En el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), la defensa de un área natural puede durar décadas. En el Mirador de San Isidro, la comunidad se organizó en 2026 contra un proyecto de diez torres y 200 departamentos; en el Bosque Nixticuil, la defensa del territorio acumula más de 21 años, y en Huentitán, colectivos llevan alrededor de 15 años enfrentando proyectos públicos y privados sobre zonas arboladas.
Aunque cada conflicto tiene una historia distinta, los tres revelan una misma tensión en el Área Metropolitana de Guadalajara: las decisiones sobre el territorio suelen avanzar antes de que las comunidades tengan una participación real en ellas. En ese proceso aparecen patrones de despojo marcados por intereses económicos y omisiones gubernamentales que terminan afectando no solo a los espacios verdes, sino también a las comunidades que dependen de ellos.
Amparos, plantones, denuncias, reforestaciones y vigilancia constante del territorio se han convertido en algunas de sus herramientas. Sus testimonios también revelan decisiones tomadas con poca participación vecinal, áreas grises en la aplicación de las normas y obras que avanzan sobre el dicho de las comunidades. Este reportaje recorre tres resistencias del AMG para entender: ¿qué pasa cuando una ciudad crece a costa de sus áreas verdes y de quienes las habitan?
Por Daniela Arriaga, Mia Barrera, Jacob Norman y Lucio Lecuona
“Yo no le digo área verde al Nixticuil, le digo mi corazón, mi territorio, mi bosque” dijo Sofía Herrera, defensora del bosque Nixticuil desde hace más de 20 años.
El Área Metropolitana de Guadalajara se convirtió en el nuevo escenario de una disputa por el uso de las áreas verdes.. Los fraccionamientos, edificios, departamentos y establecimientos se están comiendo a los bosques y los parques. Espacios que no solo son columna del ecosistema de la zona sino también parte de los derechos de la ciudadanía y elementos fundamentales para una vida digna.
El Programa del Desarrollo Metropolitano del AMG 2024 (POTmet) plantea que las áreas verdes no deben entenderse como espacios aislados dentro de la ciudad, sino como parte de un sistema verde metropolitano integrado por áreas de alto valor ambiental y relevancia para la conservación de los ecosistemas. Dentro de este sistema, los bosques urbanos cumplen una función que rebasa el paisaje: son ecosistemas que contribuyen al bienestar de la población mediante servicios como la regulación de la temperatura, la retención de carbono, el control de la escorrentía, la recarga de aguas subterráneas, la formación de suelos y la reducción del ruido.
El instrumento también reconoce el valor cultural y recreativo de estos espacios, esto significa que forman parte de los lugares donde las personas conviven, se recrean y habitan la ciudad. Bajo esta perspectiva, conservarlas no significa únicamente mantener árboles o superficies sin construir, sino preservar una infraestructura ambiental que participa en el funcionamiento de la ciudad y en la calidad de vida de quienes la ocupan.
La protección de las áreas verdes está contemplada en distintos niveles de la legislación. La abogada y defensora del Bosque Nixticuil Ana Cabral, señala como una de las principales normas la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, que contempla procedimientos como la declaratoria de áreas naturales protegidas, además de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable. A nivel estatal se encuentra el Código Urbano del Estado de Jalisco, mientras que los municipios cuentan con reglamentos propios en materia ambiental y los ayuntamientos con reglamentos de construcción.
Sin embargo, Cabral advierte que la existencia de estas normas no garantiza por sí misma la protección del territorio: habla de leyes que pueden convertirse en “letra muerta” y de normas que dejan ciertos huecos que permiten otras interpretaciones o acciones. Para ella, parte del problema está también en que al decidir sobre estos espacios se privilegia su valor económico, antes que su relevancia ambiental, social y comunitaria.
Aunque México cuenta con un amplio marco jurídico para la protección ambiental, esta protección desaparece cuando se prioriza el crecimiento económico, como lo denuncian las defensoras e integrantes del Comité en defensa del Bosque Nixticuil Sofía Herrera y Ana Cabral. En los conflictos documentados dentro del Área Metropolitana de Guadalajara, las comunidades han recurrido a distintas acciones para defender los espacios que consideran parte de su patrimonio ambiental.
¿Quién protege el territorio cuando la protección existe solo en el papel?
Desde julio de 2026, las personas vecinas del Mirador de San Isidro se organizaron para impedir la construcción de diez torres con capacidad para 200 departamentos destinados a policías, un proyecto impulsado por el Instituto Jalisciense de la Vivienda (IJALVI).
El predio, señalan quienes habitan, había sido destinado durante años como área verde y funciona además como zona de recarga natural de agua. La protesta comenzó con un campamento vecinal que posteriormente fue desalojado el 30 de julio por un operativo en el que participaron más de 100 elementos policiales que ingresaron durante la madrugada al predio para retirar las carpas y pertenencias del campamento. De acuerdo con los testimonios recogidos por medios de comunicación, la tensión escaló hasta el punto de la represión policial.
El Bosque Nixticuil, ubicado al norte de Zapopan, ha enfrentado distintas afectaciones durante más de 21 años. Conforme la urbanización ha avanzado alrededor de su territorio. Aunque una parte del bosque es un Área Natural Protegida, en sus límites se han construido fraccionamientos y desarrollos habitacionales que, de acuerdo con los testimonios recabados, han generado impactos como el vertimiento de aguas negras y residuos dentro del ecosistema. A esto se suman obras de infraestructura y ampliaciones de vialidades que han fragmentado el territorio, además del depósito de escombros provenientes de obras públicas.
El bosque abarca aproximadamente 2000 hectáreas, pero 500 fueron cedidas para el desarrollo de proyectos inmobiliarios “sustentables” y “sostenibles”, transformando una zona forestal por fraccionamientos con nombres que aluden a la naturaleza. Pero este cambio en el uso de la zona hace ruido en las comunidades, “pues es muy difícil que se sostenga esta estructura del desarrollo sustentable, porque justo el capitalismo para funcionar se vale de esa destrucción” comentan Ana Cabral y Sofía Herrera.
En Huentitán, la defensa de las áreas verdes se ha extendido por alrededor de 15 años y abarca distintos espacios amenazados por proyectos públicos y privados. Uno de ellos es el Parque Natural de Huentitán, un terreno de 11.5 hectáreas que la comunidad logró recuperar después de años de organización y que actualmente se mantiene como parque; otro se encuentra detrás del Zoológico Guadalajara, en una zona boscosa donde se proyecta una avenida que conectaría con Belisario Domínguez.
De acuerdo con Arturo Mendoza, integrante del colectivo ÚNETE Huentitán, esta vialidad tendría dos propósitos: aliviar el tránsito relacionado con la Arena Guadalajara y abrir esa zona a futuros desarrollos inmobiliarios. La Arena también forma parte del conflicto: Mendoza señala que el proyecto recibió alrededor de 22 hectáreas y que la organización mantiene un amparo vigente para proteger el arbolado de las áreas colindantes.
“La disputa, no termina con la construcción de un megaproyecto, sino con las transformaciones que este provoca alrededor: nuevas vialidades, estacionamientos, presión inmobiliaria y mayor intervención sobre el suelo todavía arbolado” explica.
En otro de los espacios protegidos por ÚNETE Huentitán existe un proyecto que consiste en construir 20 torres de departamentos de 24 pisos. Integrantes de la resistencia han reportado que existe la presencia de un ojo de agua dentro del área donde se planea construir. La impermeabilización del suelo, por lo tanto, no sólo transforma el espacio verde, sino que también puede alterar procesos naturales de infiltración y escurrimiento del agua. En el caso de Huentitán, y como menciona Arturo, las empresas llegan a acuerdos con las autoridades de gobierno en turno y no reciben ninguna sanción.
Estos son solamente tres conflictos en los que los intereses inmobiliarios se ponen antes que el patrimonio ambiental. El AMG ha vivido distintos conflictos alrededor de espacios verdes y proyectos de urbanización, pero cada vez son más recurrentes:
“Desde hace unos años para acá, estimo unos 20, unos 15 años más o menos para acá se ha acelerado mucho el crecimiento de la zona urbana, tanto de zonas que solían ser destinadas a cultivo, como las áreas verdes, incluso bosques, zonas forestales.” señala Violeta Meléndez, periodista medioambiental que ha acompañado estos movimientos desde su profesión.
Aunque cada conflicto ocurre en diferente contexto, en los tres aparecen coincidencias que permiten identificar un mismo patrón.
Primero, la consulta simulada, “un día van y entregan unos volantitos ahí como engañosos con tal de no alertar a la población de lo que va a suceder y ya de pronto la gente se entera porque ya están afuera con maquinaria, ya están desmontando vegetación, cuando realmente en ningún momento se les cita en tiempo y en forma para hacerles de su conocimiento” explica Violeta Meléndez.
Considera que estas formas de socialización pueden funcionar como una simulación de consulta. En San Isidro esto se repite casi palabra por palabra: brigadistas del partido Movimiento Ciudadano llegaron de forma “exigente” y hasta “soberbia” para repartir folletos con información sobre el proyecto a desarrollar, sin mesa directiva de la colonia ni diputada presente. Las personas vecinas hicieron preguntas, y la única respuesta que obtuvieron fue “esto va sí o sí”.
El bosque de Nixticuil documentó la misma lógica pero a través del uso de figuras legales como las Áreas Naturales Protegidas, las cuales existen en el papel, pero se “validan destrucciones” en medio de vacíos y recovecos dentro de las mismas leyes. En esta primera fase del patrón también aparecen los trámites “por debajo del agua”.
Violeta Meléndez explica que algunas decisiones pueden pasar casi desapercibidas: las permutas se aprueban “a oscuritas”, dentro de sesiones legislativas y como un asunto más entre muchos otros, sin que la ciudadanía conozca realmente lo que se está decidiendo.
En San Isidro, algo similar ocurre con la propuesta de intercambiar el predio en disputa por otro terreno, planteada entre el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie Saade y el gobernador, Pablo Lemus como una posible solución al conflicto sin que las y los vecinos formaran parte de esa negociación.
Después ocurre la imposición y el uso de la fuerza policial y estatal. En San Isidro, entre 100 y 150 elementos de la policía estatal arribaron alrededor de las 2:00-2:30 am a desplazar a 4-5 personas de la resistencia, sin orden de desalojo, violentando a los, las y les vecines.
En Huentitán, el patrón se trasladó a los árboles mismos: tala nocturna con trituradoras para eliminar evidencias, calles cerradas para impedir registro fotográfico, es el mismo patrón: “hacerlo de noche, sin testigos, rápido” aplicado al territorio en vez de a las personas.
En Nixticuil se repite: “en un par de ocasiones nos topamos con gente armada que nos impedía el paso a la hora que íbamos a los incendios.” comenta Sofía Herrera. Sucede también el incumplimiento de resoluciones judiciales. En Huentitán el amparo conseguido por la resistencia ya había parado las obras del ayuntamiento y: “no paran, están incumpliendo la resolución del juez” afirma Arturo Mendoza. Esto se relaciona con el “estirar la liga” que describe Meléndez: aunque exista una resolución que ordene detener las obras, estas continúan avanzando y, mientras pasa el tiempo, el proyecto se vuelve cada vez más difícil de revertir.
A ello se suma el despojo y el cercamiento de las áreas. En San Isidro: barreras negras y alambrado fueron colocados minutos después del desalojo, arrasando con la vegetación en tan solo 2 o 3 horas. En Huentitán: bardas y enrejados construidos de forma acelerada tras la tala nocturna, con “montajes” para simular que el terreno ya estaba ocupado.
En la tercera fase ocurren diferentes cosas. Una de ellas es que los terrenos terminan utilizándose para algo distinto de aquello para lo que originalmente fueron destinados.
El Código Urbano para el Estado de Jalisco establece condiciones y límites para que las áreas de cesión puedan ser intercambiadas por otros predios. Entre otras cosas, la autoridad debe justificar que el terreno dejó de ser útil para fines públicos y la permuta debe ser aprobada por los ayuntamientos. En San Isidro, el predio donado en 1995 por la constructora Nipro fue destinado para área verde y escuela; incluso, el propio ayuntamiento negó anteriormente un permiso para construir ahí por tratarse de una “zona no urbanizable”, Es decir, la misma autoridad que en un momento reconoció que el terreno no debía urbanizarse después permitió que se planteara un proyecto sobre él.
También aparece un problema de falta de responsabilidad entre las instituciones. Meléndez explica que dependencias como Procuraduría de Desarrollo Urbano (Prodeur), Procuraduría Estatal de Protección al Ambiente (Proepa) y Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) pueden aprovechar los “huecos legales” y la llamada “concurrencia de atribuciones” para pasarse la responsabilidad unas a otras y evitar intervenir o sancionar. Para la periodista, esto forma parte de una brecha más amplia entre lo que establecen las leyes ambientales y lo que realmente ocurre en su aplicación, atravesada también por prácticas de compadrazgo, negligencia y corrupción.
A su vez ocurre un impacto ambiental aceptado. Quienes defienden San Isidro y el Bosque Nixticuil coinciden en las consecuencias: pérdida de zonas de absorción de agua y desplazamiento de fauna. Además en Nixticuil y en Huentitán, hay una contaminación por aguas negras de nuevos fraccionamientos o establecimientos y uso del área verde como vertedero de escombros.
En todos los casos, la comunidad suele entrar en la toma de decisiones tarde, cuando ya tiene que organizarse para frenar una transformación del territorio que comenzó sin ella. La constante no es solamente la presencia de proyectos inmobiliarios, sino la aparición de organizaciones vecinales que intentan intervenir en las decisiones sobre el territorio.
El patrón se repite y como contrapeso nacen diferentes formas de resistencia.
La resistencia en el Mirador de San Isidro surgió prácticamente al mismo tiempo que la comunidad conoció el proyecto. Un día después de recibir los folletos, comenzaron a organizarse por medio del chat de la colonia e instalaron un campamento dentro del predio, que después del desalojo trasladaron a la calle y mantuvieron activo las 24 horas mediante rondas vecinales, menciona la comunidad vecina del Mirador.
Pero la protesta no se quedó únicamente en ocupar el espacio, las y los vecinos aprovecharon que entre ellos había profesionales del derecho para formar su propio equipo jurídico, presentar un amparo federal y obtener una suspensión provisional; al mismo tiempo, recurrieron al perifoneo, volanteo y a las redes sociales para hacer visible el conflicto y sumar a otras colonias.
La organización creció hasta recibir el respaldo de habitantes de alrededor de 11 cotos y colonias, además del acompañamiento de comunidades que habían atravesado conflictos similares, como San Andrés y San Rafael en Guadalajara. Esa presión también abrió espacios de negociación: cuando el Ayuntamiento convocó inicialmente a una reunión limitada, el vecindario insistió en que más personas pudieran participar y posteriormente llevaron por escrito su petición de diálogo al Gobierno del Estado. Así, la resistencia del Mirador pasó de una reacción inmediata ante un proyecto que desconocían, a una estrategia organizada en varios frentes: permanecer en el territorio, recurrir a la justicia, hacer público el conflicto y presionar para conseguir un lugar en una decisión de la que originalmente habían quedado fuera.
Por otro lado, ÚNETE Huentitán ha construido una resistencia que combina la vía jurídica con la presencia constante sobre el territorio.
El colectivo ha promovido amparos: uno de ellos lleva cinco años vigente y ha servido para impedir la tala de los árboles de la zona; también ha contabilizado árboles, registrado ejemplares mediante Google Maps y tomado fotografías y videos para registrar cualquier modificación. Su defensa tampoco se limita a impedir que algo ocurra: durante 15 años sus integrantes han plantado árboles y realizado actividades para apropiarse comunitariamente de los espacios, entre ellas, proyecciones de cine al aire libre.
En el Parque Natural de Huentitán, además, participaron en reuniones con el gobierno estatal para negociar la recuperación del terreno y consiguieron que 11.5 hectáreas permanecieran como parque. La experiencia de ÚNETE Huentitán muestra una característica que aparece una y otra vez en las luchas por las áreas verdes: resistir no ocurre únicamente cuando llegan las máquinas; implica vigilar, documentar, litigar, reforestar y ocupar comunitariamente el espacio durante años.
En el Bosque Nixticuil, la resistencia se ha construido durante más de 21 años y combina la defensa con el cuidado cotidiano del territorio. Las personas que resisten al despojo “ponen el cuerpo” y la vida frente a la maquinaria para impedir que las inmobiliarias talen árboles, mientras mantienen demandas y denuncias para frenar obras y afectaciones al bosque. Sin embargo, su trabajo no consiste únicamente en detener lo que amenaza al Nixticuil, sino también en recuperar lo que ya ha sido dañado: mantienen un vivero comunitario, reforestan, construyen zanjas para retener suelo y agua, limpian residuos y se mantienen al pendiente, todo el tiempo de los incendios -que de acuerdo con integrantes del colectivo- son ocasionados por las inmobiliarias.
A esto se suma la difusión del conflicto mediante periodistas y medios de comunicación, así como el aprendizaje de conocimientos jurídicos y ambientales que les permiten defender el bosque desde distintos frentes. Defienden el bosque como un ente con alma y corazón. Para Sofía Herrera y Ana Cabral (integrantes del Colectivo en Defensa del Bosque Nixticuil) el bosque no debería ser visto como utilitario, no se debería “usar el bosque” sino quererlo por su característica de bosque: salvaje y rebelde, respetando las especies que sí pertenecen al bosque y, previniendo la presencia artificial de animales (como perros) que son en realidad especies invasoras que afectan el bienestar del bosque.
La lucha de defender un parque o área verde urbana y la de defender un bosque, son en realidad luchas distintas. Mientras que un bosque es un ecosistema donde conviven especies de flora y fauna y ocurren procesos naturales, un parque es un espacio dentro de la ciudad pensado también para el uso, convivencia y recreación de las personas. Sus características, dimensiones y funciones son diferentes, pero ambos enfrentan una amenaza similar: la presión del crecimiento urbano y de proyectos que buscan transformar el uso de estos terrenos. Así, aunque perder un bosque tiene implicaciones distintas a perder un parque, en ambos casos se reduce la presencia de áreas verdes dentro de una ciudad que continúa expandiéndose.
Todas las resistencias mencionadas han utilizado amparos, denuncias, protestas, plantones, reforestaciones, presión pública en la calle y en medios y acompañamiento técnico o jurídico. Pero en muchas ocasiones existe la pregunta de qué hacer si no se puede poner el cuerpo para defender los espacios a los que toda vida humana tiene derecho.
La resistencia también se construye desde acciones cotidianas
Una de las primeras es informarse: preguntar qué proyecto se quiere realizar, quién lo autorizó, qué uso de suelo tiene el terreno y qué derechos existen sobre él.
A partir de ahí, las personas pueden organizarse entre sí, crear redes de comunicación y sumar a otras colonias o colectivos. También es importante documentar lo que ocurre mediante fotografías, videos, censos o registros del territorio, ya que esa información puede ser útil para denuncias o procesos legales.
Los casos de Huentitán y Mirador muestran además el uso de amparos y otras vías jurídicas para intentar frenar obras, mientras que Nixticuil destaca la importancia de mantener una presencia constante y cuidar directamente el espacio. También está la difusión en medios y redes sociales, así como la presión y el diálogo con las autoridades para exigir información, respuestas y compromisos públicos.
La organización comunitaria siempre latente y presente ha marcado la diferencia, a través de su participación en eventos, rifas, venta de camisas, galletas o cualquier iniciativa que implique apoyar económicamente a los grupos en lucha.
Los testimonios recabados muestran que la acción ciudadana no depende de una sola herramienta, sino de combinar organización, documentación, recursos legales, visibilidad pública y seguimiento constante del territorio. Pero detrás de todas estas formas de resistencia hay algo que difícilmente cabe en una ley, un amparo o una protesta: las razones detrás de la defensa de esos espacios.
Después de años de campamentos, tala de árboles, proyectos y disputas, detrás de estos conflictos permanece algo mucho más sencillo: el vínculo de las personas con los lugares que habitan. En el Nixticuil, una de sus defensoras habla de un bosque que “ya queremos mucho” y que, mientras más conocen, “nos maravilla cada vez más”.
En el Mirador de San Isidro, una vecina cuenta que el conflicto hizo que personas que apenas se conocían comenzaran a encontrarse hasta sentir que “esto ya se hizo como una familia”. Su aprendizaje, dice, fue recordar algo tan básico como “que somos vecinos” y que “podemos unirnos y podemos lograr muchas cosas”. Quizá por eso estas historias no hablan solamente de hectáreas, árboles o usos de suelo. Hablan de personas que un día voltearon a mirar el lugar donde viven y entendieron que también les pertenecía la responsabilidad de cuidarlo.
Porque una ciudad no está hecha solamente de aquello que construye, sino también de aquello que decide no destruir.
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Este reportaje fue realizado en el marco del Bloque de Producción periodística convergente del Tec de Monterrey Campus Guadalajara, del cual ZonaDocs fungió como Socio Formador.
