Pesimismo Esperanzador
Por Jorge Rocha, académico del ITESO / @JorgeRochaQ
En los dos domingos que acaban de pasar en la Zona Metropolitana de Guadalajara, se realizaron dos marchas multitudinarias, donde al menos un poco más de 20 mil personas salieron a la calle a manifestarse por la mala calidad del agua y para exigir que en todos los hogares de la ciudad haya agua suficiente y de calidad. A pesar de que el gobierno del estado ya comenzó con la implementación de los tandeos de agua, donde se promete que ahora sí llegará agua de calidad a las casas de las y los tapatíos, las historias cotidianas muestran que hasta ahora la promesa gubernamental no se ha cumplido, sigue saliendo agua de mala calidad y en algunos casos ni agua sale. Esto muestra, sin duda, que hay un amplio y profundo enojo ciudadano absolutamente comprensible, legítimo y sobre el cual el gobierno del estado y los gobiernos municipales deben responder. Para eso están y para eso fueron electos.
Por otro lado, el gobernador del estado ya presentó ante el Congreso Local la iniciativa para buscar recursos para la construcción del segundo acueducto Chapala-Guadalajara, que pretende asegurar el abastecimiento del vital líquido con la calidad necesaria y ahora la discusión está centrada sobre sí la iniciativa genera un proceso de privatización de facto de una parte del servicio de distribución de agua o no. Por supuesto que los aliados del gobierno (políticos y comentócratas) afirman que es falso que exista algún tipo de proceso de privatización y los opositores al gobierno (políticos y comentócratas) acusan que habrá un proceso de privatización del agua. Me parece que mientras no se abra la discusión y el debate a voces expertas y desinteresadas del asunto, que vean las bondades, los riesgos del proceso y los aspectos faltantes, no saldremos de un debate polarizado y estruendoso donde las mutuas acusaciones prevalezcan. Vuelvo a decir, es fundamental que el Congreso Local haga una gran convocatoria de debate y discusión, donde intervengan todas las universidades del estado y los colegios de profesionales, para generar los mejores diagnósticos y proponer las mejores soluciones al largo plazo. Eso es lo pertinente. Hay diputadas y diputados de probada experiencia en todos los partidos, que pueden encauzar un proceso de deliberación profundo y expedito que obtenga las mejores soluciones.
Dos temas recurrentemente señalados y sobre los que no hay acciones claras ni contundentes, es la reingeniería profunda del SIAPA y las sanciones para los que contaminan los cuerpos de agua. Estos dos procesos son indispensables para que las cosas caminen de la mejor manera, si los que contaminan ríos y lagos lo siguen haciendo, nunca saldremos de este círculo vicioso y por más que se hagan procesos de saneamiento, siempre habrá problemas. El segundo asunto es que está claro que el SIAPA no funciona, que está rebasado y que es necesario hacer cambios de fondo en este organismo, donde además se devuelva a los presidentes municipales la responsabilidad que constitucionalmente tienen sobre este tema, que la ley dice que les toca, ni más ni menos. Es necesario un nuevo SIAPA u otro SIAPA, que cumpla cabalmente con sus atribuciones.
Además de la crisis del agua, se sumó una crisis política y de derechos humanos. El domingo 11 de octubre la legítima marcha ciudadana terminó con un enfrentamiento entre un grupo de choque desconocido con los cuerpos de seguridad estatales, que tuvo como saldos a ciudadanos golpeados y 39 personas detenidas, que fueron retenidos indebidamente en Casa Jalisco, a los que se les trataron de fincar cargos falsos y sobre los que no había ningún tipo de información durante su detención. Lo que sucedió ese día fue una cátedra de todo lo que no se debe hacer en un evento de ese tipo. La actuación de las policías fue a todas luces errática y con múltiples violaciones a los derechos humanos y nuevamente quedó en evidencia que los cuerpos de seguridad en la entidad no cuentan con protocolos apropiados para este tipo de situaciones. Hay 17 policías en procesos de investigación, pero la pregunta en el tintero es ¿quién o quiénes ordenaron o permitieron que sucediera esta barbaridad? La presión ciudadana y de los familiares de los detenidos lograron que muchas de las personas detenidas salieran libres y sin cargos, salvo cuatro manifestantes que seguirán bajo proceso. El gobernador Pablo Lemus reconoció que la actuación de las policías había sido errónea y pidió la liberación de todos los detenidos, incluyendo una investigación del caso. Habrá que esperar los resultados de este proceso para deslindar responsabilidades.
El domingo 18 de octubre se volvió a convocar a una segunda marcha ciudadana, otra vez llegaron 10 mil tapatíos exigiendo que el agua llegue limpia a sus hogares y otra vez de presentó un grupo de choque que quiso “reventar” la marcha. Afortunadamente los organizadores de la manifestación segregaron a este tipo de personas que se tuvieron que retirar, pero que luego hicieron presencia en el palacio de gobierno para hacer múltiples destrozos. Si la semana pasada hubo exceso de violencia, esta vez hubo omisión total. Una actuación apegada a los derechos humanos debe garantizar que las personas, cuando lo decidan, puedan ejercer sus derechos políticos como la libertad de expresión y la libertad de manifestación, sin que esta actuación los ponga en riesgo, por terceros o por la propia autoridad. Pero también una actuación apegada a los derechos humanos implica que, si alguien comete un delito, sea detenido bajo el debido proceso y se le juzgue y sancione de acuerdo a las leyes y a la falta cometida. Ni más, ni menos. El 11 de octubre hubo excesos y violaciones a derechos humanos, el 18 de octubre hubo omisiones de la autoridad. Las dos formas de actuar van en contra de los derechos humanos. Otra vez se reitera la necesidad de que las policías del estado cuenten con protocolos para este tipo de situaciones.
Luego de todo lo sucedido una pregunta que queda sobre la mesa es: ¿por qué se presentan este tipo de grupos en marchas ciudadanas? ¿Quién organiza y financia este tipo de grupos? ¿Por qué nunca detienen a este tipo de personas a pesar de que se les identifica? Los grupos de “reventadores” o “infiltrados” son una de las prácticas políticas más detestables e indeseables de una sociedad, hasta que no se les investigue y se sancione seguiremos con la presencia de este tipo de prácticas violentas y anti-democráticas.
Por lo pronto lo más importante es seguir monitoreando la crisis del agua en Guadalajara y exigir que las policías tengan protocolos adecuados para su actuación. Nadie pide nada extraordinario, sólo agua de calidad y que los policías hagan bien su trabajo.
Correo electrónico: jerqmex@hotmail.com
