seguro y accesible para la totalidad de la población reduce las desigualdades estructurales, previene tensiones comunitarias y consolida un entorno propenso a la convivencia pacífica.
La protección del agua y su distribución equitativa representan, en última instancia, una inversión estratégica en la dignidad humana y el bienestar social de las presentes y futuras generaciones.
Para saber más:
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas (2026) Acerca del agua y el saneamiento. El ACNUDH y el derecho al agua y al saneamiento. https://www.ohchr.org/es/water-and-sanitation/about-water-and-sanitation
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (2024) Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2024: agua para la prosperidad y la paz; resumen ejecutivo. UNESCO. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000388950_spa
***Doctora en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, España. Profesora Investigadora Titular de la Universidad de Guadalajara adscrita a la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Directora-Editora de la Revista Derecho Global. Estudios sobre Derecho y Justicia. Miembro del Cuerpo Académico Cultura de Paz y Participación Ciudadana.
