Una adolescente habría sido víctima de violencia sexual dentro de los baños de la secundaria General 71 “Cuauhtémoc” en Zapopan, Jalisco, de acuerdo con el testimonio de Andrea Gallegos, integrante del comité de madres y padres de familia. La madre de la estudiante le contó que un trabajador del plantel presuntamente la sujetó, le tapó la boca y la besó sin su consentimiento.
La familia ya ha presentado una denuncia ante la fiscalía, mientras que, según Gallegos, el señalado fue trasladado temporalmente a las oficinas de supervisión escolar.
Este hecho ocurre después de que alumnas, maestras y trabajadoras, denunciarán desde 2018 presuntos actos de hostigamiento y acoso sexual en la misma secundaria por esta persona, situación que ZonaDocs documentó en 2023 y 2026.
Por: Alondra Angel Rodriguez / @AlondraAngelRo
Las denuncias por violencia contra alumnas de la secundaria General 71 “Cuauhtémoc”, ubicada en Zapopan, Jalisco, volvieron a activar la necesidad de esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de quienes integran la comunidad escolar. Esta vez una adolescente habría sido agredida sexualmente dentro de las instalaciones por un trabajador del plantel.
Según Andrea Gallegos, integrante del Comité de Madres y Padres de Familia, la adolescente habría sido llevada a uno de los baños de la escuela, donde el trabajador la sujetó y comenzó a besarla. La estudiante menor de edad habría reaccionado golpeándolo para intentar defenderse y cuando el hombre escuchó que alguien se acercaba la soltó:
“A la niña la agarró en el baño, la metió en el último baño y la empezó a besar, le tapó la boca y la empezó a besar. Entonces, la niña lo empezó a golpear y como escuchó que abrieron la puerta la soltó. Y hay cámaras de del C5 y hay cámaras de la escuela, pero supuestamente no servían”, denunció la madre.
Su testimonio se basa en lo que la madre de la adolescente pudo narrar al Comité de Madres y Padres de Familia, por lo que la descripción de la agresión corresponde a una denuncia que debe esclarecer mediante la investigación de las autoridades competentes.
Andrea agregó que la adolescente no contó inmediatamente lo ocurrido, ya que pasaron aproximadamente dos meses antes de que hablara con su familia, luego de que comenzaron a notar cambios en su comportamiento:
“No habló la niña en ese momento, habló como a los 2 meses, ya que la veían a la niña pues como con depresión, casi no hablaba, fue cuando empezaron a darse cuenta y la niña ya no aguantó y le dijo a su mamá”, comentó.
Ante esto, la madre de la adolescente presentó una denuncia ante Fiscalía del Estado de Jalisco y de acuerdo con Gallegos, la madre mantiene su decisión de continuar el procedimiento hasta obtener una respuesta.
Respecto a las medidas adoptadas con el trabajador señalado, Andrea explicó que el docente fue separado del plantel, pero aún se encuentra trabajando con el supervisor de zona Pedro Cárdenas.
Según Andrea, una funcionaria de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ) le explicó que el trabajador podría permanecer ahí mientras se realiza la investigación, siempre que no hubiera un acercamiento con niñas, niños y adolescentes: “Mientras no se investigue, él sigue siendo inocente para nosotros”, citó a la funcionaria.
Para las familias, la petición es que el trabajador no regrese a las instalaciones escolares mientras se esclarece el caso y esto no se limita a que deje de estar frente al grupo, sino que sea asignado a otra área, institución o que sea destituido de su trabajo por no ser un agresor:
“Ya pasaron varias veces y lo siguen cubriendo. Es nuestra inquietud pues, pero pues a lo que nos dijo la licenciada, no se puede hacer nada”, comentó.
Esta nueva denuncia no puede entenderse como un hecho aislado, desde 2023 ZonaDocs ha documentado las acusaciones de hostigamiento y acoso sexual de parte de un docente a alumnas, maestras y trabajadoras, que se remontaban al menos a 2018.
En aquella ocasión, la Red de Maestras Feministas de Guadalajara señaló que las quejas presentadas ante las autoridades escolares no se habían traducido en medidas contundentes y según los testimonios recabados en ese entonces el trabajador habría sido señalado por comentarios sexuales hacia mujeres del plantel y utilizar funciones administrativas para intimidar a docentes y trabajadoras.
La cobertura de 2023 documentó que la queja inicial presentada en 2018 incluía testimonios de seis víctimas y que la SEJ reconoció la existencia de reportes internos desde 2018. La dependencia también admitió que no se habían aplicado los protocolos correspondientes ante el Órgano Interno de Control y en ese momento el titular de la SEJ declaró que el trabajador había sido separado de funciones.
Además, en abril de 2026 ZonaDocs público una nueva nota de otra denuncia de violencia contra una estudiante del mismo plantel. La publicación señaló que el trabajador denunciado ya tiene antecedentes de quejas desde 2018 y las medidas anunciadas en 2023 no habían impedido que se reportara una nueva situación.
En esta cobertura, la Red de Maestras cuestionó la falta de acciones institucionales contundentes y señaló presuntas omisiones en la activación de protocolos y el resguardo de evidencia. Además, se exigió que se investigara la actuación de las autoridades escolares y se garantizara el acompañamiento a la adolescente y su familia.
Este nuevo caso cuestionó la eficacia de las medidas adoptadas desde 2018 y pone sobre la mesa factores como el seguimiento de quejas, la nula aplicación de protocolos, cuáles fueron los resultados de las investigaciones y bajo qué condiciones se permitió que el trabajador continuará desempeñando funciones relacionadas con la escuela.
Andrea explicó que después de acudir a la SEJ les informaron que se convocaría una reunión con autoridades de secundarias, el supervisor de zona, la directora y representantes del comité, con el objetivo de obtener respuestas sobre los reportes presentados y exponer sus preocupaciones en materia de seguridad.
Andrea hizo hincapié en que el temor a posibles represalias es un factor que puede dificultar que las estudiantes comuniquen situaciones de violencia y que las familias recurran a las autoridades. Es por ello que, la atención de los casos no debe depender únicamente de que la víctima y su familia insistan en presentar quejas, sino de que existan procedimientos claros, accesibles y confiables para denunciar y recibir protección.
Gallegos afirmó que ha escuchado versiones de otras estudiantes que también habrían sido hostigadas y agredidas por el trabajador. No obstante, aclaró que no conoce directamente todos estos casos y que corresponde a las personas afectadas decidir si desean denunciarlos: “hay varias versiones de otras niñas, que también les acosan nomás es una”.
Si bien, estas versiones necesitan ser verificadas, muestran la importancia de que las autoridades establezcan canales confidenciales para recibir información de estudiantes y del personal, identificar posibles riesgos y evitar que otras situaciones permanezcan sin atención.
La responsabilidad institucional no se cumple con el traslado del trabajador a otra área, ni con la apertura de una investigación. Las autoridades deben garantizar la protección de los datos personales y en el proceso, garantizar medidas de protección, que permita a las estudiantes hablar y denunciar sin temor.
